Más plata para el agro, menos para los negocios del fiscal

Si en Antioquia los recursos para la aspersión con glifosato -basado en su costo por hectárea- se reorientaran hacia a la reforma rural integral, la inversión sería de medio billón de pesos.

De los acuerdos alcanzados entre el Gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC-EP, el punto 4 se refiere a la “Solución al problema de las drogas ilícitas”. Los ejes de este punto se asocian a: 1). Programa de sustitución de cultivos de uso ilícito, 2). Programa de prevención de consumo y salud, y 3). Solución al problema de producción y comercialización de narcóticos.

El énfasis del acuerdo en ese punto plantea la necesidad de un cambio de enfoque policial y militar, que criminaliza a los campesinos productores, a un enfoque donde los derechos humanos estén al frente de la política. Para ello, las comunidades se deben involucrar en las decisiones; y en este sentido se articula con el punto agrario en torno a los planes de desarrollo rural integral.

Si bien en el acuerdo no quedó explícita la prohibición del uso de aspersiones aéreas con glifosato, sí quedo como último recurso a ser utilizado, a pesar de que el país ya había avanzado en esta regulación con la decisión en mayo de 2015 de suspender –en cumplimiento de una orden de la Corte Constitucional– las fumigaciones, a partir de las investigaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre sus efectos nocivos para la salud, algunos de ellos asociados al cáncer. Al respecto, el acuerdo refuerza esa regulación situando un campo importante en una política preventiva del consumo asociado a la salud pública.

Paradójicamente, el recién estrenado fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, presenta una propuesta en dirección contraria al avance que representó la orden de la Corte Constitucional y lo pactado a través de los acuerdos de La Habana, pues propone reactivar las fumigaciones con glufosinato de amonio. ¿Cómo se explica esta paradoja?

Los intereses económicos de Martínez

Infortunadamente para este momento histórico del país, que avanza hacia la construcción de una paz estable y duradera, el fiscal no invoca los intereses de la Nación, sino el de las multinacionales a las que representa su bufete de abogados.

A la par que organizaba el lobby para su elección como fiscal, Martínez planeaba sus alianzas globales en el jugoso negocio que implica la representación de los intereses de las grandes empresas. De hecho, su bufete se asoció con una de las firmas de abogados más grandes del mundo en este negocio: DLA Piper, que está presente en más de 30 países de América, Asia Pacífico, Europa, África y Oriente Medio.

¿Pero qué tienen que ver sus negocios con el temprano interés en reactivar las fumigaciones? Una de las empresas asesoradas por DLA Piper es la químico-farmacéutica Bayer, que más allá de ser la productora del Acetaminofén, la Aspirina, etc., se mueve en los negocios globales de las semillas genéticamente modificadas y los herbicidas.

Y fue precisamente esta empresa, que tiene la patente del glufosinato de amonio, la que ayer anunció que compra a Monsanto por un valor de 66.000 millones de dólares. Con ellos, agranda su control global de la producción agrícola y de agroquímicos y pesticidas, a costa de la salud de la población. Así, mientras en Alemania se prohíbe el uso de ese producto químico, en Colombia el fiscal lo promueve como alternativa.

El negocio es redondo. Según algunos estudios, “para eliminar una hectárea son necesarios US$72.000” ($201.600.000). “Y esa cosecha produce 1,2 kilogramos de cocaína, cuyo valor es de US$3.500” ($9.800.000). Así, con los costos de la aspersión que se hace en una hectárea, se cubren los ingresos de la cosecha de 20 hectáreas.

En el informe presentado este año (2016) por la Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (Unodc), se afirma que un hogar de campesinos productores de coca recibe al año ingresos por $9.154.000. En conclusión con lo invertido en la aspersión de una hectárea, se cubren los ingresos anuales de 22 familias campesinas productoras de coca.

Sin mucha discusión, con matemática de coquito, con voluntad política y profundizando el acuerdo en torno a la “Solución al problema de las drogas ilícitas” hacia la legalización –en la misma dirección en que se viene avanzando con la marihuana– se halla una solución que se acerca a la paz: se le quita la materia prima al narcotráfico, se le da el estatus de productores legales y legítimos a los campesinos, aportándole al programa de reforma rural integral, y se mejoran las condiciones de salud.

En suma, un programa de compras oficiales, asociado a la producción para usos medicinales, resultaría más rentable que el glifosato, o el glufosinato de amonio, sobre lo cual el fiscal –que tiene las cuentas claras– dice que es un poco más caro el segundo que el primero. Además, se le arrebataría un milímetro del negocio de Bayer, de Monsanto y, de paso, de los negocios del fiscal.

Cultivos de uso ilícito en el Bajo Cauca

A nivel nacional se reporta un incremento del 39% en las hectáreas cultivadas de coca entre 2014 y 2015, pasando de 69.000 a 96.000 hectáreas. En Antioquia, los cultivos se mantuvieron relativamente estables pasando de 2.293 a 2.402 hectáreas entre los años 2014 y 2015, y la mayor parte de ellas está ubicada en el Bajo Cauca, principalmente en el municipio de Tarazá. Cabe anotar que esta cifra es al menos dos veces menor que la reportada en el periodo de la política de la Seguridad Democrática (en el periodo 2008-2010 las hectáreas sembradas en este departamento oscilaron entre 5.000 y 6.000).

Si con los costos mencionados se hiciera aspersión a esa cantidad de hectáreas sembradas en Antioquia, la inversión sería de medio billón de pesos, el mismo presupuesto que se ha fijado en el Plan de Desarrollo de Antioquia para la empresa agrícola.

Las cifras son claras: solo redireccionando la dañina inversión en aspersión, habría recursos para el posconflicto y la reforma rural integral en el Bajo Cauca. Y, por ende, menos plata para los negocios del fiscal y más plata para reparar integralmente a esta subregión antioqueña.

Por eso el Sí a la paz, con voluntad política y los actores sociales no criminalizados y organizados, es una poderosa cuota inicial para el posconflicto.

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