Esta semana la Oficina del Alto Comisionado para la Paz publicó desde su portal web una serie de preguntas y respuestas en torno al acuerdo sobre seguridad jurídica.
Entre las preguntas están, cuáles son los logros hasta el momento, cómo será ese proceso que incorpore el ordenamiento jurídico al Acuerdo Final y qué es lo que gira en torno al tema de refrendación popular.
Las respuestas plasmadas dan luces del avance y proceso en este punto que “trata de una ruta compleja de formalización jurídica del Acuerdo Final que se basa en las instituciones de nuestra democracia y se apoya en diferentes instancias internacionales para darle mayor solidez”, ruta que tiene cinco elementos del proceso de incorporación como:
• Depósito como Acuerdo Especial en los términos del artículo 3 común a los Convenios de Ginebra de 1949 ante el Consejo Federal Suizo en Berna.
• Incorporación del Acuerdo al ordenamiento jurídico nacional
• Incorporación del Acuerdo Final al bloque de constitucionalidad
• Procedimiento Legislativo Especial para la Paz
• Incorporación del Acuerdo Final en un documento oficial del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas
También constituye “una garantía de cumplimiento de lo acordado. Las FARC reconocen y aceptan que es en el Congreso de la República donde se aprobarán las normas necesarias para la incorporación jurídica de los acuerdos”, en cuanto a la refrendación “aún no ha sido acordada en La Habana, pero el Gobierno reitera su compromiso con que serán los colombianos quienes tendrán la última palabra.
Para el Gobierno Nacional es esencial que los acuerdos finales fruto de las negociaciones sean ampliamente conocidos, difundidos, discutidos y aceptados de forma democrática por todos los ciudadanos de Colombia, como garantía del principio democrático.
Si bien el mecanismo de aprobación popular no se ha pactado aún en la Mesa de conversaciones, el Congreso de la República tramitó un proyecto que desarrolla un nuevo tipo de plebiscito a través del cual se podrá someter a aprobación popular el Acuerdo Final. Ese proyecto de Ley está siendo objeto de revisión por parte de la Corte Constitucional.
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