En la semana anterior a la marcha conmemorativa del primero de mayo, Bogotá fue escenario de un evento multitudinario que reunió a cerca de 50.000 personas pertenecientes a centenares de organizaciones populares que se concentraron en la capital para lanzar el movimiento político Marcha Patriótica por la Segunda y Definitiva Independencia. La manifestación trascurrió de manera ordenada y pacífica, a pesar de las tensiones que la precedieron. Según el comandante del Ejército Nacional, general Sergio Mantilla, el movimiento sería impulsado por el Secretariado de las FARC para infiltrar la protesta social con su ideología. El Ejército tendría a su haber numerosos documentos de la guerrilla con directrices para impulsar un movimiento políticode tales características, a través de la creación de emisoras comunitarias, encuentros estudiantiles y marchas nacionales con la vinculación de pueblos indígenas y negritudes, todo ello con el apoyo financiero de los bloques guerrilleros.
La marcha se realizó luego detres días de deliberaciones en el marco de un Cabildo Abierto Nacional y Permanente, que revisó y aprobó una plataforma de nueve puntos entre los cuales hayalgunos que podrían asociarse a la agenda de las FARC, entre ellos, la solución política del conflicto social y armado y la reforma agraria integral. Otros puntos que presumiblemente podrían suscribir lossubversivos serían el desmonte de modelo económico “neoliberal” y la reparación de víctimas de la violencia estatal y paramilitar (no hay referencia a las víctimas de la violencia guerrillera). Sin embargo la plataforma también acoge puntos de amplia resonancia entre la mayoría de las organizacionessociales de basecomo la materialización de los derechos humanos, la dignificación del trabajo, la cultura de la solidaridad y a integración latinoamericana, entre otros.
Concluida la marcha el gobierno nacional, a través del mismo presidente Santos, subrayó su intolerancia con “quienes busquen el apoyo o patrocinio de los armados” y reiteró el compromiso de cerrarle la vía a los violentosque intenten influenciar la deliberación democrática y la manifestación pacífica. También destacó la manera tranquila y ordenada como trascurrió la marcha.
Si bien no se presentaron desórdenes durante la marcha, sí se registró un incidente en el trayecto en inmediaciones de la Universidad Nacional donde fricciones entre los manifestantes y la policía antimotines provocaron desmanes que fueron rápidamente controlados tanto por los organizadores de la marcha como por el retiro de los uniformados antimotines por instrucción del Secretario de Gobierno (e), Jorge Rojas. El incidente probablemente habría sido inocuo si tres días después no hubiese sucedido el desalojo violento de una veintena de damnificados por el invierno que,luego de manifestarse delante de la Alcaldía Mayor en la Plaza de Bolívar,emprendieron la marcha hacia la Casa de Nariño para expresar su descontento a las autoridades del gobierno nacional. Ante la violenta reacción policial para impedirlo, uno de los manifestantes encolerizado por la represión sufrió una lesión cardiovascular y fue hospitalizado de urgencia. Ante el hecho, el Distrito pidió al general Luis Eduardo Martínez, comandante de la policía metropolitana,que iniciara una investigación para establecer si se había incurrido en el uso excesivo de la fuerza por parte dela Policía en este caso.
La línea que separa el uso razonable de la fuerza de la brutalidad policial usualmente es borrosa y difusa. En la práctica, la fuerza se debe aplicar en circunstancias de incertidumbre y estrés, lo cual dificulta aún más su dosificación “razonable”.
Tres días después, durante la marcha del primero de mayo, se presentó una refriega entre algunos manifestantes y la policía antimotines, muy cerca de la Plaza de Bolívar, que desencadenó una reacción con gases lacrimógenos y chorros de agua que disolvió prematuramente la manifestación, dejando un saldo de 148 detenidos entre ellos varias decenas de menores de edad. Algunos periodistas que se encontraban en el lugar y captaban imágenes de manifestantes capturados por las autoridades, también fueron reprimidos con chorros de agua y gases lacrimógenos sin que hubiese desmanes que lo justificaran, presuntamente para impedir que se captaran imágenes del uso de la fuerza en contra de los manifestantes.
La agitada jornada concluyó con un mensaje en la cuenta de Twitter del alcalde Gustavo Petro desmintiendo versiones según los cuales habría pedido el cambio del general Martínez como comandante de la policía metropolitana. Los rumores sin duda hacían eco al descontento dentro de la administración distrital con lo que distintos sectores etiquetaban como “uso excesivo de fuerza” por parte de la policía durante esa semana.
Luego de la secuencia de manifestaciones grandes y complejas que además coincidió con el escalamiento en el uso de la fuerza por parte de la policía, resulta natural el afloramiento de tensiones y fatigas. ¿Hubo excesos o,a la luz de las circunstancias, fue razonable la fuerza utilizada por la policía?
La línea que separa el uso razonable de la fuerza de la brutalidad policial usualmente es borrosa y difusa. Diversas actividades de policía, entre ellas, las detenciones, la protección y defensa de las personas y la propiedad, la prevención del delito y la autoprotección y defensa del uniformado, justifican el uso razonable de la fuerza. Esta se debe aplicar de manera intencional y controlada para cumplir el cometido de la actividad, sin incurrir en maltratos ni abusos, de conformidad con técnicas y criterios establecidos y practicados durante la formación y el entrenamiento policial. Contempla consideraciones tales como la gravedad del delito que se busca prevenir o controlar, el grado de resistencia presentada ante el procedimiento policial, y el grado de peligro al que se expone el servidor público en el desarrollo de la actividad. Además, en la práctica, la fuerza se debe aplicar en circunstancias de incertidumbre y estrés, lo cual dificulta aún más su dosificación “razonable”. Por lo tanto no es fácil juzgar si lo que en efecto resultó ser una aplicación excesiva de fuerza fue producto de una acción malintencionada o sencillamente un error de apreciación.
Reconociendo estas dificultades, en las circunstancias actuales es preciso insistir que ellas no amparen la inacción o el archivo de la solicitud de investigación realizada por el Distrito sobre los hechos reseñados. La indagación transparente y pública seguramente permitirá detectar fallas susceptibles de ser corregidas y protocolos que pueden ser mejorados a fin de evitar desmanes injustificados de la policía en el futuro. Ello contribuirá positivamente a reiterar ante el público el compromiso de la Policía Nacional con el mandato de mantener las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas y asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz. Particularmente en el escenario enrarecido que dejó la suspicacia sobre la intención de las FARC de infiltrar la protesta social y la reacción del gobierno nacional de impedirlo a toda costa incluso, quizás, criminalizando la protesta.
/ Bernardo Pérez