Por Álvaro Córdoba Obando / Foto: Jennifer Rueda
Una vez más, el alcalde de Medellín decide moverse por los delgados límites de la legalidad, y sin empacho se atreve a lanzar comentarios como cualquier personaje en campaña por el cargo que está por entregar, y que ha ocupado sin pena ni gloria.
Parece que hubiera olvidado que hace cuatro años fue elegido alcalde y que desde hace cuatro años debía estar gobernando para la ciudad y los ciudadanos y no para sí mismo, para su ego, su alter ego y sus superamigos.
Los informes de las organizaciones que hacen control social al plan de desarrollo afirman que, a pocos meses de terminar la gestión, el alcalde «fico» no ha cumplido siquiera con el 50% de las metas de su programa de gobierno y su confuso plan de desarrollo. Sin embargo, goza de tanta favorabilidad en las encuestas que se proyecta como presidenciable por el uribismo en el 2022.
Usa la palabra “legalidad” de manera reiterada y sospechosa en sus discursos para hablar de su modelo fallido de seguridad[1] que no cuida la vida de los ciudadanos, pero lo muestra como un superagente al peor estilo de las películas gringas. Los hechos: compró con recursos de los contribuyentes un helicóptero con cámaras para pasear en las noches por la ciudad. Tiene una bodega de administradores de redes sociales (community managers) que le ayudan a difundir la espectacularidad de sus acciones en “contra del crimen” al mejor estilo de los reality show, sin siquiera afectar el índice de homicidios, ni la criminalidad en la ciudad. Deja a la ciudad con altos índices de inseguridad y extorsión a todo tipo de negocios, pero él se pavonea por las comunas rodeado de policías como un super agente del orden.
Su propósito es forjar una imagen heroíca en el imaginario de la gente. Habla de seguridad y legalidad, mientras camina por el delgado filo que parece ponerlo al otro lado, el de la criminalidad y la delincuencia. Sin embargo, parece estar subordinado a estas fuerzas ilegales y se muestra incapaz para neutralizarlas. Recordemos la historia de su secretario de seguridad, Gustavo Villegas, hoy condenado por sus vínculos con bandas criminales como “La Oficina”.
Otro aspecto que da cuenta de sus prácticas ilegales es el hecho de comprometer recursos y contratistas del municipio de Medellín en la campaña política de Duque en las elecciones del 2018, que contribuyeron al millón ochocientos cuarenta y cuatro mil votos del Centro Democrático (CD) en Antioquia. Tampoco disimuló su animadversión por el candidato que competía con el CD en la contienda electoral por la presidencia, prohibiéndole ilegalmente realizar su proselitismo en la ciudad, como si esta fuera su finca y él su gamonal.
Sorprende que por estos hechos no tenga investigación en curso ni en Contraloría, ni en la Procuraduría. Ahora se involucra en la contienda para elegir su sucesor opinando contra las legítimas aspiraciones políticas de sectores contrarios a la corriente ideológica que ha gobernado la ciudad y el país durante décadas[2], sin siquiera disimular su militancia, ni procurar un mínimo de imparcialidad ante el debate electoral, conforme lo ordena la ley.
El alcalde se despacha en redes sociales y medios de comunicación como cualquier candidato en campaña para descalificar programas y candidatos más cercanos a los intereses y necesidades de la población pobre y marginada de la segunda ciudad más importante de Colombia. Usa los recursos públicos para amplificar la estridencia de su participación activa y deliberante en el proceso electoral que se avecina en unas semanas, como si se le hubiera olvidado su condición de servidor público y hubiera asumido la de precandidato presidencial.
Por algo menos grave que la participación indebida de Fico en política, en el 2012 fue sancionado e inhabilitado por 12 años el alcalde de entonces, Alonso Salazar[3], quien trataba de advertir a la ciudadanía sobre los vínculos de un candidato con la delincuencia. Dos años después, un fallo del Consejo de Estado le da la razón a Salazar y pone en evidencia el comportamiento parcializado del entonces Procurador General de la Nación (Alejandro Ordóñez) como agente de persecución a quienes no comparten su ideología y su moralismo conservadurista y retrógrado[4].
Un gigante con pies de barro
A Fico no le bastó que su secretario de seguridad estuviera aliado con delincuentes de alta peligrosidad y reconocida trayectoria criminal, tampoco poner recursos y contratistas de la Alcaldía de Medellín al servicio de la campaña de Uribe-Duque[5] para perseguir críticos y opositores de su gobierno a través de cuentas falsas en redes sociales; pareciera que el alcalde tiene licencia para hacer lo que le da la gana sin apego a la ley que le prohíbe participar en política y favorecer candidatos. Las quejas de ello la han puesto algunos candidatos[6] que se ven afectados por la publicidad y la actuación de Federico en plena campaña electoral, en la misma forma que lo hacen sus mentores y jefes políticos y como ellos mismos dicen “duélale a quién le duela”, al mejor estilo ramplón.
Parece que el libreto que le construyeron al Alcalde es el de la avestruz, de manera que la gente no recuerde los vínculos de su secretario de seguridad Gustavo Villegas con “La Oficina de Envigado”[7] para negociar con ella la tranquilidad y la seguridad de los habitantes de Medellín y por lo que fue juzgado y condenado en segunda instancia.
¿Han iniciado los entes de control la investigación sobre la participación de los contratistas del instituto de deportes de Medellín (Inder) Juan Carlos De la Cuesta Galvis y Eduardo Silva Meluk en la campaña del señor Santiago Gómez? Los contratos otorgados a estas dos personas suman $189.843.784.
A esto se le suman las quejas de contratistas del Inder a quienes otros contratistas les exigen con listas en mano buscar electores y hacer capaña por Santiago Gómez. Hay que esperar que los organismos de control dejen de ver para cualquier parte y ejerzan sus responsabilidades de manera oportuna, efectiva y contundente. Los desmanes de gobernantes que usan el cargo para beneficio personal y satisfacción de los intereses políticos de su grupo o partido dan cuenta de un régimen político-electoral viciado, y de unos candidatos inflados con el presupuesto público, de ahí su ilegalidad, sus pies de barro.
[1] http://www.ipc.org.co/agenciadeprensa/index.php/2019/05/02/fico-y-su-lucha-infructuosa-contra-un-poder-sin-rostro/
[2] https://www.msn.com/es-co/noticias/colombia/los-dardos-del-alcalde-de-medell%C3%ADn-a-la-izquierda-bogotana/ar-AAFf5Fb.
[3] https://www.elespectador.com/noticias/judicial/alonso-salazar-inhabilitado-12-anos-ejercer-cargos-publ-articulo-329547
[4] https://www.semana.com/enfoque/articulo/fallo-del-consejo-de-estado-le-dio-la-razon-alonso-salazar/381951-3
[5] https://lasillavacia.com/silla-paisa/la-bodega-de-fico-65695
[6] https://caracol.com.co/emisora/2019/07/30/medellin/1564445266_373085.html
[7] https://www.elcolombiano.com/antioquia/gustavo-villegas-en-firme-condena-contra-exsecretario-de-seguridad-de-medellin-AC8675013