El representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia se mostró preocupado por la masacre de campesinos en Tumaco, las dificultades que enfrenta el Estado para cumplir el acuerdo firmado con las Farc, el papel de la empresa privada en esta etapa de transición y las disputas políticas, que impiden tener una percepción clara de los derechos de los ciudadanos.
“Lo que veo en Colombia son oportunidades perdidas”, dice con tono preocupante Todd Howland al referirse a las dificultades que enfrenta la implementación de los acuerdos pactados con las Farc en La Habana y ratificados en Bogotá hace once meses. Uno de los problemas que observa es que las disputas políticas impiden concentrarse en trabajar por los derechos, sobre todo por las comunidades más vulnerables.
El representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia cree que son muy pocos lo que están dispuestos a hacer sacrificios por las personas en las áreas rurales y cuestiona que muchos sectores en el país están en “modo espera”, expectantes en lo que haga el gobierno nacional.
Howland está a pocas semanas de terminar su mandato en Colombia, a donde llegó en enero de 2012, cuando las negociaciones de paz entre el gobierno nacional y la guerrilla de las Farc todavía estaban en fase exploratoria, para asumir la dirección de la sede en el país de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Venía de El Congo, donde había ocupado el mismo cargo, acumulando 25 años de experiencia en posiciones relacionadas con la defensa de los derechos humanos, tanto en la ONU como en otros organismos internacionales.
Rápidamente, el diplomático se convirtió en un mediador clave entre el gobierno nacional y los movimientos campesinos, afrodescendientes e indígenas, así como en un impulsor y defensor de las conversaciones con las Farc. Hoy, a pocas semanas de terminar su mandato en el país y tras once meses de firmados los acuerdos con la antigua guerrilla, enfrenta uno de los episodios más difíciles de su trabajo en Colombia: la masacre de seis campesinos en Tumaco (Nariño), ocurrida el pasado 5 de octubre, en medio de una protesta por las acciones de erradicación forzada de cultivos ilícitos adelantadas por la Fuerza Pública. (Ver: Tumaco, atrapado entre sustitución y erradicación de cultivos ilícitos)
Esa matanza, así como el surgimiento y la expansión de nuevas y viejas estructuras criminales, ha minado la confianza de Howland en que el acuerdo, tal como prometieron el gobierno nacional y las Farc en La Habana, le pusiera punto final a la violencia política y contribuyera a garantizar la no repetición de las graves violaciones a los derechos humanos que vive el país desde hace décadas.
VerdadAbierta.com habló con Howland sobre los desafíos que enfrenta el país para implementar los acuerdos de paz, el papel de los empresarios en esta etapa y las distintas visiones sobre el desarrollo económico, que continúan generando tensión entre el gobierno nacional y las comunidades.
VerdadAbierta.com (VA): ¿Qué lectura hace su Oficina del contexto en que ocurrió la masacre de Tumaco?
Todd Howland (TH): Antes del proceso de paz la situación era suficientemente complicada, porque el consejo comunitario de Alto Mira y Frontera tenía varias dificultades con la presencia de las Farc en su territorio y con la llegada de colonos asociados a la economía ilícita de la coca, que generan un problema de tierras porque ese es un territorio colectivo (de comunidades afro). Además, de tiempo atrás había muerte de líderes por fricciones con paramilitares y con las Farc, por lo que el consejo tenía líos para mantener el gobierno propio. Con el proceso de paz se abrió la posibilidad de hacer unos cambios: se dijo que el consejo vería reconocida su autoridad y tendría el dominio del territorio, mientras los colonos podrían solucionar sus problemas de violaciones de derechos económicos, sociales y políticos. El proceso generó unas expectativas, pero ahora debemos comenzar a hablar de la realidad.
VA: ¿A qué realidad se refiere?
TH: En Tumaco la desmovilización de las Farc fue difícil, porque muchas de las personas involucradas en los grupos ilegales que estaban dedicados al narcotráfico y vinculados a la guerrilla no fueron reconocidas en el proceso de desmovilización. Las Farc no querían que entrara gente muy criminalizada, por lo que esas personas quedaron sueltas, acostumbradas a actuar en la ilegalidad y con la economía de la coca. El gobierno tenía que hacer un proceso de sustitución rápido, pero estamos a más de diez meses de vacío de poder, la gente sigue con la hoja y, para complicar, han llegado los erradicadores. Hay tensiones muy altas e intereses impulsando en varias direcciones.
VA: Durante los últimos meses el vicepresidente Óscar Naranjo ha visitado varias veces el municipio e incluso inauguró allí un Centro Integrado de Inclusión Social y Convivencia. Si el Estado, en cabeza de Naranjo, ha considerado a Tumaco como un territorio estratégico, ¿por qué ha sido incapaz de disminuir la tensión en la zona?
TH: El Estado colombiano no tiene niveles de coordinación. En el tema de la sustitución se tienen metas enormes para firmar acuerdos, pero no para hacer transformaciones. El gobierno no está pensando en el goce efectivo de derechos y en la no repetición como una manera de medir el éxito de los programas, sino que está creando medidas de éxito en razón de cuántos procedimientos realiza para crear acuerdos, lo cual es errado. El otro tema es que la erradicación tiene bastante fondos y la sustitución no, y así es difícil tener un proceso coherente.
VA: Las comunidades de esa zona también han denunciado presiones de grupos armados ilegales que se oponen a la sustitución. ¿Cómo afectan esas organizaciones criminales el proceso de implementación?
TH: En Antioquia, por ejemplo, se aspira a eliminar la coca mientras el Clan del Golfo está consolidando poder, tiene habilidad de corromper a las autoridades locales y a la Fuerza Pública, y ha demostrado poco interés en que se haga la sustitución. Así no se va a transformar ni una hectárea de coca en el departamento. Aparte de eso, a estas zonas llegan los funcionarios a hablar con los campesinos y los líderes comunitarios sobre la sustitución, poniendo en riesgo a la gente, que ya ha sido víctima de muertes, amenazas y desplazamientos. El gobierno está trabajando día y noche en este tema, pero debe reorientar el enfoque.
VA: Aunque esas estructuras ilegales son una amenaza para el proceso, la Defensoría del Pueblo y las organizaciones campesinas de Tumaco señalan a la Policía Antinarcóticos como la responsable de haber disparado contra los manifestantes. ¿Qué responsabilidad le cabe a la Fuerza Pública en estos escenarios de alta conflictividad social?
TH: Si las cosas fueron como dice la Defensoría, porque no me corresponde a mí señalar responsabilidades, es importante entender por qué la Fuerza Pública habría disparado, por qué no siguió sus propios protocolos. Porque esto no es normal, teniendo en cuenta que estas protestas en Tumaco son pan de cada día. Necesitamos entender esa parte, porque, si no, esto puede replicarse, dado que los mismos factores que existen en Tumaco están en otros 42 municipios del país: pobreza; existencia de economías ilegales, como la coca; grupos como el Clan del Golfo, el Eln, pequeñas bandas criminales, disidencias de las Farc; y una mezcla entre acuerdos de sustitución y erradicación (forzada).
VA: Además de la falta de coordinación institucional, ¿qué otros problemas enfrenta el Estado para cumplir la parte del acuerdo sobre Solución al Problema de las Drogas Ilícitas?
TH: Aparte de tener metas que no son realistas, el gobierno tiene la necesidad de pensar en mercados. Mientras a la gente llegan a la casa a comprarle la coca, no hay vías para transportar los productos lícitos y el acceso a los mercados es pobre. Esto es algo que tiene que resolverse antes de la sustitución, porque si no se va a perder mucha plata y el proceso no va a ser sostenible. Aunque la sustitución no tiene dinero, entidades estatales como el Inpec, la Fuerza Pública y las escuelas, que adquieren mucha comida, podrían comprársela a personas que hacen parte del programa de sustitución o a víctimas del conflicto armado. El problema es que habría que priorizar esas compras frente a los contratos actuales, por lo que alguien tendría que perder. Parece que hay una dificultad de parte del Estado, por razones políticas, intereses institucionales e intereses individuales, en el sentido de que nadie quiere hacer ningún sacrificio por los derechos de las personas de las áreas rurales.
VA: La empresa privada también podría comprar esos insumos. ¿Cómo percibe el interés de los empresarios en las economías campesinas?
TH: La polémica política que hay en el país ayuda a que nada cambie, porque todo el mundo tiene miedo. Las empresas podrían ir directamente a hacer acuerdos con las acciones comunales del Catatumbo (Norte de Santander), El Bagre (Antioquia), Alto Mira y Frontera (Nariño), pero parece que estuvieran esperando algo del gobierno. Los consumidores, de otro lado, están en modo de ‘no me importa’. Si el 50 por ciento de la gente en Colombia está de acuerdo con que la gente de estas áreas rurales tenga una mejor vida (en razón de los resultados del plebiscito), debería comprar la comida que ellos producen. Pero, de nuevo, la gente a favor del proceso de paz tampoco está organizada. Parece que todo el mundo está esperando, y así no se va a cambiar nada.
VA: ¿La parálisis que señala podría obedecer a una falta de liderazgo en el sector?
TH: Este problema entre (el presidente) Juan Manuel Santos y (el senador) Álvaro Uribe, entre el ‘sí’ y el ‘no’, hace que la gente no se sienta parte de una sociedad que puede cambiar. Este es, además, un Estado muy neoliberal, pero los empresarios creen que el gobierno es el que debe resolver todos los problemas. Desde el punto de vista del desarrollo, si la gente tiene más dinero va a comprar más productos; entonces, ¿cuál es el interés de que la gente siga en la pobreza? Esta es una contradicción entre una economía feudal que tiene la idea de explotar para ganar dinero, que está desactualizada 200 años, y una economía que entiende que hay diferencias en el margen, pero que todo el mundo debe tener más dinero para comprar más.
VA: La comunidad internacional ha jugado durante años un papel activo en la mediación de los conflictos entre las comunidades y el Estado. ¿Cuáles son los desafíos que debe enfrentar esa comunidad en este nuevo escenario?
TH: Uno de los problemas que tenemos en la comunidad internacional es que nuestras intervenciones están basadas en decisiones políticas y no necesariamente en las necesidades de la gente. Hay mucha inversión en cosas que a veces no son las más difíciles, en proyectos demasiado cortos que se basan en el dinero de los donantes. Parte de eso ocurre porque el gobierno tiene que ser más franco con su propio análisis del problema, porque este es un país desarrollado que tiene mucha gente sin acceso a agua potable, a la escuela, a la salud.
Ahora, nosotros estamos trabajando con gente que no conoce la realidad: en el sistema internacional estamos haciendo reflexiones del país contratando la gente que sale de las mismas universidades de siempre, por lo que tenemos los mismos análisis del gobierno, con la dificultad de que hay muy pocos campesinos, indígenas y afro que trabajen en nuestras sedes y que pueden tener una perspectiva distinta sobre cómo se puede empoderar a las comunidades y crear un canal político con el Estado. En la comunidad internacional estamos lejos de priorizar lo que puede ser útil en razón del proceso de paz.
VA: Durante sus años en Colombia usted ha tenido una relación muy cercana con los pueblos étnicos. Actualmente, las comunidades afro e indígenas denuncian una eventual exclusión del Capítulo Étnico del acuerdo del Plan Marco de Implementación que está diseñando la Comisión de Seguimiento a la Implementación (CSIVI). ¿Cómo cree que pueda resolverse ese obstáculo?
TH: Yo creo que ellos deben parar de ir a tantas reuniones en la CSIVI y comenzar a litigar estos casos. Si hay resistencia política para empoderar a las comunidades afrodescendientes e indígenas, tienen que emplearse estrategias distintas. A las comunidades les gustan las reuniones y las movilizaciones, y eso está bien. Pero pueden usar otras estrategias, que son más fáciles que movilizar miles de personas, como la orden de un juez en el sentido de que tiene que respetarse el Capítulo Étnico. La CSIVI es una máquina de discusiones, con un desacuerdo permanente, y los movimientos sociales no pueden pensar que es el único escenario para facilitar cambios en razón del acuerdo. (Ver: Acuerdo con las Farc tiene Capítulo Étnico)
VA: ¿Por qué cree que hay tanta resistencia en el gobierno para implementar este Capítulo, negociado a última hora en La Habana?
TH: Por muchos años, los indígenas, afros y campesinos han sido votos capturados, y esta situación le conviene a mucha gente. Empoderar comunidades en razón del gobierno propio les quita influencia a los partidos tradicionales y a los alcaldes. También está el tema de la consulta previa, que tiene una estigmatización completamente inapropiada, de personas que dicen que es un freno al desarrollo. Hay gente dentro y fuera del gobierno que no quiere buscar acuerdos reales con esos pueblos, porque esos pueblos tienen otros valores. Pero la Constitución dice que este es un país multiétnico y pluricultural, por lo que las personas no pueden imponer sus ideas sobre el desarrollo. El verdadero freno de este país son la corrupción y la falta de inclusión económica y política, de derechos básicos. Esta es una de las cosas que más me ha molestado: culpar a los indígenas y afros por la falta de desarrollo. Es ridículo.
VA: ¿Las empresas multinacionales podrían tener responsabilidad en esa estigmatización sobre la consulta previa?
TH: La diversidad de empresas que hay en Colombia es muy grande. Algunas de ellas, como Enbridge, que tenía el contrato para construir el oleoducto subterráneo del Pacífico, llegó con la idea de no generar daños al ambiente, de hacer una buena consulta previa, pensando en que si no la hacía bien podría tener problemas después. Pero hay otras empresas que llegan pensando que aquí no hay gente, o que la gente que vive en los territorios es un obstáculo. Ahora, la responsabilidad social (empresarial) tiene que estar relacionada con la manera de operar y no con cuántas sillas se le dan a una pequeña escuela, por ejemplo. En Buenaventura (Valle del Cauca) no hay agua potable, ni hospital, pero hay empresas que podrían beneficiarse de que esos problemas se resolvieran. Sin embargo, se siguen viendo todos los problemas como un asunto del gobierno.
VA: Ahora que va a terminar su mandato en Colombia, ¿cómo evalúa la implementación del acuerdo de paz, que usted apoyó desde la Oficina?
TH: Tenía la esperanza de que el proceso de paz iba a priorizar los derechos de las personas desfavorecidas, afectadas por el conflicto. Antes estaba la idea de que las víctimas eran el centro del proceso, pero todos perdieron el norte relacionado con esa idea, lo cual es muy frustrante, porque nosotros la empujamos: dijimos que los objetivos eran la no repetición y el goce efectivo de derechos. Parecía que se estaba muy cerca de hacer un cambio profundo en la sociedad, pero ese cambio todavía es evasivo porque la sociedad está en modo de espera. Al tiempo, estamos en una situación en la que hay violencia, conflictos que van a comenzar en razón de la interacción entre la Fuerza Pública, las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo. Hay oportunidades perdidas en Colombia, en razón de crear una transformación más profunda y más sostenible asociada a los derechos humanos.
VA: Las dificultades en la implementación han hecho que en las regiones, incluso las priorizadas por el gobierno, también se sienta esa frustración. ¿Cree que esa sensación puede exacerbar los niveles de conflictividad?
TH: La frustración que hay es explosiva, es enorme, en todas partes, y no ayuda a crear una situación estable. La gente tenía una expectativa de que algo iba a cambiar, y ahora lo que está calculando es si está mejor o peor en términos de ganancias, de seguridad. Eso se complica con el hecho de que hay mucha gente de las Farc que no entró al proceso, o que entró y ya está regresando a sus comunidades sin programa (de reintegración). Esta gente también va a hacer parte de esa frustración y puede agravar la situación, dado que sus metodologías de presión pueden ser muy distintas a las de los líderes tradicionales, generando problemas de control y radicalización entre los movimientos sociales. La situación, en general, es muy complicada.
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