Frontera Caliente: así se quedó “Jorge 40” con la gasolina de La Guajira

Foto: archivo  Semana

Desde el año 2000, paramilitares al mando de Hernán Giraldo Serna, que ya tenían algún dominio territorial en los departamentos del Cesar, Atlántico, Norte de Santander y Magdalena, decidieron entrar en la disputa por las rutas del narcotráfico y del contrabando de La Guajira. Su principal adversario era el grupo paramilitar de Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, que se había apoderado del norte del Cesar y desde 1998 había empezado a entrar a sangre y fuego al sur del departamento, buscando alianzas con políticos, comerciantes y contrabandistas de Maicao y la Alta Guajira, para también controlar las rutas claves de la ilegalidad. Así fue como entre los años 2000 y 2002 estos dos jefes paramilitares se disputaron el dominio absoluto de los mercados de criminalidad y el capital político y económico de La Guajira. Finalmente, la guerra la ganó ‘Jorge 40’, quien se apropió rápidamente del contrabando de gasolina, actividad económica tradicionalmente en manos de familias  Wayuu como los Uriana, González y Epiayú.

En medio de aquella vorágine, miembros de la comunidad Wayuu tejieron alianzas con grupos paramilitares. Algunos lo hicieron bajo presión, otros para mantener su participación en el lucrativo negocio: a través de él se satisface parte de la demanda regional del combustible; y una pequeña cantidad se introduce hasta Magdalena y Antioquia para usarse en el procesamiento de cocaína.

Pero la guerra desatada por los paramilitares no era la primera que le tocaba vivir a La Guajira. Según Karen Ramírez Boscán, este departamento ha sido “históricamente una suerte de zona de refugio, con una larga y consolidada tradición de ilegalidad y en donde coexisten, en dificultoso equilibrio, una variedad de poderosos locales cada uno con sus pequeños “ejércitos privados” a su servicio, obligó al proyecto paramilitar de las llamadas “Autodefensas Unidas de Colombia, (AUC)” a generar un modelo distinto al aplicado en otros departamentos[1]”.

Esta es la historia de cómo los paramilitares se hicieron al monopolio del contrabando de gasolina en La Guajira, a través de la cooperativa Ayatawacoop; fracturaron a la comunidad Wayuu y hasta financiaron la remodelación del puesto del DAS en la frontera.

Así es como fue ocupada por los ejércitos de violencia privada provenientes de otras zonas del país que no guardaba los mismos patrones físicos, ni valores culturales de los grupos de contrabandistas y narcotraficantes locales. Éstos que mantenían unas normas y principios como la exclusión de las mujeres como objetivo militar. En consecuencia la de los paramilitares se convirtió en una guerra por el control absoluto de los recursos sociales, económicos y políticos de esta región.

Ya consolidado el poderío económico y político de Tovar Pupo en toda La Guajira, sus hombres empezaron a hacerse llamar Frente Contrainsurgencia Wayuu, el cual se empezó a constituir desde 2002 a partir de cuatro estructuras principales: una de ellas comandada por Arnulfo Sánchez González, alias ‘Pablo’ –capturado en Bogotá en 2010- que operaba en la Alta Guajira. Otra se asentó enMaicao, a cuyo cargo estuvieron alias ‘Felipe’, inspector general del Bloque Norte de las AUC, y Jairo Alfonso Samper Cantillo, alias ‘Lucho’, quien desde el corregimiento de Carraipía controlaba algunas rutas del contrabando. Otra actuaba desde Riohacha y tuvo como comandante a Carlos Montejo, alias ‘90’. Por último, operó desde Mingueo y Dibulla otra estructura al mando de Zuley Guerra Castro, alias ‘Ramiro’, quien convirtió estos dos municipios en nuevos puertos para la salida de cocaína. Esto lo llevó a ser el máximo comandante del Frente Contrainsurgencia  Wayuu.

El Frente Contrainsurgencia  Wayuu hizo replegar a los frentes 59, 19 y 41 de las Farc hacia las zonas altas de los dos complejos montañosos que circundan La Guajira: la Serranía del Perijá y la Sierra Nevada de Santa Marta y logró que la capacidad militar y el número de hombres del ELN se redujera considerablemente. Además, los paramilitares bloquearon el ingresode precursores químicos para el procesamiento de alcaloides, la salida de pasta de coca y cocaína y la entrada de armas y gasolina que surtían la economía de ambas guerrillas. El Frente 59 de las Farc tuvo que trasladar sus cultivos de coca y amapola al lado venezolano de la serranía del Perijá.

Por otra parte, entre 2002 y 2003, ‘Ramiro’ y ‘Felipe’ por orden de ‘Jorge 40’ presionaron varios bloqueos en la Troncal del Caribe para lograr el mando absoluto sobre el contrabando de gasolina:

“Se han organizado bloqueos económicos y paros en la Trocal del Caribe, en los límites con el departamento del Magdalena, en la zona de comercio de Paraguachón y en los cascos urbanos de Maicao y Riohacha, por el comercio de la gasolina de contrabando; paros que dentro de una estrategia de guerra y de financiación de ella persiguen el control de todas las actividades económicas y productivas, sean licitas e ilícitas[2]«

A principios de octubre de 2002, en el corregimiento de Palomino, sobre la Troncal del Caribe, en límites entre los departamentos de Magdalena y La Guajira había un bloqueo influenciado por ‘Ramiro’. Al mismo tiempo, en Paraguachón, corregimiento de Maicao indígenas Wayuu y distribuidores minoristas que derivaban su sustento de la comercialización de combustible venezolano, obstaculizaron por tres días el paso fronterizo entre Colombia y Venezuela para “protestar por la penalización del contrabando puesta en vigencia por el Gobierno de Colombia[3].” Para el gobierno, la introducción y venta de combustible ilegal desde Venezuela estaba perjudicando al país, al no generarse los ingresos de la sobretasa de gasolina. Los manifestantes, por su parte, pedían un diálogo directo con los gobiernos de sendos países para llegar a un arreglo en el que se garantizara la participación de los indígenas Wayuu en la importación de gasolina desde Venezuela: la idea era crear una cooperativa que protegiera estos intereses. Sin embargo, detrás de este paro también estaba la presión armada del paramilitarismo, que buscaba captar la iniciativa cooperativista para fines criminales, económicos y políticos.

En octubre de 2002, tras el cierre por tres días de la frontera en Paraguachón y el bloqueo de la Troncal del Caribe en Palomino el gobierno nacional se reunió con el sector social indígena vinculado al contrabando de gasolina representado Empresa Comunitaria Uninacional Indígena, Ecui y la Cooperativa de Comerciantes y Transportadores Wayuu de la frontera colombo-venezolana, Wayucoop Ltda; y los distribuidores minoristas de combustible en Maicao agrupados en la Cooperativa de Vendedores de Combustibles de Maicao, Coovencoma. Se acordó la fusión de las tres cooperativas existentes en el departamento en una única cooperativa que se encargaría de introducir, almacenar, transportar y distribuir el hidrocarburo por medio de las plantas de abastecimiento autorizadas por el Ministerio de Minas y Energía y la Dian, con miras a que estas tres cooperativas participaran, en igualdad de condiciones, en esta actividad económica.