Una de las particularidades de estas negociaciones entre el Estado colombiano y la insurgencia hacia la terminación del conflicto armado y por la construcción de la paz es incorporar a las víctimas en la agenda. En ese camino, temas como la justicia, la historia y la búsqueda de la verdad han sido centrales en la movilización de opiniones, con actores relevantes en todas las corrientes de pensamiento y en todas las vertientes ideo-políticas. Una valoración juiciosa de esos acontecimientos exige considerarlos como un logro significativo de un proceso que aún no termina.
Preguntas inéditas se suman a las tradicionales interpretaciones de lo acaecido, con motivo de la aparición de nuevos saberes y de la irrupción de nuevos hechos. Esas preguntas han hecho posible el advenimiento de enfoques desconocidos, en medio de un tratamiento oficial dominante, ahora bastante mejor fundamentado que al comienzo, con trabajos académicos afines al establecimiento.
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En un afán por eludir la verdad y la complejidad que ella encarna, esa postura oficial postula que a esta guerra se llegó sólo por las motivaciones ideológicas de un grupo que decidió enfrentar al Estado. Las responsabilidades estatales, en esta versión, se sitúan en la debilidad cuando no en la omisión para enfrentar a este grupo, lo que habría permitido una guerra que se hizo prolongada y llegó a provocar un alto grado de victimización de la sociedad colombiana. Ha sido muy útil esa interpretación para quienes promueven esa postura, pues con ella ocultan las responsabilidades de quienes, beneficiarios del poder, no tuvieron escrúpulo alguno para promover y financiar esta guerra.
Esta lectura está cerca de la teoría invocada en Argentina con motivo de los desafueros de la dictadura, referida en el Informe Nunca Más: la llamada Teoría de los Dos Demonios. Con ella se pretendió explicar lo ocurrido señalando que hubo una concertación de varios sectores, entre ellos, el militar, que viabilizara el retorno de la democracia. La Insurgencia recibió el señalamiento de ser la mayor responsable y a las fuerzas armadas se les inculpó por haber procedido con las mismas armas violentas de sus contrincantes.
María Beatriz Gentile, argentina, reflexionó así al respecto en su trabajo El recuerdo del mal: historizar la memoria:
“Para no congelar el pasado reciente, para no des-historizar ese pasado, resulta necesario comprender que esos genocidios, esas muertes sociales han sido decisiones cabalmente humanas tomadas en determinadas coyunturas y en consonancia con las contradicciones inherentes a todo proceso de confrontación por el poder político, la hegemonía socio-cultural y la distribución de la riqueza. Y esa coyuntura no puede ser pensada sin lo que contiene: actores, clases, sujetos, ideologías, legados, tradiciones, instituciones, etc., en síntesis no puede ser pensada sin la vida histórica”.
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La misma escritora ayuda a examinar las propuestas cuando se habla en La Habana de una Comisión de la Verdad y cuando se ha anunciado por parte de la alcaldía de Medellín un proyecto bastante ambicioso denominado el BASTA YA para Medellín:
“Fuera de un contexto histórico que la explique, la experiencia de esos crímenes tiende a perder significado. Se los coloca en el museo, se los estampa en murales y se los muestra como si con ello bastara para espantar un posible retorno del pasado. En este “congelamiento” del pasado, las experiencias traumáticas sufren un proceso de des-historización al quitarles el entramado de relaciones y contradicciones que hicieron posible que sucedieran. Ya no resulta atractivo explicarlas ni comprenderlas, basta con mostrar los vestigios de crueldad para despertar una solidaridad con las víctimas y una condena sin fisuras para con los ya indicados victimarios.
Esta operatoria suele ser contraproducente a lo pretendido; termina por ser más una estrategia de olvido que una política de recuerdo. Al des-historizar el acontecimiento lo que se logra es una imagen del pasado que solo admite ser contemplada –como las viejas historias del “bronce” con sus estatuas y mausoleos- sin posibilidad de ser interpelada”.
Medellín ha vivido una conflictividad urbana desde los pasados años 80, expresada en violencias de distinto origen, de la que se reconocen entre 550 mil y 600 mil víctimas. Pero esa conflictividad ha sufrido transformaciones que hoy exigen preguntas distintas a las ya formuladas. Sobre todo, necesitan resolverse, pues se trata de que la ciudad ocupe un lugar destacado en un escenario de postconflicto.
Esa condición de Medellín obedece a una situación: es preciso considerar las transformaciones sufridas por el paramilitarismo y el narcotráfico en sus relaciones con el poder económico y político; estimar el desarrollo de las rentas en manos de las organizaciones ilegales y la cultura autoritaria dominante en este territorio. Mucho se sabe del daño causado y posiblemente falta conocer más. Pero lo que es decisivo no esquivar es llegar a develar el entramado de relaciones y contradicciones en las lógicas de poder territorial que hicieron posible que ocurriera la tragedia humana que sólo a pocos avergüenza.
Resulta difícil pensar que el proyecto de la Alcaldía de Medellín tenga este alcance, pero sin él, será difícil imaginar que esto no vuelva a ocurrir y sobre todo, que sea dable un escenario de reconciliación. Pues, al reclamarse, el móvil no es la demanda de castigo y mucho menos una postura vengativa, es la posibilidad que la memoria con mayúsculas instale en la sociedad la intención concientizadora, moralizante y pedagógica que le es propia cuando no se le constriñe.
La Escombrera es en lo físico el reflejo de una vieja práctica de ocultamiento, de la que ha hecho gala la élite paisa. Funciona y con corrientes de pensamiento social que la fundamentan: es la aplicación de la Teoría de los dos demonios, pues todo ha sucedido, desde esa mirada, a espaldas de la élite económica y política que posa de que “todo lo ocurrido no fue con nosotros”.
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La verdad no la regalan. La lucha por la verdad y por la historia, cuanto se trata de conflictos de larga duración, es también un campo de disputa, porque lo que está de por medio son intereses contrapuestos y sobre todo una postura ética frente al ejercicio del poder y a la justicia.
Bienvenido pues el debate constructivo y sin concesiones dada la coyuntura histórica por la que atraviesa la sociedad colombiana, en un momento en el que se precisa un alineamiento de las fuerzas sociales y políticas democráticas, para que la verdad y la historia no sean objeto de manipulaciones y avancemos en conocer y comprender para no repetir.
José Girón Sierra
Observatorio de Derechos Humanos – Instituto Popular de Capacitación