A propósito del debate que se ha desarrollado en torno a la justicia transicional, la emisora “La Voz del Derecho”, emite un programa enfocado en este tema, teniendo como invitados a Jannluck Canosa Cantor, Community Manager del Centro de Estudios Integrales en Derecho (CEID), Juan Manuel Martínez Ramírez, miembro del CEID y a los analistas e investigadores de la Corporación Nuevo Arco Iris, Henry Cuervo Castillo y Julio César Arenas.
Es necesario entender que, como lo explica la ICTJ (International Center for Transitional Justice), la justicia transicional es el conjunto de medidas judiciales y políticas que diversos países han utilizado como reparación por las violaciones masivas de derechos humanos. Entre ellas figuran las acciones penales, las comisiones de la verdad, los programas de reparación y diversas reformas institucionales. De esta manera es que por medio del programa que está a cargo de los estudiantes de la Universidad del Rosario, “Derecho para todos, Derecho de todos”, se trazan tres líneas para desarrollar a lo largo de la emisión, que son: Causas del conflicto armado, El modelo de justicia transicional para Colombia y Las reparaciones integrales.
Tomando como base el informe del Centro de Memoria Histórica llamado, Basta ya, (Ver informe Basta Ya) entendiendo que “Este informe no es una narrativa sobre un pasado remoto, sino sobre una realidad anclada en nuestro presente. Es un relato que se aparta explícitamente, por convicción y por mandato legal, de la idea de una memoria oficial del conflicto armado” en el que se da a conocer que la razón del conflicto en armas de Colombia deriva del poder de la tierra, la explotación de ella, “este es un país que no tiene una reforma agraria, es un país que se sigue definiendo la propiedad de la tierra a partir de proyectos absolutamente violentos”, como señala Henry Cuervo y que de igual forma Julio Arenas afirma, “El problema de la tierra es la principal causa del conflicto… el conflicto colombiano es tal vez el último conflicto campesino, de américa latina”, explicando así que hay un problema complicado en el tema del uso del suelo y es el papel que tiene el Estado, sabiendo que el Estado no se construye desde los territorios sino que es el Estado el que tiene que ir precisamente a las regiones.
En este programa se mantiene explícita la denuncia de la amenaza que hay contra la democracia, una democracia que sigue bajo las lógicas de la seguridad Nacional y el enemigo interno, utilizando el aparato legal para judicializar a todo aquello que altere el comportamiento social, una amenaza que llega al punto de criminalizar los movimientos de izquierda y que de cierta manera quiere acabar un conflicto armado recortando la democracia de estos grupos y movimientos que se organizan para protestar.
La causa principal de que el paramilitarismo esté cimentado en Colombia es que el mismo Estado lo ha creado, al reglamentar las Autodefensas (AUC) en la década de los sesenta, con el argumento de poder contar con un modelo contrainsurgente de régimen, para resolver las amenazas a la estabilidad de dicha política pero para dar fin a todo ello es que la Justicia Transicional (que tiene tres elementos, la justicia, la verdad y la reparación), está bajo un ideal que ha entendido la sociedad, ese ideal es que los actores asuman su responsabilidad y tengan así que garantizar, que lo sucedido no se vuelva a repetir, tanto guerrilleros como paramilitares y hasta el mismo Estado.
Finalmente se concluye que Colombia es un país que tiene que empezar a plantear los derechos en la realidad y dar inicio a que las cosas que no van bien cambien, haciendo valer todos los derechos uno a uno, el derecho a la vida, vivienda, salud, entre otros y para lograrlo es necesario dos cosas, una es aplicar en forma rápida el punto del Desarrollo Rural Integral (DRI) y la segunda es querer lograrlo y ver que el Estado pone de su parte con voluntad y solidaridad hacia la población.
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