Jesús Santrich tiene más claro que todos, incluidos sus abogados, lo que está pasando, lo tuvo claro desde el momento en que la fiscalía y la DEA lo detuvieron y se lo llevaron preso, violando de paso sus derechos y el debido proceso.
Sabe que no es otra cosa que el ataque venenoso de los enemigos del proceso de paz, conspirados a través de las policías políticas de Colombia, Fiscalía General de la Nación y agencias de intervencion policial de carácter transnacional como lo es la DEA. El argumento o los motivos de su detención son lo de menos, siempre el motivo es susceptible del entrampamiento mediante la fabricación de guiones/ léase montajes hollywoodenses por parte de la Agencia Federal Antinarcóticos de los EE.UU; mucho más simple si el complot gira en torno al nuevo santo Grial, “el narcotráfico”[1].
Lo realmente importante es el entrampamiento al opositor político, al enemigo del régimen que no pudo vencer militarmente, ni políticamente; porque para el estado Norteamericano las FARC siguen siendo un enemigo estratégico, se acaba de conocer que el departamento de estado de los EE.UU continua ofreciendo millonarias recompensas por los principales comandantes de esta organización, aun cuando hace más de 18 meses dejaron las armas y hoy conforman un partido político legal.
Es decir, en la agenda de lucha contra las amenazas globales a la seguridad nacional de los EE.UU nada ha cambiado, por lo que dirigen todas sus agencias de inteligencia al cumplimiento de ese objetivo (La guerra contra el narco, dice James Cockcroft[2] , sirve para “justificar a Estados Unidos enviar a su personal y participar en las operaciones de inteligencia para así incrementar el control de la población (…) mediante organismos como, la Agencia Federal Antinarcóticos (DEA), la Oficina Federal de Investigación (FBI) y la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), que responden al Departamento de Justicia”.
Lamentablemente en la historia del conflicto en Colombia el régimen político, en ocasiones aliándose con potencias extranjeras, se ha servido de distintas tácticas para incumplir o traicionar al opositor rebelde con el que ha firmado la paz; recordemos el asesinato político de los opositores, después de atraerlos a la legalidad con promesas de paz como el magnicidio de Rafael Uribe Uribe, después de finalizada la guerra de los mil días en el siglo XIX, o los asesinatos de Guadalupe Salcedo, Dumar Aljure, jefes guerrilleros liberales, después de ser amnistiados por el gobierno de Rojas Pinilla en los años cincuenta, a los que se suman los crímenes contra Óscar William Calvo, Carlos Pizarro, Enrique Buendía, en los procesos de paz y reincorporación a la vida civil de las insurgencias del M19, EPL Y Corriente de Renovación Socialista –CRS-, en la década de los noventa.
Por eso no sorprende que el engaño e incumplimiento a lo convenido en los textos del Acuerdo firmado por el Estado Colombiano, en el acuerdo de La Habana, haga parte del menú para colapsar los esfuerzos por lograr la implementación de la paz pactada con la guerrilla de las FARC; esta vez se valieron de estratagemas jurídicas o leguleyadas fabricadas al “alimón” entre la DEA y la Fiscalía General de la Nación; para poder llevar a la cárcel a los principales líderes de las FARC; acusándolos del más grave crimen que se pueda cometer en los tiempos modernos, ante los ojos del imperio, es decir conspirar o traficar cocaína hacia los Estados Unidos [3] .
Es la otra manera de derrotar a los rebeldes, acabando con su dignidad, asesinando el espíritu mientras el cuerpo vive como paria, ya sea estigmatizado por sus conciudadanos o vegetando en una oscura celda en los Estados Unidos hasta que el ciclo vital se extinga, como le está pasando a Simón Trinidad quien completa 14 años preso en los EE.UU o lo que le sucedió a Nelson Mandela por espacio de 27 largos años en la prisión de Roben Island, en Sudáfrica.
Por ello Santrich con total seguridad y convicción, tomó la decisión de rebelarse ante semejante afrenta, con la única arma de la que no se puede hacer dejación alguna, la ética revolucionaria y el libre albedrio para decidir si morir dignamente o rendirse ante sus opresores. Santrich eligió la huelga de hambre radical para enfrentar a sus verdugos, inspirado en la decisión que tomo Bobby Sands, prisionero político del IRA y posterior mártir de ese conflicto, en las mazmorras de Irlanda del Norte en el año de 1981, cuando entendió junto con sus compañeros[4] (…) que no había otra salida para enfrentar al imperio británico, gobernado en ese entonces por la autócrata líder de la derecha Inglesa Margaret Thatcher, quien no solo desconoció la existencia del conflicto interno en Irlanda del Norte, sino que además implementó el plan de negar el estatus y la existencia de los prisioneros políticos irlandeses agrupados en el IRA, de paso negándoles todos los derechos humanos consagrados en la carta universal de los derechos humanos y demás tratados internacionales.
En ese momento en Irlanda, la decisión de los huelguistas liderados por Bobby Sands, como en la actualidad en Colombia, con respecto a la protesta emprendida por Jesús Santrich, no fue tomada en consenso, en el país Europeo Gerry Adams vocero del IRA no estuvo de acuerdo con esta forma radical de lucha, aquí en Colombia Timochenco, líder de las FARC, tampoco la comparte pero la fuerza histórica de los hechos demostró en Irlanda y demostrará aquí en Colombia que la pasión y el coraje que se le imprima a una idea hace la diferencia entre la humillación y la victoria. Nunca a un imperio se le puede dar pelea si no se tiene la convicción de luchar hasta la muerte, los imperios no negocian con los débiles, simplemente los ignoran y los someten, esa verdad histórica la tiene clara Jesús Santrich, ese es el gran valor de su causa.
La extradición como látigo de dominio imperial
La lucha contra la extradición no es nueva en Colombia, desde que se introdujo en nuestra normatividad en el año de 1980, generó rechazo de amplios sectores de la población y la academia, por la asimetría de la relación entre dos estados soberanos, y por el uso que el gobierno norteamericano le da a esa figura, adaptándola a los intereses políticos de los gobiernos de turno. No por casualidad todos los sectores progresistas y de izquierda incluidas las insurgencias, rechazaron esta medida y lucharon contra ella, de ahí que la consigna enarbolada por el cartel de Medellín en su momento: “preferimos una tumba en Colombia que una cárcel en Estados Unidos”, tuviese enorme apoyo en amplios sectores de la ciudadanía colombiana en ese entonces; lamentablemente después esa proclama desembocó en la ola de violencia y terror sin control propiciado por Pablo Escobar y demás miembros del cartel de Medellín contra el estado Colombiano en la década de plomo de finales de los años ochenta, que dejó muchas muertes, dolor y profundas heridas en nuestra sociedad.
Pero pasada la página de la violencia ciega de los años 80, el debate sobre la extradición sigue vigente, los interrogantes persisten ¿cuál es el saldo de esta medida en la lucha contra las drogas después de 38 años de su promulgación? ¿cuánta independencia ha perdido la justicia en Colombia como resultado de este tratado? Pues infortunadamente las cortes colombianas se ciñen a la revisión de forma de la solicitud de extradición, o en palabras del ex magistrado Jaime Araujo Renteria “(…) los jueces que intervienen por una u otra razón en el proceso de extradición, no examinan en profundidad las pruebas que se presentan contra los colombianos pedidos en extradición”.
¿Cuantas arbitrariedades se han cometido en contra de ciudadanos colombianos inocentes extraditados sin pruebas a las cárceles y cortes norteamericanas? Como los casos en los que se han enviado a las cárceles y cortes del país del norte a colombianos inocentes[5] , como lo muestra lo sucedido a William Gil extraditado en el año 2008 y repatriado a Colombia en el 2009, Gabriel Consuegra extraditado en el 2007 y repatriado tiempo después junto con su hijo por errores en el proceso y Nelson Vargas Rueda, extraditado en el año 2003 acusado de ser el “marrano” guerrillero de las FARC y deportado nuevamente a Colombia 30 meses después, cuando se demostró su inocencia.
En conclusión el tratado de extradición con los EE.UU pasó de ser una herramienta para combatir de manera global el delito del narcotráfico a convertirse en un mecanismo estratégico para perseguir rebeldes y opositores a los intereses norteamericanos en países dependientes como Colombia y México.
Julio Cesar Arenas
Investigador del conflicto Corporación Nuevo Arco Iris