Este jueves el Secretariado nacional de las FARC-EP emitió un Comunicado a la opinión pública en el que responden a la carta del Señor Fiscal General de la Nación en la que se hace referencia al inventario de bienes y activos que entregó el grupo guerrillero el pasado martes 15 de agosto.
El comunicado encierra doce criterios a aclarar frente a lo dicho por el Fiscal, empezando por reconocer “la celeridad del Fiscal para emitir un concepto técnico” sobre el inventario que él debe custodiar pero plantean que “esa misma diligencia se exprese en las precarias investigaciones de la Fiscalía acerca del asesinato de hombres y mujeres, líderes sociales y, finalizan haciendo un llamado a “evitar toda demagogia con las víctimas del conflicto. Y ello empieza por reconocer con sinceridad, que el inventario que hemos entregado apenas representa una contribución modesta a la reparación material. Si se considera el universo de víctimas y en verdad se quiere responder a sus exigencias de reparación material, será preciso un esfuerzo fiscal inmenso, que consideramos debe en efecto realizar la sociedad colombiana”.
Entre las consideraciones y aclaraciones, que hacen las Farc EP, a la carta está el entender los conceptos que se encuentran en el inventario, algo que no sucede con el representante del ente Judicial y de control “falla en el entendimiento de lo que es un inventario; falla al realizar una presentación amañada de la información” manifiestan, motivo que logra inconformidad e incomodidad en la sociedad, induciendo en ella misma “una valoración distorsionada de un hecho que es cierto: Una vez más, con la entrega del inventario de bienes y activos, las FARC-EP hemos continuado cumpliendo de manera estricta con lo acordado” dicen en el Comunicado, de igual forma plantean que lo dicho por el Fiscal es “en realidad una intención política de continuar entorpeciendo la implementación de los acuerdos”. Todo lo anterior de la mano con la situación de la JEP en el país.
De igual forma explican el por qué hay datos que faltan pero aun así “el inventario entregado se hizo con el máximo rigor posible, pero considerando condiciones excepcionales y únicas”. La información entregada al Estado fue dividida por los bloques y los frentes que conformaron la organización. Afirman ser conscientes de la necesidad que hay de “adelantar una tarea en terreno que cualifique la información entregada”, tarea en la que están dispuestos a colaborar.
El Secretariado en su séptima consideración hace hincapié en que el inventario es de rigurosidad y por ese motivo no es adecuado ni debe ser permitido “ridiculizar la presencia de determinado tipo de bienes y más aún magnificarla de manera malintencionada. También parece sin sentido desconocer que las obras de construcción, particularmente de vías, hagan parte del inventario”, aclaran que dichas obras son incluidas en el documento debido a la presencia territorial que ejercieron, “Gracias a ellas, además, miles de compatriotas de la Colombia olvidada pueden comunicarse entre sí e incluso sacar sus productos al mercado”, afirman.
Entregado el inventario, se inicia el complejo proceso de incorporación de los diferentes bienes y activos. Será necesario hacer un ejercicio técnico de depuración, que seguramente tendrá como consecuencia el descargue de diferentes bienes que conforman el inventario. Luego de que lo anterior se lleve a cabo “se podrá hablar con certeza de la destinación del Fondo a ser administrado a través de la Fiducia que se conformará para tal efecto. La destinación del Fondo está definida en sus componentes esenciales por el señalado decreto 903 de 2017”.
En el Comunicado a la opinión pública las Farc muestran un cuadro-resumen con una parte de lo que se entregó a Naciones Unidas; el cuadro evidencia el tipo de bienes, la cantidad de estos, el avalúo en pesos, oro y dólares.
Finalmente piden a la sociedad que recuerden que quienes menos interés tienen de incumplir los acuerdos son ellos mismos: Primero, por cuanto consideramos que si los firmamos es para garantizar que se cumplan; demanda que en forma reiterada le tenemos que hacer al Gobierno. Y segundo, por cuanto incumplirlos nos pondría por fuera del acuerdo, con todas las consecuencias que ello trae, incluida la acción penal del Estado.
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