Por Albeiro Caro / Coordinador del Programa Territorio, Paz y Desarrollo de la CNAI
El reciente Informe Trimestral de la Misión de Verificación de Naciones Unidas en Colombia con respecto al avance del Acuerdo de Paz valora los avances normativos y el compromiso material del Gobierno Petro. En relación con su implementación, aporta reflexiones de contexto, evidencia logros en los diversos temas del Acuerdo, especialmente en materia de Reforma Rural Integral, ampliación de la participación política, proceso de reincorporación, bilateralidad de las instancias de coordinación y seguimiento del Acuerdo, seguridad desde el enfoque de paz total, así como el restablecimiento de los diálogos con el ELN, y expresa sus preocupaciones con respecto a la afectación provocada por las múltiples violencias que azotan a las comunidades, a las personas defensoras de derechos humanos y a excombatientes.
Cabe anotar que el Informe enfatiza en los hechos ocurridos en el período comprendido entre el 27 de septiembre y el 26 de diciembre del año anterior. El 11 de enero de 2023 el Informe ha sido presentado ante el Consejo de Seguridad de la ONU por parte del Jefe de la Misión, Carlos Ruíz Massieu, con la intervención, por primera vez ante dicha instancia, de la Vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, del Canciller Álvaro Leyva, de la Embajadora ante Naciones Unidas, Leonor Zalabata Torres y la participación de Armando Wouriyu Valbuena, Secretario Técnico de la Instancia Especial de Alto Nivel con Pueblos Étnicos para seguimiento de la implementación del Acuerdo de Paz, quien intervino a instancias de la Presidencia del Consejo de Seguridad, en cabeza del Gobierno del Japón.
El acto solemne fue el espacio predilecto para refrendar, mediante Resolución 2673, votada por unanimidad en el Consejo de Seguridad, la continuidad de los trabajos de la Misión de Verificación en Colombia con respecto a los asuntos relacionados con la Reincorporación de excombatientes, su ampliación de los temas de verificación referentes a los capítulos relacionados con la Reforma Rural Integral y Étnico del Acuerdo de Paz.
Contexto
El informe establece un marco de principales acontecimientos ocurridos en el trimestre. Cabe destacar que dicho contexto dinámico sigue moviéndose en los primeros días de 2023, con incidencia en la dinámica del proceso de paz. Por tal razón, vale la pena destacar estos acontecimientos que fueron valorados en la sesión del Consejo de Seguridad, especialmente en lo relacionado con el compromiso del Gobierno por la búsqueda de la Paz Total comenzando con el cese bilateral de hostilidades con cuatro grupos armados. Los diversos representantes del Consejo de Seguridad expresaron su expectativa frente al ELN, con relación a que también esta guerrilla asuma el cese bilateral de hostilidades, luego de los desencuentros ocurridos al finalizar el 2022, con respecto a la declaratoria de cese al fuego bilateral desde el Gobierno, sin que se hubiera pactado oficialmente en la Mesa de Negociación. En tal sentido, se manifestaron en favor del desescalamiento del conflicto en los territorios, en favor de la protección de las comunidades. Así mismo, declararon su respaldo a la creación del Ministerio de Igualdad y expresaron su rechazo al atentado fraguado en contra de la Vicepresidenta, cerca de su residencia familiar en el Municipio de Suárez-Cauca, el día 10 de enero.
En lo relacionado con el Informe, la Misión de verificación destaca la reactivación de la Comisión de seguimiento, Impulso y Verificación de la implementación del Acuerdo Final y la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad con presencia del Presidente Petro y la activación de la unidad de coordinación de la implementación, encabezada por Gloria Cuartas, al seno de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.
El Informe valora la primera ronda de negociaciones con el ELN y el inicio de conversaciones exploratorias con más de una docena de grupos armados que han manifestado su interés de poner fin a la violencia. Resalta la respuesta positiva de actores armados en Buenaventura, con lo cual se ha reducido sensiblemente, la tasa de homicidios.
También, el Informe destaca la sanción de reforma de la Ley de Orden Público, que se constituye en marco jurídico para la Paz Total, con base en la cual el Gobierno adquiere la autoridad para negociar con diversos grupos armados. Esto le permite desarrollar tanto los diálogos políticos con organizaciones insurgentes como el ELN y negociaciones específicas de sometimiento o acogimiento a la justicia con otras estructuras armadas ilegales, particularmente, en ámbito territoriales determinados, con procesos de desarme, transición a la legalidad y nombramiento de comisionados de paz.
Cabe anotar que, en este complejo escenario de violencia colombiana y territorial se viven actualmente procesos de negociación política con insurgencia, caso ELN, cuya ruta está acordada desde el Gobierno Santos y tiene, en principio, una agenda definida, que coexisten en el tiempo y el espacio con dinámicas de acogimiento colectivo o de sometimiento a la justicia, por parte de organizaciones armadas ilegales sucesoras del paramilitarismo cuya naturaleza difiere de la negociación política y requiere de otras lógicas de desarme, desmovilización y reintegración a la vida social, en contextos territoriales cuya metodología puede recoger experiencias de la ley de Justicia y Paz, pero requiere de diseños normativos, procedimentales y socio-económicos específicos, dado que en Colombia ha predominado el sometimiento individual. Además, es pertinente recalcar la íntima ligazón existente entre la Paz Total con el desmantelamiento de las bandas criminales sucesoras del paramilitarismo, como lo estipula el punto 3.1 del Acuerdo de Paz, en el entendido de que ello requiere de estrategias integrales, jurídicas, económicas, sociales y por supuesto, policiales y militares, para superar un contexto donde solamente se ha implementado la acción militar afectando comunidades y contaminando a las propias fuerzas armadas y a las autoridades territoriales.
Aunque Naciones Unidas ha tipificado estos modelos como Desarme, Desmovilización y Reintegración – DDR- los diferencia en DDR1 y DDR2, para distinguir los que se refieren a negociaciones políticas entre el Estado y la insurgencia, de aquellas negociaciones jurídicas de sometimiento con grupos paramilitares o sus derivaciones de grupos cuya finalidad está centrada en la obtención de rentas ilegales en territorios. Aun así, es previsible que, en principio, el ELN no quiera ser percibido dentro del abanico de la Paz Total y, por supuesto, llegue a considerar que el tema del desarme no esté en discusión, en procura de diferenciarse de los modelos DDR. Esto será, presumiblemente, un tema del futuro. Hoy lo más importante es esclarecer que los puntos se van implementando a medida que se van acordando y ello tiene relación con los alivios humanitarios, en medio del conflicto como se vive en el Chocó, en el Valle y en Arauca, con saldo de víctimas de grupos armados ilegales y de miembros de la comunidad.
El Informe confiere gran importancia a los diálogos territoriales vinculantes realizados para el diseño del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, con la participación de más de 140.000 personas en más de 50 encuentros dirigidos por el Gobierno Nacional. Precisamente, el día 11 de enero, el Consejo Nacional de Planeación entregó al Gobierno sus observaciones y recomendaciones relacionadas con el primer borrador diseñado por el Gobierno.
Así mismo, se destaca que al final del año, el Gobierno logró la aprobación de leyes claves: el presupuesto nacional para 2023, con ampliación significativa de recursos para el sector agrario; la reforma tributaria con un enfoque progresivo, ratificó el acuerdo de Escazú, sobre información, participación y protección de líderes ambientales. Aprobó el Ministerio de Igualdad y avanzó en la primera ronda para los Acto legislativos sobre Reforma Política, Jurisdicción Agraria y Reconocimiento del Campesinado como sujeto especial de protección constitucional.
Temas del Acuerdo y su proceso de implementación
En un recorrido temático por los puntos del Acuerdo de Paz, el Informe resalta que su implementación durante los seis años transcurridos ha sido desigual, a pesar del potencial que tiene para superar las causas estructurales de la desigualdad y del conflicto. En tal sentido, exhorta a su implementación integral.
1) Reforma Rural Integral. El Informe resalta la realización de la Convención Nacional Campesina celebrada en diciembre y la voluntad gubernamental en avanzar en el cierre de la brecha urbano-rural. Así mismo, se destaca el incremento en un 62% del presupuesto para el sector agrario, elevándolo a 860 millones de dólares. También valora la firma del acuerdo entre el Gobierno y Fedegán para la compra de tres millones de hectáreas para distribución a campesinos sin tierra, a través del Fondo de Tierras. Así mismo, destaca la adición de 94.246 hectáreas a dicho fondo y la formalización de 800.600 hectáreas.
Además, exalta la continuidad del compromiso de implementación de los 16 planes nacionales relacionados con la Reforma Rural Integral, el fortalecimiento de los PDET y la reunión con 300 representantes comunitarios incluidos los líderes del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS, con el fin de reunir propuestas base del Plan Nacional de Desarrollo. Así mismo, como se ha mencionado, se destaca la creación de la jurisdicción agraria prevista para ser aprobada en la primera legislatura de 2023 y el reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales.
2) Participación Política. El Congreso avanzó en el tema durante 2022. Se destaca el punto álgido de las listas cerradas tipo cremallera, integradas de manera igualitaria entre hombre y mujeres y la financiación pública. Se prevé que la reforma esté consolidada en la primera mitad de 2023. El Informe valora el papel de los 16 representantes de las circunscripciones transitorias especiales de paz, quienes han participado en 28 proyectos, muchos de ellos relacionados con el Acuerdo de Paz, así como la inclusión de sus propuestas en la reforma tributaria para priorizar la construcción de carreteras en municipios PDET y en asignación de recursos al PNIS.
3) Reincorporación. Entendido en el Informe como Tareas de la Misión, el apartado correspondiente se refiere al Punto Tres del Acuerdo Final. Recomienda al Gobierno desde su enfoque integral el impulso del proceso de reincorporación de los más de 13.000 excombatientes, con vínculos con la Reforma Rural Integral, la reforma política y la sustitución de cultivos. Para ello, la Misión dialoga con los Ministerios de Agricultura, del Trabajo, Medio Ambiente y Cultura y con la Unidad para la Implementación del Acuerdo de Paz, dentro de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. En este contexto, el Informe valora la reactivación del Consejo Nacional de Reincorporación que reavivó sus actividades en noviembre, con participación de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y en diciembre, el Presidente Petro nombró a Alejandra Miller como Directora de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización.
El Informe señala, en materia de acceso a la tierra, que el número de antiguos Espacios Territoriales para los cuales se han adquirido tierras sigue en 10 de 24 existentes. Reitera la inseguridad de los espacios territoriales de Cauca, Putumayo y Antioquia, por lo cual requieren de traslado para lo que se requiere la adquisición de tierras. También en Pondones-Guajira el Gobierno adquirió un predio para un proyecto colectivo y la SAE transfirió en Cundinamarca otro predio para un proyecto colectivo.
En materia de vivienda, avanzan proyectos en antiguos espacios territoriales en Caldono-Cauca, Arauquita y Doncello-Caquetá. Son 145, 187 y 106 viviendas, respectivamente. Está pendiente la definición de fuentes de financiación en otras regiones, tanto urbanas como rurales, dentro y fuera de los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación. Sin embargo, sigue pendiente la reactivación de actividades conjuntas en las mesas técnicas del consejo Nacional de Reincorporación.
En lo referente a la reincorporación socioeconómica, a la fecha se han aprobado 121 proyectos colectivos, con desembolso para 118 y beneficio de 3.898 excombatientes donde se cuentan 1.087 mujeres. También se han aprobado 5.227 proyectos individuales para beneficio de 6.295 excombatientes, donde se cuentan 1.542 mujeres. Esto significa, según el Informe, que el 75% de los excombatientes acreditados están participando de proyectos productivos. Señala el Informe que en el período considerado el ritmo de aprobaciones disminuyó, ya que solamente se aprobaron 395 proyectos individuales y el Consejo Nacional de Reincorporación no aprobó ninguna iniciativa colectiva.
El Informe subraya que pese a una participación del 84% de las mujeres en proyectos productivos, muchas presentan restricciones ya que solo la mitad recibe apoyo del ICBF en cuidado de los hijos y la carga recae, generalmente, sobre ellas.
El Informe destaca que 6.700 excombatientes, donde se incluyen 1.800 mujeres integran 181 cooperativas. No obstante, solamente 100 mujeres ejercen liderazgo en 35 cooperativas. En el Plan Nacional de Desarrollo se contempla la creación de indicadores relacionados con cooperativas en el Plan Marco de Implementación del Acuerdo Final. El Ministerio del Trabajo avanza en la estrategia de apoyo y fortalecimiento de redes de cooperativas del ámbito local y regional. También, se avanza en procesos de evaluación conjunta acerca de la sostenibilidad de los proyectos productivos y sus requerimientos de acceso a tierras, mercados y seguridad. De 81 proyectos evaluados se encontró que solamente un tercio es sostenible.
En cuanto a la educación, el Programa “Arando la Educación” va culminando con la graduación de 14.770 personas en los antiguos ETCR y las nuevas áreas de reincorporación. Al respecto, se cuentan 3.545 excombatientes y miembros de comunidades de arraigo.
El Informe reseña que, actualmente, 10.566 excombatientes, incluidas 2.561 mujeres adelantan su proceso de reincorporación, de manera individual o colectiva fuera de los 24 ETCR, entre otras zonas, en 75 nuevas áreas de reincorporación, lo que reta el diseño de nuevos enfoques para garantizar acceso a vivienda, tierras, atención en salud y otros servicios. Se resalta el problema de inseguridad en, al menos, 15 nuevas áreas de reincorporación en Antioquia, Arauca, Cauca, Meta, Nariño y Putumayo.
En lo referente a políticas de reincorporación, el Informe resalta la propuesta elaborada en el Consejo Nacional de Reincorporación sobre dos prioridades: el sistema nacional de reincorporación y el diseño del programa de reincorporación integral encaminado al fortalecimiento de capacidades de los excombatientes, desde un enfoque de derechos y garantía de acceso a los servicios institucionales. Las dos propuestas se incluyen en el Plan Nacional de Desarrollo.
En materia de reincorporación política, el Informe resalta la participación de los 10 Congresistas de Comunes en la coalición de gobierno y su incidencia en el diseño de proyectos de ley en coalición con otros partidos y en la promoción, especialmente, del Acuerdo de Paz.
En lo relacionado con garantías de seguridad, el Informe reseña la limitada presencia del Estado en Arauca, sur de Bolívar, Chocó y Putumayo donde los excombatientes sufrieron actos violentos por parte de grupos armados ilegales. En noviembre murieron 18 excombatientes en un enfrentamiento entre dos grupos disidentes de las antiguas FARC EP en Putumayo y esto provocó el desplazamiento de comunidades. También murieron seis soldados en Cauca, por acción de un grupo disidente de las antiguas FARC EP.
El informe subraya que entre enero y noviembre de 2022 fueron desplazadas por la fuerza 78.154 personas, mientras que 108.665 fueron confinadas con un incremento del 65% en relación con 2021, con afectación de comunidades indígenas y afrocolombianas. La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios que reporta esta esta información destaca que en septiembre hubo una disminución del 31% del número de personas desplazadas y confinadas, lo cual se relación con los esfuerzos de diálogo del nuevo gobierno con diferentes actores armados.
En el trimestre, la Misión registró el asesinato de 12 excombatientes para un total de 50 excombatientes asesinados en 2022, lo que representa una disminución del 7.4% con respecto a 2021. Sin embargo, desde la firma del Acuerdo de Paz, la Misión ha verificado el asesinato de 355 excombatientes: 11 mujeres, 48 afrocolombianos y 33 indígenas, entre ellos.
Es de resaltar que la Fiscalía y el Ministerio de Defensa han mejorado su coordinación en la lucha contra las organizaciones criminales. Esto obedece a la implementación de los Puestos de Mando Unificado por la Vida, con mejora de la coordinación, también entre la Fiscalía y el Ministerio del Interior.
En cuanto a crímenes contra líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos, el ACNUDH recibió denuncias en el período del Informe acerca de 53 asesinatos, de los cuales 14 se han verificado, 24 están en proceso de verificación y 15 no son concluyentes. A lo largo del año, el ACNUDH verificó 101 asesinatos, tiene 25 en proceso de verificación y considera no concluyentes 118 casos, para un total de 244 presuntos asesinatos.
El Informe resalta el Plan de emergencia para la protección de líderes sociales en regiones priorizadas. Resalta los 202 Puestos de Mando Unificado por la vida en 15 departamentos y 105 municipios, con 500 medidas de protección con respuestas concretas a comunidades y excombatientes indígenas y afrocolombianas. Esto ha permitido reforzar la coordinación entre el Gobierno Nacional y las autoridades locales. También se resalta el papel del sistema de alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo. Así mismo, el fortalecimiento del papel preventivo de la Policía, la protección y la investigación frente a los ataques contra excombatientes y líderes sociales.
Se destaca, también, la activación de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad y la frecuencia de sus reuniones para agilizar el diseño e implementación de las políticas de desmantelamiento de los grupos armados ilegales y de las bandas criminales. El Presidente Petro enfatizó en la importancia de afectar las redes de apoyo, las fuentes de financiación ilícita de los grupos armados y organizaciones criminales.
4) Solución al Problema de las Drogas. El Informe señala que las economías ilícitas siguen siendo una de las causas principales de la persistencia de la violencia en las regiones afectadas por el conflicto. Retoma las estadísticas de la UNODC de 2021 para plantear que en ese año los cultivos de coca aumentaron en un 43%, hasta 204.000 hectáreas y de producción potencial de cocaína. Establece que los cultivos se localizan en zonas más pobres y de presencia limitada del Estado. Tales son los casos de Nariño, Norte de Santander y Putumayo. Resalta que el Gobierno acoge la ruta del Acuerdo Final para abordar el tema de las drogas. En tal sentido, valora el PNIS como instrumento importante poco aprovechado y destaca que la UNODC ha presentado como resultados positivos la erradicación voluntaria de 48.008 hectáreas y la asistencia técnica a más de 77.000 familias, con un grado de cumplimiento del 98% donde las mujeres han representado el 32% y las comunidades indígenas y afrocolombianas han sido el 21.4%, donde la tasa de resiembra ha sido del 5.4%, lo que se establece en nivel bajo. Retoma, así mismo, las recomendaciones de la UNODC con respecto a la importancia de mejorar la coordinación interinstitucional y fortalecer la participación de las comunidades, en procura de promover la confianza y la legitimidad.
5) Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. El Informe valora el relevo en la dirección de la Jurisdicción Especial para la Paz-JEP, ahora con el nuevo Presidente, magistrado Roberto Vidal y la magistrada Belkis Izquierdo, mujer indígena, como Vicepresidenta.
El Informe registra que la JEP firmó acuerdos con la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría. Con la Fiscalía, para fomentar la cooperación en la lucha contra la impunidad y la protección de los derechos de las víctimas y las personas sometidas a la JEP. Con la Procuraduría, la finalidad es fomentar la cooperación en la definición jurídica de los comparecientes ante la JEP. Señala el Informe que los representantes de los excombatientes alegan que esto contradice el Acuerdo Final, argumentando que únicamente la Jurisdicción Especial puede definir las situaciones jurídicas.
Frente a las sanciones propias, el Informe registra que la JEP expidió recientemente la Resolución sobre el Caso 01, relacionado con toma de rehenes, graves privaciones de la libertad y otros crímenes concurrentes cometidos por las FARC EP, así como en el Caso 03 sobre asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por parte de agentes del Estado, en relación con los crímenes cometidos en Norte de Santander y la Región Caribe. La JEP tiene seis meses a partir de las resoluciones para emitir sentencia definitiva, susceptible de apelación. La JEP determinó que 7 antiguos Jefes de las FARC EP y 22 miembros del Ejército (donde están un general y 5 coroneles) y un civil cumplen los requisitos para la imposición de sanciones propias, por haber reconocido “verdad y responsabilidad de manera exhaustiva, detallada y plena, como exige el Acuerdo final”.
En tal sentido, se consideran propuestas de trabajos, obras y actividades de naturaleza reparadora y restaurativa, con diseño participativo donde los imputados proponen y reciben observaciones de las víctimas y de la Procuraduría General. Las diferentes obras y propuestas se centran en el componente restaurativo de las sanciones. También, se consideran aspectos del componente retributivo de las sanciones, en materia de restricción de derechos y libertades de las personas imputadas. El tema seguirá profundizándose a medida que se avance en los temas de reparación, definición de proyectos y preparativos para verificación de las sanciones propias, en un marco de coordinación interinstitucional.
Con respecto a la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desparecidas, el Informe registra la recuperación de 611 cuerpos, la entrega de 167 cuerpos a sus familias y la toma de 7.548 muestras genéticas de 3,744 familiares. En el trimestre señalado la Unidad recuperó en Santander y Cesar 40 cuerpos de personas desparecidas hacen más de 20 años. También entregó a sus familias los restos de tres personas y tomó 160 muestras genéticas de familiares de víctimas.
Por su parte, el Comité de Monitoreo de Recomendaciones de la Comisión de la Verdad desarrolla un sistema de monitoreo para su implementación y sigue en proceso de sensibilización a las instituciones estatales, a la sociedad civil y trabaja por la incorporación de las conclusiones en el Plan Nacional de Desarrollo.
6) Mecanismos de Diálogo sobre Implementación. En la primera sesión de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final realizada durante el actual gobierno, el Presidente Petro expresó su voluntad de empoderar a la Comisión y proyectarla. En el período se han realizado cinco sesiones para la interacción con foros clave: Instancia Especial de Género, Instancia Especial de Alto Nivel con Pueblos Étnicos, inclusión de disposiciones del Acuerdo Final en el Plan Nacional de Desarrollo.
Anota que la Sociedad de Activos Especiales -SAE- subastó bienes procedentes del inventario de las antiguas FARC EP y recaudó cerca de 568.000 dólares que se destinarán para reparación de las víctimas. Al tiempo, llama a dinamizar estas actividades desde la reactivación de la Mesa Tripartita sobre bienes de las FARC EP, instancia que no se reúne desde junio de 2020. También, resalta que la Mesa Tripartita sobre Minas Antipersonal continúa con su labor, con asistencia técnica de Naciones Unidas. El compromiso del gobierno, de las antiguas FARC EP y de la comunidad internacional permite que se amplíe el proyecto piloto para seguir avanzando en las actividades de desminado.
7) Cuestiones Transversales. Como se ha dicho, en el espíritu del Acuerdo Final, la Misión confiere plena relevancia a los temas de Género, Étnicos, de Niños y Niñas y de Jóvenes. Al respecto, valora el liderazgo de las mujeres y la creación de la Instancia Especial de Género, así como la elaboración del Plan de Trabajo para un mandato de dos años. El Informe resalta la participación en los diálogos regionales para el diseño del Plan Nacional de Desarrollo. Así mismo, expresa preocupación frente a la violencia sexual y de género en los antiguos ETCR y en las comunidades donde se lleva a cabo la reincorporación. En especial, esto se refiere a las denuncias frente a la implicación de excombatientes que trabajaban como escoltas en la Unidad Nacional de Protección. Se resalta la importancia de la acción coordinada en materia de prevención, la denuncia y el enjuiciamiento de casos. Al respecto, la Misión trabaja en coordinación con la Defensoría del Pueblo y para incidir en la Unidad de Protección para el abordaje de los casos. Es de resaltar que el Gobierno Nacional presentó en octubre una hoja de ruta para un plan de acción nacional sobre implementación de la Resolución 1325 de 2000 del Consejo de Seguridad relacionado con las mujeres, la paz y la seguridad.
En relación con asuntos étnicos, el Informe destaca que la Vicepresidenta Francia Márquez ha asumido el liderazgo en la implementación del Capítulo Étnico del Acuerdo Final. Al respecto, se cuenta con la Mesa Técnica entre la Vicepresidencia y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz para coordinar las medidas al respecto. Así mismo, los gobiernos de Estados Unidos y México acompañarán el Capítulo. El acompañamiento internacional corresponde a la petición de que la Instancia Especial de Alto Nivel con Pueblos Étnicos y las organizaciones étnicas formularon para impulsar la implementación del Capítulo. Son de resaltar las dificultades para la participación de los excombatientes indígenas y afrocolombianos. Se plantean casos como en los departamentos de Nariño y Chocó donde más del 45% de los excombatientes no participan de los proyectos productivos.
También, se destaca la violencia relacionada con el conflicto en estos departamentos y los ataques contra líderes y lideresas sociales, como son los casos de Aida Quilcué, Senadora indígena del Partido MAIS e integrante del Pacto Histórico. Igualmente, es de reiterar el caso del atentado fallido contra la propia vicepresidenta Francia Márquez. En este marco, el Informe también indica que se han colocado 29 Puestos de Mando Unificado por la Vida en municipios de considerable población indígena y afrocolombiana. Sin embargo, los resultados son desiguales, todavía.
En cuanto a los niños, niñas y jóvenes, se destaca la acreditación de excombatientes reconocidos (412 niños incluidas 190 mujeres). Se logran avances en reincorporación socioeconómica a través del Programa “Camino Diferencial de Vida”. De ellos, 81 participantes, donde se incluyen 49 mujeres, han accedido a recursos para proyectos productivos. El Informe, también destaca que, en noviembre, Colombia firmó la Declaración sobre Escuelas Seguras.
En cuanto a los jóvenes, trabajan activamente en proyectos ambientales, en alianza con comunidades y universidades como ocurre en Norte de Santander, para formar cooperativas y desarrollar iniciativas productivas como alternativa frente a los cultivos de uso ilícito. También, en el marco de los preparativos de sanciones propias que impondrá la JEP se reunieron en Arauca miembros de Consejos de Juventud y plataformas juveniles para tratar el tema de la prevención del reclutamiento, con el fin de avanzar en trabajos y obras de contenido reparador y restaurados en el marco del caso 07 sobre reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado.
Finalmente, el informe valora los pasos audaces del nuevo gobierno para avanzar hacia la consolidación de la paz en Colombia. En tal sentido, destaca el acuerdo con Fedegán y celebra el aumento de recursos para la Reforma Rural Integral en 2023. El Informe concluye que el proceso de paz en Colombia “se encuentra en una nueva fase dinámica que merece un firme apoyo internacional”.