El acuerdo de paz pactado en la Habana y firmado por el Gobierno de Santos y las FARC-EP y apoyado por la Comunidad Internacional, está en riesgo por cuenta del resultado adverso obtenido en el plebiscito realizado este dos de octubre. A parte de lo que pueda suceder me dispongo a plantear algunos aspectos de la solución del conflicto, relacionados con el desarrollo, la democracia y los derechos humanos. Tres sueños, que de una manera u otra han inspirado nuestro quehacer.
El prolongado conflicto armado colombiano, con más de medio siglo de existencia, ha tenido como telón de fondo la excesiva concentración de la tierra, el no desarrollo y modernización del campo; la exclusión política y social de amplios sectores del campo y de la ciudad de la participación en las instancias del poder público y político; y la violación sistemática de los derechos económicos, sociales, políticos y culturales de amplios sectores de la sociedad. Una confrontación entre actores como la insurgencia, el establecimiento y el paramilitarismo, que ha dejado como resultado cerca de 8 millones personas víctimas y desplazadas, siete millones de hectáreas de tierras despojadas a campesinos, 220 mil muertos y decenas de miles de desaparecidos, que plantea enormes retos a la tarea de superación de dichas problemáticas y la restitución de derechos a amplios sectores de la población, especialmente la población campesina.
Democratización de la Propiedad de la Tierra y la Paz Territorial
Hacia un Nuevo Campo Colombiano: Reforma Rural Integral se denomina el primer punto de las negociaciones políticas del acuerdo de paz de la Habana Cuba, consistente en la distribución de tierras a campesinos que carecen de ella o, que teniéndola, es poca y no les es suficiente para garantizar sus condiciones de vida; también se dirige a la devolución de la tierra a los millones de despojados víctimas de los actores de la guerra. Del mismo modo, significa garantizar y propiciar las condiciones institucionales y materiales por parte del Estado en lo municipal y regional, para el desarrollo productivo, comercio, intercambio y consumo del sector campesino, que permita superar la situación de pobreza, encaminar las apuestas hacia una nueva senda del desarrollo del campo e identificar los beneficios para otros sectores de población de las ciudades y la construcción de nuevas relaciones entre lo rural y lo urbano.
La visión territorial planteada en el acuerdo, nos sitúa ante la necesidad de entender la construcción de la paz como un proceso, al menos en dos ámbitos, lo nacional y lo territorial. El territorio como espacio y lugar más próximo a las personas, no sólo físico sino también, articulado por relaciones sociales históricas y culturales; en las que tiene lugar, a la vez, relaciones de cooperación y de conflicto, mediadas por la presencia de actores con intereses diversos. El territorio como un nosotros construido, el cual nos influye e influimos. El territorio como producto histórico, con un pasado, un presente y que proyecta un futuro, que para este caso es la construcción de una paz cimentada sobre condiciones sociales económicas, políticas, culturales y con mejores formas de tratamiento de los conflictos.
El tratamiento a las expresiones particulares de la situación socioeconómica, política y cultural; las manifestaciones y formas de vivir el conflicto armado en cada territorio es lo que hará posible asir estrategias y acciones diferenciadas pero relacionadas en la construcción de un proceso con cimiento y solidez en el concierto nacional. Sin la conciencia sobre la necesidad de democratizar la propiedad de la tierra y las relaciones sociales; de abrir condiciones de pluralidad y diversidad en lo económico y la producción, y hacerlas viables y susceptibles de ser replicadas en ámbitos más amplios, no es pensable y menos realizable, la construcción de una paz nacional duradera.
El Desarrollo y la Paz
De llevarse a cabo la implementación del acuerdo pactado en la Habana, implica repensarse en los territorios la puesta en práctica de formas diferentes de desarrollo, que ponga las prioridades en la producción de alimentos orientados a resolver las necesidades fundamentales de la población rural; el cuidado y protección del medio ambiente; la explotación y uso apropiado del suelo de acuerdo a las características y vocaciones. Una economía, un desarrollo y una producción que ponga al centro la reproducción de las condiciones de vida de las personas. Apuestas diferentes a lo dominante: producción fundamentalmente de materias primas (extrativismo), generación de biocombustibles en detrimento de la producción de alimentos, ganadería extensiva y productos más pensados en el afuera, que en las realidades internas; en fin, un modelo que destruye el medio ambiente, genera concentración de la tierra y profundiza los ya críticos niveles de desigualdad.
Apuestas productivas que generen riqueza y distribución colectiva, definiendo que producir, para quién producir y el tipo de necesidades a resolver; proponiendo formas de desarrollo más incluyentes, participativas y democráticas; examinando la vocación económica, la conservación y protección de las tierras, el cuidado del medio ambiente, las necesidades e intereses de los distintos grupos sociales; realizando pactos y acuerdos para construir colectivamente territorios, donde todos aporten y todos ganen, de tal suerte que sus potenciales sean la inclusión social de todos y todas y la garantía de ser sustentables y permanentes en el tiempo. Es como conviven formas de desarrollo y económicos diferentes y alternativos con otros sistemas en el campo.
Es poner andar prácticas y modalidades de economía social y solidaria, centradas en producir, comercializar, intercambiar y consumir, para resolver necesidades de los seres humanos; generar y distribuir riqueza de manera colectiva, construir sujetos conscientes de su propio destino en la sociedad, aportando alternativas de desarrollo al modelo dominante. Es un enorme reto de aportar a la construcción de la paz, entendida como un proceso en el que se avanza paso a paso, al tiempo que se establecen relaciones democráticas con los diversos actores presentes en cada lugar. El fomento de la economía y la producción campesina, seguridad y soberanía alimentaria, asistencia técnica apropiada, garantía de mercado, créditos, infraestructura que mejore las condiciones de transporte de la producción agraria y campesina, salud, educación, vivienda, cultura, recreación y deporte, son, entre otras, las condiciones básicas que se requieren para el logro de calidad de vida en el campo.
La Perspectiva de los Derechos Humanos
La puesta en marcha del acuerdo de paz es justamente el mejor ambiente para la promoción, protección y goce de los derechos humanos, en la medida que se logre derrotar la violencia y se produzcan los niveles de entendimiento que conlleve a la construcción de formas civilizadas de resolver los desacuerdos y se construyan formas democráticas nuevas para hacer sociedad en medio de la pluralidad y la diversidad. Las posibilidades de materializarse de manera satisfactoria pasa por pensar distinto como se conciben éstos hoy, porque tanto la sociedad como el Estado estarán en un proceso de reconstitución. Aunque todos los derechos son exigibles ante un Estado que los garantice, este mismo ha mostrado, cuando no ausencia, gran debilidad para hacerlos efectivos.
Muchos de los derechos, principalmente, los económicos, sociales y culturales están en estrecha relación con formas de desarrollo distintas, incluyentes, orientadas a restablecer los perdidos en la guerra, así como a la creación de condiciones económicas y sociales que garanticen real y efectivamente a las mayorías excluidas del país el disfrute de éstos con una noción integral. En un Estado Social de Derecho y una sociedad por reconstituirse, los derechos humanos deben concebirse en doble direccionalidad: como exigibilidad y como construcción.
Un país como Colombia que no aguanta más guerra, un Estado cada vez más difuso y desestructurado, una sociedad polarizada en torno a si se hace la paz o se continúa en la barbarie, y la incertidumbre que se produce ante la posibilidad que este acuerdo sea borrado por la ultraderecha, éste sigue vigente y válido como plataforma de acción de los demócratas, partidos políticos, movimientos sociales y los sectores de la sociedad civil organizada, lo que demanda de la movilización amplia en su defensa y el apoyo al grupo de negociadores, tanto del Gobierno como de las FARC. El “Sí” continúa pero en circunstancias más adversas.
Por: Rodrigo Osorno Ospina
Educador, Investigador y socio del Instituto Popular de Capacitación.
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