A comienzos de esta semana el Consejo Político Nacional de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común –FARC- hizo público un comunicado en el que “rechaza las amenazas contra la Fundación Legado y la organización Juventud Rebelde, enviadas por medios electrónicos a nombre de las Auto Defensas Unidas de Colombia, AUC”.
Parte del comunicado manifiesta lo siguiente:
“La Fundación Legado, agrupa jóvenes, hijos e hijas y familiares, de combatientes de las FARC-EP, caídos o muertos, en el transcurso del largo conflicto que laceró nuestra patria por más de 50 años, y tiene como objetivo recuperar y mantener la memoria de estos colombianos y colombianas que dedicaron sus vidas a la noble causa de buscar una sociedad más justa para las nuevas generaciones.
Juventud Rebelde, es una organización amplia de jóvenes, comprometidos con la construcción de una patria en paz, democrática y con justicia social. En dicha organización militan integrantes de la Fuerza Alternativa Revolucionaria de Colombia.
Toda vez que, desde la firma del Acuerdo de paz han sido asesinados 5 ex combatientes, 9 milicianos y 11 familiares de integrantes de las FARC-EP; para un total de 25 asesinatos, sin que hasta el momento haya sido aclarado uno solo de estos crímenes por la Fiscalía, ocupada en entorpecer la puesta en funcionamiento de la Unidad Especial para el desmantelamiento del paramilitarismo, en atacar el proceso de paz; y, en tapar los escándalos de corrupción que la afectan directamente, con trucos mediáticos”.
La FARC exige, por medio del mismo documento, a los entes gubernamentales, garantías de seguridad tal y como está en el Acuerdo de paz firmado con el Gobierno: “…las garantías de seguridad son una condición necesaria para afianzar la construcción de la paz y la convivencia, y en particular para garantizar la implementación de los planes y programas aquí acordados, garantizar la protección de las comunidades y de líderes/as comunitarios, de defensores/as de derechos humanos, de los partidos y los movimientos políticos y sociales, y especialmente del nuevo movimiento o partido político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal, así como de sus integrantes en proceso de reincorporación a la vida civil”.
De igual forma se pide al Gobierno nacional que actúe de forma inmediata convocando “una reunión extraordinaria de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, para que se informe de la gravedad de la situación de seguridad que afecta los combatientes en proceso de reincorporación, a sus familias, las comunidades y los territorios donde se encuentran los Espacios Territoriales de Reincorporación y Capacitación, así como aquellos donde históricamente hizo presencia las FARC-EP” y así que cumpla con su parte del Acuerdo que corresponde a la lucha contra las bandas criminales sucesoras del paramilitarismo
Finalmente se llama a la sociedad en general para que así mismo se pronuncien y movilicen “en defensa de la vida, como premisa fundamental para que pueda haber paz estable y duradera”.
Que la paz, no nos cueste un muerto más.