La condena a Feliciano Valencia

Ignacio Holguín, investigador de la Corporación Nuevo Arco iris
Ignacio Holguín

Antieditorial El Espectador 19 de septiembre

El problema no radica en una reglamentación. El problema radica en la violación constante a la Constitución y las Leyes que pretenden proteger a los grupos étnicos minoritarios por parte de la Sociedad Mayoritaria y las instituciones del Estado. En el irrespeto permanente de palabra y de hecho a sus costumbres y cosmovisión distintas, pero no mejores ni peores que las oficiales o avaladas por la “civilización occidental”. ¿O no fue esto lo que pasó con el programa de Los Informantes que maltrató el tema de las licencias ambientales?, ¿No es esto lo que ha pasado con las tierras despojadas a los indígenas a ciencia y paciencia de las autoridades creadas para protegernos a todos los colombianos?

El problema radica en que tenemos un ministro de agricultura que proviene de la casta caucana que ha despojado y maltratado a los indígenas durante centurias. Y, claro, él manda. El problema radica en que tenemos un Estado y Gobierno que interpretan la Constitución según un filtro de intereses que empiezan en las multinacionales y terminan en los grandes terratenientes, pasando, por las castas rentistas y de la especulación inmobiliaria, entre otros. Y una Corte Constitucional que brilló hasta más o menos el año 2005 con sus fallos tutelares de derechos, que ha continuado con menos intensidad y brillo desde entonces su labor protectora de las minorías, pero no da abasto para tramitar todos los grandes conflictos y ahora se encuentra colonizada en parte por los mismos intereses privados que debe vigilar.

Éstos son los problemas reales y en donde radican las “razones” tras la condena a Feliciano Valencia. La jurisdicción indígena necesita ser armonizada, claro, con la legislación nacional. Pero esos problemas de forma no van a resolver nada mientras los Carlos Angulo (el afro a quien la policía requisa por serlo nada más) y los Feliciano Valencia no se sientan seguros de ser tratados como iguales por toda la sociedad y por las instituciones del Estado.

Ver la editorial de El Espectador

Muchas gracias.

Ignacio Holguín A.
Investigador de la Corporación Nuevo Arco Iris