Por Observatorio del Conflicto Armado de la CNAI
Ha concluido el primer ciclo de diálogos entre el Gobierno de Colombia y el ELN, el resultado de este proceso ha sido el “Acuerdo de Méjico” (Ver anexo) el cual ha producido la agenda de diálogo y negociación al que se ceñirán las partes. Sin embargo, al leer el preámbulo de la declaración conjunta es impactante la convergencia de propósitos estratégicos entre las dos partes, la cual fue expresada en algunos párrafos como:
«La Mesa de Diálogos y esta nueva agenda, son instrumentos que dan continuidad al proceso iniciado en 2012, que se desarrolla ahora frente a una crisis estructural más profunda, en la que verificamos la incidencia de las mafias del narcotráfico, la corrupción política, la persistencia de un modelo económico que requiere cambios, agravados por otros factores que corresponden a la crisis global que ponen en riesgo la vida en el planeta.
La superación del histórico conflicto interno, centro de nuestros diálogos de paz, pasa por realizar transformaciones políticas, sociales, económicas, ambientales y culturales. Esta finalidad requiere construir un pacto nacional que tenga la fuerza de concitar las voluntades de todos los sectores de nuestra sociedad.
En consecuencia, convocamos a la participación democrática de todos los sectores de nuestra sociedad, sin exclusiones, para pactar las transformaciones que requieren las regiones y el país en su conjunto, y emprender un proceso de transiciones que nos conduzcan a la democracia plena: la soberanía nacional, la paz integral, la derrota de toda forma de corrupción, y la protección de nuestra Madre Tierra, superando el sistema vigente de explotación y depredación, y creando las condiciones de equidad social y económica, que son las banderas que guían a quienes marchamos con estos propósitos de orden nacional» (Gobierno-ELN, Acuerdo de Méjico, 2023).
Sobre los anteriores enunciados contenidos en el preámbulo del Acuerdo de Méjico, podríamos asumir como trayectoria de interpretación que la Mesa es vista como un instrumento, que trabaja sobre lo construido (el proceso iniciado en 2012), que supera la líneas rojas de anteriores negociaciones al definir en la Acción 2.2 Examinar, desde una perspectiva democrática, el modelo económico, el régimen, político y las doctrinas que impiden la unidad y la reconciliación nacional.”, que activa la participación en dirección a un “pacto nacional”, y como tal no es una “mesa de negociación”. Aquí estamos ante un acto creativo y disruptivo frente a la experiencia de la mesa de negociación de la Habana entre el gobierno y las FARC-EP. Es coherente con la insistencia del ELN de no sentirse vanguardia y no tener la autoridad de negociar los temas que le competen a la sociedad civil, igual, el primer gobierno de izquierda en Colombia está ávido de propiciar el más grande desborde en la movilización, que incremente su margen de gobernabilidad y concreción de la agenda de reformas al modelo económico neoliberal.
El problema sin embargo es que, sin contemplar la variable crítica del poder, estos propósitos compartidos gobierno-ELN quedan en la infantil esperanza de una sociedad movilizada en revolución permanente, capaz de imponer las transformaciones en actos instituyentes. Es claro que el ELN reedita con nombres nuevos su táctica extra institucional de la Convención Nacional, agitada a finales de los 90 en los intentos de diálogo con el gobierno de Andrés Pastrana.
La variable del poder no está contemplada en el conjunto de la agenda pues no delimita cual será la palanca de lo “vinculante” de dicha movilización y pacto, elude la enunciación de los mecanismos institucionales dirigidos a concretarla, ya sean legales vía parlamento o por activación del poder constituyente.
Igualmente, si bien la agenda plantea que “Los acuerdos deben trascender la voluntad explícita del presente gobierno y constituirse en mandatos de Estado”; no valora el tablero de juego de poder nacional, el cual nos ha arrojado a un tipo de gobernabilidad que se ha venido manteniendo y se mantendrá de pacto en pacto con los factores tradicionales del poder en la búsqueda de obtener mínimos en las reformas y no ser bloqueadas por las mayorías parlamentarias, escenario donde las fuerzas del cambio son minoría. Siendo así, los enunciados de producir políticas públicas señalados en varias de las tareas de la agenda de diálogo, así se estipule que tendrán cronograma de implementación, no cuentan con el marco institucional capaz de garantizarlas y quedan como agendas en disputa, pero, ¿cuántas agendas archivadas e incumplidas tienen los movimientos sociales de Colombia, sumadas a la retórica nunca realizada de los acuerdos de la Habana con las FARC-EP?
El Acuerdo de Méjico está preso de la visión movimientista, el movimiento lo es todo, pero esta trayectoria del movimiento tiene unos tiempos políticos, atrás quedó el estallido social del 2021, ahora el movimiento se irá reduciendo en función de la gestión del gobierno y de los reducidos medios alternativos para contrarrestar el impacto negativo de la propaganda de los grandes medios. La ciudadanía otorga su afecto o desafecto político de acuerdo al desempeño de la dinámica económica, fundamentalmente de los indicadores directos, como estabilidad de la tasa de cambio, inflación, desabastecimiento y consumo; los cuales ante su deterioro derriban las expectativas positivas en el día a día y hunden el apoyo político del gobernante; a esto se suma la capacidad de la derecha desde sus juegos económicos, de alterar los indicadores directos como artefacto para fracturar la gobernabilidad.
Todo lo anterior hará bastante cuesta arriba ir cumpliendo lo que se va acordando, a no ser que hablemos de pequeñas agendas regionales, pero no creemos que el ELN se transará solo por esto.
El ELN en el Acuerdo de Méjico y la Mesa de “diálogo” que se activa, pareciera renunciar a su condición de actor político e interpelador desde las armas al régimen de poder y convertirse solo en un facilitador del poder de la sociedad civil. El problema de esto es que pierde la correlación alta o baja que podría tener para “negociar”, no la agenda de los movimientos sociales, pero sí las transformaciones hacia la apertura de la democracia, lo cual es en esencia la transformación profunda de la doctrina contrainsurgente hecho enjambre jurídico fascista contra el movimiento social, así como la transformación profunda de las fuerzas militares, esto no podrá salir pactado entre los dos contratantes (Gobierno-ELN), porque la tarea se la están entregando a un foro de la sociedad civil sin poder.
Mientras, la urgente agenda de reformas, tiene al parlamento como escenario central y no está en escena, en la calle, el anhelado desborde movimientista que las defienda, por el contrario, sus apariciones “hasta ahora” han sido lánguidas, el movimiento social se haya disperso en decenas de protestas sectoriales por toda la geografía nacional, las cuales más que fortalecer, están aportando en alto grado a la interpelación y desgaste de la gobernabilidad.
ANEXO 1. ACUERDO DE MÉJICO ENTRE EL GOBIERNO DE COLOMBIA Y EL ELN
| AGENDA | TEMAS-TAREAS MOVILIZADORAS | |||
| 1. Participación de la sociedad en la construcción de la paz. | Alianza política y social hacia un gran acuerdo nacional. | Identificar las causas de los problemas fundamentales del país, y de proponer iniciativas. transformaciones | implementación eficaz de los acuerdos en las regiones y la nación. | Construir una visión común de paz que propicie las transformaciones. |
| 2. Democracia para la Paz. | Decisiones de la sociedad materializadas en instrumentos de política pública eficaces | Examinar, el modelo económico, el régimen político y las doctrinas que impiden la unidad y la reconciliación nacional. | Evaluar el tratamiento que se le da a los conflictos políticos, sociales y ambientales | Revisar el marco normativo y garantías para la manifestación pública, tratamiento de la situación jurídica de los sindicados y condenados. |
| 3. Transformaciones para la Paz. | Políticas públicas tendientes a superar la pobreza, la exclusión social, la corrupción y la degradación ambiental. | Planes de desarrollo alternativos integrales en territorios urbanos y rurales, incluyendo los planes de vida | Políticas, planes y programas que superen el conflicto agrario histórico | El plan integral de transformaciones se articulará y armonizará con los planes nacionales de desarrollo. |
| 4. Víctimas | La asunción de responsabilidades que emane de la verdad de todas y todos | La reparación integral colectiva y/o individual | Las garantías de no repetición y no olvido | La asunción del ambiente como víctima. |
| 5. Fin del conflicto armado. | La resolución de la situación jurídica del ELN y sus integrantes, incluidos los procesados y condenados. | La determinación de condiciones y garantías para la seguridad y el ejercicio de la política del ELN. | La erradicación de toda forma de paramilitarismo para que no se repita. | El cese del fuego y hostilidades de carácter bilateral. Acuerdo sobre las armas del ELN. Superar la violencia y neutralizar el armamentismo y el belicismo. |
V. REFERENTES BIBLIOGRÁFICOS Acuerdo de Méjico. (2023). Nueva agenda de diálogo para la paz entre el Gobierno de la República de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional-ELN