Por Albeiro Caro /Coordinador Programa Territorio, Paz y Desarrollo de la CNAI
Colombia es un país con una larga trayectoria de conflictos armados surgidos de la exclusión social; del monopolio del poder político, de su aprovechamiento como palanca de despojo y apropiación de bienes públicos rurales y urbanos, del erario, de rentas legales e ilegales, de negocios y de cierre de oportunidades. Así se han acumulado los grandes capitales, con fundamento en la desigualdad, al amparo del aprovechamiento del Estado y del saqueo de los recursos públicos por parte de las élites, a través de la historia nacional.
La contrapartida de esas realidades excluyentes, en un país diverso y complejo ha sido, generalmente, la dinámica de resistencia social, a menudo insurgente, frente al poder de élites y gamonales. A medida que el país se ha ido urbanizando e insertando en el contexto internacional, las dinámicas del conflicto se han vuelto más complejas, más entrecruzadas con intereses globales. Paradójicamente, en vez de buscar soluciones integrales, sistemáticas y adaptadas a la naturaleza diversa de los conflictos, el poder político siempre buscó alternativas minimalistas y hegemónicas.
Los antecedentes. Los acuerdos de paz frente a los conflictos armados de los años 50 del siglo pasado, por ejemplo, dejaron lecciones políticas y socioeconómicas que se extienden hasta el presente. Tales acuerdos fueron, básicamente, reducidos a los núcleos de combatientes; a menudo, las promesas gubernamentales fueron incumplidas. Generalmente, se centraron en el ámbito rural y con altos costos en vidas para los núcleos dirigentes. Allí está la propia muerte de Guadalupe Salcedo y el sacrificio de las Guerrillas Liberales del Llano, frente a compromisos vulnerados en materia de garantías para los excombatientes, el incumplimiento en la indemnización de las víctimas y las escasas obras sociales. Allí, se incubaron otras violencias que trajeron nuevos conflictos armados, otras experiencias de paz, el genocidio de partidos enteros como la UP, de otros grupos de oposición y dirigencia social, así como nuevos escenarios de confrontación armada, de violencias recicladas y de dinámicas de degradación de los actores involucrados.
También, la incidencia de las políticas contrainsurgentes, con fundamento en la teoría de la seguridad nacional y en el síndrome del “enemigo interno” agenciadas desde Washington pesaron para la conversión del país en una especie de laboratorio de experimentación del control de múltiples violencias. Para impulsar la entrada en escena del paramilitarismo; para la propagación del narcotráfico y la cooptación de múltiples actores económicos, políticos, sociales e institucionales en ámbitos determinantes de la vida nacional y regional.
Con la política de guerra contra las drogas de uso ilícito impuestas desde el Gobierno Nixon también se creó un gran mercado para el tráfico de sustancias psicoactivas, para el lavado de dólares, su irrigación en la economía, a través de los bancos, de la construcción y de la ganadería, así como para el crecimiento de la contraparte institucional de persecución mediante la dotación de recursos militares, policiales, de inteligencia y judiciales. Colombia se convirtió, durante décadas, en escenario predilecto de proyección de carteles de la droga cuya capacidad de penetración envolvió los diversos espacios sociales, económicos, financieros, culturales, políticos e institucionales.
Por muchos años, el manejo centralizado del poder, la maquinaria de propaganda mediática de los grupos financieros y la connaturalización con el conflicto armado, le permitió al bloque de poder hegemónico perturbar al ciudadano común la capacidad de comprender las dinámicas territoriales específicas, cerrar la posibilidad de plantear nuevas maneras de superar los bloqueos a la convivencia pacífica, a la democracia y a la justicia social, en un marco de aparente “normalidad”. En un país diverso, pluricultural y pluriétnico la verdad oficial siempre tendió a ser homogeneizante, favorable al predominio de una sola voz, como verdad oficial, mientras la cultura mafiosa tendió a imponerse en la sociedad, como lógica del enriquecimiento fácil, fundamento del exitismo y del individualismo.
Estas dinámicas se expresaron, también, en la concreción de los Acuerdos de Paz de la década del noventa y en el contexto de la Reforma Política de la Constitución de 1991. En la fragmentación de las negociaciones que llevaron al aislamiento y exacerbación del conflicto con actores armados como las FARC EP y el ELN, mientras cristalizaron las negociaciones con grupos como el M-19, el EPL, el PRT, el Quintín Lame y, posteriormente, con la Corriente de Renovación Socialista (CRS) las Milicias de Medellín y el MIR-COAR de Antioquia.
Si bien al seno de los grupos armados existían diversas tendencias y el peso del vanguardismo, el Estado, con el gobierno Gaviria a la cabeza, aprovechó la situación para estimular las divisiones en procura de una paz barata que se fue transformando en una costosa guerra. Paradójicamente, ello le permitió al gavirismo erigirse ante la sociedad como baluarte de la paz cuando en realidad había fraguado un modelo de exclusión; es decir, de inclusión elitista con la cooptación de nuevos notables, para la preservación de la hegemonía del bloque de poder.
Se tiende a olvidar que las metodologías de “normalización” y participación estuvieron fundamentadas en enfoques del Plan Nacional de Rehabilitación heredado por el gobierno de Virgilio Barco del legado del Plan para Cerrar la Brecha de López Michelsen, de sus Programas de Desarrollo Rural Integrado-DRI y del Plan Nacional de Alimentación y Nutrición-PAN, con apoyo del Banco Mundial.
El Plan Nacional de Rehabilitación sirvió de puntal para impulsar el modelo de participación en el contexto de los acuerdos de paz de los años noventa y sus métodos formales de asambleas populares, para acordar pequeñas obras públicas, sirvieron de paliativo a requerimientos verdaderos de las comunidades territoriales para avanzar en procesos de inclusión y justicia social.
Por este camino nacieron desde enfoques neoliberales la Red de Solidaridad de Samper, transformada en la Acción Social de Uribe y en el Departamento de la Prosperidad Social de Santos. Todos instrumentos basados en la focalización del gasto público y no en la universalización de derechos.
Hay quienes asimilan todo esto a un solo momento político. Pero olvidan que estos procesos se dieron, primero, durante dos gobiernos (Gaviria-Samper), en el contexto del auge del narcotráfico, del paramilitarismo promovido desde el Estado a través de las Convivir y agenciado desde la Casa Castaño. El marco de nuevas violencias trajo, luego, una contrarreforma agraria, desplazamiento forzado y genocidio, crecimiento de las FARC EP y, posteriormente, el plan Colombia, las fallidas negociaciones de paz del gobierno de Andrés Pastrana cuyo cuatrienio comenzó con su propio sabotaje a la negociación que adelantaba el Gobierno Samper con el ELN.
El triunfo del uribismo marcó una era de militarismo, de imposición de planes de consolidación basados en pie de fuerza, en la negación del conflicto armado amparado en el mito de la amenaza terrorista impulsada desde el atentado contra las “torres gemelas” de Nueva York, con la consiguiente promoción de métodos contrainsurgentes y la tragedia de los mal llamados “Falsos Positivos”, desde la llamada seguridad democrática. También llevó al Acuerdo de Santafé de Ralito en 2003, mediante el cual el Gobierno Uribe y las Autodefensas Unidas de Colombia suscribieron el inicio de una etapa de negociación a la que pretendieron asignarle un carácter político. Gracias al pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia, el Gobierno Uribe debió acatar el carácter de sometimiento a la Justicia en el proceso de desarme y desmovilización de las AUC, con base en lo cual se expidió la Ley 975 de 2005, o Ley de Justicia y Paz.
Tantas experiencias, a lo largo de más de setenta años, deberían dejar un acumulado de enseñanzas para la construcción de una sociedad democrática e incluyente. Sin embargo, asociado a los factores de sectarismo y fanatismo propios de una sociedad cerrada, adepta al clientelismo, al caudillismo y al compadrazgo está el juego de intereses divisionistas, promotores del conflicto como medio natural de la conflagración, del estímulo del escepticismo social, de la connaturalización con el individualismo, con la violencia y el cortoplacismo de los intereses políticos y sociales.
Es por esto que, si bien existen antecedentes de experiencias de acuerdos de paz en la sociedad colombiana y hoy, sobre la base de la Ley 418 de 1997 se avanza en la promulgación de una nueva ley de orden público, las condiciones de búsqueda de la paz total por parte del Gobierno Petro tienen connotaciones diferentes, sin negar que se construye desde el legado del Acuerdo de Paz. Legado que pretenden imponer desde sectores tradicionales como modelo único para procesos de negociación con organizaciones insurgentes y para el sometimiento a la justicia de bandas paramilitares y grupos armados organizados, como se les ha definido desde el Consejo de Seguridad Nacional, tal como muestra Zuleta [1] en un esfuerzo por “vender” el modelo tradicional.
Cambios de fondo
La nueva ley aprobada en Cámara y Senado, una vez aprobada la conciliación para someterla a votación, dota de herramientas al Gobierno para la implementación de la política de paz total. Al respecto, establece:
– La paz como política de Estado permanente y participativa que garantiza la continuidad de los acuerdos firmados y los que se lleguen a pactar, a través de los distintos gobiernos, los procesos de paz en curso, así como los orientados al sometimiento y desmantelamiento de estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto. En su estructuración deben cooperar de manera coordinada y armónica los diversos órganos del Estado y las formas de organización y acción de la sociedad civil.
– Un componente a destacar es el relacionado con el servicio social para la paz. Como es de recordar, en el contexto del Acuerdo de Paz con las FARC-EP y en la campaña política de 2014, el Gobierno Santos prometió eliminar el servicio militar obligatorio e implementar un servicio social para la paz. Sin embargo, con la firma de los Acuerdos de Paz, el servicio militar obligatorio no se eliminó, las normas modificatorias permitieron mantener la desigualdad predominante, dado que es la juventud de extracción popular la que tradicionalmente ha sido obligada a prestar el servicio militar. Como muestra Escobar [2] solamente a partir del Acuerdo Final de Paz comenzó a relacionarse explícitamente la investigación del servicio militar obligatorio con el conflicto armado. Generalmente, el tema se había abordado desde la sociología, la historia militar y el papel de la Fuerza Pública en el posconflicto. Desde luego, en Colombia se había iniciado ya un movimiento dinámico de objeción de conciencia a la prestación del servicio militar obligatorio.
No obstante, un país con un conflicto armado de tan larga duración el ir a la guerra se convirtió en una imposición estatal como condición básica del tránsito de la adolescencia a la adultez y requisito para el goce del derecho al trabajo y el ejercicio ciudadano de los jóvenes de extracción popular. Precisamente para evadirlo floreció, paralelamente, un mercado del tráfico de influencias, de compra legal de libretas militares para sectores capaces de pagarlas, con beneficio para sectores de la oficialidad, intrincadas redes de tramitadores y, también, de falsificadores de libretas.
Ahora, una vez firmada la nueva ley de orden público, los jóvenes que quieran podrán prestar el servicio militar u optar por cualquiera de las otras once alternativas de servicio social para la paz, con derecho a obtener su libreta especial equivalente que contará como experiencia laboral.
A pesar de la derrota en el Senado la Cámara de Representantes logra rescatar el Servicio Social para la Paz, alternativo al servicio militar. Esta opción que será remunerada como el servicio militar será, también, de libre escogencia por parte de los jóvenes, como muestra Infobae [3] tiene once formas diferentes de participación: 1) Promoción de la alfabetización digital en zonas rurales o urbanas. 2) Trabajo con víctimas del conflicto armado, promoción de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. 3) Servicio social para refrendación y cumplimiento de los Acuerdos de Paz. 4) Servicio social para la promoción de la Política Pública de Paz y la no estigmatización. 5) Protección de la naturaleza, la biodiversidad, las fuentes hídricas, la riqueza ambiental y forestal del país. 6) Promoción de la paz étnica, cultural y territorial respetando el derecho a la autodeterminación, la autonomía, usos y costumbres de las comunidades étnicas y de la cultura campesina. 7) Protección y cuidado de personas mayores y en condición de discapacidad. 8) Trabajo en la Reforma rural Integral. 9) Vigía del patrimonio cultural material e inmaterial de la nación. 10) Trabajo con damnificados. 11) Servicio social para la promoción de la educación en gestión del riesgo y cambio climático.
– La nueva Ley establece la seguridad humana entendida como protección de las personas, de la naturaleza y de los seres sintientes en un sentido que va más allá de la presencia militar y se articula con políticas sociales, medioambientales, económicas y culturales.
– También incluye un artículo sobre planes de desminado; otro se refiere a publicidad en la contratación de los recursos de la paz en los 10 días posteriores a que se haga cualquier contratación para el tema de transparencia, y un tercero se refiere a la paz con la naturaleza, en el sentido que todo lo que se haga en materia de paz tiene que preservar nuestros recursos naturales”.
– La nueva ley distingue entre un proceso de paz con un grupo insurgente y un proceso de sometimiento a la justicia de bandas criminales.
Un elemento controversial de gran expectativa en el contexto se refiere al proceso de reconstrucción de la paz, afectado por el gobierno anterior. En especial, más allá del ELN, a los diálogos con las disidencias que no firmaron el Acuerdo de Paz de las FARC-EP, dirigidos por Néstor Gregorio Vera, más conocido como “Iván Mordisco” y la Segunda Marquetalia liderada por Iván Márquez. Al respecto, el gobierno parece estar convencido del entrampamiento del que fue objeto Jesús Santrich. Así lo expresó el presidente Petro [4] en una cena con directores de medios de comunicación. En todo caso, el Presidente insiste en que el criterio para incluir a los grupos en el carril político o narcotraficante depende de la caracterización que realizará un comité integrado por el Ministro de Defensa, el Jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia y el Comisionado de Paz.
De otro lado, como afirma el Senador Cepeda [5], dialogar con reincidentes es “absolutamente necesario para lograr la paz total”. Al respecto, subraya que muchos de los integrantes y jefes de grupos armados han estado en otras organizaciones, en procesos de paz y han vuelto a las armas y cita el caso de los miembros de las Autodefensas Gaitanistas, del propio ELN e, incluso, de las disidencias. En el mismo sentido, considera importante estudiar de manera minuciosa el caso de Iván Márquez, en razón del incumplimiento de lo pactado en los Acuerdos de 2016 y por su expulsión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
– La nueva Ley también establece la creación de regiones de paz, el gabinete para la paz, los acuerdos parciales y la figura de zonas de ubicación cuando se haya avanzado significativamente en un proceso. También allí está la relevancia del proceso colectivo del Acuerdo de Paz de la insurgencia o del sometimiento judicial que implica la relevancia del proceso territorial.
– La nueva Ley elimina la disposición que permitía al Consejo de Seguridad Nacional declarar zonas estratégicas de intervención integral en zonas de Programas de Desarrollo con enfoque Territorial –PDET- que son los más afectado por la pobreza, las economías ilegales y la fragilidad institucional.
Otros elementos que están por fuera de la normatividad tienen que ver con factores internacionales y de fortalecimiento de mecanismos de apoyo a la economía popular. En lo internacional, está el avance en la desnarcotización de las relaciones con Estados Unidos, la implementación del Acuerdo de Paz con las FARC-EP, la Reforma Rural Integral, el tratamiento de salud pública al problema de las drogas de uso ilícito, la erradicación voluntaria de cultivos y la persecución de los grandes capos.
En un segundo aspecto, tiene que ver con la capacidad de superar el poder de las bandas multicrimen, desconectarlos de su incidencia en el crédito “gota a gota” y del lavado de activos. Esto se relaciona con la capacidad de democratizar el crédito para la economía informal, con la inteligencia financiera y con la capacidad de judicializar a los grandes capos del narcotráfico.
Fuentes:[1] Zuleta Sebastián. La nueva Ley de Orden Público no es una novedad. Razón Pública. Octubre 30 de 2022.
Ver: https://razonpublica.com/la-nueva-ley-orden-publico-no-una-novedad/[2] Escobar Behar Vanezza. “Y usted, ¿prestaría sus hijos para la guerra?” Servicio militar obligatorio en el posacuerdo colombiano. Artículo de investigación derivado del proyecto “Servicio militar obligatorio y posconflicto” adscrito al grupo de investigación Estudios constitucionales, medio ambiente y territorio de la Facultad de Derecho de la Corporación Universitaria de Sabaneta – Unisabaneta. U de A.
Ver: https://revistas.udea.edu.co/index.php/derypol/article/download/341108/20795727?inline=1[3] Infobae. Ley de paz total: el texto de conciliación salva el servicio social complementario al militar. Noviembre 01 de 2022.
Ver: https://www.infobae.com/america/colombia/2022/11/01/ley-de-paz-total-el-texto-de-conciliacion-salva-el-servicio-social-complementario-al-militar/[4] León Juanita. LA ECONOMÍA: EL PLATO FUERTE DE LA CITA DE PETRO CON LOS DIRECTORES DE MEDIOS. La Silla Vacía. Noviembre 02 de 2022.
Ver: https://www.lasillavacia.com/historias/silla-nacional/petro-contesto-todo-en-el-primer-encuentro-con-directores-de-medios/[5] Cepeda Iván. “La ‘paz total’ no va a vulnerar el Acuerdo de La Habana”. El Espectador. Noviembre 02 de 2022.