Por Albeiro Caro
En medio de la campaña electoral, la coyuntura política de 2022 presenta un cúmulo atropellado de hechos históricos relacionados con la verdad de los crímenes contra el derecho a la vida de opositores políticos, líderes, lideresas y comunidades marginadas en Colombia. Paradójicamente, el gobierno Duque y los medios que infunden miedo al cambio son quienes demuestran su apuesta por la impunidad, en el ocaso vergonzoso de la hegemonía Uribista.
Como evidencia de la verdad que, como derecho, aflora en medio de la violenta repulsa institucional, actualmente se inician las comparecencias ante la Justicia Especial para la Paz –JEP- frente al Macrocaso 06, relacionado con el genocidio de la UP cometido desde 1984 hasta 2016, que dejó 4.616 personas asesinadas y 1.117 desaparecidas en acciones ejecutadas, principalmente, por agentes estatales y grupos paramilitares. También, por el Macrocaso 03, referente a los mal llamados “Falsos Positivos”; en particular, la audiencia inicial de reconocimiento sobre los “Falsos Positivos” en el Catatumbo realizada el 26 y 27 de abril cuyos crímenes incluyeron la desaparición y asesinato, en dicha región de al menos 120 personas entre lugareños y jóvenes de otras regiones, lo que dio origen al poderoso movimiento de resistencia de las Madres de Soacha. Actualmente, comparecen diez militares y un civil encargado de los reclutamientos. Entre los militares se incluyen un brigadier general, dos coroneles, dos tenientes coroneles, un mayor, un capitán, dos sargentos y un cabo.
También, el escenario nacional ha sido estremecido por las declaraciones del excomandante del Clan del Golfo, alias “Otoniel” con una lista de 63 personas e instituciones, entre militares, políticos, empresarios y centros universitarios (Universidades de Cartagena y Sergio Arboleda) implicados en actividades del Clan del Golfo. Su extradición exprés se da luego de la presión desde el gobierno al Consejo de Estado para el desmonte de la medida cautelar que, desde el fin de semana anterior, retrasaba dicha extradición, mientras se estudiaba de fondo un recurso de tutela interpuesto por las víctimas, en el marco del ejercicio de su derecho a la verdad, con el fin priorizar las declaraciones del jefe narco-paramilitar en Colombia y aplazar, mientras tanto, su traslado a Estados Unidos.
Todo ello estremece el ambiente político, jurídico y social del país y ocurre en medio de la caída de la Moción de Censura al Ministro de Defensa, Diego Molano, por su responsabilidad política en la masacre de 11 campesinos por parte de las fuerzas militares en la Vereda Alto Remanso del Municipio de Puerto Leguízamo, del Departamento del Putumayo, al sur del país, en la frontera con Ecuador y Perú ejecutada el 28 de marzo pasado. También, en el marco de la segunda inasistencia del Ministro Molano al debate político convocado desde el Senado de la República frente a los mismos hechos, ante lo cual los Senadores convocantes, Iván Cepeda y Antonio Sanguino [1] realizaron una rueda de prensa en la que presentaron nuevos hechos de “falsos positivos” en los Montes de María y en las Veredas El Triunfo y el Diamante de San Vicente del Caguán, en el marco de la operación Artemisa y mostraron videos de ataques a la población campesina por parte del Ejército, con manipulación del cuerpo de un campesino asesinado, usurpando funciones de policía judicial. A la vez, retomaron la escrupulosa información obtenida in situ, suministrada por la Revista Cambio, el Portal Vorágine y el Periódico El Espectador, acerca de la responsabilidad militar y gubernamental en estos hechos luctuosos, violatorios de los derechos humanos de las comunidades afectadas.
Una vez más, falla la moción de censura. Retomando los temas en secuencia, desde lo actual hacia el pasado, es de anotar que la Moción de Censura planteada por la oposición en la Cámara de Representantes ante la masacre del Alto Remanso, solamente obtuvo 28 votos a favor de la Moción, incluyendo el voto del Representante Liberal Carlos Alejandro Chacón contra 116 partidarios de la continuidad del Ministro y un voto en blanco de la Representante Irma Herrera del Partido Mira.
El debate se había realizado la semana anterior con la presencia de personas de la comunidad del Alto Remanso, entre ellos, Aníbal Eduardo Cuéllar, nuevo Presidente de la JAC, Argemiro Hernández, Padre del fallecido Presidente JAC (Divier Hernández), Isaías Ajón, Élver Gómez e Isaías Acosta, quienes relataron la forma como llegaron y actuaron los militares en contra de la población. También intervino el soldado Robinson Beleño Herrera quien, según su versión, habría sido herido en la operación por parte de un civil armado. En dicha sesión se evidenció que, muy posiblemente, no fueron once sino trece las personas fallecidas, dada la disparidad en el registro de personas suministrado por el Ejército y la Defensoría del Pueblo. En la lista del Ejército aparecen los nombres de José Antonio Peña Otaya y Alexander Peña Muñoz, que no se incluyen en la lista de la Defensoría. En cambio, en la lista de la Defensoría aparecen dos nombres no incluidos en la lista del Ejército. Ellos son, Daniel Eduardo Paredes Sanjuán y Lisandro Paredes Sanjuán, dos soldados retirados, con libreta militar de primera, lo que llevaría a sospechar que no serían once sino trece las personas fallecidas.
Como plantea Colprensa [2] esta es la tercera moción de censura que no se logra consolidar en contra de Molano, en relación con hechos relacionados con el bombardeo en que murieron menores de edad en Calamar Guaviare a comienzos de 2021 y el Paro Nacional del mismo año. Previo a la Moción, los Senadores Cepeda y Sanguino plantearon la presentación de la denuncia del Ministro de Defensa ante instancias internacionales, dada su responsabilidad en el operativo. Al respecto, radicaron la acción ante Morris Tidball-Binz, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre Ejecuciones Extrajudiciales. También, entregaron evidencias que iban a presentar en el debate del Senado acerca de la responsabilidad del Ministro Molano con respecto a la violación de los derechos humanos y el DIH en el operativo de la vereda Alto Remanso.
Como se sabe, la mayoría parlamentaria de la coalición de ultraderecha cierra todo espacio de control político frente al accionar de las fuerzas militares. Los congresistas de oposición manifiestan que el gobierno induce la votación en su favor mediante la denominada “mermelada” como forma de alinear a las bancadas gobiernistas, para lo cual cuenta con los recursos del presupuesto a partir de la transgresión de la ley de garantías, mediante el uso de una ley impuesta, sin piso legal, para contratar en época electoral y el tráfico de cargos públicos en favor de sus clientelas políticas.
El pasado 26 de abril se llevó a cabo en la Cámara de Representantes [3] el debate convocado por la Oposición. En la motivación de la Moción planteada por los Congresistas [4], se destaca que el operativo fue realizado de manera conjunta entre el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y la Fiscalía, presuntamente en contra de la estructura residual Frente 48 que haría parte de la Segunda Marquetalia, sin que se reportara la muerte de civiles.
La motivación señala que el 29 de marzo, la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana –OPIAC- mediante comunicado planteó una acción urgente para que el Ejército Nacional cesara su accionar en “la modalidad de falsos positivos en contra de la población civil”, dado el operativo del 28 de marzo en el que es asesinado el gobernador del Resguardo del Bajo Remanso Pablo Panduro Coquinche. Afirma, así mismo, que el 30 de marzo, la Red de Derechos Humanos del Putumayo denunció que en la vereda El Remanso no hubo combate entre la fuerza pública y grupos disidentes, sino que el ejército atacó un evento comunitario. Añade que, por su parte, la Defensoría del Pueblo, mediante comunicado, deploró la muerte de 11 personas y solicitó el rápido esclarecimiento de los hechos e insistió en que la población civil debe quedar al margen de cualquier acción en el marco del conflicto. Entre los muertos, la Defensoría, además del Gobernador Indígena, incluyó al Presidente de la Junta de Acción Comunal, a su esposa y a un menor de edad, entre otras personas. Señala, así mismo, que el ministro Molano trinó desde su cuenta de Twitter que el operativo fue en contra disidentes de Farc, narcococaleros.
Cabe resaltar que, en su intervención en el debate, el Ministro estigmatizó a la comunidad y puso en duda que un bazar se pueda realizar a las 6.20 A.M. omitiendo que la programación era de tres días contados desde el sábado anterior hasta el lunes en la tarde, día en que las Fuerzas Armadas realizaron el operativo hacia las 7.20 A.M.
También, la motivación de la frustrada Moción de Censura se apoya en comunicados del Ejército, en los reportajes, testimonios, fotografías y pruebas documentales de la Revista Cambio, El Espectador y Vorágine, al tiempo que destaca las funciones propias del Ministro de Defensa, desconocidas o vulneradas, así como la inobservancia de los principios de protección de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Destaca, así mismo, que el Ministro Molano toleró que el comandante del operativo fuera el General Édgar Rodríguez Sánchez, quien tiene 32 investigaciones en la JEP por 56 casos de “falsos positivos”.
Con posterioridad a la derrota de la oposición en la Moción de Censura en la Cámara de Representantes, la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y el Colectivo José Alvear Restrepo, como muestra Aristizábal Mora en WRadio [5] solicitaron a Karim Khan, Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) reabrir la investigación preliminar sobre crímenes de guerra y de lesa humanidad en Colombia cuyo cierre fue realizado mediante comunicado no claramente motivado y no mediante decisión de la Oficina del Fiscal. Esto, teniendo en cuenta que la JEP no tiene competencia sobre máximos responsables que podrían responder por crímenes de lesa humanidad y que pueden ser competencia de la CPI.
La extradición exprés de Otoniel
En lo que respecta a la extradición de “Otoniel”, predomina la impresión de que se realizó de manera precipitada pasando por encima de la medida cautelar del Consejo de Estado y mediante presión para que este organismo negara la tutela cuando ya la Dijin lo tenía en el aeropuerto de Catam, listo para la extradición; esto permite inferir una preparación logística acelerada y previa, así como el uso del poder gubernamental para presionar a otras instancias institucionales. La Unidad Investigativa de Noticias Caracol había logrado mediante acción de tutela, el acceso a una entrevista que se realizaría el día cinco de mayo a las 8 A.M., con acceso a las instalaciones de la DIJIN donde se encontraba recluido.
Es de recordar que después de muchas dificultades, el Magistrado de la Comisión de la Verdad, Alejandro Valencia y su Investigador Auxiliar, Andrés Celis, pudieron acceder a declaraciones de “Otoniel” y luego, los equipos fueron hurtados del domicilio del investigador auxiliar, afortunadamente, sin que se perdieran las grabaciones. Igualmente, en sus declaraciones ante la JEP, como testigo relacionado con el Macrocasos 03, 04 y 06 de la JEP sobre “Falsos Positivos”, el genocidio en Urabá y Genocidio de la UP. implicó a los Generales Henry Torres Escalante, Rito Alejo del Río, Mario Montoya y Leonardo Barrero, el exministro del interior de Álvaro Uribe, Sabas Pretelt de la Vega, seis gobernadores del Casanare, secretarios de dicha gobernación, más de doce congresistas y ex congresistas, Luís Pérez, candidato presidencial, entre otros, como muestra Noticias Uno [6]. También mostró cómo los paramilitares se apropiaban de rentas públicas (5% de contratos estatales en el Casanare). Al respecto, la Corte Suprema de Justicia el 4 de mayo abre indagación previa contra el Senador Miguel Ángel Pinto y los excongresistas Milton Arlex Rodríguez, Carlos Cárdenas y Camilo Abril.
Mientras se procesaba el recurso de tutela encaminado a amparar el derecho de las víctimas a la verdad, “Otoniel” venía suministrando información acerca de la implicación de militares, políticos, funcionarios públicos y empresarios en las actividades del Clan del Golfo.
También había informado acerca del uso de equipo de transporte al servicio de Ecopetrol, para movilizar paramilitares y de aeronaves del ejército con los mismos fines y para bombardear objetivos del paramilitarismo.
Con su extradición, presumiblemente, se coloca una barrera de kilómetros, de tiempos y de acceso a la comunicación para sustentar, ampliar y esclarecer el entramado de actores implicados en el conflicto armado y la obtención de rentas ilegales. El ejemplo se tiene en los trece jefes narcoparamilitares extraditados durante el gobierno de Álvaro Uribe. Con dicha medida se fue la verdad y a pesar de la disposición de antiguos jefes como Salvatore Mancuso, los mecanismos pierden fuerza para que su verdad tenga peso probatorio frente a los crímenes y el despojo cometidos contra las víctimas.
El inicio de las Audiencias ante la JEP por “Falsos Positivos” en el Caso del Catatumbo
Como es de conocimiento, los crímenes de guerra y de lesa humanidad relacionados con asesinatos y desapariciones forzadas presentadas por agentes del Estado como bajas en combate, conocidos como “Falsos Positivos”, luego de las imputaciones realizadas por la JEP en 2021, comienzan sus audiencias en 2022.
La primera audiencia se relaciona con el caso del Catatumbo que incluye los crímenes cometidos contra los jóvenes de Soacha. Como muestra Infobae [7] en Ocaña, ante 30 víctimas, el acto de reconocimiento de responsabilidad se llevó a cabo por parte de los diez militares y el civil involucrados en 120 casos de “falsos positivos” en el Catatumbo. Las víctimas vistieron camisetas negras con el mensaje: ¿Quién dio la orden?
Inició su acción de reconocimiento público el Cabo primero y excomandante de escuadra en la Brigada Móvil 15, Néstor Guillermo Gutiérrez, suboficial retirado, quien reconoció que asesinaron personas inocentes, campesinos. También, el Jefe de Estado Mayor de la Brigada Móvil 15 entre 2007 y 2009, Rubén Darío Castro Gómez, reconoció que disponían de recursos reservados para retribuir información falsa conducente al asesinato de civiles. Estos crímenes se extendieron hasta el 5 de noviembre de 2009 cuando la Defensoría del Pueblo denunció los asesinatos presentados como bajas en combate. Entre las víctimas se cuentan 19 jóvenes llevados desde Soacha para ser asesinados, así como habitantes de las áreas rurales, comerciantes, transportadores informales y agricultores.
Cuando intervino en la audiencia el General (R) Paulino Coronado, quien fuera comandante de la Brigada 30, aseguró desconocer lo que hacían los hombres bajo su mando, las víctimas se pusieron de pie y presentaron carteles que decían “Aquí faltó la verdad”, “faltan máximos responsables” “quiero a Montoya ya”. Coronado se atuvo a la imputación hecha por la JEP, por omisión, pero, la magistrada Catalina Díaz le expresó en la audiencia que una reunión con campesinos en el Catatumbo 2007, contradice dicha versión y debe valorar su reconocimiento.
Las víctimas buscaron de manera personalizada, en contacto con los victimarios, la verdad, el reconocimiento, las razones y motivos personales para haber desaparecido o asesinado a sus inocentes seres queridos, a quienes les cambiaron o negaron sus nombres e, incluso, les desaparecieron sin que sus familiares les hayan podido encontrar como sentidamente muestra Sebastián Forero [8].
Durante la audiencia, la JEP destacó que los crímenes cometidos por los agentes estatales no fueron hechos aislados. Tuvieron las mismas características y la misma finalidad de presentar bajas a como diera lugar, con el fin de “satisfacer el indicador oficial de éxito militar”, como bien lo expresó el Magistrado Eduardo Cifuentes en la instalación de la audiencia.
Por su parte, Luz Marina Bernal [9[, madre de Fair Leonardo Porras Bernal, joven de 26 años con dificultades mentales que lo hacían ajeno a la violencia, asesinado en estos horrendos hechos, a raíz de a la audiencia de los días 26 y 27 de abril pasados, expidió un comunicado invitando a la reflexión frente a los beneficios que la JEP concede a los militares implicados en los crímenes de lesa humanidad. En dicho comunicado enfatiza que en Colombia no hay garantía de no repetición dado el recrudecimiento de la violencia, en medio de la Moción de Censura al Ministro de Defensa, por la masacre perpetrada por el Ejército en Puerto Leguízamo.
Cuestiona que el Auto 125 señale que son 120 víctimas cuando las víctimas y la Procuraduría dicen que son más de 480. Reclama, así mismo, que no estén imputados otros oficiales como el Comandante de la 2ª División Carlos Ovidio Saavedra Sáenz, Medardo Ríos y otros imputados que se han fugado al exterior.
El Caso 06: Victimización de miembros de la Unión Patriótica.
El Caso 06 fue abierto el 26 de febrero de 2019. La JEP [10] se apoya en información de la Secretaría Ejecutiva de la Fiscalía General de la Nación, del Centro Nacional de Memoria Histórica, la corporación Reiniciar, Sentencias de la corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y la Corte Interamericana de Derechos Humanos
La UP nació como partido político en 1985, en medio de los diálogos de paz entre las Farc-EP y el gobierno de Belisario Betancur.
La JEP pudo constatar un ejercicio de violencia sistemático y generalizado contra las personas integrantes de la UP por sus convicciones políticas. Se les atentó contra el derecho a la vida, la libertad, la seguridad e integridad física, sexual y psicológica, lo que constituye violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario-DIH.
La Sala de Reconocimiento de la JEP establece la vulnerabilidad de las víctimas de la UP, en razón de su papel social como dirigentes, activistas y personas civiles protegidas por el DIH.
El Estado colombiano reconoce a la UP como sujeto de reparación colectiva. El Consejo de Estado declaró el daño colectivo derivado de la persecución política encaminado a deshacer el partido e impedir su participación política, lo que constituye un atentado en contra del pluralismo y la democracia.
En este marco, la Corte Interamericana de derechos Humanos señala la existencia de un déficit de justicia consistente en impunidad que se expresa en fallas de investigación, impunidad delictuosa, inadecuadas metodologías de investigación para responder a los crímenes y repetición de los hechos victimizantes.
El 22 de abril la JEP, como muestra Juan Pablo Patiño [11], señaló que, al menos, 5.733 personas vinculadas a la UP fueron víctimas de gravísimos delitos, como lo comentó el Magistrado Eduardo Cifuentes, Presidente de la JEP.
Hasta el 31 de enero de 2022, la Sala de Reconocimiento de la JEP contaba con 150 comparecientes dispuestos a acogerse a la JEP y aportar la verdad con base en los principios de verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. De dichos comparecientes, 95 pertenecían al Ejército, 13 a la Policía Nacional y 26 a otros organismos estatales.
Dentro de las víctimas, se estableció que al menos 538 personas no pertenecientes a la UP fueron asesinadas o desaparecidas. Así mismo, se pudo establecer que la segunda modalidad de victimización fue el desplazamiento forzado con 2.217 víctimas.
Los agentes estatales actuaron de manera masiva, generalizada, sistemática y selectiva contra la colectividad de la UP, especialmente, en cinco regiones del país, a saber: Magdalena medio y Nordeste Antioqueño, Ariari Guayabero y Piedemonte Llanero, Cundinamarca y Sumapaz, Apartadó en Urabá.
En el marco del Caso 06, a la fecha, se han acreditado 212 víctimas individuales, así como el Partido Comunista y el sindicato Sintramienergética como sujetos colectivos.
Es claro que los hechos victimizantes contra la Unión Patriótica están cimentados en la doctrina del enemigo interno. El genocidio de la Unión Patriótica incluyó el asesinato de los candidatos presidenciales Jaime Pardo Leal en 1987 y de Bernardo Jaramillo Ossa en 1990. También fueron asesinados dirigentes nacionales y regionales como Leonardo Betancur, José Antequera, Teófilo Forero, Diana Stella Cardona y Gabriel Jaime Santamaría.
Por estos crímenes ha venido compareciendo ante la JEP el general retirado Miguel Maza Márquez, quien dirigió el DAS entre 1985 y 1991. No obstante, en su comparecencia en el mes de marzo, insiste en no recordar temas puntuales, sus respuestas son generales y dejan insatisfechas a las víctimas. Incluso, ha dicho desconocer seguimientos realizados desde el DAS en contra de miembros de la UP y ha negado todo tipo de nexos con paramilitares. Maza Márquez está obligado a aportar verdad plena, aunque ya está condenado por concierto para delinquir por la Corte Suprema de Justicia. Por ahora, ha dicho que explicaría lo relacionado con el asesinato de varios dirigentes nacionales y regionales de la UP, ocurridos entre 1985 y 1991.
A manera de conclusión, entre las reflexiones fundamentales que se derivan de esta problemática está la persistencia de la impunidad como factor recurrente. De allí, la importancia de confrontar el pasado y el presente para salir de la violencia por caminos de verdad, justicia y capacidad de reconciliación a través de soluciones pacíficas. Sin duda, la sociedad colombiana debe ser protagonista de estos procesos. No obstante, tal pareciera que es incapaz de recorrer este camino encerrada en sí misma y requiere del concurso, del acompañamiento y de la presión de la sociedad civil, de los movimientos sociales, de los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, así como de las instancias multilaterales como la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos; la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, la Misión de Seguimiento de Naciones Unidas al Acuerdo de Paz, el Consejo de Seguridad de la ONU y la Corte Penal Internacional. Por supuesto, también se requiere del concurso de Estados democráticos capaces de influir en los procesos de reconciliación nacional. Máxime, en el contexto geopolítico actual y sus implicaciones transnacionales.
Entre más sola esté la sociedad colombiana para avanzar por los caminos de la verdad y la justicia, más exigente será el esfuerzo de los movimientos sociales y del campo democrático para superar los factores de impunidad, como lo muestra la actual coyuntura política. El mayor acompañamiento internacional permitirá el aislamiento de la élite violenta, como lo enseñan las experiencias internacionales. La prioridad es evidenciar ante el mundo el verdadero rostro antidemocrático de la élite que persiste en mantener su hegemonía por caminos de impunidad, de intimidación, de violencia, de criminalización de la lucha social y degradación de las relaciones sociales.
Fuentes:[1] Cepeda Iván y Sanguino Antonio.[2] Colprensa. Cámara negó la moción de censura contra el ministro de Defensa, Diego Molano. El País.com.co. Mayo 4 de 2022.
Recuperado de: https://www.elpais.com.co/politica/la-camara-nego-la-mocion-de-censura-contra-el-ministro-de-defensa-diego-molano.html[3] Cámara de Representantes. Plenaria Cámara de Representantes: Debate Moción de Censura MinDefensa – 26/04/2022.
Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=uECgAcHVL7Y[4] Miranda Peña Katherine y Otras/os. Proposición Moción de Censura. Cámara de representantes. Abril 22 de 2022.
Recuperado de: https://www.camara.gov.co/sites/default/files/2022-04/MOCI%C3%93N%20DE%20CENSURA%20MINISTRO%20DE%20DEFENSA%20NACIONAL%202022%20(1).pdf[5] Aristizábal Mora Rafael Alberto. Piden a la Corte Penal Internacional reabrir su investigación preliminar contra Colombia. WRadio. Mayo 05 de 2022.
Recuperado de: https://www.wradio.com.co/2022/05/05/hepatitis-aguda-en-colombia-esto-es-lo-que-se-conoce/[6] Noticias Uno. “Otoniel” da nombres de 63 aliados del narcoparamilitarismo. Mayo 2 de 2022.
Recuperado de: https://twitter.com/NoticiasUno/status/1521104719090884608?s=20&t=p_XatFpXMCTOOWXyZ4tXLA[7] Infobae. “Lo ocurrido en Catatumbo no se trató de hechos aislados o de una repetición accidental”: JEP. Abril 26 de 2022.
Recuperado de: https://www.infobae.com/america/colombia/2022/04/26/en-vivo-siga-la-transmision-de-la-audiencia-de-reconocimiento-por-falsos-positivos-en-el-catatumbo/[8] Forero Rueda Sebastián. Las escenas tras la histórica audiencia de reconocimiento por “falsos positivos”. El Espectador. Colombia +20. Abril 30 de 2022.
Recuperado de: https://www.elespectador.com/colombia-20/jep-y-desaparecidos/falsos-positivos-detalles-de-la-audiencia-de-reconocimiento-de-militares-en-la-jep/[9] Bernal Parra Luz Marina. Comunicado a la Opinión Pública. Ante la Audiencia de Reconocimiento de Responsabilidades del Caso 003-JEP. Abril 28 de 2022.
Recuperado de: https://twitter.com/LuzMBernalParra/status/1520019898952560642?s=20&t=kItBdrabGKUWiCiHLJERbQ[10] Los Grandes Casos de la JEP. 06 – victimización de la Unión Patriótica. Febrero 26 de 2019.
Recuperado de: https://www.jep.gov.co/especiales1/macrocasos/06.html[11] Patiño Juan Pablo. 5.733 personas fueron asesinadas o desaparecidas por pertenecer a la UP: JEP. El colombiano. Abril 22 de 2022.
Albeiro Caro Fernández, Coordinador del Programa Territorio, Paz y Desarrollo, Corporación Nuevo Arco Iris