Por Fernando Hernández Valencia
Aclaración
A petición de la Comisión de la Verdad hago estas reflexiones como ex militante y ex dirigente del ELN hasta 1992 cuando un grupo de compañeros rompimos con esta guerrilla y creamos la Corriente de Renovación Socialista, que negoció en 1993-1994 un Acuerdo de Paz con el Gobierno Colombiano. Por lo tanto mis reflexiones no representan al ELN sino la evaluación de todos estos años en los que no he dejado de ser partidario de la solución política dialogada del conflicto interno armado y militante de la causa de la paz con justicia social.
- El Conflicto Armado Interno
El ELN nace en 1964 como parte de una generación que, en todo el Continente, le apostó a la lucha armada para, mediante la guerra revolucionaria confrontar las situaciones de violencia, injusticia social (pobreza y miseria), dominación imperial de Estados Unidos y proponer una alternativa socialista al modelo capitalista depredador. En Colombia esa iniciativa la encarnan las FARC, el ELN y el EPL en una primera época. El M19 surge diez años después con un acento mayor en la democracia que en el socialismo y como una guerrilla más urbana (inicialmente). Lo que ocurre entonces es la politización del conflicto social que se agravaba en el país durante todo el siglo XX y que la Violencia de los años 50 convirtió en conflicto armado. El Estado colombiano responde a la insurgencia guerrillera con militarización y represión y el imperio norteamericano encuadra el conflicto colombiano, y toda la conflictividad social del Continente en el marco de la Guerra Fría y del enfrentamiento del capitalismo al comunismo.
En los años 70 aparece el narcotráfico y en los 80 el paramilitarismo como una alianza entre los poderes tradicionales de la tierra, la política, las economías ilegales y sectores del Estado. La guerra se profundiza y afecta a toda la sociedad, el conflicto social se convierte en conflicto político y conflicto armado.
- La construcción de la paz
Desde comienzos de los 80 empieza a hablarse de diálogo nacional y de solución política negociada al conflicto armado interno. En los 90 esos diálogos convergen con las exigencias de la sociedad de cese de la violencia y transformaciones políticas y entonces los Acuerdos de paz con las guerrillas culminan en la Asamblea Constituyente y en la Constitución de 1991. La Paz, sin embargo no se consolida, las guerrillas más grandes y tradicionales (FARC-ELN) no entran en los Acuerdos, el narcotráfico ha evolucionado a grandes carteles de la mafia y los poderes más tradicionales de la tierra y la política recrean el paramilitarismo como un ejército contrainsurgente y una propuesta de “refundación de la patria” contraria a la Constitución del 91. Los años del fin del Siglo XX y comienzos del XXI contemplan el recrudecimiento de la guerra y la degradación del conflicto armado. El Acuerdo del Gobierno Uribe con las Autodefensas en 2005 (Ley de Justicia y Paz) y la negociación del Gobierno Santos con las Farc (2016) introducen la justicia transicional y la Justicia Especial para la Paz. Aunque el conflicto armado interno con el ELN no ha culminado y el panorama de violencia se ha complejizado con numerosos grupos armados ilegales que se disputan economías ilícitas y control de territorio, los Acuerdos de paz firmados por el Estado nos han dejado un marco político y unos instrumentos jurídicos necesarios para esta reflexión crítica.
- El Secuestro
La guerrilla colombiana ha practicado el secuestro en varias modalidades. El secuestro político que busca presionar concesiones al Estado o enviar mensajes con contenido político a los gobiernos. El secuestro económico a personas pudientes para la financiación
de la guerra y a representantes de las multinacionales que operan en Colombia. En los años 80 el Eln financió su reconstrucción con la retención (en el lenguaje de la guerrilla) de directivos y técnicos de la multinacional alemana Mannesman. Pero una guerra tan larga y un crecimiento y extensión acelerada de los grupos armados ilegales, al mismo tiempo que requiere de mayores recursos relaja los controles morales sobre la supuesta actividad revolucionaria. En el Eln particularmente, su estructura federada y la multiplicación de sus implantaciones territoriales y la llegada de cuadros jóvenes a la dirección de sus estructuras sin la preparación y formación política suficientes degradó ciertamente la calidad de su conducción. La apuesta guerrillera misma de los años 60-70-80 perdió su frescura y su coherencia ideológica, en ello tuvo mucho que ver la pérdida de perspectiva estratégica con la crisis y derrumbe del socialismo real a finales de los 80, el cansancio de una guerra sin solución y la afectación del narcotráfico en sus estructuras territoriales. También hay que tener en cuenta la práctica del secuestro y la desaparición forzada por los grupos paramilitares e incluso por agentes del Estado, casos en que la víctima nunca más regresaba. En conjunto todo ello significó una tragedia para la población civil ya que el secuestro con fines de despojo territorial y extorsión económica se generalizó a mediados de los 90 y de afectar principalmente a grandes propietarios pasó a victimizar a sectores medios e incluso a pequeños propietarios. Las Farc con su expansión contribuyeron a este escenario e incluso con su Ley 002 del 2000 expedida en el Caguán, llamada “impuesto para la paz” pretendieron darle legitimidad revolucionaria a esta práctica. El “impuesto” desde el lenguaje de la guerrilla, o la extorsión a los propietarios fue presentada por los paramilitares desmovilizados como la causa de su conformación en autodefensas “ante la ausencia del Estado”.
Según el Derecho Internacional Humanitario el secuestro es un crimen de lesa humanidad que vulnera la dignidad de la persona humana y su derecho a la libertad y la seguridad. Es un acto de deshumanizacion expresado en el trato de la víctima como mercancía negociable o canjeable. La libertad personal es parte de los derechos fundamentales irrevocables, inalienables, intransmisibles e irrenunciables consagrados en la Constitución Política Colombiana y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. “Libertad retenida” lo llama el Informe “Basta Ya” del Centro Nacional de Memoria Histórica.
En el caso de los secuestros masivos del ELN en el Valle del Cauca (La María, mayo del 99 Kilómetro 18, septiembre del 2000), además de demostración de fuerza y búsqueda de reconocimiento en el momento en que el Gobierno de Pastrana iniciaba las negociaciones del Caguán con las FARC, hubo una clara motivación económica del Frente José María Becerra y una afectación a la población civil de clase media y pobre, un claro error político de la guerrilla que la enajenó la opinión pública. En el “Acuerdo de Maguncia” entre la sociedad civil y el ELN (Julio de 1998) la guerrilla se había comprometido a evitar el secuestro, al no reclutamiento de menores, a dar inicio al proceso de paz mediante la convocatoria a una Convención Nacional.
Veinte años después el ELN ha mantenido diálogos de paz con los gobiernos de Pastrana, Uribe, Santos (como antes con los de Gaviria y Samper), pero la negociación de un Acuerdo de paz no se vislumbra, para ser justos, no solamente por responsabilidad de la guerrilla.
Mientras tanto las FARC, después de una larga y difícil negociación hicieron dejación de las armas, terminaron con una guerra de medio siglo, se transformaron en organización política y asumieron sus responsabilidades frente a la sociedad colombiana y la Jurisdicción Especial para la Paz JEP. La declaración pública del 14 de Septiembre de 2020 es contundente, señala que la práctica del secuestro fue “un error gravísimo” y le pidió perdón público a las víctimas a las que “le arrebatamos la libertad y la dignidad” , expresan su arrepentimiento y vergüenza y señalan las circunstancias especiales de una guerra irregular que los llevaron a acciones cuyo lastre “hoy pesa en las conciencias y el corazón de cada uno de nosotros”.
- Víctimas
La Ley 975 de 2005 de Justicia y Paz que le pone marco jurídico al Acuerdo del Gobierno Uribe con las AUC reconoce por primera vez la dignidad de las víctimas y sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación. En 2011 la Ley 1448, de Víctimas y Restitución de Tierras abunda en esos derechos y en la responsabilidad estatal frente a la reparación. En julio de 2012 el Congreso aprobó una reforma a la Constitución llamada “Marco Jurídico
para la Paz” que elevó a rango constitucional la Justicia Transicional y reconoció expresamente los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y estableció que éstos debían garantizarse en la mayor medida posible. En 2016 en el Acuerdo Final Gobierno-FARC dedica el capítulo 5 a las víctimas del conflicto sobre la base del reconocimiento de las víctimas, el reconocimiento de responsabilidades de los actores frente a las víctimas , la satisfacción de los derechos de las víctimas incluido su derecho a la participación en la discusión sobre la satisfacción de esos derechos. El contexto de ese posicionamiento de las víctimas como sujetos sociales y políticos en las negociaciones sobre el fin del conflicto armado y en la aplicación de la Justicia Transicional en Colombia está en el Derecho Internacional Humanitario y en Estatuto de Roma que creó la Corte Penal Internacional (1998). La toma de rehenes (secuestro) está señalada en ambos como crimen de lesa humanidad.
Los movimientos de víctimas han jugado un papel en la vida y la lucha social del país en las últimas décadas no solo en el rechazo a la violencia sino en la exigencia del fin del conflicto armado y de sus derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.
En el caso concreto de las víctimas de las acciones violentas del ELN y específicamente de los secuestros masivos de La María y del Kilómetro 18 (1999-2000), independientemente de los procesos judiciales de estos veinte años, sus justos reclamos deben llegar a la mesa de negociación Gobierno-ELN con la exigencia de:
-Voluntad real de participar en un proceso de paz que concluya definitivamente el conflicto armado interno.
-Disposición de sometimiento a la Justicia Transicional con su exigencia de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.
-Reconocimiento público de sus responsabilidades frente al secuestro y el reclutamiento de menores sin ambigüedades.
-Petición pública del perdón como reconocimiento del dolor causado a las víctimas, a sus familias y a la sociedad.
-Participación en el proceso de reconciliación nacional que permita sanar las heridas de la guerra, reconstruir el tejido social y generar relaciones de confianza y amor.
Pero tantos años de guerra, no sólo del conflicto armado sino de nuestras confrontaciones permanentes durante doscientos años después de la Independencia, nos han legado una cultura de la sospecha, de la desconfianza, del temor. La guerra no es la responsable del clasismo, del racismo ni de la exclusión y la pobreza. La construcción de la paz no se reduce al acuerdo de los armados sino que requiere la voluntad de todos los colombianos para reconocernos, perdonarnos, incluirnos y amarnos. Como dice el Dalai Lama, “Si no perdonas por amor, no lo hagas”.
- ELN
A diferencia de las FARC que firmaron el Acuerdo de Paz con el Gobierno Nacional en 2016, el ELN se mantiene en armas y se expande por diferentes territorios mientras sus delegados para la negociación iniciada en el Gobierno anterior esperan desde La Habana la iniciativa del actual Gobierno que en su rigidez ideológica mantiene congeladas las conversaciones. Parece lejana una negociación pero ella es necesaria para lo que algunos llaman “la paz completa” Ni el Gobierno Duque tiene voluntad, ni el ELN está en capacidad por sus fracturas internas. En esas condiciones hay más voluntad y necesidad en la sociedad y mayor entusiasmo en el entorno camilista. Existen muchos insumos de 3 décadas de diálogos y el respaldo de garantes internacionales y países e instituciones amigas de la paz en Colombia.
Durante 30 años, después de los Acuerdos de Paz de los 90 y de la Constitución que declaró la paz como “un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”, la sociedad se ha movilizado en múltiples formas como el Mandato Por la Paz de 1997 y ha territorializado la construcción de la paz. Si juntamos a ello las grandes movilizaciones de los movimientos de Víctimas y la voluntad de las organizaciones sociales que defienden los Acuerdos de Paz en una gran iniciativa que exprese la necesidad y la urgencia de las negociaciones que cierren definitivamente el conflicto armado de más de medio siglo podemos generar un hecho disruptivo: la paz completa no depende solo de la voluntad del Gobierno y del ELN sino que es una exigencia de la sociedad. Al Gobierno actual hay que exigirle que abandone
su estrategia de hacer trizas la paz y se comprometa con la reconciliación entre los colombianos y culminar los esfuerzos de paz negociada. Y al ELN que concrete su discurso de “humanización de la guerra” en la voluntad de terminarla, de dejar las armas y de participar desde la civilidad en la defensa de la democracia, el respeto de los derechos humanos y la construcción de la justicia social.
Fuentes:
-“¡BASTA YA!” (2013), Centro Nacional de Memoria Histórica.
-“Una Sociedad Secuestrada” (2013) Centro Nacional de Memoria Histórica.
-“Acuerdo Final Gobierno de Colombia-FARC-EP para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera” (2016).