Creación de la Comisión de la Verdad

Foto tomada del portal de El Espectador/ Delegados del Gobierno y las Farc, junto a los representantes de los países garantes del proceso de paz, durante el cierre del ciclo 37 de diálogos/Ómar Nieto
Foto tomada del portal de El Espectador/ Delegados del Gobierno y las Farc, junto a los representantes de los países garantes del proceso de paz, durante el cierre del ciclo 37 de diálogos/Ómar Nieto

Este jueves 4 de Junio de 2015 se dio fin al ciclo Nº 37 de los diálogos de Paz en la Habana. El Gobierno y las Farc, al cierre del último ciclo de conversaciones en la Mesa del punto Nº 5, víctimas, acordaron la creación de “La Comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición” que tendrá una duración de tres años a partir del momento en que se firme el acuerdo final de paz, de igual forma estará integrada por once representantes y empezará a actuar luego de dicha firma final.

Es claro que la creación de esta Comisión de la verdad, es un punto vital e importante en la historia debido a su valor en el proceso de reparación de víctimas; “Aunque se trata de un mecanismo extrajudicial, destinado a elaborar una narración histórica de lo ocurrido estos años, el anuncio que hacen las partes sobre la configuración de esta Comisión sobresale en medio de un año que ha transcurrido sin que se conozcan acuerdos significativos”, tema que no ha permitido llegar al punto final, el de terminar el conflicto (Ver completo en Semana).

Lo que hace este acuerdo es, que tanto el Gobierno como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, deben ponerse en frente y admitir su responsabilidad en todos los hechos que aquejan al país para así, dar paso a la justicia transicional.

Cuba y Noruega, que son los países garantes anunciaron que se encargarán de velar porque esta Comisión, sea “imparcial”: “El Gobierno Nacional y las Farc hemos alcanzado un acuerdo para que se ponga en marcha, una vez firmado el Acuerdo Final, la comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición, que será un mecanismo independiente e imparcial de carácter extrajudicial. La comisión hará parte del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición que se ha de acordar en la mesa para satisfacer los derechos de las víctimas, terminar el conflicto y alcanzar la paz”, detalla el texto que se dio a conocer en uno de los salones de protocolo del Palacio de Convenciones de La Habana, así mismo comunicaron que se regirá por tres objetivos:

Primero: “Contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido durante los años de conflicto armado en Colombia y, ofrecer una explicación amplia de la complejidad del mismo de tal forma que se promueva un entendimiento de los aspectos menos conocidos”.

Segundo: “Promover y contribuir al reconocimiento de las víctimas como ciudadanos que vieron sus derechos vulnerados, con una contribución a la verdad la justicia y la reparación, y el reconocimiento de toda la sociedad como algo que merece el rechazo de todos”.

Tercero: “Promover la convivencia en los territorios, promoverá un ambiente de dialogo y creará un espacio en el que las víctimas se vean dignificadas” (Ver completo en El Espectador).

Tal vez una de las cosas que se mal interpretan, es que en el momento de acudir a esta Comisión de la Verdad, los hechos de violencia quedarán impunes. Esta percepción es errada ya que como dijo el jefe del equipo negociador del Gobierno, Humberto de la Calle, quien acude a esta Comisión tendría derecho a tratamiento penal especial, “Es necesario asumir las responsabilidades. El que quiere valerse de la justicia para tener un tratamiento penal debe acudir a esta comisión para reparar de esa manera y de otras a las víctimas”, de igual forma explicó que este mecanismo de ninguna manera “mata la justicia” (Ver completo en El Espectador).

Finalmente, con este nuevo espacio la idea es llegar a una verdad histórica, que en su esencia permita replantear la convivencia de la nación, la reconciliación, y la no repetición.

Por su parte la Delegación de Paz de las FARC-EP en su página aseveró, “La Comisión hará parte del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición que se ha de acordar en la Mesa para satisfacer los derechos de las víctimas, terminar el conflicto y alcanzar la paz. Por ello, el acuerdo logrado sobre la Comisión no puede entenderse ni definitivamente cerrado, ni aislado del sistema que estamos comprometidos a construir y que aún no se ha concluido. Continuaremos trabajando para acordar otros mecanismos que nos permitan garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, además de contribuir a garantizar a los colombianos y las colombianas la no repetición del conflicto. En el marco de la discusión sobre la integralidad del sistema y sus mecanismos judiciales y extrajudiciales, se acordarán los temas cuya concreción depende de la relación entre los diferentes mecanismos del sistema” (Ver completo en Paz FARC-EP).

En este sentido vale la pena recordar lo afirmado por el entonces senador de la república y hoy ministro del interior Juan Fernando Cristo, al momento de ser aprobado en el congreso, el Marco jurídico para la paz: “De nada sirve una ley estatutaria si no hay mucha verdad, mucha justicia, mucha reparación, como víctima nadie puede entrar al corazón de las víctimas y saber qué quieren y sienten, pero sé que lo principal que quieren es verdad”.

En conclusión, la creación de la Comisión de la verdad como parte del sistema de justicia transicional, empieza a destrabar los puntos más duros de la agenda de la Habana, relacionados con víctimas, justicia y fin del conflicto, porque reafirma el carácter político del conflicto armado en nuestro país y busca que todos los actores involucrados en esta guerra reconozcan su responsabilidad individual, pero especialmente colectiva. Al hablar de responsabilidad colectiva, las instituciones del estado, la guerrilla, la empresa privada, las multinacionales, el sector bancario, el gremio ganadero, el gobierno de los EE. UU y de Israel, la iglesia, entre otros, deberán contar la verdad sobre su participación en el conflicto Colombiano y asumir compromisos concretos para que en Colombia no se repitan nunca más, crímenes de guerra y violencia sistemática justificados por los intereses de poder de cada uno de ellos.