La Corporación Humanas, como parte del Grupo de Trabajo Género y Paz, envió una carta a entidades vinculadas al proceso de paz donde manifestamos nuestra preocupación por el riesgo de incumplimiento del enfoque de género planteado en el punto 4 del Acuerdo Final de Paz, relacionado con la Solución del problema de Drogas Ilícitas. El Acuerdo estableció el compromiso de expedir una ley que otorgue un tratamiento penal diferenciado a mujeres trabajadoras en cultivos ilícitos y mujeres procesadas por delitos menores de drogas no violentos, en situación de pobreza, con cargas familiares y que no formen parte de organizaciones criminales.
En la carta, manifestamos que la inclusión explícita de un tratamiento penal diferenciado tanto para personas cultivadoras, como para mujeres condenadas por delitos menores relacionados con drogas responde al propósito de reorientar la política de lucha contra el narcotráfico hacia desmantelar la criminalidad organizada desde sus altas esferas, en lugar de atacar a los eslabones más débiles de la cadena. Por esta razón, dentro de las prioridades de implementación legislativa que se tramitarán vía fast track, se adquirió el compromiso de dar un tratamiento especial en materia penal a ambos grupos poblacionales vulnerables.
Hemos conocido que, pese al compromiso pactado en el Acuerdo, se pretende ahora excluir a las mujeres procesadas por delitos menores de drogas de los beneficios penales. Según la información suministrada por el Ministerio de Justicia, la propuesta gubernamental es tramitar un proyecto de ley exclusivamente para el tema de cultivadores y cultivadoras el cual se aprobaría a través de los mecanismos contemplados como fast track. En consecuencia, los beneficios punitivos para las mujeres procesadas por otros delitos menores asociados a drogas serían excluidos de esta iniciativa para ser discutidos en el marco de una reforma más amplia a los códigos penales orientada a mitigar el hacinamiento carcelario (Proyecto de Ley 148 de 2017). Esta última propuesta fue presentada en el Congreso con trámite ordinario desde el año pasado y aún no ha sido aprobado en primer debate, lo que es un indicio del gran riesgo que tiene este proyecto de fracasar.
Consideramos preocupante que se dividan ambos proyectos, en lugar de tramitarlos conjuntamente como quedó estipulado en el acuerdo y que se relegue a un procedimiento legislativo ordinario (largo e incierto) la concesión de beneficios para las mujeres que resultaron encarceladas por delitos de drogas relacionados con la necesidad de cuidar y proveer a sus familias, en condiciones de pobreza, desigualdad y exclusión. Preocupación que se fortaleció después de las declaraciones realizadas por el Fiscal General de la Nación quien, en sesión Plenaria del Senado de la República el 18 de abril de 2016, expresó su total rechazo al cumplimiento de Acuerdo Final en relación a la situación de mujeres que participan en el tráfico de drogas. La declaración del Fiscal, junto a la decisión de separar las iniciativas normativas, podrían significar una violación al Acuerdo Final en lo que se refiere a las mujeres cultivadoras, recolectoras y aquellas que han participado del tráfico de drogas desde los eslabones más débiles de la cadena del narcotráfico.
El poder sancionador y punitivo del Estado debe usarse para afectar a los grandes responsables de dicha práctica delincuencial y no a mujeres que históricamente han padecido la ausencia del Estado. Sobre este aspecto es importante recordar que en Colombia, desde 1991, el número de mujeres encarceladas se ha multiplicado 5.5 veces y que cerca de cinco de cada diez mujeres están en prisión por delitos relacionados con drogas. De ellas, el 93% son madres y el 52% son madres cabeza de hogar. Se trata, en su mayoría, de mujeres que tienen a su cargo el cuidado de sus hijos, pero también la provisión de los recursos básicos para la subsistencia de la familia.
La mayoría de mujeres sancionadas y encarceladas por este tipo de delitos generalmente son eslabones débiles del mercado de las drogas, cuya relación con el negocio es marginal, no tienen conocimiento directo del funcionamiento de las redes de tráfico y microtráfico y, en su mayoría, entran a participar en el mercado de drogas porque sus condiciones de pobreza les exigen buscar medios de subsistencia para el día a día.
En concordancia con lo anterior, la Corporación Humanas estará gestionando espacios de incidencia política el 17 y 18 de mayo con el propósito de generar replanteamientos favorables frente a las entidades competentes. Nos acompañarán mujeres de la Alianza de Mujeres “Tejedoras de Vida” del Putumayo, así como mujeres cocaleras quienes vienen a entregar de manera personal la Declaración Final del Encuentro.
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