Córdoba, la ‘Joya de la corona en corrupción’

Con los resultados de las primeras investigaciones adelantadas por el fiscal general de la nación, Néstor Humberto Martínez, sobre hechos de corrupción en Córdoba, uno no se atrevería a dar un solo voto de confianza por un solo político de los que han salido victoriosos en las contiendas electorales en el departamento.

La pregunta que, en estos casos, siempre salta es: ¿y qué tienen que ver los políticos con la corrupción de funcionarios públicos? Todo. Porque a estas alturas nadie es tan ingenuo como para no saber que a los funcionarios los nombran por recomendaciones políticas y que los escogidos por voto directo del pueblo lo son por la maquinaria y clientela política.

Otro argumento que se esgrime cuando uno asocia a la clase política con corrupción es el del consabido principio, ya desprestigiado, que nadie es culpable hasta que no se le demuestre lo contrario. Pues a esa verdad jurídica le pongo al frente la verdad periodística, es decir, la verdad funcional, que es aquella que no necesita ser sistemáticamente demostrada para saber si una persona es un delincuente.

Y no faltan los que argumentan, entre ellos los mismos políticos, de que todo esto hace parte de “una campaña de desprestigio en contra de los cordobeses”. En ese sentido hay que decir que uno no puede, ni como cordobés ni mucho menos como periodista, defender la imagen del departamento con el argumento etéreo de que «es que los cachacos nos la tienen montada», porque sencillamente nos volvemos cómplices.

No escondamos la basura bajo el tapete, no nos llamemos a engaño el departamento de Córdoba es un nido y una letrina de ratas, una alcantarilla; su clase política tiene la joya de la corona en corrupción. Es claro que en su momento éste fue el centro de operaciones del paramilitarismo y ahora es centro de acopio del narcotráfico.

No son pues nuestros políticos, hombres y mujeres, poseedores –como debería ser- de una sana preocupación por el departamento de Córdoba, distinta a la de sacar el máximo de provecho personal, y la de manifestar una aguda tendencia a un apoderamiento desenfrenado y nefasto por los bienes del Estado, que son los bienes de todos los colombianos y cordobeses en particular.

Estamos frente a una corrupción que hizo metástasis, que permeó todas las esferas y estructuras de la sociedad. Las investigaciones de la fiscalía son evidentes y hablan por sí solas. Entre 2012 y 2015, en el gobierno de Alejandro Lyons, se habrían robado cerca de $10.000 millones. Los del “cartel de la hemofilia”, consistente en el pago de medicamentos a personas que no poseían esa enfermedad, se robaron cerca de $42.000 millones. En un contrato firmado entre el ICBF de Córdoba y la Fundación Tierra Nuestra, $2.700 millones terminaron en los bolsillos de directivos de esa fundación. De la Secretaría de Educación del municipio de Lorica se robaron cerca de $1.700 millones mediante el sistema de matrículas inexistentes. En el municipio de Moñitos la fiscalía capturó al alcalde Álvaro José Cásseres Mendoza, a su padre, Álvaro Enrique Casseres Brieva, por supuestos vínculos con el clan del Golfo, otras tres personas también fueron capturadas. Y aún se adelantan más investigaciones.

Es posible que a muchos electores cordobeses no les importe este dosier de corrupción porque, después de todo, una gran mayoría, seguirá concurriendo en las próximas elecciones a las urnas, depositarán su voto, satisfechos, con la idea de que su voto servirá al menos para alimentar su propio optimismo para una mejor Colombia, o en otros casos para vender el voto o, a cambio, recibir favores de quienes mueven los hilos invisibles de la corrupción, los que casi nunca se van presos, y no son otros que los políticos de turno.

Autor: Ramiro Guzmán Arteaga