El Acuerdo Final, impone retos transcendentales a la Fiscalía General de la Nación en el ejercicio de la acción penal, especialmente en los Acuerdos relacionados con garantías de participación política, seguridad y víctimas. Las principales acciones a cargo de la Fiscalía serán: (1) fortalecer la capacidad investigativa y judicialización de quienes atenten contra defensores de derechos humanos, líderes humanos y quienes ejerzan la política, (2) adelantar procesos especializados de investigación y acusación para combatir la impunidad, (3) implementar la Unidad Especial de Investigación para el desmantelamiento de las organizaciones responsables de homicidios y masacres que atentaron contra defensores/defensoras de derechos humanos, movimientos sociales etc. (Decreto Ley Número 898, Ministerio de Justicia y del Derecho, 29 de mayo de 2017)
El 23 de agosto en el programa Sintonízate con la Paz, se abordó la temática del decreto 898, en el que participaron diferentes invitados como: Pedro Santana, sociólogo e investigador de la Corporación Latinoamericana del Sur, quien afirma que en el punto dos del Acuerdo se establece el desmonte del paramilitarismo, con políticas públicas que saquen las armas de la política.
¿Está la Fiscalía preparada para investigar asesinatos de líderes sociales?
Mauricio Capaz, coordinador de derechos humanos del cabildo indígena del Norte del Cauca, manifiesta que es importante tener cuenta los contextos, debido a que en este territorio diferentes grupos armados están ocupando los espacios donde antes estaban las Farc-Ep, lo que ha generado grandes afectaciones a las comunidades afrodescendientes, indígenas y líderes/lideresas, por eso para la población es difícil hablar de posconflicto.
Hasta el momento, no se han dado los resultados que se esperan de este decreto, porqué hay dinámicas de grupos armados que han incrementado los asesinatos y extorsiones a la comunidad. Por lo tanto, se espera que con la Unidad de Investigación se tengan avances importantes, en las zonas geográficas de muy difícil acceso en los que hay mucha presencia de narcotráfico, minería, etc. Se espera que con esta unidad, llegue a la Fiscalía a los territorios.
Hay una fuerte discusión con el Gobierno Nacional alrededor de la protección de las comunidades indígenas, ya que el Estado considera que la seguridad tiene que ser militar y ocupacionista, sin tener en cuenta que las comunidades coinciden en que deben ser ellas mismas las que propongan sus mecanismos de control y protección.
Solicitud de garantías de seguridad para pueblos indígenas en el Cauca
Natalie Gil, abogada y especialista en derecho penal, expresa que las instituciones competentes deben garantizar la participación política de los ex combatientes de las Farc-Ep y líderes/lideresas sociales, de acuerdo a lo firmado entre el Gobierno y el grupo insurgente. Por eso la Fiscalía deberá articularse con el sistema integral de seguridad, para garantizar el ejercicio de la política, que por mandato del Gobierno deberá implementar las medidas necesarias para desarticular fuentes de violencia contra quienes ejercen la política.
Con la reestructuración de la Fiscalía, se busca investigar y sancionar a las personas que atenten contra líderes/ lideresas sociales y ex combatientes que ejerzan una actividad política. Pero también, la institución llega a las regiones donde no hay Fiscalía, Policía y Ejército para garantizar el control y la seguridad en los territorios.
Carlos Guevara, coordinador de comunicaciones de Somos Defensores, explica que el decreto 898 es el resultado de lo que se logró en los Acuerdos. Este decreto hace una reestructuración a la Fiscalía, haciendo más pequeña la institución pero más profesional. Sin embargo, aún no se tienen los recursos para iniciar a ejecutar estos cambios y hay problemas legales en su implementación.
Fiscalia: Decreto 2903 – Unidad Especial de Investigación
Julio Cesar Arenas, investigador de la Corporación Nuevo Arco Iris, resalta que cuando se expidió el decreto 898 se hizo la reestructuración a la Fiscalía, un elemento que no es coherente, ya que no se trata de acomodar un decreto a las necesidades políticas de una institución como la Fiscalía. El decreto genera una reestructuración de la entidad y deja una pequeña “porción” para la Unidad Especial de Investigación.
Redacción:
Michelle Silva C.
Comunicaciones Justapaz
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