A través de un comunicado, la comunidad indígena Emberá Karambá y comunidades campesinas del municipio de Quinchía en Risaralda, denunciaron que la multinacional Anglo Gold Ashanti ha puesto en «inminente riesgo de desplazamiento» a más de 77 familias que habitan el territorio ancestral.
Según la denuncia, directivos de la multinacional han anunciado que iniciarán el proceso de exploración para explotación de oro a cielo abierto ‘La Colosa Regional’, en un área de 4.000 hectáreas y advirtieron que si la comunidad continúa oponiendose, procederá a bloquear la única vía de acceso a la zona, destruir el centro de salud, el polideportivo o sus lugares habituales de trabajo artesanal.
Edit Taborda, Gobernadora de la Parcialidad Indígena de Quinchía señaló que desde el año 2016, estas «estrategias de presión e intimidación orquestadas entre las empresas interesadas en dicho proyecto y las instituciones gubernamentales», han generando temor y zozobra en las comunidades frente al futuro y permanencia en sus territorios.
También manifestó que respecto a la negativa de la comunidad Emberá Karambá, de vender sus terrenos para la explotación minera, la Anglo Gold y la operadora Minera Miraflores, han amenazado con destruir la única vía de acceso al asentamiento, lo que activo las alarmas, pues de ser así, más de 77 familias de la zona se verían confinadas.
La Gobernadora también denunció que la Compañía Minera Miraflores «ha venido adelantando actividades de explotación minera de oro sin Licencia Ambiental, ni Plan de Manejo Arqueológico y violando el derechos fundamentales como la Consulta Previa». Explica que existe una «autorización ilegal del Ministerio del Interior», pues cerró de manera irregular el proceso de garantía del Derecho Fundamental a la Consulta y el Consentimiento Previo, Libre e Informado el 22 de septiembre de 2015.
Reveló que en 2015, la Anglo Gold realizó un censo ilegal y forzado para «obligar a la comunidad a participar en indemnizaciones falsas, traslados forzados y la manipulación de la información», lo que ha generado fuertes rupturas «en el tejido social y en los procesos organizativos propios».
Taborda aseguró que ya se estan adelantando acciones legales para la exigencia de derechos y nulidad para la autorización otorgada por Mininterior, con la cual la multinacional ha logrado avanzar en el proyecto inconsulto de explotación minera.
Afirmó que las comunidades de Quinchía y municipios aledaños, desean entablar un diálogo con las instituciones y de no ser posible «seguiremos nuestra lucha, movilizandonos y denunciando estos atropellos».
Por último, la Gobernadora hizo un llamado a organizaciones ambientalistas, defensoras de derechos humanos y medio de comunicación, para que presten atención a lo que sucede en la región y apoyen las denuncias de los Emberá Karambá y resaltó que «este es un aviso preliminar y si no se resuelve, el Estado es el responsable de estos nuevos desplazamientos».
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