Informe Especial sobre asesinato a líderes y persistencia paramilitar en Colombia

La Comisión Nacional de Derechos Humanos Movimiento Político y Social Marcha Patriótica hace público el Informe Especial “QUE LA PAZ NO NOS CUESTE LA VIDA. BASTA YA. Sobre Homicidios de líderes sociales y defensores de Derechos Humanos e Integrantes de FARC – EP y familiares. Año 2017”.

El documento, entregado en la última semana de abril del año en curso, cuenta con 18 páginas y desarrolla varios ítems importantes del proceso de paz que se implementa en el país, Acuerdo entre las Farc EP y el Gobierno nacional colombiano. Entre los temas que se abordan están la Implementación normativa del Acuerdo de paz, la situación de DDHH: Seguridad y Protección y algunas recomendaciones generales.

El Informe se presenta “ante el incremento de la violencia sistemática y generalizada en contra de líderes sociales y defensores de Derechos Humanos y los homicidios de integrantes de las FARC – EP y de sus familiares que de forma alarmante se viene incrementando en el mes de Abril de 2017” y su contenido es con base en información recopilada de fuentes primarias y secundarias, en el documento el Movimiento afirma que “no se puede concebir que la garantía y materialización integral de estos derechos sean posibles, si no se les reconoce a las víctimas su condición, se esclarecen públicamente las causas y las responsabilidades actuales e históricas en el desarrollo conflicto armado en Colombia y se adoptan medidas efectivas y eficaces de seguridad y protección.

Basta con recordar que el gobierno nacional y las FARC – EP, asumieron con el pueblo colombiano y en particular con las víctimas, “la obligación de la prevención de la continuación de hechos de violencia y el alcanzar la paz por los medios a su alcance””.

De igual forma Marcha Patriótica destaca varios avances en la implementación como el traslado de unos 6.900 miembros de las Farc EP a las ZVTN y a los PTN; el proceso de dejación de armas y la espera de que el proceso de reincorporación de los combatientes inicie pronto, todo ello hace parte importante de la consolidación de la paz.

En cuanto a la IMPLEMENTACIÓN NORMATIVA DEL ACUERDO DE PAZ se manifiesta la preocupación por la lentitud con la que ha avanzado “la implementación de la Ley de amnistía”, preocupación que comparten del informe presentado ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas del Secretario General sobre la Misión de las Naciones Unidas en Colombia. Por lo anterior se expone el nuevo derecho contenido en el punto 5, sobre víctimas, que abarca la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición –CVCyNR-; la Unidad Especial para la Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas en el Contexto y en Razón del Conflicto Armado –UEBPDCRCA- y la Jurisdicción Especial para la Paz –JEP-.

“Igualmente el punto 3. Fin del Conflicto del acuerdo final en el que se incluyeron las “Garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres o que atentan contra defensores/as de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, y la persecución de las conductas criminales que amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz”, ha sido desarrollado normativamente […] por medio de la cual se Reconocen miembros de FARC – EP para el desarrollo de las labores propias del proceso de paz”.

Por otro lado en lo referente a la SITUACIÓN DE DERECHOS HUMANOS: SEGURIDAD Y PROTECCIÓN se hace mención al Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo entre el Gobierno y las FARC-EP que se mantuvo en pie y en el que no se reportaron bajas.

“Al mismo tiempo, se siguió expresando preocupación por la presencia y las acciones, incluso en anteriores zonas de despliegue de las FARC-EP, de grupos armados no estatales, incluidos el grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional (ELN), sucesores de antiguos grupos paramilitares como el Clan del Golfo, el Ejército Popular de Liberación (EPL) y otros grupos vinculados a la delincuencia organizada, y, en particular, una serie de grupos que operan a nivel local y que rivalizan entre sí por el control de las actividades relacionadas con la minería ilegal, las drogas y la extorsión”, dato que se encuentra en el mismo Informe, mencionado anteriormente, de la Misión de la ONU en Colombia.

Una de las aseveraciones que se encuentran en el Informe corresponde a la persistencia del Gobierno en negar “el recrudecimiento del accionar paramilitar” en el territorio nacional, acciones por las que se ha movilizado distintas organizaciones defensoras de DDHH, así como el Movimiento Marcha Patriótica.

Finalmente se plantean RECOMENDACIONES GENERALES a las partes del acuerdo y a todos los actores vinculados al conflicto y posconflicto del país y fuera de éste:

• Solicitar a las Naciones Unidas que la Misión de Paz actué en concordancia al principio de realidad y desarrolle acciones de verificación y emita las recomendaciones necesarias “con miras a blindar el mandato para el cual fue creada”
• Iniciar de forma inmediata “la discusión sobre la estructura y mandato de la “Misión Política con el mandato de verificar la reincorporación de las FARC-EP y la implementación de medidas de protección y seguridad personal y colectiva”
• Se hace un llamado a las partes para que protocolicen y oficialicen la implementación normativa de todo lo referente a la seguridad y protección social
• Realizar los ajustes necesarios y se brinden las garantías de seguridad y protección, consagrados en el programa especial de seguridad y protección integral, que tiene como objetivo proteger a las y los integrantes del nuevo partido o movimiento político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad legal
• Fortalecer en recursos técnicos y humanos “de la Unidad Especial de Investigación y la conformación de un cuerpo de acompañamiento de la sociedad civil. Y a su vez garantizar la concentración de casos sobre las violaciones e infracciones a los Derechos Humanos cometidas por parte de grupos Paramilitares” así como las “violaciones e infracciones a los Derechos Humanos cometidas por integrantes de la Fuerza Pública”
• Implementar con brevedad lo contenido en los decretos (detallados en el informe anexo) para la creación de “la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad en el marco del Acuerdo Final, suscrito entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP el 24 de noviembre de 2016”
• Precisar “las medidas encaminadas a proteger y garantizar la seguridad de las comunidades”
• “Es necesario que la Fuerza Pública cumpla su función constitucional con el respeto efectivo de las garantías y derechos de poblaciones y territorios que demandan el respeto por su vida e integridad”
• Activar “mecanismos eficaces de persecución del delito y la criminalidad relacionada con violaciones a los derechos humanos […] como forma de dar un mensaje de superación de impunidad como uno de los elementos que dio origen al conflicto armado”
• Creación de “un sistema de información público sobre violaciones e infracciones a los Derechos Humanos con enfoque étnico, diferencial y territorial, el cual le permita a la ciudadanía identificar, victimas, victimarios, móviles y modos, al igual que las entidades territoriales en donde más de violan los DDHH”
• Que la Institucionalidad en general adelante “las medidas necesarias para minimizar los impactos de la violencia socio política dentro de los territorios indígenas, campesinos y afro descendientes y de poblaciones urbanas”

Anexo en el Informe se encuentra el LISTADO HOMICIDIOS LÍDERES SOCIALES Y DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS AÑO 2017 y el LISTADO HOMICIDIOS INTEGRANTES DE FARC – EP Y FAMILIARES ABRIL AÑO 2017.

Ver Informe abril 2017 Marcha Patriótica