Este martes 25 de octubre se realizó el conversatorio “¿Es el pacto político nacional y territorial una alternativa para impulsar el acuerdo de paz y eliminar para siempre las armas y la violencia de la política?”, convocado por la Corporación Nuevo Arco Iris y el Instituto de Derechos Humanos y Construcción de Paz “Alfredo Vázquez Carrizosa”, que contó con la participación de más de 45 personas de distintas organizaciones sociales, ONGs, Universidades e Instituciones colombianas.
El evento tuvo como propósito hacer un análisis y socialización con expertos y actores sociales, del punto 3.4 del acuerdo de La Habana, que crea “el sistema integral para la implementación de garantías de seguridad territorial y desmantelamiento de estructuras criminales sucesoras del paramilitarismo”.
En la jornada que duró seis horas, se realizaron distintas intervenciones para luego, en tres mesas de trabajo dar respuesta a las siguientes preguntas: ¿Cómo se expresa y qué factores explican la permanencia de las estructuras sucesoras del paramilitarismo en los territorios? ¿Cómo debería tratarse el problema de las estructuras sucesoras del paramilitarismo para su desmonte integral? Y ¿Qué condiciones se deberían tener en cuenta para la construcción de un pacto político nacional y territorial por la paz para sacar definitivamente las armas y la violencia de la política? (una pregunta por mesa).
Inicialmente Carlos Medina Gallego, docente investigador de la Universidad Nacional de Colombia expuso el fenómeno paramilitar hoy, las características, modalidades de acción, fuentes de ingresos y su papel actual tanto en los sectores rurales como en los centros urbanos. Julio César Arenas, Socio fundador y analista e Investigador del conflicto Armado de la Corporación Nuevo Arco Iris, explicó las razones de la persistencia del orden contrainsurgente en los territorios.
Por otro lado Gustavo Gallardo, director de la Fundación Lazos de Dignidad, se refirió directamente al “Sistema integral para la implementación de garantías de seguridad territorial y medidas efectivas de desmantelamiento de estructuras criminales sucesoras del paramilitarismo”. Acuerdo 3.4 firmado entre el Gobierno y las FARC–EP.
En la cuarta y última intervención individual, la Dra. Alexandra Valencia, Directora de la Unidad Especial de Investigación habló sobre las características y competencias de la “Unidad Especial de Investigación para el desmantelamiento de las organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres o que atentan contra defensores/as de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo…”.
¿Cuál fue el resultado de las mesas de trabajo?
La mesa No 1 desarrolló la pregunta: ¿Cómo se expresa y qué factores explican la permanencia de las estructuras sucesoras del paramilitarismo en los territorios?
Tres puntos se desplegaron, las Expresiones del paramilitarismo, Qué es lo que hace que permanezca y Cuáles son los retos frente a este fenómeno. En el primer punto son seis factores los afectados por éste, el político, geográfico, militar, económico, cultural y las relaciones institucionales. En el segundo, lo que permite la permanencia es la falta de una respuesta efectiva por aparte del Estado que busque desmantelar este tipo de organizaciones criminales; el apoyo de los grupos anti-restitución; la vigencia de los activos del paramilitarismo como el miedo y el terror; los nexos con estructuras internacionales de criminalidad y la pobreza. En el tercer punto que corresponde a los retos, se esperan respuestas más efectivas por parte de la academia frente a dicha problemática, que más allá del diagnóstico se preocupe por la elaboración de propuestas y evolución que generen una salida a este fenómeno.
La mesa No 2 trabajó en torno a la pregunta: ¿Cómo debería tratarse el problema de las estructuras sucesoras del paramilitarismo para su desmonte integral?
La discusión se basó fundamentalmente en el punto 3.4 del acuerdo de la Habana, destacando las virtudes de éste: la comisión de garantías de seguridad, una unidad de investigación para el desmonte, Cuerpo élite de policía y una comisión de seguimiento de alto nivel; el reconocimiento latente de la existencia del paramilitarismo y que no se terminó con la desmovilización de las AUC. Se deja en claro que el Estado no reconoce su papel en la conformación o papel activo con éste. Algunos de los retos planteados por la mesa son: Entender que hay que renunciar a la experticia tradicional e indagar en metodologías que se centren en las comunidades. Fortalecer los mecanismos de resolución de conflictos, como ruptura al control social establecido por las organizaciones criminal/paramilitares. La unidad que se ha conformado, debería atacar el método paramilitar de control social y territorial que sigue existiendo en colaboración armónica con las demás instituciones y que ejerza funciones de monitoreo de la situación de estos grupos y de los casos relacionados, entre otros.
Finalmente la mesa No 3 respondió a la pregunta: ¿Qué condiciones se deberían tener en cuenta para la construcción de un pacto político nacional y territorial por la paz para sacar definitivamente las armas y la violencia de la política?
En ésta se llegó al consenso de que el pacto nacional debe tener un carácter ético, inclusivo y territorial con el fin de garantizar la eficacia del mismo. De esta manera, el pacto no puede olvidar que la sociedad colombiana ha estado inmersa en una cultura individualista, que genera las condiciones sociales para la creación de fenómenos violentos como el del paramilitarismo y de sus redes de apoyo. Adicionalmente se resalta la importancia de la participación ciudadana, generando conciencia sobre la importancia de la dignificación y reivindicación de la política con el fin de que la población se apropie y se incluya dentro del gran pacto político. Así mismo, esta apropiación llevaría al empoderamiento de las bases territoriales y a la materialización del pacto en los territorios recogiendo las voluntades de los diversos sectores sociales.
Entre los asistentes al evento se contó con, Aiden Salgado, Conafro. Camilo Vargas, MOE. Coronel Carlos Arturo Velásquez, asesor-Memoria Histórica. David Flórez y María Paz Gaviria de Marcha Patriótica. Diego Chávez y Carolina Garzón de Comisión Colombiana Juristas. Fernando Estrada, Defensoría del Pueblo. Juan Diego Restrepo, Verdad Abierta. Imelda Daza, Unión Patriótica. Pedro Santana, Corporación Sur. Alix María Salazar y Daina Trujillo de Red nacional de mujeres excombatientes de la insurgencia. Carlos González, Oficina Alto Comisionado. Gustavo Carmona, Proceso Comunidades negros y Judi Caldas, Asesora de la Delegación de paz de las FARC, entre otros.
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