En 2016 Colombia registró su más baja tasa de homicidios en 40 años. En total las autoridades contabilizaron unos 12.000 casos. Pero un tipo específico de asesinato se incrementó: el de líderes sociales y defensores de derechos humanos.
Francisco Gómez se salvó por poco de ser parte de esa estadística.
Pasó casi un mes en cuidados intensivos luego de que dos hombres entraran de madrugada en su casa, se metieran en su cuarto mientras dormía, y lo apuñalaran en el vientre, el pecho y las piernas.
Gómez es un líder social del departamento de Arauca, en el oriente del país, miembro de la Fundación por la Defensa de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario del Oriente y Centro de Colombia.
Vive con Juan Torres, líder del movimiento de izquierda Marcha Patriótica en la zona.
Torres le contó a BBC Mundo que Gómez se salvó de morir porque él estaba allí, lo sacó de la casa ensangrentado y tardó sólo tres minutos en llevarlo en su auto al hospital, donde se infartó antes de entrar al quirófano.
«Si yo no hubiera estado en la casa él se desangra y muere», dijo.
Muchos otros no corrieron la misma suerte que Gómez.
Como William Castillo Chima (ya llegaremos a él).
Cifras
De acuerdo con la ONG Somos Defensores, los asesinatos de líderes sociales en Colombia pasaron de 55 en 2014 a 63 en 2015 y 80 en 2016. Hasta marzo de 2017 Somos Defensores había confirmado 20 casos; pero la ONG espera que sean más.
Aunque estos siguen siendo una porción pequeña de los miles de homicidios en todo el país, la situación ha encendido alarmas en muchos sectores de la sociedad colombiana y ha despertado debates respecto a cómo interpretar estas cifras.
No todos dan los mismos números que Somos Defensores.
Por una parte, la Defensoría del Pueblo da una cifra mucho más alta: 156 homicidios de líderes sociales y defensores de derechos humanos en los 14 meses previos al 1 de marzo de 2017, además de 500 amenazas.
Por otra, el informe anual del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación en Colombia contabilizó 64 homicidios de defensores de derechos humanos en 2016 (también registró un aumento respecto al año anterior).
Pero su definición de defensor de derechos humanos es delimitada: alguien que tenga un rol de liderazgo y defienda los derechos de otros.
«Es importante tener en cuenta que no es sólo esta gente la que está siendo asesinada», le aclaró a BBC Mundo Todd Howland, representante en Colombia de esa oficina de las ONU, «sino miembros de organizaciones políticas que no necesariamente están en un rol de liderazgo».
En cualquier caso, todos coinciden en que hay un aumento de casos.
Las FARC
«Se puede explicar casi la totalidad del incremento, y más, con base en lo que está ocurriendo con la desmovilización de las FARC», dijo Howland.
La guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) está concentrada en 26 zonas transitorias distribuidas por la geografía del país, como parte del acuerdo de paz que alcanzó a fines de 2016 con el gobierno.
La salida de las FARC de sus territorios históricos se completó hacia comienzos de 2017, pero el progresivo repliegue de su intervención sobre esas zonas había comenzado meses antes.
Un 29% de los casos contabilizados por la ONU ocurrieron en áreas que las FARC abandonaron, de acuerdo con la oficina de Howland.
«Era previsible: cuando se tiene una transición de una entidad como las FARC, que controla social, económica y políticamente varios territorios del país y de un día para otro simplemente desaparece, el problema del orden en esas áreas se vuelve significativo», dijo el funcionario.
Al salir la guerrilla aparecen homicidios por venganza (contra gente que estaba o se creía estaba vinculada a las FARC), por otros grupos ilegales que entran al territorio y buscan imponerse, explicó.
Todos los expertos y observadores coinciden en este punto.
También es cierto algo más: en Colombia siempre se ha dado el asesinato de líderes por parte de quienes los ven como una amenaza.
Eso recuerda Jorge Restrepo, del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC): «Indudablemente ha habido de tiempo atrás un fenómeno de violencia política y no depende necesariamente del conflicto ni del proceso de paz».
Restrepo identifica las siguientes causas para los homicidios de 2016-17:
- Un creciente activismo político en regiones que hacen que se sientan amenazados quienes detentan el status quo
- Disputas en torno a recursos de las FARC (tierras, bienes, etc.)
- Oposición a restitución de tierras a personas que han sido desplazadas
- Acciones del Ejército de Liberación Nacional (ELN, segunda guerrilla más grande del país) contra sectores históricamente cercanos a las FARC.
Según la oficina de Howland, en 44 de los casos que ellos verificaron los perpetradores estarían vinculados con intereses criminales colectivos o individuales, cuatro al ELN (esta guerrilla niega estar detrás de esos asesinatos), uno al EPL (Ejército Popular de Liberación, en referencia a una facción de esa guerrilla desmovilizada hace años que se mantuvo activa y a la que el gobierno considera un grupo criminal al que llama Los Pelusos), dos a milicianos de las FARC, uno a disidentes de las FARC, seis a particulares y uno a la Policía Nacional durante una protesta social.
¿Sistemáticos?
Organizaciones sociales insisten en que detrás de estos asesinatos hay sistematicidad, pero el Estado lo niega.
«En este caso esa sistematicidad no ha sido documentada», le había dicho a principios de marzo a BBC Mundo el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas.
¿Qué hay detrás de esos homicidios entonces? «Son causas locales, es lo que hemos podido hasta el momento establecer», señaló.
«Para nosotros sí hay sistematicidad», le dijo a BBC Mundo Alejandro Malambo, de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ). «Pasamos de una cuestión regional a dinámicas regionales, donde esa sistematicidad se desdibuja».
Carlos Alfonso Negret Mosquera, defensor del pueblo, consideró que los casos: «Son generalizados, no sistemáticos, porque la sistematicidad de esos eventos y esos delitos atroces la debe definir la Fiscalía».
Y, hasta el momento, la Fiscalía no ha utilizado esa definición.
Al hablar de sistematicidad, la CCJ y otras organizaciones recuerdan lo ocurrido en los años 80 con el partido de izquierda Unión Patriótica (en el que había miembros de las FARC), miles de cuyos miembros fueron asesinados.
Para Howland, sin embargo, es prematuro hablar de una acción centralizada, como lo que ocurrió con la Unión Patriótica.
Sin embargo, le aclaró a BBC Mundo: «No es fácil decir tampoco que no hay conexión, porque 46% de los casos que verificamos el año pasado se relacionan con una dinámica específica; no se puede decir que son casos individuales».
La responsabilidad del Estado
«No creo que haya un grupo de personas que se sienten a decir: ‘Matemos a esta gente porque no nos gusta la paz'», le dijo a BBC Mundo Paula Gaviria, Consejera Presidencial para los Derechos Humanos.
«Pero obviamente», aclaró, «matar líderes sociales sí está generando una sensación en las comunidades y en la opinión pública de que no hay ningún impacto positivo de la paz».
Somos Defensores, cuestionó la verdadera capacidad del gobierno y el Estado de hacer frente a estos asesinatos.
Por su parte, Gaviria recordó que en marzo de 2016 el gobierno conformó un grupo especial en cabeza del ministro del Interior para abordar este problema.
Mirando las cifras, todavía parece no haber dado resultados; tampoco parecen alcanzar los mecanismos de custodia, como los que provee la Unidad Nacional de Protección en torno a 6.500 personas (cifra que maneja la oficina de Gaviria).
Gaviria admitió que que los perpetradores todavía no sienten que sea costoso matar a un líder. Para que eso cambie -sostuvo- son cruciales las investigaciones y las condenas.
Según cifras de su oficina, la Fiscalía está intentando revertir en esto. Ya avanzaron cerca del 39% en las investigaciones de los casos de 2016 que han priorizado; tienen cuatro sentencias y tres casos en juicio, más diez en investigación.
Pero la entidad investigativa, explicó Gaviria, también tiene dificultades: testigos que tienen miedo de hablar, limitaciones para acceso las pruebas (muchas veces los homicidios ocurren en zonas remotas) y la ralentización de los procesos por las decisiones de los jueces (lentitud en dar audiencias, autorizar capturas).
Como sea, para Howland, de la ONU: «El Estado colombiano tiene la responsabilidad de proteger los derechos de todos sus ciudadanos; segundo, tiene una responsabilidad específica de proteger a los defensores de derechos humanos».
William Castillo Chima
No ocurrió con William Castillo Chima.
De 43 años era integrante de Marcha Patriótica y líder de la Asociación de Hermandades Agroecológicas y Mineras de Guamocó (AHERAMIGUA).
En el municipio de El Bagre, en el departamento de Antioquia, a las seis de la tarde del lunes 7 de marzo de 2016, unos hombres entraron a la tienda donde estaba sentado tomando un refresco.
Con armas cortas le dispararon en la cara y en el pecho.
Poco antes había salido de una reunión con la administración departamental y municipal en la que hablaron del plan de desarrollo local.
Era un muy activo líder social, le dijo a BBC Mundo Camilo Villamil, también de AHERAMIGUA: «Siempre impulsó las denuncias a los grupos armados, a los grupos paramilitares, a las fuerzas del Estado, casos de corrupción».
«Tenemos claro que fueron los que se llaman Autodefensas Gaitanistas», dijo.
Las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), es como el grupo armado se llama a sí mismo. Clan del Golfo, lo llama el gobierno. Para éste último es una organización criminal, para los activistas sociales se trata de paramilitares.
Hacía tiempo que tanto él como Castillo Chima estaban amenazados, dijo Villamil. Siguen en riesgo: «Ninguno de nosotros (líderes sociales de la zona) puede estar en El Bagre sin acompañamiento; a todos los que vivían en la cabecera de El Bagre les tocó salir».
El miedo
El efecto de las amenazas en las comunidades es grande, pero el de los homicidios es enorme.
En el caso de William Castillo Chima, por ejemplo, llevó a que gran parte de su familia dejara El Bagre tras su asesinato, aunque algunos ya regresaron.
Pero no sólo eso. «Tan pronto sucede lo de William», le contó a BBC Mundo Carlos Villamil, «el comité de mototaxistas (de la zona) se quedó estancado, porque todos los líderes entraron en pánico».
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En abril de 2016 mataron al líder del comité de mototaxistas, dijo Villamil.
BBC Mundo le preguntó por qué siguen adelante si lo que hacen es tan peligroso.
«Sabemos que corremos un riesgo, pero ha sido más lo que hemos logrado en términos de garantizar algunos derechos», respondió.
Todos los consultados por BBC Mundo coinciden en que por ahora continuarán los asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia.
Todd Howland, de la ONU, explica cuándo se detendrán: «Cuando haya algún tipo de inclusión económica, social y política en esas áreas (donde ocurren los homicidios)».
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Saludos de paz y bendiciones desde México. Situación triste y preocupante la de nuestra querida Colombia. Se nota de nuevo como en la década de 1980 el arranque de otra Campaña de Intimidación y Exterminio contra los y las defensoras de Derechos Humanos en el país andino y caribeño. Tristemente en muchas naciones de nuestra América y el Mundo hay personas que piensan que en Colombia todo está mejor porque ya se firmaron Acuerdos de Paz entre las Autoriidades y las FARC. Que bueno que existen organismos promogores de la vida, como Arco Iris, que se encargan de informarnos con precisión y detalle lo que acontece en Colombia. Ahora Colombia necesita más Solidaridad que Antes, para que los Acuerdos no se vayan a la Basura y el País continúe siendo la Escuela de Criminales que siempre ha soñado el Imperialismo Estadounidense. Digamos ¡No a la Guerra! y ¡Sí a la Paz con Justicia Social!, Atentamente, Fernando Acosta Riveros