El pasado 16 de septiembre, varias instituciones de la ciudad convocaron a un evento al que asistieron como invitados los candidatos a la Alcaldía de Medellín. La Universidad EAFIT, la Fundación Ideas para la Paz y Medellín Como Vamos querían presentarles y debatir los resultados de algunos de sus estudios sobre el tema de seguridad. Además del análisis de la información obtenida, presentaban sugerencias de política pública, que esperaba fueran interpeladas por los candidatos al tenor de sus programas de gobierno.
Preocupación mundial, mucho más en América Latina, es la seguridad: en términos generales y en la particularidad urbana, en la que, aun con mejoras importantes en los indicadores de pobreza e inequidad, hay un incremento notable en los indicadores de violencia.
En Colombia, las dimensiones del problema son especiales, pues nos aqueja un conflicto armado de larga duración que extiende sus hilos a las conflictividades urbanas, en cuya dinámica se ha insertado desde hace rato como actor relevante el narcotráfico. Ese conflicto se incrusta en un país que, contrariamente a las tendencias latinoamericanas, tiene los mayores índices de inequidad del continente, sólo superados por Paraguay y Haití. En el ámbito agrario, el indicador está aumentando y, según un trabajo reciente de Hugo López, Colombia mantiene las tasas más altas de informalidad y de desempleo en América Latina y para el primer semestre de este año por ejemplo, se habían perdido 59.400 plazas de trabajo formal.
En la dinámica electoral colombiana es entonces relevante el tema de la seguridad. Lo es también para el Gobierno, consciente, de cara al proceso en la Habana con las FARC, de que por lo menos el 70% o más de la violencia que padece el país no proviene propiamente de la guerra que la insurgencia le ha declarado al Estado colombiano. En particular, Medellín se ocupa del tema hace casi treinta años, pues como ninguna otra ciudad del continente ha sufrido el impacto de dos expresiones de la globalización: la económica, con un cambio abrupto en su modelo de acumulación, y la del narcotráfico, que muy rápidamente se hizo a redes globales y reeditó la práctica paramilitar que transformó de manera profunda el curso de la guerra. No es pues una novedad que los aspirantes a gobernar esta ciudad vuelvan prioritario el tema de la seguridad.
Hay de todo en las propuestas de los candidatos: desde reeditar la seguridad democrática como el arma más eficaz para derrotar “al enemigo más significativo que tiene el pueblo colombiano: las FARC”, hasta enfoques y estrategias, con matices, que reconocen la complejidad del problema y apuntan a replantear lo hecho hasta ahora, pero sin desconocer lo construido. O el simplismo de considerar que para Medellín sólo basta más policía y más tecnología. Y sin embargo, el conocimiento emanado de organizaciones sociales y de la institucionalidad sobre la realidad de la ciudad entrega razones para imaginar que una política de seguridad debe ser consistente con su complejidad y atender por lo menos tres campos de intervención: la gobernabilidad, la cultura y el desarrollo.
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Deseo ocuparme del tema del desarrollo y su relación con la seguridad. Ninguno de los programas de los candidatos se refiere a ello y, por razones que ignoro, en el encuentro del 16 de septiembre, Medellín como Vamos se ocupó tan sólo de las variables hurtos y homicidios y omitió el hecho de la demanda de empleo que ocupa los primeros lugares en la encuesta sobre seguridad.
Es concluyente la relación estrecha de los circuitos económicos formal, informal e ilegal entre sí. Eso muestran los estudios hechos en América Latina con el enfoque de los circuitos económicos y de sus expresiones en la época de dominio del pensamiento neoliberal. La integración de los países periféricos a la economía global ocurre en grado importante en los circuitos informal e ilegal, en los que esa importante masa ocupada en actividades propias de la informalidad desempeña un papel destacado.
En un escenario de inequidades y exclusiones, el tránsito de la informalidad a la ilegalidad es en extremo sencillo y es a la economía ilegal, que extiende sus tentáculos en la economía legal, a la que se llega con mayor facilidad. Puede afirmarse que la base social de la ilegalidad se configura a partir de las vulnerabilidades del sector informal, aprovechadas por la ilegalidad y eso hace posible la realidad de las rentas legales e ilegales.
En Medellín, el 46,7 de la población económicamente se dedica a actividades informales (datos del Banco de la República). Sólo como venteros ambulantes, la ciudad tiene cerca de 36.000, según la Personería, y aún desconocemos el total de personas vinculadas a las 25 modalidades hasta ahora identificadas como de rentas ilegales y las 29 actividades identificadas de control social. Tampoco conocemos el números de los que de manera directa o indirecta están vinculados de las organizaciones ilegales al sector informal pero dedicados actividades legales.
El problema no es menor. Nada tiene que ver con la manera en que aborda la informalidad la Personería, para la que este problema es sólo de venteros ambulantes. Una vez más, bien vale tener en consideración el monto de estas rentas ilegales, tasado por el periódico El Colombiano en 2013 en 700 millones de dólares al año, cifra demasiado atractiva como para abandonar fácilmente.
Contrario a lo que se afirma de que la pobreza no es causa de violencia, si es posible afirmar que existe una relación directa entre informalidad y pobreza y una relación directa de ésta con áreas generadoras de crimen y violencia. No es casual que la comuna de la Candelaria presente los mayores índices de violencia homicida y muy posiblemente las tasas más altas de extorsión.
Pensar entonces en la época actual el diseño de una política pública en materia de seguridad requiere mucha imaginación y creatividad. ¿Cómo disputarle no sólo por el ejercicio de la coerción el control territorial al empresarismo mafioso y como disputarle esa base social o que puede llegar a serlo de la que se nutre ese empresarismo mediante una política de empleo decente? Es un buen interrogante para que sea respondido por quien pretendiendo gobernar esta ciudad u otra en Colombia, aspira a no seguir haciendo un poco más de lo mismo.
José Girón Sierra
Observatorio de Derechos Humanos – Instituto Popular de Capacitación