Por estos días de cambio climático, de tránsito del intenso calor a un relativo y voluble frío capitalino; ya entrados francamente en el 2016, con relevo gubernamental, cuaresma y plan en marcha de primeros cien días, los medios de comunicación y las redes sociales continúan “ardiendo”, convertidos en escenario de pugilato entre equipos de la administración entrante y saliente.
En este contexto, seguramente, muchas personas y organizaciones dan mayor importancia a los temas ambientales y económicos (Reserva Van der Hammen, plan de urbanización de la sabana, manejo de residuos sólidos), a los problemas del transporte (metro, Transmilenio, SITP, ALO), seguridad (control de violencia y actos delictivos), asignación del presupuesto, reformas institucionales, timoneles de órganos de control, plan de desarrollo y designación de alcaldes locales, entre otros aspectos, que se volvieron cuestión medular de la calidad de vida, la gobernabilidad y la gobernanza en la ciudad y de sus localidades.
La actual Administración se prepara para gobernar. Para ello, alista su plan de desarrollo. Al tiempo, necesita mostrar diligencia y eficacia en los primeros cien días y asume diez puntos, donde resalta sus prioridades en materia de seguridad, espacio público y transporte.
En el escenario social, paralelamente, el ambiente comienza a agitarse. Se generan tensiones con los vendedores ambulantes, con trabajadores de la salud, con recicladores, con usuarios del transporte, con trabajadores estatales, en medio de la prelación que se asigna a los temas de seguridad, vistos o abordados como medidas represivas.
Tal vez, nunca como ahora, se había evidenciado tanto la polarización creciente de la ciudad, de sus actores políticos y sectores sociales, frente a la orientación del rumbo de la capital.
En la coyuntura, se aparenta que mientras el gobierno entrante plantea un abordaje técnico, el saliente hace un abordaje político de la controversia; mientras el actual adopta medidas en todos los terrenos, a menudo tocando estructuras, políticas, programas, memoria institucional y definiciones adoptadas por el gobierno anterior, el equipo saliente pretende alarmar en las redes sociales y plantea voces de alerta o se defiende con respecto a diferentes ámbitos y componentes de su pasada gestión. Sn embargo, estamos ante una falsa dicotomía: los componentes técnico, social y político están presentes en cada gobierno. La diferencia está en los énfasis, como reflejo de concepciones e intereses.
En cuanto a los actores de la ciudad, cada quien hace sus planteamientos desde distintos enfoques de análisis con los sesgos y limitaciones que esto conlleva.
Hay quienes eligen referirse a lo cotidiano. Prefieren que los medios de comunicación les definan la agenda de sus razonamientos y conversaciones de corrillo o de café. Este abordaje, tiene el riesgo de no estimular la construcción de una propia opinión y de fanatizar con una falsa posición, a menudo poco estructurada.
Otros, supuestamente más técnicos, enfatizan en los enfoques estratégicos. Prefieren mirar el largo plazo. Esto ayuda a formar una posición crítica acerca de los rumbos que implican unas u otras medidas y directrices. Pero, puede perder de vista el análisis de coyuntura y el juego de intereses.
Tampoco faltan los que prefieren los abordajes organizacionales. Entonces, discuten acerca de si vale la pena tener una Secretaría Jurídica, otra de Seguridad, una Alta Consejería del Postconflicto, etc. Esto, tiene el riesgo de perder de vista los enfoques políticos, por darle prelación a los temas funcionales dentro de un esquema cerrado que, a la hora de la verdad, son derivados, como consecuencia de las políticas.
En esta reflexión, mejor nos vamos por el camino del abordaje psicosocial. Por el comportamiento de los agentes del desarrollo de la ciudad. Esto, tiene la bondad y complejidad de reclamar el análisis de concepciones, de los intereses y conflictos en juego. Pero, tiene la limitación relacionada con los sesgos inherentes a toda posición, ya que no existe la neutralidad.
En este enfoque, una preocupación gigante, es la relacionada con el drástico abandono de los proyectos colectivos de ciudad que, a través de los años, viene padeciendo Bogotá, en razón de las rupturas entre los agentes políticos, sociales, económicos y medios de comunicación. Esto reclama la capacidad de trascender el enfoque particular y, sin negar el conflicto, encontrar y promover nuevos enfoques y escenarios de reflexión que permitan dialogar a los actores acerca de los intereses medulares del conjunto de la ciudad, sin importar que sus posiciones sean antagónicas.
A menudo, el tema se presenta como diferencias relacionadas con el cómo hacer. Pero, mirando más al fondo, se evidencian rupturas conceptuales y de intereses, profundas.
El comportamiento de los actores y grupos de interés de la ciudad, hace evocar “La Tras Escena”, obra de teatro de Fernando Peñuela (Q.E.P.D.) y del Grupo La Candelaria. Esta obra, la vimos en las tablas hacia 1986, con la dirección del Maestro Santiago García. Ahora, que empiezan el Festival Internacional y el Alternativo, bien vale la pena traerla a la memoria y aunque sea, verla por internet, con paciencia, frente a los fallos iniciales de imagen (La tras escena Tras-escena Teatro la Candelaria)
En esta pieza teatral, se presentan una infinidad de tensiones y conflictos, en materia de enfoques y preparación del debut de un grupo de teatro, para estrenar una obra sobre la conquista de América. Hay frustración entre algunos actores y desacuerdo frente a los libretos. Hay presiones políticas del gobierno nacional y de la familia del Presidente. Los indígenas, desconfían de los organizadores y se niegan a actuar, si no hay pago anticipado. Los ensayos se frustran. No llega la logística. El director se enfurece llamando a la cordura. En la ciudad hay marchas y paro de transporte, que dificultan la participación de los actores. Se improvisa, pero en general, el público aplaude sin enterarse de los problemas y conflictos al interior de la compañía de teatro. Aun cuando toda comparación cojea, esta obra nos recuerda a Bogotá.
En honor a la tradición de la capital, tal vez nunca se ha tenido una convicción consolidada, en relación con el desarrollo de un proyecto colectivo de ciudad, capaz de unir los diversos actores políticos, económicos y sociales. En ello, la capital es reflejo de un país escindido, fragmentado y todavía, carente de visión compartida del futuro. Si no existe un proyecto de nación, difícilmente, se puede construir un proyecto de ciudad.
Pese a valiosas experiencias del pasado, en materia de diseño colectivo de planes estratégicos de ciudad y al surgimiento de élites participativas en sus localidades, Bogotá no ha logrado configurar un proyecto colectivo. La cultura predominante, es la de segmentación de intereses y el abordaje de los problemas prioritarios desde enfoques reactivos, con tratamiento irreconciliable de los conflictos que se generan a partir de los intereses de los diversos actores políticos, sociales, económicos y culturales. Como efecto de lo anterior, Bogotá sigue siendo una ciudad donde predomina una ciudadanía de baja intensidad, escindida, fragmentada, con hondas brechas sociales y donde prevalece el escepticismo acerca de la capacidad del Distrito para resolver los problemas económicos y sociales.
Prima el marginamiento de la ciudadanía con respecto a los procesos de construcción de lo público y el ejercicio de derechos.
Por eso, cada que un sector político conquista la silla gubernamental, como se suele decir, “torea con su cuadrilla”. Esto tiene relación con el impacto dañino que las prácticas clientelistas han generado en la cultura política y en la propia gestión pública moderna, al reducir mediante prácticas cooptativas, la participación ciudadana a la validación de los actos de sus representantes y a focos de población beneficiaria por institución.
Es decir, no existe la concepción ni la metodología para unificar posiciones contrarias en un proceso de construcción de país o de ciudad. Tal vez, el postconflicto sirva de escenario para encontrar esos enfoques y metodologías.
No obstante, Bogotá cuenta con valiosas experiencias de búsqueda de modelos de concertación del desarrollo. La ciudad, salió del limbo jurídico en los años 90 con un nuevo estatuto orgánico, en el contexto de la constitución del 91, con el decreto Ley 1421 de 1993, de la mano del alcalde Jaime Castro. Se encontró perpleja frente al reto de crear nuevas instituciones distritales y locales, a la par que requería nuevas dinámicas de participación social en la planeación del desarrollo. No obstante, solo pudo consolidar pequeñas élites participativas en las localidades y en el ámbito distrital, que se gestaron a través de los encuentros ciudadanos y las instancias de participación, para validar el plan del alcalde de turno.
La sociedad civil, no ha tenido mecanismos sostenibles que habiliten su incidencia real en el destino de la ciudad, lo que mella, además, la confianza en la dirigencia política y en los valores en torno a los cuales se debería cualificar el concepto de ciudadanía. Este es otro elemento que coadyuva a impedir que se consolide el ambiente adecuado para la identificación de metas comunes: los énfasis de los planes de desarrollo implementados por cada Alcalde electo conllevan en su formulación al desconocimiento de los procesos que adelantaba su predecesor. Así las cosas, Bogotá ha intentado el desarrollo cultural con Mockus, la exploración de soluciones por el mejoramiento de la infraestructura urbana con Peñalosa ó el énfasis social de Garzón; el Metro con Moreno y el desarrollo integral de la infancia con Petro.
Paradójicamente, han sido temas críticos de la vida cotidiana, los que han posicionado agendas paralelas de urgente solución. Tal ha sido el caso de la movilidad, la lucha contra la pobreza, la educación, la seguridad y la convivencia, la lucha contra la corrupción entre otros; sin negar que algunos de estos elementos estuvieran incluidos dentro de los planes de desarrollo. Pero, han sido factores de deterioro de la calidad de vida y de la calidad de la gestión pública, los que han ocupado la atención de los diversos actores públicos y privados, desde posturas reactivas y de confrontación, afectándose la gobernabilidad de la ciudad y el reconocimiento mutuo entre los diversos actores políticos y sociales.
Experiencias desde la sociedad civil, como el Plan Bogotá siglo XXI, que se gestó a finales de los años 80 y el Plan Estratégico Bogotá 2000, promovido a comienzos de los 90, buscaron que los actores relevantes de la ciudad se reunieran a repensarla, pero fueron cooptadas o cortadas por nuevas propuestas programáticas desde la administración de turno. Aunque sirvieron para dinamizar las redes de liderazgo social, económico y político de la ciudad, pronto fueron absorbidas por estructuras partidistas, desdibujándose el sentido de la participación misma en los asuntos de lo público, al languidecer mediante la conversión en proyectos corporativos o políticos privados.
La capacidad de construir de manera conjunta el desarrollo de la ciudad ha tomado dimensiones críticas, debido a la inestabilidad generada por la aplicación de medidas jurídicas a los últimos gobernantes.
Es precisamente en este contexto y en la dinámica nacional de gestación del proceso de negociación de acuerdos de paz con las FARC y posiblemente, con el ELN, que adquiere relevancia el repensar el comportamiento de los actores sociales, políticos y culturales de la ciudad, en aras de encontrar los caminos del entendimiento mutuo y de la construcción conjunta de escenarios de reconciliación, sin detrimento de la lucha democrática por regir los destinos de la ciudad, desde una u otra concepción ideológica o política.
La propia coyuntura de la ciudad muestra que la paz y la democracia en Colombia están más allá de la firma de acuerdos políticos y pasan por el desarrollo de nuevos métodos de confrontación civilista.
Estos elementos muestran la importancia de conjugar esfuerzos en la construcción de nuevos métodos y formas de participación en la definición de rumbos estratégicos de la ciudad, reconociendo las mejores prácticas aprehendidas en el pasado y retomado lo mejor del repertorio nacional de la planeación y la interacción.
Dada su complejidad, la ciudad moderna requiere ser capaz de pensarse a sí misma como proyecto colectivo, con disposición al diálogo e innovación en materia de métodos de interacción y concertación del desarrollo. Esto reta la capacidad social y política de asumir un enfoque incluyente con visión de futuro al consultar los intereses de los distintos sujetos sociales, económicos, políticos y culturales, encontrando así caminos de solución a los diversos conflictos y problemas de la ciudad.
La mejor manera de consultar dichos intereses está en la concertación del desarrollo y en la visualización conjunta de escenarios posibles que viabilicen la inclusión social, la adaptación al cambio climático y la democratización del acceso a las oportunidades que brindan los avances económicos, culturales y tecnológicos.
Bogotá, además de ser escenario de paz y conflictividad, es un referente nacional, dada su condición de capital colombiana. El buen o mal ejemplo de la ciudad, se difunde nacionalmente. Quiérase o no, Colombia sigue siendo un país centralista. El país está atento a lo que pase en Bogotá. Este es un asunto que reclama de responsabilidad social y política de los actores sociales, políticos e institucionales, si de verdad queremos avanzar en la construcción de un país y de ciudades capaces de reconciliarse, sin que por ello se borren las divergencias. Aprender a tramitar pacíficamente los conflictos requiere de nuevos aprendizajes, de nuevos conceptos y métodos de gobernabilidad y gobernanza. Solo puede mudar de suerte quien es capaz de cambiar sus costumbres.
Albeiro Caro Fernández
Coordinador Programa Territorio, Paz y Desarrollo de la Corporación Nuevo Arco Iris