La ignorancia de la gente acerca de sus derechos es uno de los mayores obstáculos en la justicia colombiana.
Desde hace meses no paran los escándalos que comprometen el buen nombre y la credibilidad de las instituciones que deben administrar justicia en Colombia. Poco a poco se sedimenta entre nosotros la idea de que estamos condenados a vivir en una sociedad en la que la justicia no funciona o funciona mal.
Aunque las dificultades de la administración de justicia parecen sobrediagnosticadas y que las medidas que se toman para reformar esa rama del poder público parecieran ser inútiles o inviables, yo creo que aún es tiempo de señalar algunos de los problemas más protuberantes y proponer remedios. Veamos.
De la lectura de algunos estudios desarrollados por la Cámara de Comercio de Bogotá, el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad –Dejusticia– y la Corporación Excelencia en la Justicia, se puede concluir que, entre otros obstáculos, hay tres que dificultan la impartición de pronta y cumplida justicia: un alto porcentaje de personas no conocen sus derechos ni la forma de hacerlos efectivos ante autoridad competente; la rémora estructural de nuestra sistema de justicia está conformada por el triángulo vicioso de impunidad-demora de procesos judiciales difíciles-relaciones entre los altos tribunales y entre estos y otras instancias del Estado, y, finalmente, la injusticia o ilegalidad de algunos fallos y procedimientos judiciales.
Se debe reconocer que la inmensa mayoría de los funcionarios de la Fiscalía y de la Rama Judicial de Colombia cumplen con máxima honestidad su labor y que han jugado un papel decisivo en salvaguardar la vida democrática. Algunos cometen equivocaciones flagrantes porque no conocen o desconocen partes importantes de la legislación vigente o de la jurisprudencia y/o porque ignoran las interpretaciones propuestas por teóricos del derecho que pueden servir para disminuir el margen de error. Otros se equivocan porque han puesto su poder de administrar justicia al servicio de las otras ramas del poder público, o al servicio del sector privado.
Aunque es evidente que, por lo dicho hasta aquí, el panorama de la administración de justicia no es muy halagüeño que digamos, repito que se pueden tomar algunas decisiones que ayuden a enderezar el rumbo. Seguro que se puede.
La ignorancia de la gente acerca de sus derechos y de las vías jurisdiccionales para hacerlos efectivos se puede atenuar mediante campañas de educación legal desarrolladas dentro y fuera del ámbito escolar.
La morosidad y la congestión judiciales disminuyen si se amplía la oferta de justicia y se mejora la tecnología en los despachos judiciales. Las relaciones entre las altas cortes y entre estas y los otras ramas del poder público se pueden mejorar con la expedición y puesta en práctica de normas que eviten las puertas giratorias, el corporativismo y la funesta práctica del intercambio de favores.
Las calidades académica y ética de los funcionarios pueden mejorar mediante la implementación de programas de formación, monitoreo y evaluación permanentes. Y también mejoran esas calidades si el sistema judicial es dirigido por juristas que –además de los títulos académicos– tienen hojas de vida intachables y logros evidentes en la lucha contra el crimen.
Como el periodo del actual Fiscal General está próximo a terminar, el presidente Santos tiene la oportunidad de proponer una terna cuyos componentes tengan esas tres características (títulos académicos, integridad ética y moral y experiencia combatiendo el delito). De ella pueden hacer parte personas como Yesid Reyes Alvarado, actual Ministro de Justicia; Elka Vanegas, actual jefe de la Unidad Delgada de la Fiscalía ante la Corte Suprema de Justicia, o Iván Velásquez, seleccionado por las Naciones Unidas como jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala. Buenos candidatos es lo que hay. ¿Habrá voluntad política?
Ribete 1: ¿Los funcionarios judiciales que investigaron, condenaron y ordenaron privar de la libertad al dirigente indígena Feliciano Valencia consultaron suficientemente la ley, la jurisprudencia y la doctrina acerca de la jurisdicción especial indígena, y los enfoques e instrumentos de coordinación entre aquella y la jurisdicción estatal?
Ribete2: ¿Es un plan nacional o mera coincidencia que en los últimos meses se esté procesando (y casi siempre condenando) a activistas de los movimientos sociales? ¿Hay una persecución sistemática contra ellos o es que aún hay funcionarios judiciales que no entienden que hacer oposición, promover el sindicalismo, la defensa de los derechos humanos, o los movimientos sociales como el Congreso de los Pueblos o la Marcha Patriótica, no son lo mismo que promover el terrorismo?
César Torres
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