Por Amaury Hernández Mercado
El presidente electo Gustavo Petro Urrego, con justa razón y en aparente despropósito, ha anunciado que va “desarrollar el capitalismo en Colombia”. Y para nuestra obstinada realidad, con trazas de premodernidad, abundante en pobreza, desigualdad extrema, exclusión social, violencias de todo tipo, narcotráfico, balance tiránico de poder y polarización de la sociedad, un “capitalismo con rostro humano” se constituiría en un aliciente para aclimatar este desbarajuste de más de 200 años de vida republicana, al desatar el desarrollo de las fuerzas productivas y, posiblemente, una democratización societal.
Colombia es un país hartamente complejo y cerrero, regionalmente diverso y desigual, territorialmente aislado y fracturado en su interior, al punto que Rodolfo Hernández en medio de sus reflexiones de almohada, lanzó la estimulante propuesta de “llevar la gente a conocer el mar “, y no le falta razón, muchos compatriotas mueren de viejo sin apreciar de primera mano la inmensidad de esa charca alucinante y multicolor.
En efecto, si bien existen problemáticas nacionales comunes, no es menos cierto que el grado de laceración de los mismos son diferenciados, dependiendo del desarrollo de cada región. En el Caribe Colombiano, reduccionistamente, nos asocian con los temas de pobreza (57%) ligados a la concentración de tierras (Gini 0,88), y sobre estas realidades se construyen variadas líneas discursivas que van desde transferencias netas monetarias para los más pobres, pasando por desarrollo de infraestructura social, hasta llegar a la reforma rural integral, que en gracia de recordación es el punto 1 de los acuerdos de Paz entre el gobierno y las extintas FARC.
Gustavo Petro en su programa de gobierno y en distintos escenarios, ha mostrado su inexcusable interés por hacer realidad la reforma rural agraria como política pública para superar el conflicto en el campo, aliviar las tensiones sociales, democratizar la propiedad, impulsar modos de vida y productivos sabrosos, multiplicar los alimentos de consumo directo y producir materias primas para la agroindustria, en su plausible intención de diversificar la economía, generar empleos, mejorar la posición de la balanza comercial y de paso incrementar el fondo de divisas. Las estadísticas indican que el 80% de los alimentos de origen agrícola o bienes -salarios, son producidos por la economía campesina o pequeña propiedad; luego entonces, la idea tiene sentido.
Históricamente, el desarrollo del capitalismo en el campo ha asumido dos vías: 1. La gran propiedad con dos variantes fundamentales: a – El Modelo Inglés, soportado en sus inicios sobre la templada separación entre el terrateniente rentista de la tierra y el burgués arrendatario – productor, dispuesto a contratar trabajo asalariado y producir para abastecer mercados crecientes. b – El Modelo Prusiano, caracterizado por un proceso áspero y sinuoso de conversión del gran propietario en empresario rural con pluralidad de matices, pero altamente execrable para la vida democrática de la sociedad. 2. Una segunda vía es el modelo fundamentado en la capacidad productiva familiar que, esquemáticamente, asume dos vías: a- El Modelo Farmers, ligado al proceso de Colonización de Estados Unidos y caracterizado por ser una unidad productiva familiar lo suficientemente grande para aprovechar las economías de escala, con capacidad de acumulación de capital y un fuerte apoyo estatal desde su génesis (originalmente el promedio era hasta 65 hectáreas, hoy día el rango está entre 100 y 200 hectáreas y participan con el 15% de la producción rural). b – El Modelo de Economía Campesina, muy estudiado y difundido en Latinoamérica y definido como una célula de producción y de consumo constituida por la unidad orgánica de fuerza de trabajo y medios de producción, orientado a la manutención y reproducción de la familia, con limitadas posibilidades de acumulación de capital a pesar de su participación en el mercado; una racionalidad del comportamiento económico donde, por lo general, las categorías salario y ganancia están ausentes y a manera de cierre, casi siempre, las relaciones familiares son de tipo patriarcal.
Para algunos economistas, sociólogos y antropólogos, éste no es propiamente un modo de producción capitalista, tesis muy discutible, por cierto; sin embargo, es evidente el proceso de descomposición y concentración de tierras que se genera en la medida en que se desarrolla la economía de mercado y, en honor a la verdad, es necesario reconocer que los términos de intercambio campo-ciudad van en contravía del primero. Pero, en su lado opuesto, también es innegable mencionar la comprobada capacidad de resistencia y adaptación que tiene la economía campesina a los cambios avasalladores que históricamente se han sucedido, especialmente desde finales del siglo pasado hasta el presente. Aunque parezca increíble, bajo ciertas circunstancias, es perfectamente posible que la bestia le compita ventajosamente a la máquina. Vale la pena destacar autores como Alexander Chayánov, Alexander Schejtman, Samir Amin, León Zamosc, Víctor Moncayo, Alejo Vargas y Carlos Salgado, entre otros estudiosos del tema.
Colombia y Sucre, resultados para reflexionar
En Colombia, desde el siglo pasado se ha intentado hacer reforma agraria, destacándose por su importancia las leyes 200 de 1936, 135 de 1961 y 60 de 1994; las dos primeras, ligadas de alguna manera al espíritu reformista liberal y al proceso o modelo de industrialización por sustitución de importaciones y la tercera en el marco de una apertura económica, caracterizada por la disminución de la intervención del estado en los procesos de negociación y el privilegio de los mecanismos de mercado tales como: oferta voluntaria de tierras, entendimiento entre propietarios y campesinos y entrega de subsidios para compra de fincas.
El balance de los últimos sesenta años y a pesar de las luchas campesinas dirigidas por sus organizaciones gremiales, especialmente la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, ANUC, indica que la frontera agrícola colombiana se ha expandido a 43 millones de hectáreas; el 1% de las fincas de mayor tamaño poseen el 81% de las tierras y el 19% restantes se reparte entre el 99% de las fincas. Al Fondo Nacional Agrario (FNA) ingresaron 1,9 millones de hectáreas para hacer reforma agraria y en contraposición, el despojo de tierras por parte de actores armados, en las últimas tres décadas, ronda los 6 millones de hectáreas (3 veces el inventario del FNA). En otras palabras, si simplificáramos toscamente la reforma agraria a entrega de tierras a campesinos, podríamos concluir que lo madurado al sol de hoy ha sido el fenómeno inverso: la concentración de predios rurales ha crecido significativamente con el agravante de que los mejores suelos están en manos de narcotraficantes o testaferros. La supuesta reforma agraria es una risible caricatura que se activa cada tanto tiempo (28 años promedio) para frenar movimientos sociales, serenar las energías con discursos inclusivos y modernizantes, pero sin mayor sustrato entre las elites políticas y empresariales. Coloquialmente, sueltan tres huesos distractores para roer, esperan la nueva ola de inconformismos y el paso acelerado del proceso de urbanización de las medianas y grandes ciudades para quitarle presión a la demanda de tierra en el campo.
El desafío de la administración de Gustavo Petro es descomunal y muy complicado, las posibilidades de una reforma rural agraria, aún moderada y gradual, cumpliendo los requisitos mínimos actuales de la Unidad Agrícola Familiar, UAF, establecida por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, no es nada fácil a la luz de lo narrado en párrafos anteriores y si le agregamos la circunstancia de que el 81% de los predios rurales del país se encuentran por debajo de la UAF, la cosa se vuelve más embarazosa.
En tal sentido, las posibilidades de contar con una unidad productiva rural que permita generar los ingresos necesarios para llevar una vida pasadera, implicarían ampliar a lo justo el número de hectáreas que correspondan, de acuerdo a las zonificaciones concretas de la UAF, amen de los otros factores productivos ineludibles en el proceso de creación de riqueza. No solo se trata de ampliar unidades productivas, sino también, dotar de tierras, tecnología y otros servicios integrales a muchas familias rurales que apenas arañan las que tienen en las uñas.
El Departamento de Sucre es un ejemplo: las tierras trasferidas a campesinos por reforma agraria ascienden, unas más otras menos, a 160 mil hectáreas; de estas el despojo y la venta directa que hicieron muchos de ellos en el afán de ponerse a salvo de las balas, contabiliza en cifras redondas 48 mil hectáreas. En promedio, las parcelas entregadas por el INCORA y posteriores sucesores, fueron de 9 hectáreas (existen casos muy particulares como mula y la aldea, cuyo promedio ascendió a 14 hectáreas, incluidos terrenos agrestes y de mala calidad para la explotación rural).
En esta línea de análisis y de acuerdo a Minagricultura, la UAF para el Departamento de Sucre es la siguiente:
| Zona | Municipios | Rango (hectáreas) |
| Mojana | Sucre, Majagual Guaranda y San Marcos | 31 a 41 |
| Costa | Tolú y Coveñas | 5 a 21 |
| Montes de María | Coloso, Chalán, Tolúviejo, San Onofre, Palmito, Sincelejo, Morroa, Ovejas. Sincelejo: los corregimientos o veredas de Tumbatoro, La Chivera, Laguna Flor, El Cerrito, La Huerta, El Beque, La Peñata, Buenavista | 36 a 49 |
| San Jorge | San Benito, Caimito y La Unión. San Marcos: los corregimientos de Rincón Gerano, Neiva, Montegrande, Santa Inés, Buenavista, El Tablón, El Llano, El Limón, Candelaria, La Castillera | 54 a 72 |
| Sabana | Corozal, Sincé, Sampués, Los Palmitos, Galeras, San Pedro, Betulia, Buenavista. Sincelejo: los corregimientos o veredas de Las Majaguas, La Arena, Sincelejo Chocho, La Gallera, Sabanas del Potrero, Villa Rosario | 16 a 22 |
Como es comprensible a estas alturas de la argumentación, podría reafirmarse que la reforma agraria en Colombia ha sido un cuento chino, que ha permitido “cambiarlo todo para que todo siga igual o peor”.
Gustavo Petro tiene la oportunidad de liderar las profundas transformaciones que exige Colombia y en el camino seguirá encontrando muchos aliados sinceros y comprometidos, como también oportunistas a caza del erario público y enemigos agazapados que intentarán, desde dentro, minar las bases del Pacto Histórico. Sería irresponsable arrimarle toda la carga al presidente electo; es claro que las vueltas de tuercas demandarán, a futuro, el compromiso de tres o más administraciones presidenciales de similar talante y del acompañamiento de la sociedad civil organizada y activa. No cabe duda, que en casos meritorios y para beneficio de intereses superiores, será forzoso acudir a la expropiación como mecanismo constitucional válido y de utilización recurrente por todos los gobiernos de este país.
Posdata: en próximos escritos se estarán desarrollando temas que han sido tratados ligeramente en el presente documento y, seguramente, otros de significación que son muy polémicos; muchos los eluden para evitar la desafortunada suerte de Alexander Chayanov.