Por César Torres / Texto tomado del Diario Criterio.
Así como no es probable que el ataque se haya cometido sin propósito y sin un objetivo político y militar, tampoco es creíble que se haya perpetrado sin planeación ni orden previas.
Al mediodía del lunes 11 de septiembre, un grupo de hombres armados llegó a Bocas del Manso. Este es un caserío situado a cinco horas –en lancha– de la cabecera municipal de Tierralta, en el departamento de Córdoba. Los hombres estuvieron allí casi toda la tarde.
Durante ese tiempo, abusaron sexualmente de una mujer de la comunidad. Robaron víveres de la tienda del caserío, golpearon a otros hombres adultos, a mujeres, niñas, niños y ancianos y amenazaron de muerte a toda la población. Se identificaron como miembros del V frente de las Farc.
Algunas personas que estaban ahí lograron filmar lo que ocurría. En las grabaciones, se puede ver y escuchar cómo los atacantes hacen sonar los seguros de sus armas y cómo apuntan con ellas a civiles indefensos. Cada humillación y cada amedrentamiento quedaron grabados.
En las tomas hechas por la ciudadanía, en vivo y en directo, también quedaron grabadas otras cosas: la valentía de la señora que les gritó “criminales” en sus caras, mientras le apuntaban con una pistola; el valor de quienes, aun asustados, les exigieron respeto a los derechos humanos y les pidieron que se identificaran.
Los videos reflejan el coraje y la astucia de las personas que se arriesgaron a grabar. La gente no creyó que sus victimarios fueran guerrilleros. Los videos empezaron a circular. En ellos había pistas suficientes para creer que los ofensores eran miembros del Ejército disfrazados de guerrilla.
En pocos días, se logró establecer que los atacantes son miembros de una unidad militar del Batallón Junín, adscrito a la Brigada 11 que, a su vez, hace parte de la VII división. Así lo reconoció el general Mauricio Ospina, comandante del Ejército Nacional. Este general afirmó, además, que había “tomado la decisión de retirarles la confianza y [la] responsabilidad de portar las armas de la República y, a los mandos, separarlos del alto ejercicio de la dignidad del comando y control de la unidad militar”.
Ya se saben los nombres y los grados de los hombres del Ejército que participaron en esta acción contra la población civil. Pero aún hay dos preguntas sin respuesta: ¿por qué lo hicieron? ¿quién les dio la orden?
No parece tener sentido que, sin motivo alguno, diez soldados, de los 21 que hacen parte de la patrulla que está bajo el mando de un teniente y de dos suboficiales, realicen esos actos delictivos. Es obvio que no estaban detrás de un cuantioso botín ni pretendían capturar a alguno de los capos del Clan del Golfo.
Tampoco es creíble que ese grupo de militares haya cometido los delitos intentando mostrar resultados positivos a sus superiores. Hasta donde se sabe, ese tipo de acciones ya no cuentan para mejorar las hojas de servicios ni los actuales altos mandos de la institución las aplauden. Así lo demuestra la reacción casi inmediata del presidente de la República, del ministro de Defensa y de los comandantes de las Fuerzas Militares y del Ejército Nacional.
Es más probable que el hecho se haya cometido como parte de lo que en los manuales militares llaman ‘guerra psicológica’. Con ese tipo de guerra, se persiguen tres objetivos distintos y un solo fin verdadero: “1. Desarticular las organizaciones populares simpatizantes del enemigo. 2. Debilitar las bases de apoyo en los sectores de la población. 3. Eliminar la oposición política. El fin de la guerra psicológica es destruir la moral del enemigo para lograr la victoria militar (…)”.
Si la agresión militar contra los hombres y mujeres de Bocas del Manso fue una operación de guerra psicológica. ¿Contra quién iba dirigida? ¿Los hombres que participaron del ataque a los civiles —o sus mandos militares— pretendían debilitar, en términos políticos y militares, y destruir moralmente al Clan del Golfo, al Gobierno o, más en concreto, la política de Paz Total? Aún no se sabe.
En todo caso, así como no es probable que el ataque se haya cometido sin propósito y sin un objetivo político y militar, tampoco es creíble que se haya perpetrado sin planeación ni orden previas.
¿Quién dio la orden?
Al respecto, aún no hay una respuesta judicialmente comprobada. Pero, dado que el Ejército es una institución altamente jerarquizada, puede pensarse que alguien del batallón, la brigada o de la división de la que hacen parte las unidades militares que cometieron el delito pudo haberla dado. A menos de que dichas unidades recibieran orientaciones de entidades o personas ajenas a las Fuerzas Armadas. Tampoco se sabe.
En cambio, se sabe con certeza que hay un sector de la sociedad que tiene deseos de derrocar el Gobierno mediante un golpe de Estado. Para lograrlo, está desarrollando operaciones similares a las de la guerra sicológica: promueven la división de organizaciones sociales que tienen coincidencias con el Gobierno, debilitan la confianza individual y colectiva en la actual administración y han buscado destruir moralmente al presidente.
Por eso, aunque todavía no se hayan esclarecido los motivos y los nombres de quienes ordenaron el operativo contra la gente de Bocas del Manso, se puede pensar que ese ataque fue una especie de prueba con la que se midió la capacidad de respuesta de la sociedad ante un eventual levantamiento militar.
Hoy, los golpistas saben como respondieron los medios de comunicación, el Gobierno y los máximos comandantes de las Fuerzas Armadas ante un grupo del Ejército que actuó sin órdenes del alto mando, sin cumplir lo ordenado por los manuales de operaciones y violando las directrices institucionales. Ya saben, también, que en las comunidades encontrarán gente que aprendió a defenderse sin usar las armas. Ya saben a qué atenerse en caso de que se decidan a dar el paso que vienen madurando.
Puede que suene exagerado, pero, ¿qué tal que sea cierto?