La corrupción, como un fantasma, recorre y dirige despachos judiciales. Ni todos ni la mayoría de los funcionarios de la Rama Judicial son corruptos. Pero los corruptos están ubicados en todos los niveles y en todas las áreas de la administración de justicia. Y ahora lo sabemos a ciencia cierta.
Pero es necesario decirnos más verdades.
Primera: los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y los altos funcionarios de la Fiscalía comprometidos en los sobornos pedidos y/o recibidos por el exfiscal anticorrupción no fueron descubiertos por la diligencia o agudeza de nuestras autoridades. No. Estos delincuentes fueron investigados y puestos en evidencia por distintas entidades de la inteligencia estadounidense. Y, con mayor o menor entusiasmo, nuestro sistema de justicia acogió las pruebas y las está usando para acusar a los hoy incriminados.
Segunda: esos magistrados y esos fiscales, incluidos los ex que hoy son investigados, no han llegado a sus cargos para impartir justicia. Han llegado para enriquecerse concediendo beneficios a delincuentes que no tendrían derecho a ello si se aplicara la ley imparcialmente. Son corruptos y han corrompido el saber jurídico, lo han puesto al servicio de los delincuentes. Han puesto el derecho al servicio del crimen, como si la ética no tuviera que ver con el derecho. Incluso han corrompido a algunos delincuentes.
Tercera: dichos magistrados y fiscales, y otros de los que ya se tiene noticia pero que aún no aparecen vinculados formalmente a procesos judiciales, han practicado una forma de corrupción muy singular. La corrupción armada.
En cualquiera de sus variables, la corrupción armada pone la justicia al servicio de la mafia, la guerrilla o los paramilitares
Cuarta: ese tipo de corrupción se ejerce de dos maneras: una es pidiendo y/o recibiendo dádivas a cambio de detener o desviar procesos judiciales contra quienes fueron participantes, ideólogos, instigadores o beneficiarios de delitos cometidos por actores armados; otra forma de hacer corrupción armada es siendo parte de ese tipo de grupos al margen de la ley e infiltrándose en el aparato judicial estatal a fin de favorecer a sus conmilitones. En cualquiera de sus variables, la corrupción armada pone la justicia al servicio de la mafia, la guerrilla o los paramilitares.
Quinta: si usted observa con cierta atención, puede encontrar que casi todos los funcionarios judiciales de alto nivel hoy señalados de cometer la corrupción armada llegaron a sus cargos o adquirieron notoriedad amparados por un determinado sector político, fácilmente identificable porque tiene nexos ideológicos u operativos con el narcotráfico y el paramilitarismo.
Esos funcionarios corruptos han sido la cabeza de puente a través de la cual la delincuencia organizada se tomó el Estado mediante sobornos.
Han practicado las dos formas de corrupción armada: han pedido y recibido dinero a cambio de actuaciones judiciales que encubren la actividad paramilitar y narcotraficante de algunos políticos y de otros servidores públicos, y, en algunos casos aún por develar judicialmente, miembros de los carteles de la droga y/o de grupos paramilitares han accedido a posiciones de poder dentro de la Rama Judicial promovidos por esos mismos magistrados y fiscales corruptos.
Los funcionarios venales que encubren a mafiosos y a paramilitares, y los delincuentes infiltrados en la administración de justicia, son la expresión judicial y jurídica del crimen organizado.
Son expresión judicial porque su forma de ejercer la judicatura –en favor de esos delincuentes– se convierte en costumbre y porque simpatizar con ellos es la manera más expedita de ingresar a la carrera judicial y progresar en ella. Estos corruptos son expresión jurídica del crimen organizado porque las teorías con las que pretenden encubrir sus prácticas corruptas son ampliamente difundidas, y, a punta de libros publicados y publicitados ampliamente por la “prensa amiga”, sus elucubraciones se van convirtiendo en verdades incontrovertibles.
Así las cosas, no basta con que renuncie el magistrado Malo o con que se capture y procese a los exmagistrados Ricaurte, Bustos y Tarquino. Ni siquiera bastaría con que renuncien en pleno los magistrados de las altas cortes. Se necesita que ellos y otros renuncien, que sean procesados penalmente y que, en caso de que se les demuestre su culpabilidad, paguen por los delitos que cometieron y se vayan para siempre de la Rama Judicial. Pero no basta con esto.
Como se ha estado sosteniendo en esta columna, se requiere una reforma estructural de la justicia. Una reforma integral, ajena a los intereses partidistas. Una reforma total que involucre, incluso, a las facultades de derecho y a la ciudadanía en pleno. Es que no basta con cortar las cortes.
CÉSAR TORRES
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