El Capítulo del Valle del Cauca de la Corporación Nuevo Arco Iris remite una carta pública al Presidente de la República, Juan Manuel Santos, firmada con la colaboración de personas, organizaciones sociales, académicas, pastorales y ciudadanas.
La carta exige que se dé un tratamiento respetuoso de los derechos humanos y un marco de atención a las demandas sociales, en el que prime el diálogo por parte de la institucionalidad pública del país al conflicto social, pues sólo estos métodos brindan las garantías de un verdadero proceso de paz y reconciliación nacional.
Es necesario además, remarcar que las movilizaciones ciudadanas en campos y ciudades están motivadas por los múltiples aplazamientos e incumplimientos a las demandas sociales y ciudadanas, por parte del Gobierno, preocupados por el tratamiento que se está dando por parte del Gobierno Nacional a la movilización Social, en el marco de la exigencia de cumplimiento a los acuerdos establecidos con la Cumbre Nacional Agraria, Campesina, Étnica y Popular.
En el Suroccidente Colombiano se ha tenido conocimiento que, en diferentes lugares, específicamente en La Delfina y en el Departamento del Cauca, se han presentado actuaciones de la fuerza pública que atentan contra los derechos ciudadanos a la manifestación pacífica.
A continuación un fragmento de la carta firmada por más de 20 entidades como, Centro de Acciones Integrales para la Mujer y la Infancia – CAMI, Mujeres Diversas, Unión de Ciudadanas de Colombia, Ruta Pacífica – Valle del Cauca, Congreso de los Pueblos Cali, Marcha Patriótica – Valle, Unión Patriótica, Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano – PUPSOC, Corporación Centro de Pastoral Afrocolombiana – CEPAC, entre otros.
Exigimos dar un tratamiento respetuoso de los derechos humanos y un marco de atención a las demandas sociales, en el que prime el diálogo por parte de la institucionalidad pública del país al conflicto social, pues sólo estos métodos brindan las garantías de un verdadero proceso de paz y reconciliación nacional. Es necesario además, remarcar que las movilizaciones ciudadanas en campos y ciudades están motivadas por los múltiples aplazamientos e incumplimientos a las demandas sociales y ciudadanas, por parte del Gobierno, las cuales deben incluirse en las agendas de gestión existentes, con respuestas concretas.
Por los motivos anteriormente expresados, llamamos la atención sobre la necesidad de que esta crisis no devenga en victimizaciones a los manifestantes y en afectaciones a la vida. De la misma manera, instamos al Gobierno Nacional, al Ministerio Público y a las fuerzas armadas y policiales a respetar las expresiones de protesta social, instrumento que debe ser garantizado y salvaguardado como uno de los bienes supremos de la democracia, y a generar las condiciones de interlocución pertinentes y con plenas garantías.
Ver Pronunciamiento Publico final