Por Albeiro Caro / Coordinador del Programa Territorio, Paz y Desarrollo ,Corporación Nuevo Arco Iris.
El proceso transcurrido entre la captura de alias Otoniel, el comandante del Clan del Golfo – o como lo dijera en sus declaraciones, de su “entrega voluntaria”, verificable en un rostro radiante y confiado, contrastante con el semblante atribulado de su presuroso traslado a Estados Unidos – se convirtió en una extradición exprés. El trasfondo está colmado de interrogantes con respecto a los numerosos personajes implicados en el conflicto, de tragedias provocadas por el Paro Armado realizado durante cuatro días por el Clan del Golfo, con mayor celeridad, violencia en contra de la población y rienda suelta a su ejecución, a partir de la extradición de Otoniel, como nunca se había visto en el país, así como de incertidumbres con respecto a las intenciones del régimen uribista de quedarse en el poder contra viento y marea en medio de la enconada coyuntura electoral.
Los expertos en estos asuntos plantean que el tiempo normal para un trámite de extradición es de nueve meses. En el caso de Otoniel, el lapso transcurrido entre el 23 de octubre de 2021, día en que quedó en manos de la Fuerza Pública y el miércoles 4 de mayo, fecha de su extradición exprés representa un tiempo record de seis meses.
Esto, contrasta con el caso de Carlos Antonio Moreno Tuberquia, alias Nicolás, segundo comandante del Clan del Golfo, cuyo trámite demoró cerca de cuatro años y se efectuó el 25 de marzo pasado; estaba colaborando con la JEP y la Comisión de la Verdad; pero, terminó clamando por ser extraditado por temor a ser asesinado, en el contexto de los conflictos provocados por las declaraciones de Otoniel y de la sospechosa “fuga” de Matamba, comandante del grupo La Cordillera, asociada al Clan del Golfo, ocurrida el 18 de marzo, quien había expresado su disposición a declarar antes de ser extraditado y cuyo agente facilitador del Inpec, el Inspector de la Cárcel de La Picota, Milton Libardo Jiménez, denunció que se había tratado de una desaparición.
Como se recuerda, el trato suave y los tiempos de trámite de extradición cambiaron sustancialmente después que alias Otoniel comenzara a rendir sus declaraciones ante la JEP y la Comisión de la Verdad, en calidad de testigo en los Macrocasos 03, relacionado con los denominados “Falsos Positivos”, particularmente en Casanare y el papel del Bloque Centauros y el Macrocaso 04, concerniente al genocidio en Urabá.
La gestión del grupo de víctimas del Cacarica, Las Camelias, Murindó y Jiguamiandó, representado por la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, buscaba mediante el recurso de tutela presentado, inicialmente, ante la Sala de Reconocimiento de la JEP y luego de ser rechazado, ante el Consejo de Estado el garantizar el derecho a la verdad mediante la suspensión temporal de la extradición de Otoniel para que se pudiera presentar en calidad de tercero civil ante el tribunal de la JEP. También, Otoniel con su equipo jurídico había presentado un recurso de tutela buscando responder por sus delitos en Colombia.
No obstante, los esfuerzos, tanto de las víctimas como del imputado y de su equipo de abogados fueron infructuosos. Con posterioridad a la firma presidencial del documento de extradición de Otoniel, el Consejo de Estado había ordenado, como medida cautelar del 28 de abril, suspender la extradición mientras se resolvía el recurso de tutela interpuesto por las víctimas de Antioquia y Chocó. No obstante, la presión gubernamental ante las declaraciones que estaba rindiendo Otoniel ante la JEP y la Comisión de la Verdad llevaron al cambio abrupto de la medida cautelar y a la extradición presurosa de Otoniel el mismo día 4 de mayo. El día 2 de mayo, mediante recurso de tutela, la Unidad Investigativa de Noticias Caracol había logrado el acceso a Otoniel para la realización de una frustrada entrevista programada para el día 05 de mayo.
Como es de recordar, las declaraciones de Otoniel ante la JEP y la Comisión de la Verdad, en calidad de testigo, dado su carácter reservado, no tuvieron al principio mayor resonancia. No obstante, la información que se fue filtrando a los medios produjo gran impacto e incomodidad al seno del gobierno y de los organismos de seguridad. Las declaraciones ante la Comisión de la Verdad pasaron por el escándalo del robo de equipos de grabación que no lograron afectar el control de los testimonios, por estar los archivos a buen recaudo. Luego, Otoniel volvió a presentar declaración ante la JEP, al paso que el gobierno tramitaba su extradición.
En el interregno entre los trámites de extradición y de recursos de tutela, Otoniel alcanzó a presentar una lista de 62 personas, según sus declaraciones, presuntamente implicadas en actividades del clan del Golfo. Entre ellas, como muestra Infobae [1], se destacan Generales, como Mario Montoya y Leonardo Barrero, Jorge Noguera y Orlando Rivas del extinto DAS, exgobernadores del Casanare, como William Hernán Peláez, Miguel Ángel Pérez Suárez y Óscar Raúl Iván Flórez; de Antioquia, como Luís Pérez; congresistas en ejercicio como Miguel Ángel Pinto, excongresistas como Milton Rodríguez Sarmiento, Jorge Camilo Abril Tarache y Carlos Cárdenas Ortiz; Exministros de Uribe, como Sabas Pretelt de la Vega. También, implica a las Universidades de Cartagena y Sergio Arboleda, en dinámicas de contratos, así como a Ecopetrol y la gobernación del Casanare.
Como muestran Johanna Álvarez Quintero, Ricardo Calderón y Jaime Flórez Suárez [2], Noticias Caracol recuperó 15 horas de grabación de las declaraciones aportadas por Otoniel ante la JEP, previo a su extradición. En dichas grabaciones informa la manera cómo fueron agentes del Estado quienes lo convirtieron en jefe paramilitar y cómo trabajó en alianza con el Ejército desde su proceso de integración a la Casa Castaño, posterior a una falsa desmovilización de la disidencia del EPL realizada en el año de 1996.
El montaje permitió darle un piso de legalidad al paso al paramilitarismo y un positivo a la Séptima División del Ejército. Con el paso al paramilitarismo se convirtió en jefe de las AUC para operar en los Llanos Orientales y luego en Urabá, para el desarrollo de operativos conjuntos con las fuerzas Armadas, obteniendo información, servicios de transporte, armamento, municiones y logística, relaciones con el DAS y, luego, con los políticos, hasta llegar a la creación del llamado Clan del Golfo en 2007 comandado, inicialmente, por Daniel Rendón Herrera, conocido como don Mario, también integrante del Bloque Centauros.
Volviendo al momento de la extradición realizada el cuatro de mayo, a menos de un mes de la primera vuelta de la elección presidencial, el ambiente fue caldeado por la virulenta reacción del Clan del Golfo. En sus comunicados argumentaba los hechos violentos iniciados el 5 de mayo a las 5 A.M. como forma de protesta ante la negación del gobierno a que Otoniel declarara la verdad que esperaban las víctimas. Paradójicamente, mientras esto sustentaban, paralelamente atacaban a esas comunidades afectadas por el conflicto.
Según la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), como muestra SWI swissinfo.ch [3] durante cuatro días, desde el cinco de mayo se presentaron, al menos, 309 hechos de violencia en 178 municipios de 11 departamentos.
El 100% de los municipios de La Guajira y Chocó fueron afectados. Todos los departamentos de la Costa Atlántica sufrieron la violencia ejercida por el Clan del Golfo. El 16% de los municipios del país tuvieron afectaciones del derecho a la vida, a la integridad física y a la libre movilidad.
Según la JEP, fueron asesinados 24 civiles y dos miembros de la fuerza pública. En Cereté-Córdoba fue asesinado Francisco Miguel Soto López, comerciante de plátano, presuntamente por miembros del Clan del Golfo que le exigían cerrar su negocio. También, fue asesinado el líder del Pacto Histórico Elkin Echavez, en la Mojana Sucreña, Vereda Buenos Aires. En dicha región, los militantes del Pacto Histórico debieron cerrar sus sedes y apagar sus emisoras comunitarias.
En dicho contexto, 15 emisoras comunitarias de Antioquia decidieron suspender sus actividades con el fin de eludir la intimidación y la presión para transmitir comunicados del Clan del Golfo encaminados a amedrantar a la población, como lo informa Carolina Lenis en el Portal 070 [4]. En Córdoba
Hubo cinco ataques a misiones humanitarias. Después, un policía y un soldado fueron asesinados, presuntamente, por integrantes del Clan del Golfo cuando atacaron con explosivos una caravana humanitaria en Cañasgordas al noroeste de Antioquia.
Fueron afectados 187 vehículos entre camiones, autobuses y motocicletas. Se presentaron 22 ataques a la Fuerza Pública. Se presentaron bloqueos en 26 vías, 138 comunidades fueron confinadas. El flujo de pasajeros se redujo. Según Laura Gamba y Aicha Sandoval en reporte para AA Mundo [5], se presentó desabastecimiento de gas en Antioquia, afectando a 77.000 personas y, según la presidenta Ejecutiva de la Federación Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera (Colfecar), Nidia Hernández, informó que el paro dejó pérdidas superiores a los USD 3,2 millones.
También, se informa que hubo 102 arrestos por parte de la Policía, incluyendo a un Líder del clan del Golfo en el Magdalena.
No obstante, hay serias críticas al Gobierno y a la Fuerza Pública en razón del nivel de desprotección en que se sintieron las comunidades. Los hechos evidencian que fueron las personas de las comunidades las más afectadas; no se conocen afectaciones a infraestructura ni a peajes, como suele suceder en esos contextos de violencia. Los comercios de grandes superficies se mantuvieron abiertos y hubo ciudades donde el Clan del Golfo hizo levantamiento parcial del Paro con el fin de que la gente pudiera abastecerse. Cuando se cumplía el horario comenzaba nuevamente la intimidación, las quemas y balaceras, como se pudo evidenciar a través de las redes sociales.
Mientras todo ello ocurría, como reflejo macondiano de la desigualdad social imperante, en Montería se pudo celebrar una fiesta matrimonial de la élite en el Club Campestre del Barrio El Recreo. Como muestra Sally Palomino en el Diario El País [6]. Allí, después de pasar raudamente y con fuerte escolta militar, la celebración de la boda se extendió hasta la madrugada con fuegos artificiales y concierto musical. En ella estuvieron David Barguil, barón electoral conservador de la campaña de Fico Gutiérrez, quien paradójicamente pedía seguridad a través de redes sociales. Le acompañaban Rodrigo Pimienta y Camila Sotomayor, Jorge Rodrigo Tovar, Hijo de Jorge 40, elegido representante de las víctimas en la Cámara, Erasmo Zuleta del Partido de la U, Wadith Manzur, expulsado de la JEP, quien intentó acogerse en medio de un proceso por convenios políticos con grupos paramilitares.
No se comprende cómo pudo celebrarse dicha fiesta cuando, incluso, el Deportivo Independiente Medellín, la noche anterior (siete de mayo) desistió de participar en un partido del fútbol profesional como criterio de prevención de riesgos y de solidaridad con los habitantes de Córdoba y Montería ante la situación, como lo manifestó mediante comunicado. Sin embargo, el alcalde de Montería y el presidente de la Dimayor forzaron la realización del partido que permitió al Equipo Jaguares obtener tres puntos por W ante la no presencia de su rival. Naturalmente, el juego estaba planificado sin la posibilidad de asistencia de aficionados, aunque con fuerte presencia de Fuerza Pública. Esto motivó una protesta de todos los futbolistas del país, desde sus respectivos clubes. El hecho en sí mismo vale la pena reseñarlo como otra alegoría significativa de lo que pasaba en ciudades y campos con el llamado Paro Armado.
Mientras tanto, la soledad de las calles, la intimidación y las detonaciones reinaban en Montería como una de las ciudades más afectadas por el denominado Paro Armado del Clan del Golfo.
Simultáneamente, el Presidente Duque asistió ese domingo 8 de mayo a la posesión del nuevo Presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves Robles, sin que hubiera ningún pronunciamiento gubernamental frente al paro armado.
De hecho, las carreteras y poblados quedaron a merced de los grupos armados del Clan del Golfo. Éstos, mediante mensajes de WhatsApp, panfletos, comunicados en redes sociales y consignas pintadas en las paredes impartieron órdenes para ejecutar lo que se convirtió, prácticamente, en un plan candado en contra de la población.
En este contexto, el alcalde de Frontino, municipio de Antioquia, Jorge Hugo Elejalde, como muestra MSN [7], manifestó su preocupación por la situación de riesgo y el control del Clan del Golfo. El alcalde señaló que el Estado los olvidó y que dos tipos con fusiles ponen las condiciones en la zona. En tal sentido, le pidió apersonarse del caos existente en la zona. Así mismo, se quejó del Ministro del Interior por su desdén frente a reclamos presentados en Consejos de Seguridad, meses atrás.
En sus declaraciones a la JEP, Otoniel explicaba cómo en muchos municipios, al igual que en las altas jerarquías de las Fuerzas Armadas, las autoridades civiles y militares recibían retribuciones de parte del Clan del Golfo. Tal vez, esto explica la pasividad; el “dejar la cancha despejada” en la mayor parte de los territorios y la tímida confrontación. En otros casos, se presentaron denuncias a través de redes sociales, de involucramiento de exmilitares o de personal activo en episodios de actuación ilegal.
Dada la coyuntura electoral del país, surge la inquietud acerca de por qué el gobierno actuó tan tímida y tardíamente para contrarrestar la acción del Clan del Golfo. Al respecto, se tiende a pensar que el gobierno especula con el miedo como recurso de intimidación ante el descontento social y la evidencia de pérdida de caudal electoral. No obstante, las comunidades empiezan a cuestionar el propio miedo cuando la intimidación, la violación de derechos humanos, la exclusión y la desigualdad social se vuelven crónicas.
También, se concibe la posibilidad de la existencia de conflicto y descontento al seno de los grupos delincuenciales con quienes los políticos de la élite han tenido negocios, dado el hecho de la proliferación de extradiciones en los últimos días, como recurso de campaña y como manera de acallar el derecho de las víctimas a la verdad. No sería la primera vez que esto pasara, pues el antecedente está en la extradición de los 13 comandantes de las AUC, con quienes se fue la verdad del conflicto durante el primer gobierno de Uribe Vélez.
En lo que respecta a los movimientos sociales en los territorios, surge un esfuerzo mancomunado por la consolidación de mínimos humanitarios que permitan sacar a las comunidades de las acciones armadas. Se procura poner en el centro el respeto por los derechos humanos y se busca el acompañamiento internacional, al respecto.
Aunque desde la Embajada Norteamericana se ha planteado la viabilidad de la continuidad de las declaraciones de Otoniel para responder al derecho a la verdad de las víctimas, la experiencia de las 13 extradiciones anteriores muestra que dichas declaraciones se dificultan y fragmentan en el tiempo y el espacio. Se coarta la comunicación de los victimarios con las víctimas; se dificulta la capacidad de interrogación y de sustento, por lo que las versiones se vuelven anecdóticas, se aleja la posibilidad de sustentar la responsabilidad de agentes estatales y privados en los hechos, con lo cual se abona el camino de la impunidad.
En lo que concierne al Gobierno Biden se valora y plantea la importancia de medir la política antidrogas de manera integral. Es decir, de pasar de la simple medición de hectáreas erradicadas al cumplimiento de los planteamientos del Acuerdo de Paz. A la sustitución de cultivos, la erradicación voluntaria, la reforma agraria, el enfoque de salud pública, a la persecución de la cadena del narcotráfico en sus eslabones de transformación y transporte.
Así mismo, en el contexto de la flexibilización de relaciones con Venezuela por parte del gobierno de Estados Unidos y en el marco del relevo gubernamental en Colombia, también se abre la posibilidad de ampliar el abanico de negociaciones de paz, incluyendo el retomar las dinámicas de negociación con el ELN y las disidencias, así como avanzar en el sometimiento colectivo a la justicia de los grupos delincuenciales. Desde esta óptica adquiere sentido refrendar los derechos de las víctimas a la verdad y a la justicia restaurativa, como elemento nodal del desmantelamiento de las organizaciones criminales.
La coyuntura electoral muestra, al tiempo, el temor de la élite a que se conozca la verdad. En tal sentido, los hechos se atropellan y reclaman dinámicas pacíficas de movilización social con incidencia y acompañamiento de los organismos internacionales de derechos humanos, de la Corte Penal Internacional, instancia que debe reabrir los casos relacionados con Colombia.
Fuentes:[1] Infobae. La lista completa de funcionarios y políticos salpicados por ‘Otoniel’ en sus declaraciones ante la JEP. Mayo 01 de 2022.
Recuperado de: https://www.infobae.com/america/colombia/2022/05/01/la-lista-completa-de-funcionarios-y-politicos-salpicados-por-otoniel-en-sus-declaraciones-ante-la-jep/[2] Álvarez Quintero Johanna, Calderón Ricardo y Flórez Suárez Jaime. La confesión de ‘Otoniel’: con apoyo de altos militares y políticos creció un monstruo. Noticias Caracol. Mayo 16 de 2022.
Recuperado de: https://noticias.caracoltv.com/informes-especiales/la-confesion-de-otoniel-con-apoyo-de-altos-militares-y-politicos-crecio-un-monstruo-rg10[3] SWI swissinfo.ch. “Paro armado” deja más de 300 hechos de violencia que afectan a Colombia. Mayo 10 de 2022.
Recuperado de: https://www.swissinfo.ch/spa/colombia-violencia_-paro-armado–deja-m%C3%A1s-de-300-hechos-de-violencia-que-afectan-a-colombia/47580078#:~:text=Bogot%C3%A1%2C%209%20may%20(EFE),%C3%9Asuga%2C%20alias%20%22Otoniel%22.[4]. Lenis Carolina. “No somos la oficina de comunicaciones de ningún grupo al margen de la ley”: Juan Guillermo Cano –Asoredes.- Portal 070. Mayo 18 de 2022.
Recuperado de: https://cerosetenta.uniandes.edu.co/no-somos-la-oficina-de-comunicaciones-de-ningun-grupo-al-margen-de-la-ley-juan-guillermo-cano-asoredes/[5] Gamba Laura y Sandoval Aicha. El balance del paro armado que afectó a gran parte del noroccidente de Colombia donde al menos diez personas murieron. AA Mundo. Mayo 10 de 2022.
Recuperado de: https://www.aa.com.tr/es/mundo/el-balance-del-paro-armado-que-afect%C3%B3-a-gran-parte-del-noroccidente-de-colombia-donde-al-menos-diez-personas-murieron/2583818[6] Palomino Sally. La élite política conservadora celebra una fiesta en medio del paro armado en Colombia. El País. Mayo 09 de 2022. Nogotá.
Recuperado de: https://elpais.com/america-colombia/2022-05-10/la-elite-politica-conservadora-celebra-una-fiesta-en-medio-del-paro-armado-en-colombia.html[7] Agenciapi.co. “Es muy fácil ser bravo desde palacio”: Alcalde de Frontino contra Duque. Mayo 10 de 2022.
Recuperado de: