Se realizó el pasado 26 de septiembre en la U de A, con la presencia de Alejandro Reyes, asesor del gobierno en el punto uno del acuerdo de paz sobre reforma rural integral, Miguel Samper, delegados de Farc, IPC, Comisión de la Verdad, Iglesia, Víctimas y sector solidario. Invitaron delegados del gobierno pero no asistieron, dando cuenta de su bloqueo frente al tema agrario.
Escuchar a expertos en el tema agrario como Alejandro Reyes y Miguel Samper nos abre un panorama amplio sobre la realidad del problema agrario en Colombia después del acuerdo de paz con las Farc.
Alejandro Reyes inicia con una anécdota que nos recuerda el cuento de Kafka, Ante la ley, cuando un campesino muere a las puertas del palacio de justicia, esperando que le den una cita para entrar, y antes de morir el vigilante le dice que por qué no entró si nunca le dijo que no (…) La historia de Reyes es que un campesino se acerca al Ministerio de Agricultura a pedir tierra, y un funcionario le dice que donde tiene la bolsa para que se la lleve (¡…!).
La historia parece un chiste pero en nuestro país es real: el centralismo es grosero, leen el país con el culo pegado a un escritorio y con un profundo irrespeto por el campesinado.
El problema
Según Reyes, el problema agrario ya no se resuelve con reformas agrarias ni distribuciones masivas de tierra. Parte de cuestionar el modelo de colonización en el que el campesino se dedicó a abrir una frontera agrícola de la que solo le pagaban sus mejoras y era despojado sistemáticamente por parte de los terratenientes, que la fueron acumulando, y a los que ahora el gobierno les pretende arrendar sus tierras para implementar las llamadas ZIDRES.
Aunque el analista no menciona esto último, es relevante hacerlo para plantear un análisis crítico de su intervención, que sigue dejando en manos del mercado, el desarrollo y la competitividad, un problema que tiene que ver es con la permanencia del modo de vida campesino y familiar, y por consiguiente con la soberanía alimentaria de millones de colombianos.
Los datos
Un tercio de los que viven en el campo trabajan en su propia tierra. Los otros dos tercios trabajan en tierra ajena. Ambos son campesinos. Se cuantifican seis millones de hectáreas perdidas (4 por despojo forzado y dos por abandono del campesino relacionado también con pobreza rural y violencia). Revela que en 100 años, han sido adjudicados 25 millones de baldíos, pero no a colonos campesinos, que tumbaron selva y sembraron un pedazo de tierras, sino a los comparadores de sus mejoras. Es decir, a los terratenientes de siempre. Los que hoy manejan FEDEGAN el Fondo Nacional Gandero (FNG), y que inciden fuertemente en el ejecutivo como tal.
Reforma Rural Integral
No es una reforma en términos de distribuir tierras, se trata de potencializar las tierras de las periferias e instaurar una coexistencia entre el modelo agroindustrial y el modo de vida campesino, mejorando vías terciarias e incentivando la productividad del campo. Un modelo poco beneficioso para el campesino, obligado a convertirse en productor agrícola, sin pensar en la Unidad Agrícola Familiar y las ventajas que esta genera para la soberanía alimentaria. El 60, 7% de la alimentación en nuestro país proviene del modelo de producción campesina no agroindustrial.
La reforma propone cerrar la expansión de la frontera agraria, y cuidar los bosques y humedales que nos quedan. Establece un fondo de tierras para distribuir de tres millones de hectáreas, la formalización de siete millones de hectáreas y la restitución de dos millones. Esto en términos reales son paños de agua tibia que no involucran una transformación real del campo ni un modelo de justicia restaurativa para los que han perdido la tierra. Es decir, que el campesinado tenga en sus manos condiciones de trabajo y de vida digna.
Plantea que el problema es de uso y no de distribución de las tierras. En parte tiene razón, pues tenemos un país potrerizado y con tierras que son aptas para la siembra dedicada al pastoreo y a la especulación rentística. Lo cuestionable es que sugiere un uso de la tierra enmarcado en la demanda económica mundial y no en la generación de autosuficiencia alimentaria en un país que tiene altos índices de hambre y de deterioro ambiental por cuenta de los monocultivos de uso extensivo del suelo.
Ahora el problema agrario es un problema de mitigación y adaptación al cambio climático
La colonización de altura y la deforestación en esta zona, talando un pedazo de vegetación natural para asentarse allí, ha generado procesos erosivos que derrumban la tierra sobre las carreteras. Sin embargo hay un problema ambiental mayor que sí involucra a los propietarios de la tierra y es que hay ganadería extensiva en suelos cultivables, erosionando los suelos y poniendo en riego la soberanía alimentaria del país. Reyes omite mencionar los monocultivos de la agroindustria que no son solamente para la comida sino para los biocombustibles, y si son para comida, son para satisfacer la demanda de mercados crecientes como el de China, que ya exportas más de mil millones de toneladas anuales, y más de la mitad provienen de Latinoamérica.
El problema del cambio climático instaurado en la agenda global es un problema real pero tiene mucho de discurso y poco de desarrollos concretos. La mayoría de potencias se vuelcan hacia un discurso verde, hasta el mismo Duque en la Asamblea de ONU se postuló como un guardián de la Amazonía, pero en la práctica concede licencias ambientales para deforestar, para hacer mega minería y para generar agroindustrias de espaldas al campesinado que sigue reclamando tierra para vivir y trabajar.
Propuesta
Eliminemos el concepto de baldíos, y que toda la tierra labrada sea propiedad privada. Vámonos al criterio de la posesión material efectiva de la tierra, y démosle el título al que la está haciendo producir. Todas las tierras acumuladas por razones especulativas y rentísticas, se les extingue el dominio por parte de la nación, y con esas tierras se hace el fondo de tierras para el campesinado. La gran fuente de tierras para distribuir son las tierras ociosas escrituradas a grandes propietarios que las tienen como alcancía de almacenaje de capital, ni siquiera pagan impuestos, o muy bajos. Una extinción masiva de las tierras ociosas, generan un fondo de tierras que pueden generar cinco veces los tres millones que el gobierno se comprometió a distribuir. Eliminemos el concepto de baldíos, cerremos la frontera agraria para cuidar bosque y humedales, titulemos la propiedad de los que efectivamente la trabajen y extingamos el dominio a las tierras improductivas.
Con esta propuesta Reyes plantea una propuesta de justicia agraria, pero lejana para el actual gobierno que representa a esa burguesía terrateniente tradicional, opuesta a los acuerdos de La Habana y que con el modelo de la agroindustria que se logró introducir en los acuerdos, va a apuntalar un desarrollo desigual del campo, un campo sin campesinos, proletarizado y marginado de la tierra, de su función social (trabajo y vida), y de los modos de uso ancestrales.
En términos ecológicos resulta incluso más equilibrado el modo de producción campesina con vías para sacar los productos que el de la agroindustria, pues el campesino heredó un conocimiento que le permite trabajar la tierra garantizándole su fertilidad a largo plazo.
Los ajustes agrarios como instrumento al servicio del desarrollo económico terminan siendo contrarreformas o retrocesos frente el sujeto social llamado campesinado, pues no responden a sus necesidades y tratan de asegurar en el tiempo más corto posible un superávit acaparado por otros sectores.
Este estado agravado de cosas respecto al agro lo redondea Miguel Samper con dos afirmaciones alarmantes: el 50% de la tierra en Colombia está en manos del 1% de propietarios. Y vaticina un resurgimiento de conflictos sociales por cuenta de las concesiones ambientales y mineras a grandes empresas explotadoras de materias primas.