Después de los fracasados intentos de reforma agraria, las élites que actualmente dirigen el estado se han unido en una propuesta de transformación del campo y el sector agropecuario. Con la finalidad de enfrentar la crisis del modelo de desarrollo, llegar a un acuerdo con las FARC (posiblemente con el ELN), superar más de cuatro décadas de abandono del mundo rural y formalizar la propiedad agraria, esas élites han llegado a un convenio que tiene dos componentes y que son contradictorios y riñen el uno con el otro, pero ambos sirven a sus intereses.
El uno es la reforma rural integral que han aceptado en la mesa de negociación de La Habana. Tanto el Informe de la Misión Rural, que tiene como eslogan “saldar la deuda histórica con el campo”, como el Plan Nacional de Desarrollo, que plantea “cerrar la brecha entre el campo y la ciudad”, traen varios argumentos para sustentar esta reforma: la urgencia de superar las grandes desigualdades, la pobreza y el abandono que padece la población rural; la necesidad de establecer la paz en los territorios afectados por el conflicto armado; la importancia de una inclusión productiva para lograr un sector agropecuario competitivo; e incluso, “el desarrollo progresivo de una clase media rural.”
El otro son las Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social, ZIDRES, aprobadas por la Ley 1776 de 2016. Este componente garantiza el mantenimiento de los intereses de la gran propiedad territorial, va en contravía de la anterior porque le entrega los baldíos, que son las tierras públicas, a grandes rentistas y terratenientes y va a aumentar la concentración de la tierra en unas pocas manos. Pero es la contrapartida que les otorga el Gobierno para que acepten la anterior. Es una transacción: a Ustedes los grandes propietarios les damos estos privilegios y Ustedes aceptan la negociación con las Farc y su reinserción en la economía agraria del país. A Ustedes les dejamos la mayor parte de esas siete millones de hectáreas de tierras que fueron despojadas, se las legalizamos, y Ustedes aceptan una mínima restitución de tierras a las víctimas y apoyan las políticas para adjudicar alguna tierra a través de la reforma rural que se ha pactado.
Este acuerdo entre las élites tiene tres objetivos:
1. Hacer viable el acuerdo de paz con las guerrillas y garantizarles alguna sostenibilidad. A falta de una reforma agraria que nunca hemos tenido, esta reforma es un logro para la economía campesina familiar y comunitaria de los pequeños y medianos propietarios a quienes específicamente está dirigida y abre posibilidades para los reclamantes y los sin tierra. Y el cumplimiento de este logro es fundamental para que el posacuerdo sea exitoso, pues si no se cumple es probable que reinsertados de las FARC y campesinos de sus áreas de influencia vuelvan a las armas.
2. El modelo de desarrollo basado en la explotación intensiva de la minería y la energía está en crisis. La caída de las exportaciones y la inversión extranjera han producido una inestabilidad entre las élites. Un fuerte impulso a la agroindustria para la exportación atraerá a inversionistas internacionales a grandes proyectos en regiones como la Orinoquía, el Pacífico, el Magdalena Medio y Urabá.
3. Formalizar e institucionalizar el mercado de tierras. Después del despojo violento, más del 50% de la propiedad es informal, el catastro ha quedado patas arriba y el capital financiero requiere de seguridad en sus inversiones.
De acuerdo con esa realidad y lo que se vislumbra hasta ahora, el panorama no es tan halagüeño como lo pintan para la mayoría de los pequeños y medianos productores y los reclamantes de tierras. Porque no se va a afectar el poder de los terratenientes ni sus latifundios; por el contrario, se va a legalizar, a institucionalizar y a consolidar. Al extractivismo minero-energético, que también ha traído despojo y desplazamiento forzado, se le va a agregar el extractivismo de las grandes plantaciones amparadas por las Zidres. Y los tratados de libre comercio, que tanto daño le han hecho a la agricultura familiar con su competencia despiadada, continuarán dándole la ventaja a los cultivadores subsidiados de los países del Norte.
Ante las imperiosas y justas necesidades de tierra de los pobres del campo, lo que vamos a tener será una tímida democratización del campo. Aunque se va a crear un fondo de tierras, un subsidio integral gratuito y crédito especial para su consecución, las economías ilegales continuarán, con ello pervivirán varias violencias y la militarización no cesará: no se desmovilizará ni uno solo de los batallones mineros energéticos ni los de alta montaña.
En Antioquia, en 2012, “para dar cumplimiento a los procesos de restitución en donde se identificó que ocurrió el mayor despojo de tierras”, el gobierno había priorizado 66 municipios, entre ellos los de Urabá y Bajo Cauca. En abril de 2015 “Santos lanzó un nuevo plan para lo que él denomina ‘agilizar` la restitución de tierras” y Antioquia no aparece en este nuevo mapa después de que el 46% de su territorio estaba priorizado a partir de la focalización del 2012. ¿Por qué?” (1) Y a campesinos de Urabá, que están realizando retornos sin acompañamiento institucional, se les está tratando de invasores, se pretende judicializarlos y algunos han sido asesinados (2). En el norte del Cauca, para reclamar sus tierras, que el gobierno ya se había comprometido a entregárselas desde hacía más de 20 años en varios acuerdos firmados e incumplidos, los indios Nasa de la ACIN han tenido que emprender lo que ellos denominan “la liberación de la Madre Tierra”. Lo que han recibido, durante todo el 2015 y el 2016, ha sido represión, militarización, amenazas, varios muertos y más de doscientos heridos en batallas campales totalmente desiguales con la policía, el Esmad y el Ejército y las fincas que han logrado recuperar hasta ahora lo han sido únicamente gracias a su propio atrevimiento y su valiente persistencia.
Sin embargo, en medio de este horizonte cargado de nubarrones no podemos subestimar que sí se avecina una ventana de oportunidad y un período que, si se sabe aprovechar, puede traer unos cuantos beneficios para los pequeños y medianos productores que tienen el mérito de haber mantenido el suministro de alimentos básicos a la población y evitado el desplazamiento en distintas regiones del país y para los reclamantes de tierras. Después de tantas generaciones de aguante y resistencia, las élites por fin van a aflojar algo.
Lo que se va a dar en la realidad, son estos puntos que siguen, en los que coinciden, más o menos, el Informe de la Misión Rural, el Plan Nacional de Desarrollo y el acuerdo 1 de La Habana.
1) Nuevos planes y programas para beneficiar a los pequeños y medianos propietarios: en el acuerdo son doce, además de las los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y las Zonas de Reserva Campesinas. 2) Dineros para esos planes: habrá un aumento sustancial del gasto público para el sector, aunque se dedicarán aún más recursos para las Zidres. 3) Se estrenará una nueva institucionalidad para el campo y allí habrá una participación del campesinado, los indígenas, los afros y sus comunidades. 4) Se va a presentar una fuerte presión política a favor de la reforma por los movimientos políticos que surgirán de la insurgencia y por los movimientos sociales. 5) Y a lo anterior lo acompañará una opinión pública favorable a la paz. En resumen habrá alguna inclusión social y productiva.
Pero, para que esto se cumpla más ampliamente y no se quede focalizado en algunas zonas priorizadas, habrá que organizarse y trabajar duro y con inteligencia. Se tendrá que sacar el máximo partido de esas condiciones favorables que se crearán e ir lo más allá posible en las exigencias y la construcción de lo local, consolidar economías solidarias y circuitos agroalimentarios, y apoyarse en las tendencias globales hacia la defensa del medio ambiente, la producción agroecológica, el consumo responsable, la preservación del agua, la adaptación al cambio climático y la globalización de las resistencias.
Otra cosa es que, a partir de ahí se impulsen otros cambios desde abajo. Y si la movilización social se articula en las regiones y emerge, otra historia puede comenzar.
(1). Betancur María Soledad, Reparar a Urabá como territorio: un reto del posconflicto, en la revista Observatorio de Derechos Humanos Nº 18, diciembre de 2015, IPC, Medellín, página 48.
(2) Ítem, pág. 50.
Ver anexos en EL FUTURO DE LA PEQUEÑA PROPIEDAD …
José Aristizábal G.
Investigador Social y Coordinador del observatorio del conflicto armado y el pos conflicto de la Corporación Nuevo Arco Iris