Crónicas del departamento de Córdoba II

Margarita y Mateo QEPD – Foto El Universal

Segunda Entrega – Parte II Violencia Política y Militar (Ver Crónicas del departamento de Córdoba)

El más elemental e importante de los derechos humanos es la vida, sin ella ningún otro derecho es posible. Declaración Universal de los DDHH.

A Bernabela Riondo Pacheco lideresa indígena de la etnia Zenú, defensora de derechos humanos en su territorio, la asesinaron a los 50 años de edad junto al rezandero de su comunidad Santiago Polo, el 3 de noviembre de 1997, hecho ocurrido en la vereda Bajo Grande del Resguardo Indígena de San Andrés de Sotavento, actores armados que dijeron pertenecer a la Policía Nacional [1] segaron sus vidas. Desde 1990 hasta la fecha, más de 50 dirigentes de esta etnia han sido asesinados indistintamente por diferentes actores armados.

A Lucindo Domicó Cabrera[2] , un joven dinámico que se desempeñaba como asesor tradicional de los cabildos mayores del Río Verde y Río Sinú perteneciente a la etnia Embera Katíos, lo asesinaron el sábado 25 de abril de 1999 sólo había cumplido 30 años. Dos sicarios encapuchados que tumbaron la puerta de su residencia en pleno centro del Municipio de Tierralta, toda apunta que su muerte al igual que la de otros miembros de esta etnia que habita en el Alto Sinú al sur del Departamento de Córdoba fueron ocasionadas por oponerse a la construcción y posterior llenado de la abominable Represa de Urra 1.

Marlin María De la Ossa Quiñónez[3], estudiante de Ciencias Sociales de la Universidad de Córdoba, fue asesinada la noche del lunes 23 de mayo del 2000 en el corregimiento Berástegui, a 30 minutos de Montería. Era la segunda estudiante de esa universidad asesinada en una semana y la quinta víctima del centro universitario en menos de tres meses. En abril del año 1999, apareció un panfleto que se distribuyó en la U. de Córdoba, en él 10 estudiantes aparecieron amenazados de muerte acusados de subversivos, un año después 5 de ellos yacían bajo tierra asesinados por paramilitares que terminaron adueñándose del alma mater de los cordobeses.

Amparados por la impunidad y, alianzas perversas con las fuerzas armadas, el DAS, sectores importantes de la clase política e incluso comunidades de base, en todo el departamento de Córdoba, principalmente su capital Montería, se vivió la violencia del conflicto armado con sus daños colaterales, la cual termino involucrando a propios y extraños de una u otra manera; impuestos de guerra, detrimento a la infraestructura pública y privada: voladura de torres de conducción de redes eléctricas, puentes, maquinaria, edificaciones, mayorías de fincas, vehículos incinerados, extorsiones, secuestros, desapariciones forzadas, falsos positivos, entre otras operatividades militares legales e ilegales.

El uso de armas no convencionales como la motosierra, martillos, taladros, cuchillos, machetes, mata gatos[4] , fosas de caimanes, perros, ahorcamiento, artefactos explosivos artesanales como las minas antipersonas denominadas “quiebra patas”, o las Claymore, conocidas como sombrero Chino o sombrero Vietnamita, usadas indiscriminadamente para asesinar, torturar y desmembrar seres humanos, son cientos las víctimas de este tipo de armas no convencionales en el departamento, se dice incluso que algunos fueron amarrados en ambas extremidades en tractores u otros vehículos, incluso en caballos, para ser desmembrados en un acto de barbarie al mejor estilo del circo romano.

El sicariato en moto y el uso de las famosas 4 puertas con vidrios polarizados, fueron otras formas de operar que sembraron el miedo y el terror en barrios y veredas de la región cordobesa, los asesinatos selectivos, las masacres, la desaparición forzada, la intimidación, el boleteo, el abuso sexual, el reclutamiento forzado de menores y adultos como cuota familiar o comunitaria, incluso como botín de guerra, fueron parte del tributo obligado de sus gentes al absurdo conflicto armado que hizo de la vida una mercancía desvalorizada.