Uno de los periodistas que más conoce del tema indígena, si no el que más conoce, y de reconocida trayectoria en los medios de comunicación analiza la sentencia contra el líder caucano y sus implicaciones para la autonomía indígena.
Pareciera que la tranquilidad y la armonía que buscan los thewalas con cada ritual es algo negado para los indígenas del Cauca. Especialmente para los nasa, el pueblo de tradición guerrera que habita en las montañas del oriente de ese departamento.
Justo cuando los cabildos y demás organizaciones del pueblo nasa tienen un respiro, gracias a la tregua decretada por las Farc, les llega el llamado de alerta máxima del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, la organización que cobija a la mayoría de nasas, misak, tororoes, cocunucos y otros pueblos indígenas el Cauca.
Los nasa del norte del Cauca son los más afectados por la presencia y accionar de los grupos guerrilleros. Y preciso cuando estas comunidades comienzan a trazar planes y a debatir sobre cómo pueden desarrollar, por fin, sus proyectos de vida, les llega desde Popayán una noticia que los inquieta y los indigna: Feliciano Valencia, uno de sus líderes más emblemáticos, fue condenado a 18 años de prisión por el Tribunal Superior de Popayán, en segunda instancia. La condena anula el fallo absolutorio de un juez que, en febrero del 2015, lo había declarado inocente del cargo de secuestro simple.
La reacción inmediata de las organizaciones indígenas del Cauca de declararse en alerta máxima frente a la decisión en contra de Feliciano Valencia hace prever que de nuevo los indígenas del Cauca marcharán para defender a su dirigente y, más allá de la persona, defender lo que ellos consideran el derecho que les da Constitución Política de Colombia para ejercer justicia en los casos que les atañen.
Según el comunicado del CRIC, eso es lo que está en juego en el caso de Feliciano Valencia: el desconocimiento de los actos de captura, juzgamiento y aplicación del castigo (o remedio, como lo llaman los indígenas) que los nasa le aplicaron a un suboficial de la Brigada Móvil No. 2 del batallón de Contraguerrilla No. 15 Libertadores del Llano, a quien consideraban infiltrado en una marcha indígena del 2008. En el momento de su detención por parte de la guardia indígena y dentro del territorio del resguardo, el suboficial intentó engañarla diciendo que era vigilante en Cali. Pero al requisar su morral, le hallaron un camuflado sin insignias, un radio de comunicaciones y tres celulares.
Los indígenas sostienen que el militar pensaba botar estos elementos en medio de la marcha para acusarlos de vínculos con armados ilegales. Él alega que iba a reintegrarse a su batallón.
¿Qué hace un soldado en licencia con un radio de comunicaciones? Además, dijo que era indígena del resguardo de Quintana. Que allí vivía con su familia. Lo que luego también resultó falso. Aun así, la asamblea lo juzgó y le dio nueve azotes que le determinaron más de veinte días de incapacidad. Por dirigir la asamblea y promover la retención y los nueve juetazos, Feliciano Valencia pasará 18 años en la cárcel.
La suerte de Feliciano Valencia prácticamente estaba sellada desde el 22 de septiembre de 2010. Ese día, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura determinó que debía ser la justicia ordinaria la que conociera de su proceso y, de esa manera, de un tajo, equiparó estos hechos, ocurridos dentro de territorio indígena y avalados por sus autoridades con actos delincuenciales similares a los que puede realizar cualquier banda de asaltantes o pandilleros en una calle de Popayán o de Bogotá.
Armados con bastones de madera, dijo el soldado durante la investigación. ¡Pues claro! Es el símbolo (y arma, si se quiere) con el que las autoridades legítimas de los resguardos han dotado al organismo encargado de ejercer control en el territorio. Una de sus funciones es la impedir que personas extrañas alteren la tranquilidad de los comuneros. Recordemos que dos de estos guardias fueron asesinados el año pasado por miembros de las Farc al tratar de cumplir con ese mandato. Los nasa capturaron a los guerrilleros y los condenaron a 40 y 60 años de cárcel.
Que algunos llevaban peinillas (machetes), considera el expediente. Seguramente es así. Porque en mis treinta años de reportero no he visto hombre del campo que no lo lleve. Excepto los llaneros, que prefieren un cuchillo largo, envainado y amarrado al cinto.
“Encerrado en una jaula; torturado y secuestrado”, dicho así es una cosa. Castigado con un juete, según la tradición ancestral de los indígenas nasa, es otro cuento. El mismo Feliciano ha sido objeto de esta ‘tortura’. Los tribunales indígenas lo han condenado en dos ocasiones (2000 y 2015) a recibir veinte azotes por portarse mal. La primera vez por no cumplir con sus obligaciones alimentarias con sus hijos y la segunda por tomar trago, chocar el carro y protagonizar un escándalo en Santander de Quilichao.
Quienes hemos tenido contacto cercano con los nasa, con sus costumbres y con sus tradiciones, alcanzamos a percibir que los indígenas harán a un lado sus planes sobre el posconflicto para irse a defender en masa lo que consideran un derecho constitucional. Su autonomía para ejercer justicia y gobierno la predican en cada taller, la enseñan a sus niños en las escuelas bilingües y la incorporan a sus himnos y canciones. Se han enfrentado, incluso, al Ejército y a los grupos armados ilegales para defender eso, la autonomía, que ahora consideran vulnerada con el fallo.
Por eso y por las primeras reacciones, es fácil anticipar que se vienen días de protestas en el Cauca. “Ya estoy temiendo que bloqueen carretera”, me dijo, desde Popayán, un amigo que necesita viajar por tierra en los próximos días. El CRIC ya lanzó su grito de batalla. Pide la liberación inmediata de Feliciano Valencia. Hace pocas horas los indígenas comenzaron a reunirse en el resguardo La María, a orillas de la Panamericana. Y, seguramente, arriba, en Toribío, Jambaló, Tacueyó y San Francisco ya alistan mercados para sostener a los que bajen a protestar. La logística de los nasa funciona mejor que la de un hormiguero de arrieras.
Lo complejo del asunto es que, esta vez, no solo se alistan los nasa. El llamado del CRIC es general. Consideran que el fallo es un retroceso en los derechos que lograron los pueblos indígenas en la Constitución del 91 y, aunque no exista relación alguna, lo vinculan en sus comunicados con la emisión de una serie de tres programas de televisión en los que se acusa a los líderes indígenas de corruptos y siembra dudas sobre la relación de algunos dirigentes, como Feliciano Valencia, con las Farc. Asunto paradójico este, si se tiene en cuenta que Valencia es, precisamente, quien ha denunciado el asesinato de unos 80 indígenas por parte de las Farc. En todo caso, dicen los indígenas, se trata de una arremetida desde diferentes sectores contra estos pueblos. Esa misma conclusión dejó la reciente audiencia pública realizada en el Congreso, y citada por el senador Luis Évelis Andrade, exconsejero mayor de la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC.
Existen antecedentes que permiten anticipar que los nasa tomarán medidas para enfrentar el fallo. Hace unos diez años, cuando la Fiscalía detuvo a Alcibiades Escué, otro de sus principales líderes, los indígenas se treparon en sus chivas con mercado para varios días, arribaron a Bogotá y se fueron para el búnker de la Fiscalía General de la Nación. Solo regresaron a sus resguardos cuando se aclaró el asunto y Alcibiades Escué quedó libre.
Y cuando, en el 2004, las Farc secuestraron a Arquímedes Vitonás, entonces alcalde de Toribío, los nasa se apiñaron de nuevo en las chivas, se fueron para el Caquetá, se metieron en la selva y acosaron a las Farc hasta que ese grupo guerrillero les entregó a Vitonás.
No conozco antecedente alguno de que los nasa hayan dejado a la deriva a uno de sus líderes. Aun cuando este haya sido cuestionado y juetiado, como ocurre con Feliciano Valencia.
Jurídicamente el caso es complejo. No tendría elementos suficientes para opinar sobre los detalles del mismo. Pero creo que tiene razón el editorial del diario El Nuevo Liberal de Popayán al decir que hace falta que se delimiten las fronteras de la justicia ordinaria y de la indígena porque no es la primera vez que se presenta un caso similar.
Queda, además, la amarga sensación de que la justicia colombiana no juzga a todos con la misma vara. Hay varas especiales para recluir por ocho años y luego dejar en libertad a los autores confesos de decenas de descuartizamientos, desapariciones y espeluznantes torturas.
Surgen, además, muchos interrogantes: ¿Si el juzgamiento y castigo del soldado infiltrado lo hicieron las autoridades tradicionales del pueblo nasa (la comisión política, fácilmente identificable), la Fiscalía también les abrirán una investigación para tratar de enviarlas a la cárcel?, ¿ocurrirá lo mismo con la Guardia Indígena (Premio nacional de paz 2004) por capturar con palos y peinillas y mantener “en una jaula” al soldado que consideraban infiltrado?, y, ¿meterán también a la cárcel a los miembros de la asamblea general? Esta última es la máxima autoridad de los resguardos. Según el derecho propio, los dirigentes nasa, como Feliciano Valencia, “mandan obedeciendo” a la asamblea general.
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