Por Albeiro Caro / Coordinador del Programa Territorio, Paz y Desarrollo de la CNAI
En su Informe Final, la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad – CEV- define la impunidad como un factor de persistencia en el conflicto armado. Lo plantea como un “déficit de justicia histórico, generalizado y permanente respecto a las violaciones producidas contra millones de víctimas en el conflicto armado colombiano”. La CEV evidencia este factor como un círculo vicioso que se constituye en causa y consecuencia de las violaciones derivadas del conflicto, del desconocimiento de la justicia como un derecho. Le confiere a la impunidad dimensiones jurídicas y políticas al servicio de intereses oficiales o privados donde la evasión de la responsabilidad frente a las graves violaciones cometidas aumenta las probabilidades de repetición, a la vez que debilita la legitimidad institucional al transmitir un mensaje de desesperanza social que deriva en desconfianza hacia el Estado. El no esclarecimiento de fondo, en relación con los casos, a pesar de las denuncias o de las alertas tempranas planteadas ante los entes de control lleva, como problema histórico, a una cultura de ilegalidad alentada por el temor a denunciar.
El entramado de impunidad se evidencia, a través de los años, en factores como: la baja respuesta a las víctimas; en especial, en casos de derechos humanos, por indiferencia, burocratización, falta de acceso a los territorios, por vencimiento de términos y atajos jurídicos. Por encasillamiento en estados de excepción, omisiones o tendencias contrainsurgentes sin sanción a violaciones de derechos humanos. Por ataques al sector judicial y al compromiso de funcionarios honestos, por persecución, asesinato, corrupción o cooptación institucional para neutralizar las investigaciones, así como la incidencia negativa de la extradición, frente a los derechos a la verdad y a la justicia.
La CEV resalta que, pese a la multiplicidad de informes, sentencias y medidas cautelares de La Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la Comisión Interamericana, del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y de las recomendaciones para evitar los niveles de impunidad, el Estado ha respondido con rechazo, lo que evidencia que la justicia ha sido un poder al que se ha buscado neutralizar. Al tiempo, la CEV valora el coraje y la resistencia con la que, a menudo, han respondido muchas personas comprometidas con el cumplimiento de su deber desde las instituciones, incluso, a costa de su seguridad personal, de la de sus familias y de sus vidas.
Para ilustrar la profunda incidencia de la impunidad en Colombia, la CEV retoma datos de la Fiscalía General de la Nación presentados a la JEP para mostrar un “claro déficit de investigación judicial”. Por hechos cometidos antes del 1 de diciembre de 2016 la Fiscalía en abril de 2018 reportó 223.282 casos de jurisdicción ordinaria relacionados con el conflicto armado, con 184.951 víctimas. El Registro Único de Víctimas a 2002 contaba 9.363.124 víctimas, lo que evidencia la enorme brecha entre lo ocurrido y lo que se investiga. En desaparición forzada no hay consolidación de registros pero, según fuentes oficiales, son casos que superan las 120.000 personas.
En autoría de delitos, en cuatro de cada diez casos reportados se desconoce el grupo implicado. Esto se evidencia en el 39,4% de 280.471 casos indiciados donde se desconoce el grupo responsable; en un 25% la autoría identificada es de grupos paramilitares, el 23,4% corresponde a las Farc EP, el 6,2% a la Fuerza Pública, el 4,6% al ELN y 1,5% a otros grupos de guerrillas.
En el caso de violaciones al DIH y reclutamiento de menores (forzado en todos los casos) se cuentan 4.219 investigaciones en la Fiscalía frente a diez condenas derivadas de Justicia y Paz. Solamente están activas 1.291 investigaciones, 1.001 están inactivas y no hay registro del estado de 1.927 casos. Los reportes de la Fiscalía corresponden al Informe No.4 cuyos presuntos autores son miembros de las Farc EP, con 5.252 víctimas y 5.043 procesados.
En la retención ilegal de personas (denominado comúnmente “secuestros”) el Informe 2 presentado a la JEP por parte de la Fiscalía registra 6.162 investigaciones relacionadas con las FARC EP con 8.163 víctimas y 275 sentencias condenatorias contra 614 personas, donde se incluye al Estado Mayor Central y al Secretariado. Sin embargo, el Informe de la CEV destaca la baja efectividad dado que, por largo tiempo, no hubo consecuencias jurídicas ni participación real de las víctimas en el proceso. Todo ello se incorpora al proceso de la Justicia Especial para la Paz – JEP. A la firma del Acuerdo de Paz, la cifra de detenidos reconocidos de Farc EP fue de 3.015 personas, lo que permite deducir que, pese a las limitaciones, hubo algunos resultados.
Los avances significativos se evidencian cuando las instituciones o los funcionarios independientes trascienden las ópticas de individualización y ponen en marcha metodologías que se enfocan en la identificación de redes, entramados y contextos, lo que permite comprender las problemáticas de la violencia. También, dice el Informe, se evidencian avances cuando hay acceso a las víctimas en condiciones de seguridad y se avanza en la investigación de casos de macro criminalidad, se entienden las conexiones de impunidad en los territorios y los tentáculos que capturan la justicia como otro campo de disputa del conflicto armado.
No obstante, el Informe subraya el predominio del fraccionamiento de los procesos judiciales en los expedientes abiertos por violación de los derechos humanos en el marco del conflicto armado, el estudio de crímenes aislados y la muy escasa investigación sistemática “de largo aliento para desarticular estructuras armadas”. Señala, así mismo, que no se advierten resultados convincentes, lo que incide como factor determinante en la prolongación, por décadas, del conflicto armado. En esa dinámica, la justicia llega más a los ejecutores de bajo rango que a los determinadores responsables de ordenar, planear y financiar la violencia. El Informe deplora que no exista una instancia encargada de sistematizar el esclarecimiento de la actuación de la justicia para aportar a la sociedad los hallazgos, avanzar hacia la no repetición y aportar a la memoria de las víctimas en el esclarecimiento de la verdad.
Referente a coberturas, el Informe destaca los avances en las condiciones laborales de la rama judicial, en contraste con los tiempos de precariedad, dependencia del ejecutivo e injerencia de los partidos políticos. En 2018 se logró tener presencia en los 1.103 municipios, frente a 970 en 1993. A pesar de esta cobertura del 100%, según cifras del Consejo Superior de la Judicatura, mientras los procesos aumentan en 264% el número de despachos judiciales permanentes solo creció en un 38%. El contraste es notable frente a países de la OCDE que no tienen conflicto armado con violaciones masivas: mientras el estándar de la OCDE es de 64 jueces por cada 100.000 habitantes, en Colombia la cifra oscila entre 2016-2020 entre 11 y 11,3 despachos por cada 100.000 habitantes.
La confluencia de los elementos adversos a la acción judicial: la precariedad, las barreras de acceso a los territorios y la afectación del conflicto armado han condicionado la acción de la justicia. El Informe aborda casos emblemáticos como la masacre de La Rochela en enero de 1989 y sus efectos sobre medidas restrictivas para acceder a los territorios para cumplimiento de misiones por parte de los investigadores judiciales, de Procuraduría, de Medicina Legal y de fuerzas de Policía.
También el sistema carcelario ha sido parte de este drama donde contrastan la precariedad extrema del común de las personas privadas de la libertad con lo que el Informe denomina “burbujas de bienestar” para internos con poder económico y político. El Informe recuerda, también, el papel del Bloque Interno Capital que operó desde la Cárcel Modelo de Bogotá e incidió en el paramilitarismo de la ciudad, mientras las guerrillas participaban, desde allí, en los canjes de militares y policías cautivos en la selva. Son ejemplos que muestran estos establecimientos como espacios de negociación de la guerra y de la impunidad, de transacción de subrogados penales, de sentencias laxas y de políticas de sometimiento a la justicia. Frente al grueso número de detenidos por causas comunes, mulas de narcotráfico, campesinos cocaleros, funcionarios de bajo rango procesados por delitos contra la administración pública e internos, presuntamente, implicados en acciones de guerra. En contraste está la ocasional y rara minoría de internos que son máximos responsables de violaciones de derechos humanos y de lavadores de activos. De este modo, las cárceles reafirman las redes criminales, la impunidad y son escenario evidente de la crisis judicial.
El Informe resalta el papel del denominado “cartel de la toga” que involucra exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia y un fiscal anticorrupción, además de congresistas, exgobernadores y abogados, con desvío de expedientes de la parapolítica y de la corrupción.
El Informe destaca la paradoja del número de reformas a la justicia impulsadas por los poderes ejecutivo y legislativo, desde mediados del siglo pasado, en contraste con su menor impacto. Colombia se ha llenado de normatividad y jurisprudencia sobre derechos humanos e infracciones al DIH, para atender a las víctimas, en contraste con los juicios integrales de responsabilidades. También, se ha pronunciado la justicia internacional desde la Corte Interamericana y hay resoluciones de los organismos de Naciones Unidas. Pero, predominan el desacato y el incumplimiento. Pese al refuerzo de la justicia en la Constitución de 1991, a través de la Fiscalía, la Corte Constitucional y la Defensoría del Pueblo subsisten los bloqueos a los mecanismos relevantes de investigación.
Los avances en la investigación de delitos contra los derechos humanos llevaron a la creación de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía en 1994 (UDH-FGN) pasando a ocuparse de tareas que eran de competencia de la Procuraduría cuyas investigaciones no tenían consecuencias penales. El primer grupo de 25 fiscales fue infiltrado por el paramilitarismo, en tiempos de Carlos Castaño; a este grupo se le intimidó con amenazas e intervención de militares. En 2001, el Fiscal Luís Camilo Osorio quien frenó la detención preventiva del General Rito Alejo del Río por complicidad con grupos paramilitares en Urabá, a la vez que solicitó la renuncia del Jefe de la UDH-FGN quien recibió apoyo del Fiscal General encargado y hubo investigaciones en contra de miembros del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) que participaron de la investigación y del arresto. Al respecto se pronunció la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Otro caso relevante, de esfuerzo de investigadores judiciales, de filtración, ataque a la justicia e impunidad es el del Parqueadero Padilla al frente del Centro Administrativo La Alpujarra, en el centro de Medellín. Como dice el Informe, en 1998, un grupo del CTI encontró un foco de operación del paramilitarismo donde quedó al descubierto el entramado financiero de las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá (ACCU). Se encontraron organigramas, contabilidad, equipos de comunicación; quedó al descubierto la estructura paramilitar, su incidencia territorial, los aportes de empresarios y ganaderos, así como los nexos con miembros de la fuerza pública.
Aparecieron nombres de empresas, organizaciones y testaferros. Las personas procesadas se sometieron a sentencias anticipadas. Jacinto Soto Toro capturado el día del operativo e imputado como jefe de finanzas de la organización se fugó por la puerta de la Cárcel de Bellavista mediante boleta de libertad de un Fiscal que la expidió mediante fraude. Años después, en investigaciones realizadas con relación a una cuñada de Carlos Castaño, acerca de las actividades de Funpazcor se evidenció el alcance del despojo de tierras. Desde entonces, los obstáculos desde la Fiscalía a las investigaciones consistieron en los traslados y la desaparición de expedientes, como ocurrió con el caso del ya mencionado Parqueadero Padilla.
La cooptación de la justicia por parte del paramilitarismo fue otro método empleado, como en tiempos del Fiscal Luís Camilo Osorio. Como lo han denunciado organismos nacionales e internaciones de derechos humanos, la política de investigación sobre casos relevantes en contra de agentes del Estado o del paramilitarismo fue, como dice el informe, “bajar el perfil”, postergar o dejar de investigar”. Fueron comunes los súbitos traslados de funcionarios, las destituciones, la supresión de comisiones investigadoras, el cierre de investigaciones y demás obstáculos.
Además, funcionarios cooptados desviaron la garantía e independencia de la justicia en provecho propio. Así, fue asesinada Yolanda Paternina Negrete, directora de la oficina regional de Fiscalía de Sincelejo quien investigaba la masacre del Chengue en 2001 donde estaban implicados alias Cadena y miembros de la Primera Brigada de Infantería de la Armada. Un escolta, como pretexto habitual, se excusó por enfermedad y dos sicarios la ultimaron frente a su casa. En ese año, dice el Informe, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos registró el asesinato de tres fiscales, dos jueces y cinco miembros del CTI, así como la desaparición forzada de dos servidores de la judicatura, el secuestro de otros cuatro y más de cincuenta casos de amenazas, sin que la Fiscalía hiciera nada relevante para investigar.
Como parte de la corrupción institucional y la cooptación por el paramilitarismo, el Informe destaca el papel de Guillermo León Valencia Cossio, fiscal delegado ante el Tribunal superior de Antioquia, en tiempos del fiscal Luís Camilo Osorio y Director Seccional de Fiscalías de Medellín hasta 2008. La Corte lo encontró responsable como “emisario de una organización criminal”. Caso similar fue el de Ana María Flórez en Cúcuta, también Directora Seccional de fiscalías. Ella había reemplazado a Carlos Pinto, asesinado en 2001 y, a su vez, dice el Informe, él era el reemplazo de María del Rosario Silva asesinada por alias El Iguano. El Jefe de la Unidad de Policía Judicial del CTI, Jesús David Corzo también fue asesinado por alias El Iguano como retaliación por haberlo capturado en el año 2000. Este paramilitar reveló distintas formas de complicidad entre paramilitares, agentes de la Fiscalía y del CTI en una región donde se implementó la práctica de los hornos crematorios para desaparecer evidencias de homicidios.
Esta práctica se extendió a otras regiones y se investigó en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, como organismo competente para evaluar la actuación del Fiscal. Sin embargo, nunca se avanzó en las indagaciones de rigor. La gravedad de la implicación de agentes de la Fiscalía y del CTI también se evidenció en el macro caso de los “Falsos Positivos” mediante fraudes y pruebas fraudulentas como parte del esquema de impunidad que llevó a la muerte, al menos a 6.402 víctimas entre 2002 y 2008.
En relación con los Tribunales de Justicia y Paz derivada del proceso de desmovilización de las AUC, solamente se habían postulado 3.635 paramilitares en 2010 frente a 31.671 reportados por el Gobierno. Es decir, 28.036 no tuvieron proceso ni condenas ni fueron individualizados. No obstante, la Contraloría presentó una cifra de mayor magnitud, al informar que únicamente se postularon el 6,7% de 58.161 desmovilizados registrados entre 2002 y octubre de 2016. A pesar de los resultados insuficientes y precarios, el proceso de Justicia y Paz permitió establecer el actuar del paramilitarismo, los nexos con la Fuerza Pública, las relaciones con empresarios y políticos, las masacres, las ejecuciones fuera de combate, las desapariciones, así como las actividades coordinadas con la Fiscalía y los militares para evadir investigaciones.
Los Tribunales de Justicia y Paz hasta junio de 2020 emitieron en la sala de Bogotá 40 sentencias condenatorias para 447 personas, incluyendo a los máximos comandantes de las AUC, quienes reconocieron judicialmente a más de 40.000 víctimas para reparación integral. La sala de Medellín profirió 15 sentencias condenatorias y 15 decisiones complementarias. La de Barranquilla 15 decisiones y dos adiciones. Para el mismo año, la Dirección de Justicia Transicional de la Fiscalía, agrega el Informe, reportó 1.625 registros de investigaciones activas, con 588 postulados condenados por el Tribunal de Justicia y Paz.
El Informe destaca la existencia de desmovilizaciones fraudulentas: miembros de grupos paramilitares reclutados a última hora, desmovilizaciones ficticias de bloques enteros, caso del Frente Cacica La Gaitana de las Farc EP, en marzo de 2006, en Alvarado-Tolima. Por estos hechos hubo detrimento patrimonial por cerca de 1.119 millones de pesos y fue imputado el excomisionado de Paz, Luís Carlos Restrepo, quien sigue prófugo de la justicia desde febrero de 2012.
También, la extradición de excomandantes de las AUC en 2008, acogidos a Justicia y Paz, se convirtió en un bloque gubernamental al derecho a la verdad de las víctimas. El argumento del presidente Uribe se refirió a la actividad delincuencial que continuaba desde los centros de reclusión. No obstante, la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia resaltó que la extradición debilitó las posibilidades de avanzar en la lucha contra la impunidad relacionada con las violaciones a los derechos humanos. En similar sentido se expresó la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y la corte Interamericana de Derechos Humanos señaló que, en contextos de conflicto armado, este tipo de medidas “limita seriamente el esclarecimiento de los crímenes” y afecta los derechos de las víctimas.
La Corte Interamericana reiteró que el Estado debe asegurar la cooperación y disponibilidad de los paramilitares extraditados ante las autoridades competentes. Según los testimonios ante la CEV las extradiciones ocurrieron por motivos políticos y se hizo caso omiso a los derechos de las víctimas. En 2020, La Justicia Transicional de la Fiscalía registró 447.471 formatos de víctimas interesadas en participar en los procesos de verdad. No obstante, muchas personas decidieron no hacerlo, entre otros factores, en razón de hostigamientos, amenazas y asesinatos ocurridos. Un caso emblemático es el de Yolanda Izquierdo Berrío, dirigente de la Organización Popular de Vivienda de Montería asesinada en 2007 por reclamar títulos de tierras para 700 familias despojadas por paramilitares. Como este, la CEV relata casos de víctimas de crímenes de estado y altos índices de impunidad, así como entramados de criminalidad con la participación de antiguos jefes intermedios acogidos o por fuera de Justicia y Paz que reciclaron la violencia.
La implicación de terceros civiles, agentes del Estado no combatientes y presuntos financiadores del paramilitarismo, a partir de los testimonios de Justicia y Paz llevó a compulsar copias y órdenes de abrir investigaciones en 2020, en corte de cuentas de la Fiscalía para 16.772 casos. En la lista están los nombres de empresarios, comerciantes, profesionales, ganaderos y propietarios de tierras que, presuntamente, auspiciaron el conflicto armado. Entre los agentes del Estado no combatientes se enumeran exalcaldes, exgobernadores, jueces, magistrados, fiscales, congresistas y el caso de los financiadores constituye otro capítulo pendiente, según el Informe de la CEV.
El caso de la parapolítica permitió revelar los vínculos entre paramilitares y políticos. Según Vicente Castaño en 2005, el 35% de los miembros del Congreso eran sus amigos e iban por más en las siguientes elecciones. Esta declaración fue reforzada por Salvatore Mancuso y llevó a la Corte Suprema a crear la Comisión Especial de Apoyo Investigativo con nueve magistrados auxiliares. Se encontró un entramado de alianzas locales, regionales y nacionales entre paramilitares y políticos. Sin embargo, esto no generó crisis política ni hubo cuestionamiento dentro de los partidos aliados del gobierno. Como afirma la CEV, “todo quedó en la voluntad de investigar de la Corte Suprema de Justicia”. Los avances se lograron desde la investigación independiente y el trabajo de campo con metodologías de contexto (al respecto, son de destacar los aportes realizados por la Corporación Nuevo Arco Iris desde el Observatorio del Conflicto de aquella época).
Como añade el Informe de la CEV, hacia 2007 el Departamento Administrativo de Seguridad-DAS- infiltró la Corte Suprema de Justicia en un contexto de cuestionamiento de su labor por parte del Gobierno. Tanto los Magistrados de la CSJ como personas líderes defensoras de derechos humanos y algunos empresarios fueron sometidos a vigilancia e interceptación de comunicaciones por parte del DAS. Sobre el caso existen diez sentencias de la CSJ y del Consejo de Estado. Se refieren a actuaciones del DAS desde 1987 y a los períodos 2002-2009 cuando se concentran significativamente los hechos delictivos. Es de recordar que el DAS hacía parte del Ejecutivo. Se dieron 25 casos con condena sobre un total de 40. En 2004 fueron proferidas cinco sentencias. Los delitos van desde concierto para delinquir agravado, violación ilícita de comunicaciones, uso ilícito de equipos transmisores o receptores, abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto y homicidio.
En relación con los ataques al poder judicial, en diversos períodos los avances de la justicia se frenaron mediante ataques, homicidios, presiones, cooptación y asedio en contra de testigos y operadores del sistema judicial. En los años ochenta el actor más violento, como lo dice el Informe de la CEV, fue el narcotráfico, en medio de la lucha entre carteles de la droga. Hubo, también, nexos criminales con sectores de las Fuerzas Armadas, políticos y empresarios que buscaron convertir la justicia en objetivo de escuadrones de la muerte para neutralizar las investigaciones en contra de los capos y sus aliados para evitar la extradición a Estados Unidos. Con los asesinatos del Ministro Lara Bonilla y, después, de varios magistrados y del Procurador Carlos Mauro Hoyos, del candidato presidencial Jaime Pardo Leal, fundador de Asonal Judicial, se evidenció la entrada del narcotráfico en la lucha contrainsurgente, su ataque a los diálogos de paz y a la apertura democrática.
En 1989, el gobierno Barco hizo pública una lista de 1.600 jueces amenazados de 4.000 existentes; sus enemigos eran el narcotráfico y el paramilitarismo que amenazaron sus entornos familiares y sociales. Hubo penetración del poder judicial, desplazamiento y exilio. El Grupo de Memoria Histórica tiene documentados hechos de violencia en contra de 1.487 funcionarios judiciales entre enero de 1979 y diciembre de 2009.
En diversos momentos del conflicto armado, como afirma el Informe de la CEV, la justicia vivió el ataque de grupos armados paramilitares y de guerrillas, así como de las Fuerzas Militares. Un caso relevante y trágico se refiere al holocausto del Palacio de Justicia el 6 y 7 de noviembre de 1985. La toma realizada por parte del M-19 y el contraataque por parte del ejército provocó la muerte de magistrados, guerrilleros y personal civil no vinculado a la justicia.
De otra parte, salen a flote las triangulaciones entre fuerzas paramilitares, narcotráfico, militares y asociaciones de ganaderos que habían estado sometidos al control de la guerrilla, como en el caso de las masacres en Honduras, La Negra y Punta Coquitos en Urabá a comienzos de 1988. Tal es el caso de la responsabilidad de miembros del Batallón Voltígeros, la Asociación Campesina de Ganaderos del Magdalena Medio (Acdegam) de Puerto Boyacá y con base en Fincas de Fidel Castaño e involucramiento del Alcalde de Puerto Boyacá, Alfredo Rubio. El paramilitarismo contrainsurgente se disfrazó como enfrentamiento entre las Farc y el EPL y se implicaron sicarios de las Escuelas del mercenario Israelí Yair Klein y militares del Batallón Voltígeros. Dos juezas que investigaban fueron asesinadas, como método violento de disuasión para funcionarios sucesores.
Por su parte, las guerrillas afectaron oficinas de juzgados en 26 de 1.755 tomas a poblaciones y atacaron 46 instituciones carcelarias. Esto incluyó amenazas en contra de funcionarios encargados de justicia. En 1991, plantea el Informe, las FARC EP masacraron una comisión encabezada por el Juez 75 de Instrucción Criminal Permanente de Bogotá, Luís Miguel Garavito y varios fiscales e investigadores de la Localidad de Usme. Esto provocó un paro judicial y Asonal Judicial emitió un comunicado recomendando a los jueces no adelantar diligencias judiciales en zonas de conflicto, lo que llevó a la estigmatización de las poblaciones y al miedo de los funcionarios que evitaron ser nombrados en las llamadas “zonas rojas”. También hubo amenazas, presiones, asesinatos de jueces y desplazamientos por parte del ELN en regiones como el Catatumbo, así como parte del EPL, en varios casos operando mediante subcontratación.
Es de resaltar el papel de los estados de Excepción como mecanismos que prologaron la impunidad. Tal es el caso del Estado de Sitio y las justicias creadas en dicho marco de la constitución de 1886. Esto permitió el juzgamiento de civiles por parte de tribunales militare mediante consejos Verbales de Guerra. Después de 1974, al terminar el Frente Nacional, la justicia penal militar continuó la investigación de delitos contra la seguridad del Estado. A esto se sumaron las torturas, los allanamientos, la anulación del derecho de defensa, los Consejos Verbales de Guerra, los jueces sin rostro y el caso emblemático del {estatuto de Seguridad durante el Gobierno de Julio César Turbay.
Los organismos de inteligencia, agrega el Informe de la CEV, han dicho que la denuncia sobre violación de los derechos humanos forma parte de la “guerra jurídica” como parte de una cruzada de la oposición a la guerra en el campo penal. De paso, se cuestionó la investigación disciplinaria de militares y policías, por parte de la Procuraduría. Pero, a menudo, la justicia penal militar fue responsable al validar coartadas y tuvo incidencia en el encubrimiento de Falsos Positivos con la legalización de hechos y falseamiento de Actas.
La CEV resalta dentro de la resistencia contra la impunidad el valeroso papel de Fabiola Lalinde, madre de Luís Fernando Lalinde asesinado por una patrulla del Ejército en 1984. En su operación Sirirí, Doña Fabiola se convirtió en ejemplo de lucha de familiares de desaparecidos hasta encontrar los restos de Luís Fernando y en referente del papel de las víctimas en los procesos de investigación. Perseguida y acusada falsamente de narcotráfico enfrentó el negacionismo militar y sufrió las consecuencias en su vida familiar hasta el exilio de otro de sus hijos.
Un hecho contundente para la CEV es que la impunidad excluye y niega el derecho a saber qué pasó. En dicho sentido, la justicia se convierte en una forma de sanción social y validación del sufrimiento y de la lucha. De otro lado, de la impunidad se han servido diversos grupos armados que se presentan como respuesta a problemas de las comunidades usando nombres aparentemente inofensivos y sublimes tales como “Amor por Medellín”, “Limpieza total”, “Departamento de Orden Ciudadano” y otros que justifican el exterminio como “Muerte a Jaladores de Carros”. En síntesis, la impunidad ha sido un mecanismo utilizado desde el inicio del conflicto armado para ocultar, cooptar, intimidar a la justicia y borrar las huellas de las violaciones de los derechos humanos.
La CEV plantea en sus recomendaciones la importancia de mejorar la capacidad de respuesta del Estado ante las violaciones de derechos humanos y entiende que la necesidad ciudadana de resolver los conflictos es una deuda inaplazable. Entiende la magnitud desproporcionada del reto frente al tamaño descomunal de la criminalidad y la falta de independencia producto de los diseños institucionales, así como de la cooptación de algunos funcionarios de justicia por parte de actores legales e ilegales. Le confiere relevancia a la justicia como motor en la reconstrucción de la confianza de la ciudadanía para combatir la ilegalidad. Al respecto, es deseable que las recomendaciones tengan asidero en el goce efectivo de derecho a la justicia, a la verdad y a la reparación.
En materia de recomendaciones de mediano plazo la CEV plantea: 1) Al Congreso, cambiar el mecanismo de elección del Fiscal General para que el Ejecutivo no tenga injerencia y se garantice la independencia desde el diseño institucional. 2) Diseño y control del proceso de investigación y judicialización de aforados para abrir una discusión democrática en el Legislativo con el fin de garantizar independencia, transparencia y eficacia en el debido proceso. 3) A la Fiscalía General de la Nación con apoyo de la cooperación internacional, le recomienda la creación de un mecanismo independiente para evaluar riesgos de cooptación y de corrupción de la Fiscalía y con base en ello, proponer reformas para fortalecer cargos de carrera y concursos de mérito mejorando criterios de ingreso y permanencia de funcionarios, así como criterios objetivos y verificables de traslado y remoción de funcionarios, con base en carga argumentativa para impedir el retraso de investigaciones penales y con garantía de estabilidad del personal. 4) En seguridad, que la Fiscalía General de la Nación asuma la investigación de todos los delitos cometidos por miembros de las Fuerzas Militares, con excepción de los definidos en el Código Penal Militar. Controlar a los agentes de inteligencia militar para que no determinen ni participen indebidamente en actos de investigación, tales como interceptación de comunicaciones u operación de agentes encubiertos, entre otros.
Relacionado con el fortalecimiento de la investigación en derechos humanos, en el mediano plazo propone al Congreso, la Fiscalía y el Consejo Superior de Política Criminal, a los jueces penales hacer ajustes normativos: 5) Priorizar como política criminal del Estado la investigación de violaciones a los derechos humanos. 6) Incorporar en la normatividad nacional los crímenes de guerra y de lesa humanidad para proveer a los fiscales del marco normativo adecuado de investigación contextual. 7) Adecuar metodologías de investigación para identificación de patrones y prácticas en vez de enfocarse en casos aislados y contribuir al desmantelamiento del fenómeno criminal. 8) En el corto plazo, le propone al Congreso de la República y al Consejo Superior de Política Criminal priorizar la investigación contra terceros civiles y agentes del Estado mediante un procedimiento de centralización de investigaciones activas y no activas incluidas las compulsas de copias a Justicia y Paz. 9) Priorizar investigaciones relacionadas con hostigamiento que amenacen la seguridad de los funcionarios judiciales.
10) Recomienda al Presidente de la República, en el corto plazo, priorizar la investigación, el juzgamiento y la sanción en Colombia, al momento de decidir sobre solicitudes de extradición. En este orden de ideas, 11) Recomienda el ajuste del procedimiento de extradición ciñéndose a los planteamientos de la Corte Suprema de Justicia haciendo prevalecer los derechos de las víctimas y priorizar las investigaciones en Colombia si la persona solicitada puede contribuir a esclarecer el fenómeno de la criminalidad. 12) Al tiempo, recomienda al Gobierno establecer acuerdos para garantizar los procesos de verdad y reparación frente a personas extraditadas en el pasado.
12) En el mediano plazo, recomienda al Gobierno Nacional y al Congreso de la República la creación de una Comisión Mixta (nacional e internacional) transitoria e independiente para apoyar la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía creada con base en el Acuerdo de Paz para enfrentar la criminalidad responsable de la violencia en contra de líderes sociales y excombatientes. 13) Así mismo, recomienda avanzar en la construcción de paz como un proyecto nacional con una estrategia de sometimiento de organizaciones criminales, para contribuir a garantizar los derechos de las víctimas. En ese orden de ideas la CEV plantea que el Estado debe crear estructuras de incentivos efectivas para el sometimiento a la justicia.
14) También propone fortalecer los mecanismos formales e informales de justicia comunitaria en los departamentos y municipios, así como el acceso a mecanismos de resolución de conflictos, especialmente, en la ruralidad, así como implementar mecanismos con arraigo en los valores comunitario e impulsar procesos de resolución de conflictos entre pueblos étnicos y comunidades campesinas, en el marco de ejercicios de gobernanza intercultural y justicia propia y promover Mesas Permanentes de Concertación de los Pueblos Indígenas, así como la Jurisdicción Especial Indígena y la Jurisdicción ordinaria. 15) También propone tramitar y expedir el proyecto de ley de creación de la jurisdicción especial agraria con herramientas institucionales, procesales, funcionarios y auxiliares de justicia especializados, con sus métodos de resolución de conflictos para evitar el escalamiento de controversias priorizando la justicia comunitaria en lo pertinente.
Fuente:
Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Hay Futuro si hay verdad. Hallazgos y Recomendaciones. Hay futuro si Hay Verdad. Informe final junio 28 de 2022. Bogotá.
Recuperado de: https://www.comisiondelaverdad.co/hallazgos-y-recomendaciones-1