Hay un sector de jueces y fiscales cuya ignorancia de la ley desprestigia la justicia en su conjunto
A Mateo Gutiérrez León lo detuvieron el 23 de febrero del 2017 en Unicentro. Extrajudicialmente, es decir, en rueda de prensa, pero no ante una autoridad competente, se le sindicó de haber participado en una serie de atentados con explosivos –seis– que ocurrieron entre marzo del 2015 y octubre del 2016. Y quedó en el ambiente que Mateo también tenía responsabilidad en la explosión que causó la muerte de un patrullero de la policía en el barrio La Macarena de Bogotá.
Judicialmente lo acusan de terrorismo, porte ilegal de armas, hurto y concierto para delinquir. Estos delitos fueron cometidos cuando supuestamente colocó una bomba panfletaria y una bandera de un grupo armado hasta ahora completamente desconocido o quizá inexistente. Mateo Gutiérrez León no está acusado ni de atentar contra personas, ni de matar policías ni de ser un explosivista en serie.
Doce personas, todas ellas dirigentes de movimientos sociales legales y reconocidos del sur de Bolívar, fueron detenidas entre la noche del 21 y la madrugada del 22 de marzo de este año en esa zona del país. Ante los medios de comunicación, las autoridades las han acusado de pertenecer al Eln. Judicialmente se les imputa concierto para delinquir en conexión con otros delitos ‒en casi todos los casos el delito de rebelión‒, aunque no se han dado a conocer los hechos que sirven de base para tal imputación.
Tanto a Gutiérrez León como a once de las personas detenidas en el sur de Bolívar les han dictado medida de aseguramiento. En la imputación contra estas personas, la Fiscalía aduce, y los jueces aceptan, que las convicciones y acciones políticas de los sindicados son o pueden ser similares a las ideas políticas de grupos armados al margen de la ley. Para consolidar los argumentos de semejantes salvajadas jurídicas, se alega que el joven Gutiérrez estudia Sociología en la Universidad Nacional, que allí hace activismo político y que viajó a Cuba. Y que los doce detenidos en el sur de Bolívar promueven marchas, manifestaciones y protestas, y son líderes sociales y políticos de partidos y movimientos que, si bien son legales, no hacen parte de los partidos tradicionales.
Los funcionarios de la Fiscalía y los jueces encargados de estos casos parecen seguir un mismo patrón judicial: detención de los acusados, presentación de estos ante los medios de comunicación como miembros destacados de organizaciones guerrilleras y responsables de actos terroristas, y, finalmente, proceso judicial con acusaciones sustentadas en las opiniones políticas y sesgos ideológicos de los operadores judiciales que deben acusar y resolver la situación jurídica de los acusados.
Funcionarios judiciales como estos, más que impartir justicia, se encargan de administrar la injusticia. Funcionarios judiciales como estos remplazan el sobrio y ecuánime ejercicio de impartir justicia con arreglo a la ley por el escándalo mediático que garantiza la creación de titulares y noticias, aunque al final estas resulten siendo falsas.
Ante situaciones como estas, se puede decir ‒con muy poco margen de error‒ que hay un sector de jueces y fiscales cuya ignorancia de la ley desprestigia el poder judicial en su conjunto. Hay un sector de jueces y fiscales enquistados en la administración de justicia, dispuestos a cometer cualquier tropelía con tal de permanecer fieles a sus prejuicios políticos e ideológicos.
Ante situaciones como esta, queda claro que solo hay dos caminos: o creamos otra justicia, basada en las posibilidades de participación de la ciudadanía en su administración, o nos quedamos lamentándonos por los errores que esos funcionarios cometen día tras día. De todas formas, pobre justicia la que hoy tenemos.
CÉSAR TORRES
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