Otro grave impacto ambiental y social se podría llegar a registrar en Colombia, esta vez en el corazón de la Sierra Nevada de Santa Marta, donde se pretende construir, casi que silenciosamente y a hurtadillas, una hidroeléctrica, en el río Don Diego, en zona de influencia de la quebrada El Sol, que hace parte del complejo hídrico que nace en el sistema montañoso litoral más alto del planeta, y además asentamiento de los indígenas Koguis, Wiwas y Arhuacos, entre otros.
Si bien la construcción de la obra aún no está autorizada por el ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, desde el mismo ministerio se habla de la “necesidad de una consulta previa”, a la cual se oponen categóricamente las comunidades indígenas, campesinos y grupos de ambientalistas. Ciertamente, todo esto de la “consulta previa”, como requisito para el otorgamiento o no de la Licencia Ambiental, no son más que expresiones disfrazadas para justificar, finalmente, la ejecución de proyectos. En ocasiones son meros formalismos. Ahora, el tema no es que se hagan o no estudios previos sino que la Hidroeléctrica en el río Don Diego no se debe construir por todas las consecuencias desastrosas que traería no solo en la zona de influencia sino en el mundo, al contribuir al calentamiento global.
Recordemos que en el 2009 el entonces ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial negó la licencia ambiental, solicitada por la junta directiva de Urra S.A para la construcción de la represa de Urrá II, con la que se pretendía inundar 54.000 hectáreas del Parque Natural Nudo de Paramillo, en el Alto Sinú, en el departamento de Córdoba; sin embargo, todavía se escuchan voces de diversos sectores según las cuales la construcción de Urrá II “sería clave para el desarrollo”. Lo mismo se dijo para justificar la construcción de la actual hidroeléctrica de Urrá y hoy el país y el mundo saben que sus consecuencias han sido catastróficas.
Sea el momento para recapitular y recordar el impacto negativo que ocasionó y sigue ocasionando la hidroeléctrica de Urrá, en el departamento de Córdoba. El embalse de 8.038 hectáreas sepultó gran cantidad de selva y biomasa que al descomponerse, contribuyó al calentamiento global; el valle del Sinú dejó de ser el más biodiverso del mundo, hoy se ha impuesto el monocultivo controlado por la multinacional Monsanto, cuestionada por científicos y ambientalistas del mundo por manipular el ADN de los organismos vivos; la hidroeléctrica acabó además con la cultura anfibia de los Embera Katios y de las poblaciones ribereñas; se extinguió la reproducción natural de muchas especies, especialmente del bocachico; consecutivamente, centenares de familias que vivían de la pesca estan dedicadas hoy al rebusque y al mototaxismo; la erosión avanza a ritmo nunca visto como consecuencia de los cambios repentinos en los niveles del río, lo cual produce desprendimiento de las orillas que luego sedimentan el lecho del mismo río y de caños y quebradas que, por este motivo, se se están muriendo (Caño Bugre); el Sinú dejó de recibir los nutrientes desde el Nudo de Paramillo que luego alimentaban y nutrían al valle y al mar Caribe; la cuña salina (por aire y tierra) ha impactado negativamente en el Bajo Sinú. Como si fuera poco, hoy el lecho del río está infectado por “almejas asiáticas”, una especie exótica que acaba con los nutrientes del río y de la que fui el primero en dar cuenta en la revista Latitud del diario El Heraldo de Barranquilla (“Almejas asiáticas en el Sinú”, junio 16 de 2013), sin que hasta el momento se haya hecho un estudio serio ni monitoreo permanente.
En fin, por esta amarga experiencia ocasionada por la hidroeléctrica de Urrá, se demuestra – una vez más – que las hidroeléctricas en el mundo contribuyen al calentamiento global, arruinan hermosos y fértiles valles, matan los ríos, extinguen peces, aves, plantas acuáticas; acaban con humedales, selvas y tierras agrícola, y desplazan a miles de personas. Por estas y por todas las razones que pueden aportar las comunidades indígenas asentadas en la Sierra Nevada de Santa Marta, es que no solo se debe impedir la construcción de la represa en el río Don Diego, sino que también, al igual que como se hizo con el pretendido proyecto de Urrá II, el ministerio debe negar cualquier posibilidad de realizar consultas y estudios previos para una pretendida petición de licencia ambiental. Es decir, ese proyecto debe sepultarse para siempre desde antes de su nacimiento.
Autor: Ramiro Guzmán Arteaga