Pronunciamiento público de académicos sobre el Paramilitarismo

El Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera suscrito el 26 de agosto de 2012 por los representantes del Gobierno y de las FARC-EP, contempla en el tercer punto de la agenda el fin del conflicto, como un proceso integral que implica el esclarecimiento del fenómeno del paramilitarismo, así como la intensificación del combate, por parte del Gobierno Nacional, “de las organizaciones criminales y sus redes de apoyo, incluyendo lucha contra la corrupción y la impunidad, en particular contra cualquier organización responsable de homicidios y masacres o que atente contra defensores de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos”.

El acuerdo sobre las víctimas del conflicto, suscrito por las delegaciones el 15 de diciembre de 2015, contempla que “adicionalmente se crearán, por fuera de la Jurisdicción Especial para la Paz, mecanismos judiciales tales como una unidad de investigación y desmantelamiento de las organizaciones criminales, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo, y sus redes de apoyo, referidas en el punto 3.4. de la Agenda del Acuerdo General.”

Que como parte del Mandato de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición está el esclarecer y promover “las responsabilidades colectivas del Estado, incluyendo del Gobierno y los demás poderes públicos, de las FARC-EP, de los paramilitares, así como de cualquier otro grupo, organización o institución, nacional o internacional, que haya tenido alguna participación en el conflicto, por las prácticas y hechos a los que se refiere el párrafo anterior” y en especial “el fenómeno del paramilitarismo, en particular sus causas, orígenes y formas de manifestarse; su organización y las diferentes formas de colaboración con esta, incluyendo su financiación; así como el impacto de sus actuaciones en el conflicto.”

A partir de lo anterior, el grupo de profesores, investigadores y académicos de diversas universidades y centros de investigación y estudio señalan: La necesidad de insistir en un tratamiento integral del narcotráfico, el paramilitarismo y los grupos armados relacionados con ofertas de seguridad que impidan a nivel nacional, regional o local, la consolidación del estado de derecho y las plenas garantías ciudadanas, en el marco de un proceso de paz.

El esclarecimiento pleno del fenómeno paramilitar y demás procesos asociados, es indispensable con el fin de disminuir los riegos que dichos grupos armados plantean a la existencia y desarrollo de actividades de las organizaciones sociales, partidos de izquierda, defensores de DDHH, las organizaciones y movimientos sociales de protesta, reclamantes de tierras, asociaciones de víctimas, así como a las organizaciones políticas que puedan surgir de las negociaciones con los grupos FARC-EP y ELN.

Para ello, se necesita aceptar la persistencia en el tiempo, de vieja data, de ejercicios privados de un bien público, como es la seguridad, por parte de élites tradicionales, así como de grupos advenedizos relacionados con el narcotráfico y otras actividades ilícitas que privilegian el uso de la violencia.

Que el Gobierno nacional no puede, en este proceso, soslayar la responsabilidad del ejecutivo, ni la de instituciones como la Fuerza Pública o la rama judicial, cuyos agentes, a lo largo del desarrollo de conflicto, de diversas maneras y en grados diferenciados, promovieron, coadyuvaron, protegieron, ampararon o encubrieron o han encubierto el accionar de estos grupos. No basta al Estado, en consecuencia, minimizar la responsabilidad que le atañe y evitar a toda costa reformas institucionales que podrían redundar en fortalecimiento institucionales, así como contemplar procesos de vetting a servidores públicos y privados.

Que estos grupos tienen fuertes arraigos y una estrecha relación con el narcotráfico desde sus orígenes, y que como aparatos armados garantizaron tanto el desarrollo de dicha actividad ilícita, como la preservación de los réditos, acumulación de tierras, mantenimiento de las rentas ilegales captadas y sus fuentes y control de cargos públicos, entre otros. Por lo tanto, debe tenerse claro que sus motivaciones e intereses iban mucho más allá de la invocada lucha antisubversiva y se orientaban hacia una multiplicidad de objetivos que han incluido la consolidación del territorio, el control del estado y sus recursos, el desarrollo de actividades agroindustriales y explotaciones extractivas, así como el quehacer político.

Que en el marco de estos objetivos, los grupos establecieron complejas y diferenciadas redes de alianzas con élites locales y regionales, con frecuencia con el beneplácito, la aquiescencia o el silencio de las autoridades públicas de los diversos niveles.

Por lo tanto, reconocer las diversas modalidades e intereses de estas agrupaciones y sus particularidades regionales y locales, es indispensable para el adecuado desarrollo e implementación de la paz regional.

Que si bien la ley 975 de justicia y paz llevó a un cambio de los agentes de violencia a lo largo y ancho del territorio y ha implicado una mejor aproximación y comprensión de la realidad, orígenes, desarrollo de la violencia y alianzas de estas agrupaciones, la persistencia de los fenómenos violentos en amplias zonas del país, como Antioquia, Costa atlántica, Pacífico, Vichada, entre otras, pone de presente la clara insuficiencia e incapacidad de este procedimiento para develar los intereses, personas, empresas e instituciones que alimentan y expliquen su persistencia.

El cambio de denominación de los grupos armados de oferta de seguridad ilegal, hoy conocidos como BACRIM, pretende obviar la realidad: a pesar de las sentidas transformaciones a lo largo del tiempo, entre estos grupos existe una solución de continuidad.

La continuidad de estas agrupaciones, sus relaciones con la población en los territorios y su inserción en la actividad social, ponen sobre la mesa la necesidad de considerarlas como un fenómeno complejo, más allá de simples aparatos criminales desprovistos de cualquier consideración o incidencia política.

Adicionalmente, la cooptación violenta del poder local, en dimensiones cada vez más notorias, ponen de presente la alianza con servidores públicos, incluidos miembros de la Fuerza Pública.

Muestra de lo anterior es que a pesar de intensa actividad policial en contra de estas agrupaciones que ha llevado a la muerte, extradición y/o captura de muchos de sus jefes y miembros rasos, no hay indicadores que puedan esgrimirse para señalar que dicha estrategia es efectiva y que se procederá a su efectivo o pronto desmantelamiento.

En consecuencia, restringir el tratamiento de estos grupos a un ejercicio legítimo de la violencia por parte del Estado, que incluya, aún de manera eventual, el desarrollo de operaciones en el marco del derecho internacional humanitario como bombardeos, no deja de plantear serias dudas sobre la eficacia de dicha estrategia, más allá de su coyuntural pertinencia.

La elevada presencia urbana y su reconfiguración como redes, que integran jóvenes marginales, así como consolidadas bandas urbanas en Cali, Medellín, Bogotá, a manera de ejemplo, exigen un tratamiento integral que incluya el espacio urbano más allá de las zonas de confrontación armada o donde tengan lugar las hostilidades.

Así mismo, es necesario acelerar el proceso de responsabilidades a empresarios nacionales, regionales y locales, que se han beneficiado del desarrollo de la violencia y que se han negado a admitir grado alguno de responsabilidad, como forma de garantizar la impunidad y como mecanismo para perpetuar el ejercicio del poder violento, los privilegios y la coerción en las regiones.