Una mirada histórica acerca del largo período de violencias en Colombia, de las experiencias y ensayos de paz incompletas, con éxitos parciales y fracasos desde los años cincuenta y los años 90, así como del proceso actual con sus logros, potenciales y perspectivas, invita a plantear unas tesis claves con respecto a las posibilidades de cerrar el conflicto armado en Colombia en los ámbitos relacionados con la dimensión socio-económica, sin que ello niegue la generación de escenarios democráticos para los movimientos sociales y ciudadanos en su lucha presente y futura por la justicia y la inclusión social.
En primer lugar, es de anotar que la violencia de colores de los años 50, tuvo una base socio-económica, en términos del despojo de la tierra a los campesinos por parte de terratenientes y presión por hacerlos migrar a las ciudades, dentro de una estrategia de generar un mercado laboral para la industria, desde una perspectiva de asalariamiento, siguiendo las orientaciones del modelo cepalino de sustituir importaciones.
Se procuró implantar un modelo “contractualista”, que aun rige las relaciones sociales y los criterios de seguridad social en Colombia. No obstante, la estructura empresarial resultó insuficiente para dar cabida al enganche de personal disponible. Se generó entonces, segregación social, creciendo los cinturones de miseria de las ciudades y proliferando la economía informal que aún persiste en la economía colombiana, incluyendo al campo, al provocar trashumancia del campesinado y nuevos procesos de colonización.
Todavía hoy, no llegan a cinco mil las grandes empresas del país, que ocupen a más de 200 trabajadores, incluyendo a empresas estatales y agro-mineras. En contraste, el 98.9 % de las empresas colombianas son Mipymes.
En segundo lugar, en dicho contexto, los procesos de reincorporación de grupos armados, han pasado por los frustrados programas agrarios de los años 50, con la dejación de armas de las guerrillas liberales; las experiencias combinadas agrarias y urbanas, con predominio del impulso de pymes individuales en dinámicas de DDR (desarme, desmovilización y reintegración individual) de los años 90, que se reeditan y enfatizan desde 2005 con la desmovilización de los ‘Paras’ y la aplicación de iguales modelos para desmovilización individual de guerrilleros desertores, dentro de estrategias contrainsurgentes.
Cabe resaltar, sin embargo, el antecedente de proyectos colectivos de reincorporación en los años 90, especialmente, en el caso de los excombatientes del Quintín Lame, que permitieron enfatizar en la articulación de proyectos de desarrollo territorial, cultural, de infraestructura, productivos, comunitarios y de liderazgo político. No obstante, también hubo de este tipo de proyectos en el caso del M19, el EPL y el PRT, en transporte y agropecuarios en los casos del EPL y la CRS.
Pero, en general, los procesos de reincorporación de los años 90, no estuvieron articulados de manera coherente a dinámicas de desarrollo territorial integral. En ellos predominó la implementación fragmentada de sus diversos componentes. De este modo, los procesos de reintegración y reorganización socio-económica de la vida de los excombatientes, se dieron aislados de los proyectos políticos y, separados de los temas de educación, derechos humanos y desarrollo territorial.
Decir que dichas experiencias fueron un fracaso, simplemente es desconocer que las mipymes del país son unidades productivas frágiles, dada la desarticulación predominante de los conglomerados económicos urbanos y rurales. Las experiencias de los diversos combatientes pasaron esa primera etapa y luego tuvieron virajes hacia el reencuentro con la vocación social y política, en ámbitos diversos del emprendimiento social, el servicio público y el ejercicio profesional, después de unos años de formación académica. Desde esta perspectiva, es mucho más pertinente afirmar que el modelo de mercado interno estrecho y fragmentado del país, genera segregación y provoca dinámicas de rebusque económico para amplias mayorías que viven en situación de lucha cotidiana por la subsistencia.
En dichos contextos, en los años 90 los énfasis de los acuerdos de paz, dado el momento histórico de la lucha democrática, se ubicaron en los cambios políticos a generar a través de la constituyente y la nueva constitución política de 1991. Dentro de esa lógica, siguió predominando y se profundizó el modelo neoliberal fragmentador y promotor del individualismo, que inhibió las dinámicas de cooperación y solidaridad entre excombatientes y promovió nuevas formas de precariado.
En contraste, dentro del proceso actual de negociaciones Gobierno-Farc, se pretende generar nuevas opciones de reincorporación, mejor articuladas al desarrollo territorial, a la reincorporación a la vida civil de las estructuras guerrilleras, con integración de la militancia a la vida civil y comunitaria…
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