La Venezuela agraria anterior a 1930 tuvo como relación social central el latifundio Decimos relación social, pues esa inmensa extensión de tierra improductiva y acumulada en pocas manos llamada latifundio, es la expresión de una forma particular de organización de la sociedad y en particular de los procesos productivos. Alrededor de la improductividad de la tierra se articulan relaciones de explotación agraria que van desde el vasallaje expresado en formas de aparcería o arrendatarios de tierras, hasta formas de esclavismo y sobre explotación. Su lógica es la desposesión y la concentración de la riqueza, que es la tierra, en pocas manos.
Políticamente, el latifundio es reproductor de una mentalidad conservadora y de formas despóticas en la configuración del régimen. En lo social, su resultado es la pobreza de inmensas masas campesinas y su condena al analfabetismo.
Si bien la configuración del nuevo patrón productivo alrededor del petróleo desde 1930 desplazó a la tierra como eje de la acumulación material, de poder y abolengo, no significó la disolución del latifundio como institución fundamental en la trama social venezolana. Por el contrario éste pervivió y coexistió con la oligarquía del dinero, configurada alrededor de la captura de la renta petrolera y de las rudimentarias formas industriales, agroindustriales y comerciales derivadas alrededor de este proceso.
Tímidamente y en la perspectiva del desarrollo de un raquítico modelo agroindustrial, la burguesía intentó desde la década del 60 un proceso de reforma agraria. Sin embargo, el censo de 1998 nos muestra un mapa agrario regido por el latifundio, el cual representaba aun una extensión de 6.762.399 hectáreas, junto a todas las secuelas de pobreza rural e improductividad.
En la década del 90, ligada a la hegemonía del capital financiero internacional y su nuevo patrón de acumulación, denominado neoliberalismo, la burguesía venezolana intentó inútilmente desde 1989 hasta 1998, profundizar la vía capitalista para el agro venezolano. En esta dirección se sumó drásticamente al modelo de desregulación y apertura económica.
Dicho modelo incorporó la eliminación de toda medida de protección interna a la producción agrícola nacional y trajo como resultado una mayor crisis en el agro venezolano, dado el ingreso desregulado de los bienes agrícolas (esos sí subsidiados), de los países desarrollados al mercado venezolano. Como complemento de esta política se dio un aumento en las tasas activas de interés y la caída en el crédito agrario. Es así como de la producción de 15.915.235 de toneladas de alimentos en 1988 y se pasó a 17.160.577 toneladas en 1998, lo cual representa solo un 8% de crecimiento en una década.
Pero la pretensión de la burguesía venezolana de entonces y de hoy, representada visiblemente por los emporios Mendoza y Capriles García, buscaban avanzar en funcionalizar la tierra desde el discurso capitalista de la productividad. Para lograrlo, buscaron sumarse igual que sus pares de América Latina al negocio de la agroindustria y los agro-cultivos, lo cual comenzó a significar un cambio radical en la geografía de relaciones agrarias, pues la siembra de una hectárea de palma africana, soja o maíz dirigidos a producir etanol, trae un excedente financiero superior a cualquier otro rubro o uso del suelo agrícola. Rápidamente las formas de producción de autoconsumo y de otros bienes agrícolas dirigidos a la alimentación nacional, se van muriendo, pues los agro cultivos se configuran en monocultivo, con todas sus negativas secuelas.
La vía capitalista para el agro venezolano, junto con el horizonte de concentración de la tierra en manos de unos pocos, la crisis agroalimentaria y la depredación ambiental, fueron truncadas desde 1998, por un modelo de vía nacional popular para el agro venezolano. Este modelo ha significado durante estos 12 años un ascendente proceso de democratización de la tierra y el crédito agrario, a la par de la lucha por recuperar la productividad agrícola desde la perspectiva de producir alimentos para la gente, constituyéndose en la vía revolucionaria de la soberanía agroalimentaria.
Los resultados más allá de la matriz catastrofista que intentan posicionar los grandes medios de comunicación, ligados a los intereses de la burguesía, son tangibles. La revolución bolivariana ha liquidado el latifundio en un 54%. De 6.762.399 hectáreas en condición de latifundio, ha recuperado, distribuido y activado productivamente 3.654.681, restando aun por transformar 3.107.718 hectáreas de latifundio, es decir el 46%.
Como producto del modelo de revolución agraria, de 17.160.577 toneladas de alimentos que se producían en el año 98, se pasó a 24.686.018 toneladas en el año 2010; lo cual representa un incremento del 44%.
La vía nacional popular para el campo ha significado la democratización del crédito agrario. Según datos del Ministerio de Agricultura y tierras, el BAV pasó de entregar Bs 19.003.986, en el año 2006, a otorgar Bs 1.226.190.113, en el año 2010. Lo que significa un incremento de 6.352%. Desde 2008 hasta diciembre de 2010, el Fondo para el Desarrollo Agrario Socialista (Fondas), liquidó más de 77.519 créditos, por un monto de Bs 3.758.944.157. El Fondas pasó de entregar Bs 16.755.306, en el año 1998, a otorgar Bs 1.165.871.704, en 2010. Lo que significa un incremento de 6.858%.
Otro hecho destacado en este ciclo, ha sido el desarrollo de un Sistema Agroindustrial de Propiedad Social con más de 21.000 trabajadores y 110 Unidades de Propiedad Social Agroindustrial; entre ellas: plantas de cereales, leche, carne, leguminosas, oleaginosas, frutas, hortalizas, azúcar, cacao, café y pescado.
Pero la nostalgia burguesa por la vía capitalista para el agro no desaparece; por el contrario se transforma en proyecto nacional de restauración y contra revolución, es decir de reversión de todos los logros para la gente. Pretenden restaurar la apropiación privada de la tierra y del conjunto de cadenas agro productivas, promueven una vía reaccionaria y antinacional, pero extrañamente se llaman progresistas. Veamos unas líneas destacadas de este propósito que la burguesía dueña de la campaña presidencial de Capriles Radonski ha formulado en su llamado programa de “unidad nacional”:
- “La primera acción debe ser la emisión de un nítido y coherente mensaje dirigido al sector privado productor y a los consumidores para restablecer la confianza. El gobierno de Unidad Nacional deberá realizar reformas legales y aplicar políticas destinadas a garantizar los derechos de propiedad y las libertades económicas consagradas en la Constitución. Procederá a revisar y corregir las medidas ilegales y los abusos administrativos que determinaron la adquisición ilícita de empresas, tierras y otros bienes en la última década”. Esto significa que desarrollarán una contra revolución agraria.
- “El gobierno de Unidad Nacional tomará medidas, necesariamente graduales, para desmontar la maraña de permisos, requisitos administrativos y demás obstáculos que entorpecen la producción, el transporte, procesamiento e importación de alimentos, forrajes, equipos, insumos y materias primas”. Recuperarán la desregulación del agro y su entrega al libre juego del mercado, es decir, ventajas para los monopolios.
- “Se pondrá en marcha el proceso de desvinculación de los entes públicos de las actividades productivas o comerciales, salvo aquellas indispensables para atender a la población de menores recursos o asegurar reservas técnicas que superen la capacidad de almacenamiento del sector privado”. Revertirán las formas de propiedad social y la privatizarán, entregándole a los privados el control absoluto de la cadena agroalimentaria.
Lo anterior muestra con claridad el radical proceso de contra-revolución que enfrentará la sociedad venezolana si la opción de la burguesía representada en Capriles Radoski llegara a la presidencia. Lo que no esta claro es como puede llamarse progresista a una política que entregará de nuevo el agro al capital, a las minorías y se lo arrebatará a la gente, a las mayorías.
Como lo ha repetido el presidente Chávez, es un problema de modelos, la sociedad venezolana deberá optar en este período por el modelo que beneficiará a la burguesía o por el modelo que beneficie a las mayorías.
/ Wilfer Orlando Bonilla
*Investigador Centro de Estudios Económicos y Sociales. Caracas-Venezuela.