Por Albeiro Caro / Coordinador del Programa Territorio, Paz y Desarrollo de la CNAI
En un escenario tan dual y cruzado por la violencia de diverso tipo en los territorios no podía faltar, a pesar de los problemas de conectividad en zonas apartadas, en la era de las redes sociales, la denuncia veloz en contra de un grupo armado, en operaciones embozadas afectando a la comunidad.
Como se recordará, el 12 de septiembre, en horas de la tarde, se hizo viral a través de redes sociales y de WhatsApp, la incursión de un presunto grupo paramilitar en la Vereda Bocas del Manso, en el Municipio de Tierralta situado en el Nudo de Paramillo, en el departamento de Córdoba; en principio se creyó que el incidente con la comunidad, en presencia de niñas, niños, mujeres y varios adultos jóvenes; aparentemente, tenía como intención hacer reclutamiento forzado de menores de edad.
Luego, surgió el rumor de que la incursión era cometida por un grupo de disidencias de las Farc. En horas de la noche del mismo 12 de septiembre comenzaron a correr versiones en los medios y redes sociales, con relación a que la responsabilidad de los hechos correspondía a un grupo de militares, quienes se habían disfrazado para aparentar ser miembros de la disidencia de las Farc y penetrar a la vereda [1].
Ante la urgencia de esclarecer los sucesos ocurridos, el general Helder Giraldo, comandante de las fuerzas militares, ordenó que se presentara en la región una comisión inspectora para investigar. Casi simultáneamente, comenzaron las investigaciones por parte de todas las instancias (Fiscalía, Procuraduría, Defensoría del Pueblo, Comisión de Derechos Humanos del Congreso), que ahora sí, ante los hechos noticiosos, aparecen en terreno, como producto de una directriz nacional, evidenciando una celeridad inusitada.
Es de resaltar que la comisión de veinte personas de Fiscalía, Procuraduría y Defensoría que se desplazaba a la región en un helicóptero del ejército nacional, el día 13 de septiembre, sufrió un ataque con ráfagas de fusil cuando intentaba aterrizar en la zona rural; afortunadamente sin consecuencias que lamentar [2]. La aeronave tuvo que desviarse al municipio de Carepa en Urabá y llegó al cantón militar ubicado en el mencionado municipio. El ataque, presuntamente, fue realizado por parte de un reducto del Clan del Golfo; pero mediante comunicado, este grupo negó la autoría, ampliando las incógnitas.
Además, a manera de glosa, es importante cuestionar la improcedencia de utilizar aeronaves y vehículos militares en procesos de movilización, por parte de otras instancias estatales. No solamente por razones de seguridad. También, por la propia naturaleza de la investigación que apenas empezaba y ante la presunta existencia de responsabilidades de la fuerza militar, hasta ese momento no aclarada y, no obstante, la disposición a cooperar por parte de la dirección militar del orden nacional ¿Tan precarias son las instituciones que dicen velar por la defensa de los derechos humanos que no tienen un helicóptero civil a su servicio? En cambio, el Fiscal sí disfruta de un Bombardier Learjet-60, modelo 2007 cuyo costo de mantenimiento superó en 2022 los $ 3.097 millones y sirve para pasear.
Pero no solamente fueron a la región las comisiones investigadoras de las diversas instituciones mencionadas. También lo hicieron diversos medios de comunicación. Entre las denuncias planteadas por integrantes de la comunidad se destacan delitos tales como allanamiento de domicilios, maltratos, amenazas, robo de dinero y pertenencias de familias campesinas y de la tienda, así como la agresión sexual a Eunice Patricia Bailarín Domicó, de la etnia Embera Katío. Es de resaltar el relato construido por Vorágine [3], medio periodístico que llegó hasta Bocas del Manso y pudo presenciar las diligencias de los funcionarios, entrevistar a miembros de la comunidad y apreciar el contexto geográfico y territorial con sus potenciales y carencias en medios de transporte, de precariedad en servicios de salud e infraestructura educativa y de experimentos fallidos en sustitución de cultivos de uso ilícito, así como de desconfianza hacia el Estado, en particular a la fuerzas armadas, en razón de su maltrato a la población y por la presencia territorial del Clan del Gofo.
Incluso, mencionaron que, en febrero del presente año, un campesino murió en un cruce de disparos entre la Policía Antinarcóticos con el grupo narcotraficante, pero, las balas que mataron al campesino salieron, presuntamente, de las armas policiales y, también, resultaron heridos otros tres integrantes de la comunidad. Sin embargo, no existe investigación judicial, al respecto.
Como producto de la investigación que avanza, por los hechos de la incursión militar, el comandante del Ejército, general Luís Mauricio Ospina dio a conocer el día 19 de septiembre el retiro de la institución militar de seis oficiales, cuatro suboficiales y ocho soldados profesionales [4]. Las razones que argumenta el general Ospina se relacionan con el haberse disfrazado de guerrilleros para amenazar a los pobladores de la Vereda; “el haber comprometido los principios y valores de la institución”. El documento oficial de retiro del personal de la institución militar establece que, debido a la omisión de funciones en cuanto al control de la situación y a la carencia de direccionamiento estratégico efectivo, deberán ser desvinculados por completo del servicio el comandante de la Brigada 11, coronel José Edilberto Martínez Lesmes y el sargento mayor del Comando, Juvenal Mahecha.
Así mismo, el alto mando militar del Ejército sustenta que las decisiones adoptadas constituyen “un paso importante en la búsqueda de rendición de cuentas y la transparencia de las operaciones militares, en los que se espera que contribuyan a esclarecer los hostigamientos y a garantizar la integridad y seguridad de la población en futuras operaciones militares”.
También a las sanciones se sumó la Procuraduría, desde este ámbito, en contra de 11 militares: un teniente, un sargento viceprimero, un cabo segundo y ocho soldados profesionales; también fueron suspendidos el comandante de la Brigada 11, el sargento mayor de comando, el oficial de operaciones, el oficial de inteligencia, el sargento mayor y el comandante y segundo comandante del Batallón Junín.
Respecto al grupo de militares que no tuvo participación directa en la incursión ilegal en contra de la población, se decidió su desintegración y traslado de 13 soldados profesionales a unidades del centro del país, en particular, al departamento de Cundinamarca, donde solamente realizarán labores administrativas y del régimen interno, mientras se definen los procesos de investigación iniciados.
Como se sabe, un grupo de militares comandados por el Teniente Niño quien, argumentando problemas de estrés postraumático, no tuvo participación directa en los hechos. Con base en estos motivos, el grupo se quedó a dos kilómetros del caserío y al mando del grupo que entró a Bocas del Manso quedó el sargento viceprimero Aldana, quien ingresó acompañado del cabo tercero Ortiz y ocho soldados. Allí decidieron disfrazarse de disidentes de las Farc con el fin de intimidar a la población, como lo reconoció el sargento Aldana ante la Inspección del Ejército y las Fuerzas Militares. Como se puede observar, ante dicha situación, no hubo operativo en contra del Clan del Golfo, como era el plan generador de la incursión militar que buscaba, inicialmente, incautar armamento y elementos del narcotráfico escondidos en caletas.
Mientras tanto, a la Séptima División, a la que pertenece la Brigada 11, responsable de la conducción de operaciones en los departamentos del Chocó, Antioquia y Córdoba y que cuenta con cinco Brigadas bajo su mando y dos fuerzas de tarea conjunta, además de sus batallones, entrará en proceso de examen, en especial, en relación con su comandante el brigadier general Óscar Leonel Murillo. De hecho, las denuncias en contra de tropas de esta División no son nuevas.
En noviembre de 2021, siendo comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Titán ocurrió un incidente militar ejecutado por 12 hombres vestidos de color verde oscuro, sin distintivos oficiales y portando fusiles de asalto M4. Llegaron al caserío de Guachal en jurisdicción de San Juan del Chocó. Allí ejecutaron a un mando del ELN conocido como “Schumager” o “Marlon”, acusado del asesinato de Robert Hurtado, un reincorporado Farc y del secuestro de Odín Sánchez. Luego, se enfrentaron a tiros, en medio de la población con un grupo de guerrilleros, detonaron una granada y dispararon en contra de civiles, afortunadamente, sin alcanzarlos. Colombia +20 [5] tiene registro de dicha incursión militar, tanto testimonial como fílmico aportado por los pobladores. En aquella ocasión, los militares no quisieron identificarse cuando la comunidad los increpó, pero, se constató que eran militares al ser evacuados por varios helicópteros.
A pesar de los intentos de entrevista al general Murillo, para que explicara la situación, nunca respondió. También, hubo denuncias con relación a hechos semejantes cometidos por la Fuerza de Tarea Conjunta Titán en Montebravo, Medio San Juan, el 21 de junio de 2021. Allí, los militares dispararon contra las casas haciendo creer que eran las disidencias de las Farc; pero estos grupos nunca han estado por la zona. Hay denuncia con soporte en la Defensoría del Pueblo.
En el caso de la Vereda del Manso, el procedimiento y la vestimenta militar hace recordar a los hombres vestidos con buzo y gorra negra que atacaron a la comunidad el 28 de marzo de 2022, en la Vereda del Alto Remanso del Municipio de Puerto Leguízamo en el departamento del Putumayo, donde masacraron a 11 civiles, entre quienes se encontraban una mujer embarazada, un joven menor de edad, un gobernador indígena y el Presidente de la Junta de Acción Comunal. Por este crimen, la Fiscalía General de la Nación se ha visto obligada a imputar a 25 militares, en una refutación contundente a la versión oficial presentada de manera altisonante, por el entonces comandante del Ejército, General Zapateiro, el Ministro de Defensa Diego Molano y el Presidente Duque, en lo que se constituyó en otro “falso Positivo”.
Igualmente, están los hechos reportados por Colombia +20 y los medios alternativos El Cuarto Mosquetero y Voces del Guayabero, con relación a hechos ocurridos en el Guaviare, en el rio Guayabero donde unidades de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega se portaron de manera similar a lo ocurrido en Bocas del Manso. Los militares se presentaron sin distintivos y, a veces, en compañía de hombres encapuchados que visitaban las fincas. Estos hechos fueron confirmados, también, por la Defensoría del Pueblo. En video de estos registros, los campesinos argumentan que este tipo de hechos los llevaron a conformar la Guardia Campesina para defender el territorio, de manera pacífica y organizada.
Con relación a lo sucedido en de Bocas del Manso, el Presidente Petro se expresó de manera contundente, al subrayar que no es un caso aislado. Insistió en que los hechos se conectan con intencionalidades políticas desestabilizadoras, en procura de mostrar una situación de inseguridad y como parte del mensaje de coyuntura, precisamente, en la zona donde los ganaderos fueron invitados a organizar “brigadas solidarias” [6].
Como se puede evidenciar, este tipo de hechos son un botón de muestra de una vieja práctica desde las fuerzas armadas cuya dinámica debe terminar mediante su depuración, desde sus mandos responsables hasta sus tropas incursas en delitos, para dar paso a la consolidación de nuevas políticas, métodos y mandos comprometidos con la seguridad humana y la superación de la doctrina del enemigo interno, siempre tan funcional a los intereses del despojo y la impunidad, propios de las élites violentas. Desde los tiempos del agudo conflicto social en Urabá, a mediados de los años setenta, cuando recién empezaba el accionar del Batallón Voltígeros, ya se conocían los desmanes militares y sus operaciones ilegales.
Quizá, lo que cambia es el tratamiento dado a los hechos, por parte del gobierno nacional y del ejército como institución del Estado. Es de esperarse que la investigación que se deriva de la denuncia de la comunidad afectada fructifique, en el marco del gobierno Petro, con una dirección militar comprometida con los derechos humanos.
Así lo evidencia el Ministro de Defensa, Iván Velásquez, al presentarse conjuntamente con los generales Giraldo y Ospina, para expresar disculpas ante la comunidad de la Vereda Bocas del Manso y manifestar la disposición gubernamental a garantizar la protección efectiva, la atención y la seguridad.
El esclarecimiento de los hechos va más allá de la incursión en particular, evidentemente, condenable. También, debe redundar en la profundización de investigaciones para la consolidación de unas fuerzas armadas respetuosas del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos de la comunidad. A la vez, debe servir para determinar la magnitud de los vestigios y rémoras de viejas doctrinas políticas y de los reductos de corrupción que siguen haciendo de las suyas, del lado del paramilitarismo y de los grupos armados ilegales; a menudo con una fuerza pública a sueldo del Clan del Golfo, como lo declarara Otoniel, antes de su extradición, con respecto a municipios como San Pedro, Necoclí en Urabá, al igual que en departamento de Córdoba; a veces, suplantándolos como en este caso, infiltrándolos para poner reductos a su servicio mediante la cooptación o conformación de grupos, como la fundación del mismo Clan del Golfo, mimetizándose como guerrillas, o en el viejo estilo de las bisagras y complementaciones confesadas por Mancuso, generalmente, al servicio del despojo y de la guerra contrainsurgente, como pretexto para la apropiación de rentas legales e ilegales, por parte de grupos de poder, a los que sirve semejante rio revuelto.
Dado el contexto de conflicto en las regiones colombianas se requiere recuperar la confianza en la Fuerza Pública y ello exige su transparencia y genuino respeto por la comunidad, sin engaños. En tal sentido, los disfraces y ocultamiento de distintivos conllevan la violación del derecho internacional humanitario y se califica como perfidia el uso de insignias y emblemas falsos o la suplantación de grupos para atacar a traición. En tal sentido, el uniforme militar se configura, en el contexto colombiano, en un factor de distinción de la población no combatiente.
En la doctrina Damasco que rige las operaciones militares terrestres, desde el Gobierno Santos, se establece que en la medida en que las circunstancias operacionales lo posibiliten, las fuerzas militares deben identificarse ante la población civil y usar sus insignias y emblemas. Esto está en consonancia con el cumplimiento de normas legales, con el fortalecimiento de la legitimidad, clave en los procesos de planeación, preparación, ejecución y evaluación operacional, lo incluye los mandatos de ética, moral y transparencia si se quieren unas fuerzas armadas comprometidas con la paz y la reconciliación nacional.
Fuentes:[1] Rodríguez José David. Hombres armados en Tierralta, Córdoba, serían militares disfrazados de disidencias Farc. W Radio. Septiembre 12 de 2023.
https://www.wradio.com.co/2023/09/13/hombres-armados-en-tierralta-cordoba-serian-militares-disfrazados-de-disidencias-farc/[2] Rodríguez Mario Alejandro. Tierralta: Atacan helicóptero que transportaba a funcionarios de la Fiscalía, Defensoría y Procuraduría para investigar hostigamientos. Infobae. Septiembre 13 de 2023.
https://www.infobae.com/colombia/2023/09/13/tierralta-atacan-a-helicoptero-que-transportaba-a-funcionarios-de-la-fiscalia-y-procuraduria-para-investigar-hostigamientos/[3] Guarnizo José. Agresión sexual y tortura sicológica: los desmanes del Ejército en Tierralta. Vorágine. Periodismo Contracorriente. Septiembre 17 de 2023.
https://voragine.co/agresion-sexual-y-tortura-sicologica-los-desmanes-del-ejercito-en-tierralta/[4] Cortés William. Ellos son los militares que se disfrazaron de guerrilleros en Tierralta, Córdoba. NotiCentro1 CM&. Septiembre 20 de 2023.
https://canal1.com.co/noticias/nacional/militares-identificados-tierralta-cordoba/[5] Redacción Colombia +20. Militares en Tierralta: tropa del mismo general había sido denunciada desde 2021. Septiembre 13 de 2023.
https://www.elespectador.com/colombia-20/conflicto/militares-intimidan-campesinos-en-tierralta-las-otras-denuncias-contra-tropas-del-mismo-general/[6] Caracol Radio. Los hechos en Tierra Alta eran para decir que el Gobierno está hundiendo al país: Gustavo Petro. Caracol Radio. Septiembre 14 de 2023.