Las conclusiones y las propuestas resultantes del conversatorio que reunió a un grupo de aproximadamente 20 analistas el pasado martes, 2 de febrero, en las instalaciones de la Pontificia Universidad Javeriana, son públicas, tal y como se informó en “Expertos se reunieron para hablar del Paramilitarismo como principal obstáculo para fortalecer la paz” se sintetizan a continuación:
En este conversatorio las conclusiones fueron importantes; se propusieron soluciones tanto de carácter inmediato, entre ellas la protección de la vida de los desmovilizados, como de carácter mediato a largo y mediano plazo. Se propuso la creación de una comisión de expertos o especialistas sobre el tema que elabore:
a) Una síntesis conceptual del debate que plantee brevemente la génesis del paramilitarismo y lo cuantifique en sus justas proporciones, superando así el negacionismo y la minimización de cifras por parte del gobierno.
b) Elaborar documentos con propuestas concretas haciendo declaraciones puntuales que sean importantes para la mesa de negociaciones en La Habana.
c) Suplir los vacíos que se presenten en el proceso de paz.
El paramilitarismo, hasta el momento, ha sido un obstáculo notable y en cierto momento parecía ser inamovible; según el análisis de estos expertos, es un fenómeno que se puede erradicar pero, como dice el Decano de la Facultad de Ciencias Políticas de la U. Javeriana, Edwin Murillo, “va a ser un talón de Aquiles del proceso de paz” debido a los riesgos de seguridad que hay tanto para los ‘reinsertados’ como para las personas que trabajan en el sector social.
Por otro lado es necesario que el gobierno se apersone del tema y no disfrace la problemática del país soslayando la gravedad de este, es claro que el gobierno niega la existencia de los grupos paramilitares reduciendo el fenómeno a simples bandas criminales o BACRIM. Estas constituyen la quinta generación tal como lo expone el politólogo Carlos Medina Gallego; permitiendo así el surgimiento de una nueva forma de crimen organizado ligado al territorio, donde los paramilitares se adhieren al tejido social e institucional y logran explotar el territorio cooptando el Estado a nivel regional.
Medina Gallego enumera las generaciones por las que ha pasado y crecido el paramilitarismo de la siguiente manera:
1ª Generación: Época de violencia, Liberales vs Conservadores
2ª Generación: (1979 – 1985) El Estado es fundamentalmente el generador del paramilitarismo; con base en la doctrina de Seguridad Nacional se desarrolla el concepto de “enemigo interno” y se legaliza la conformación de grupos de autodefensa bajo la égida militar
3ª Generación: Década de los 80 hasta 1993 a partir del surgimiento del MAS que se conoce como Narco-paramilitarismo
4ª Generación: (1993 – 2003) surgen las Autodefensas Unidas de Colombia –AUC- alrededor de la Casa Castaño
5ª Generación: (2003 – 2007) desde el momento en que produce la desmovilización paramilitar hasta la actualidad
“Hoy día, el paramilitarismo no es fácil de combatir porque está insertado en los procesos regionales, ahora ya no operan solamente como los viejos frentes armados”, afirma Medina, como redes paramilitares se encuentran las Águilas Negras, que son usadas por el Estado para “ejercer presión sobre los movimientos sociales en las regiones” por otro lado están los Rastrojos y los Urabeños.
Otra generación que se puede resaltar es la del Neo-Paramilitarismo que tiene como fuente de financiación a una parte del sector económico: empresarios agrarios, las trasnacionales, sectores de comerciantes entre otros, que funcionan con base en la práctica de establecer un régimen económico a costa de sus acciones criminales en las regiones del país, es decir, “las Bacrim tienen como objetivo, el control de la población, del territorio y del flujo de mercancías para generar rentas y financiar sus actividades delincuenciales”, explica Hernán Pedraza, analista de la Corporación Nuevo Arco iris y; por lo tanto, es necesario un trabajo investigativo y de inteligencia de largo plazo para poder desarticular estos grupos.
Para nadie es un secreto que existe una combinación entre economías legales e ilegales con articulaciones en lo político, con acceso a niveles de poder local y seccional que conviven con un poder estatal- central en el que se hacen transacciones en medio de las disputas. Álvaro Villarraga, ex militante del EPL, sostiene que “el paramilitarismo ya no es la punta de lanza contra la insurgencia pero sigue teniendo nexos con el Estado que son más complejos” y que a la clase social emergente se le puede denominar fácilmente como narco-paramilitar.
Carlos Mario Perea, del IEPRI de la Universidad Nacional expone otro componente del paramilitarismo, “Me preocupa que la mirada sobre el paramilitarismo se haga solamente sobre el conflicto armado en el sector rural, no se menciona la ciudad, la ciudad parece que no existe en el problema de la violencia en Colombia”; desde la década de los ochenta se ha visto en los datos porcentuales, que la ciudad pone más de la mitad de los homicidios nacionales por lo tanto lo paramilitar no sólo corresponde a las zonas rurales; propone analizar la heterogeneidad del fenómeno pues tiene rasgos regionales, en algunas zonas hubo despojo en otras no, en algunas regiones hubo alianzas con el narcotráfico y otras economías ilegales y en otras no; por tanto, el fenómeno no se debería afrontar con políticas públicas comunes.
Para Edwin Murillo otros riesgos en la implementación de los acuerdos son, la forma como se llega a las comunidades y la forma como se reciba a la población joven. Pedro Santana de la Corporación Latinoamericana Sur resalta dos puntos, el primero se basa en que el diagnóstico del gobierno es de total negación y el segundo que el gran debate es si se le da un tratamiento militar, como es la propuesta del Ministerio de Defensa, sería un error garrafal debido a que hace falta un trabajo arduo de la policía, lo que llevará mucho tiempo.
Pedir al gobierno que facilite información sobre el paramilitarismo mucho más concreta, es una de las propuestas plantadas en este encuentro; también es urgente y necesario que la administración avance en el desmonte de estas estructuras criminales, combatiéndolas de modo integral, tanto en lo militar como en lo político y, por su puesto, en su financiación. “Las acciones de estas bandas tienden a urbanizarse y empiezan a controlar una gran cantidad de mercados de criminalidad urbanos” y en la política siguen defendiendo el estatu quo de las elites regionales, manifiesta Hernán Pedraza.
Es importante crear políticas públicas como por ejemplo, cambiar la política anti- drogas, reformar las Fuerzas Militares y de Policía, implementar mecanismos de redistribución de la tierra y proteger la vida de los combatientes que salen del conflicto armado para garantizar el proceso de paz: el analista Francisco Gutiérrez, de la Universidad Nacional lo expresa de la siguiente manera: “El Estado debería construir mecanismos de auto amarre. Uno fundamental sería que el Estado en conjunto con la insurgencia, la sociedad civil y la comunidad internacional, editara cada seis meses, en español e inglés, un libro blanco sobre la protección de la vida de los combatientes y “Vincular a los reinsertados con la población civil en programas sociales que lograra unirlos para evitar conflictos entre los recién llegados y las población establecida”.
El politólogo e investigador Sergio de Zubiría sostuvo que falta una conexión firme y estable entre el tiempo de las instituciones académicas y el tiempo de las negociaciones de La Habana con las preocupaciones concretas que aquejan y amenazan el proceso de paz, “El fenómeno del paramilitarismo es el obstáculo más grave que va a incidir sobre el proceso de terminación del conflicto” y se vuelve de suma importancia hacer “propuestas muy serias y rigurosas con base investigativa para desmontar el paramilitarismo y las insurgencias, pero el gobierno no las tiene”; por lo pronto, las minorías activas, una alianza entre lo social, lo político y lo académico, pueden ser determinantes para el destino de Colombia.
Mario Pineda de la Pastoral Social, plantea realizar un pronunciamiento que tenga como firmantes tanto a las organizaciones de la sociedad civil, como a la academia, no sin antes llevar a cabo un evento en el que participen el Ministerio de Defensa, la Fiscalía, y la academia para proponer condiciones de seguridad para el posconflicto. La ambientalista Aida Quiñones, propone no olvidar el tema ambiental “Hay que tocar el tema minero -energético (minería ilegal y trasnacional) donde ya hay vínculos demostrados con el paramilitarismo”.