Esta semana fue entregada en físico y vía correo electrónico la Solicitud de audiencia ante la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad por parte de las siguientes instituciones y organizaciones de la sociedad civil: Corporación Nuevo Arco Iris, Instituto Alfredo Vásquez Carrizoza de la Universidad Javeriana, Comisión de Derechos Humanos de Marcha Patriótica, Corporación Desarrollo Paz y Territorio-CORPAZ, Corporación Latinoamérica Sur.
La entrega fue hecha por medio de un documento en el que se específica lo siguiente:
«La Corporación Nuevo Arco Iris junto con expertos, académicos, organizaciones sociales y universidades realizó a finales del 2016 una serie de Talleres y foros regionales de análisis del Punto 3.4 “Acuerdo sobre garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones y conductas criminales responsables de homicidios y masacres, que atentan contra defensores/as de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos o que amenacen o atenten contra las personas que participen en la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo”. Del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, así como conocer las dinámicas de la presencia paramilitar en dichos territorios y las condiciones para desarrollar las recomendaciones del Acuerdo en materia de Seguridad.
El objetivo de esta petición es presentar a la Comisión nacional de garantías de seguridad, las conclusiones de este ejercicio de investigación, así como los informes sobre las dinámica de violencia y violación de los DD.HH, elaborados por los centros de pensamiento y movimientos y/u organizaciones sociales y políticas abajo firmantes.
Para ello solicitamos a la Comisión nacional de garantías de seguridad, una audiencia para presentar las conclusiones de este ejercicio de investigación, así como los informes sobre las dinámica de violencia y violación de los DD.HH, elaborados por los centros de pensamiento y movimientos y/u organizaciones sociales y políticas abajo firmantes, tal como está previsto en el Decreto-Ley 154 de 2017, que crea la “Comisión Nacional de Garantías de Seguridad en el marco del Acuerdo Final, suscrito entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP el 24 de noviembre de 2016”, en especial en lo señalado en su art. 1º, en cuanto a su objeto: Diseñar y “…hacer seguimiento de la política pública y criminal en materia de desmantelamiento de las organizaciones o conductas criminales responsables homicidios y masacres, que atenten contra defensores/as derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, o que amenacen o atenten contra las personas que participen en la implementación los Acuerdos y construcción de la paz, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo”. Así como lo estipulado en el parágrafo segundo, art. 3º del Decreto 154 de 2017, de las funciones de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad; que señala: “Formular (…) el Plan de acción permanente para combatir y desmantelar las organizaciones y conductas criminales punibles a que hace referencia el artículo 1º de este decreto, que será adoptado por el Gobierno Nacional”».
Así mismo se exponen diez motivos por los que se hace esta solicitud como (para ver de forma completa los siguientes puntos, abrir el documento anexo al final):
- Hechos que amenazan la implementación de los acuerdos de paz en materia de seguridad y protección, expresados en el incremento de crímenes, atentados, violaciones a los DD.HH.
- El señalamiento de las comunidades como responsables de estos crímenes y actos de terror, a integrantes de estructuras armadas sucesoras del paramilitarismo.
- La aplicación del tradicional «manual de guerra contrainsurgente» por parte de estas estructuras sucesoras del paramilitarismo, en las regiones.
- Estudios realizados por centros de pensamiento como la Corporación Nuevo Arco Iris que establecen coincidencias entre los asesinatos y ataques contra organizaciones campesinas, afros, indígenas y populares en los municipios y departamentos en los que el voto a favor del SÍ a la paz el pasado 2 de octubre.
- En las regiones en donde existen cultivos de uso ilícito u otras economías ilegales se evidencia una dinámica de mayor cooptación de grupos delincuenciales y existencia de distintos tipos de estructuras (armas largas y distintivos o camuflados y con armas cortas) según el grado de “consolidación de la zona”.
- Estos grupos pos desmovilización y/o sucesores del paramilitarismo, reconfiguraron las redes de negocios ilegales.
- Los informes de riesgo emitidos por el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) y observatorios del conflicto, han establecido que estos nuevos grupos o estructuras armadas no han perdido contacto con sus antiguos apoyos en el sector rural.
- Las condiciones justificatorias para el ejercicio de la violencia por parte de estas estructuras criminales en contra los sectores considerados parte del enemigo interno.
- La Fiscalía General de la Nación, en cabeza del señor fiscal general; ha expresado ante los medios de comunicación que los asesinatos contra líderes sociales y miembros de movimientos como Marcha Patriótica, no son sistemáticos ni corresponden a patrones de criminalidad asociados al accionar de grupos paramilitares.
- Se está presentando una crisis humanitaria de grandes proporciones, que incluye desplazamiento masivo de Colombianos a Venezuela, como lo ocurrido en días pasados en la región del Catatumbo.
Finalmente el documento firmado por Fernando Hernández Valencia, Director Ejecutivo, Corporación Nuevo Arco Iris; Manuel Salamanca, Director, Instituto Alfredo Vásquez Carrizosa de la Pontificia Universidad Javeriana; David Flórez, Vocero nacional, Movimiento Marcha Patriótica; Leonardo Rodríguez, Director Ejecutivo, Corporación Desarrollo Paz y Territorio-CORPAZ; Pedro Santana Rodríguez, Director Ejecutivo, Corporación Latinoamérica Sur; contiene tres peticiones que se hacen al Gobierno y a la Comisión como tal, la realización de una audiencia en la que se extienda invitación a las siguientes instituciones y organizaciones de la sociedad civil firmantes; la formulación de manera urgente y perentoria el Plan de Acción Permanente para combatir y desmantelar las organizaciones o conductas criminales responsables homicidios y masacres, que atenten contra defensores/as derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, o que amenacen o atenten contra las personas que participen en la implementación los Acuerdos y construcción de la paz, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo”, tal como lo señala el art. 3º del Decreto 154 de 2017 y, que la Comisión de Garantías solicite al mecanismo de selección y nombramiento de magistrados y otros funcionarios judiciales de la Jurisdicción Especial para la Paz que proceda a la conformación de la terna de candidatos/as para que a la mayor brevedad posible el Fiscal General de la Nación proceda al nombramiento del Director (a) de la “Unidad Especial de Investigación.
Ver el documento completo: SOLICITUD DE AUDIENCIA A LA COMISION DE GARANTIAS