Por Albeiro Caro Fernández / Coordinador del Programa Territorio, Paz de la CNAI
La prórroga del cese al fuego bilateral y temporal, desde el 16 de enero hasta el 15 de julio del 2024, con impacto territorial, acordado en la Mesa de Diálogos de Paz – MDP con la realización del V Ciclo de Negociaciones entre el Gobierno Petro y la disidencia de las FARC EP, autodenominada Estado Mayor Central – EMC, de FARC EP, en principio, resulta ser una buena noticia frente a las afectaciones humanitarias provocadas por el conflicto armado en los territorios de incidencia de esta agrupación; una buena noticia no exenta de preocupaciones e incertidumbres dada la persistencia de los frentes armados del EMC, en la ejecución de actividades encaminadas a la obtención de rentas ilegales derivadas del narcotráfico, la extorsión y el secuestro, con afectación de los derechos humanos de las personas, comunidades y funcionarios públicos, así como de la transformación socioeconómica de los territorios.
El pasado domingo 14 de enero fue dado a conocer el decreto [2] firmado por el presidente Petro, confirmando la prórroga del cese al fuego bilateral hasta el 15 de julio de 2024. El Decreto ordena la suspensión de acciones militares ofensivas, de operativos policiales y de actos contrarios a los Protocolos de reglas y compromisos acordados en la mesa de diálogos de paz. Este decreto permite prorrogar el cese al fuego bilateral vigente desde hace tres meses, con dicha organización reconocida con el carácter de insurgencia armada, que agrupa a cerca de 3.200 integrantes.
En el texto del Acuerdo V [1], este cese al fuego bilateral viene taxativamente acompañado del compromiso de medidas generales para implementar los acuerdos y protocolos ya firmados, las respectivas órdenes para su formalización y cumplimiento, así como la actividad pedagógica correspondiente; la ruta para la participación social, la agenda de diálogos, el compromiso socioambiental, las transformaciones territoriales y los aspectos humanitarios, jurídicos y de seguridad.
Elementos centrales del Acuerdo V.
1. Participación. En principio, los acuerdos alcanzados, al respecto, condensan declaraciones formales de buenas intenciones, en términos del fortalecimiento de la “participación directa, real y efectiva” de las diversas organizaciones sociales, étnicas, de mujeres, poblaciones LGBTI, de víctimas, juveniles, sobre la base del respeto de su autonomía, del pluralismo y del gobierno propio. Esto, lo refiere en términos de “reconocer, fortalecer y acompañar a los pueblos, comunidades y organizaciones” en sus dinámicas de autonomía en la protección ambiental, economías propias, ejercicios de concertación con el Estado, teniendo en cuenta garantías jurídicas, logísticas y de seguridad, con enfoque diferencial y conforme a lo estipulado en la Mesa de Negociación de Paz.
En tal sentido, se le atribuye a la participación una trascendencia nacional, regional y local, en el marco del protocolo de participación, veeduría social de la población, sus comunidades y organizaciones. El texto le da prioridad a la evaluación de compromisos o pactos suscritos por el Estado colombiano con las comunidades, poblaciones y una dinámica de interlocución respetuosa.
Sin embargo, todavía el Acuerdo Especial para la Participación y Decisiones y el Protocolo de Participación se encuentra en fase de diseño. Es de esperarse que en dicho protocolo se especifique acerca de cómo se va a concretar, a garantizar y promover la participación autónoma de las comunidades y organizaciones sociales, en unas regiones y país donde es práctica común la cooptación y la imposición de poderes omnímodos, desde los actores armados.
2. Agenda Temática de la Mesa de Diálogos de Paz – MDP. En este aspecto, los temas siguen siendo genéricos y enumerados en forma de lluvia de ideas, sin categorizar, en referencia a “tierras, territorio, ambiente, seguridad, educación, despojo, desarrollo sostenible, poder local, modelos de gobernanza, víctimas del conflicto social y armado, economías hoy consideradas ilícitas, territorialidades étnicas y campesinas, garantías para las partes durante y después del acuerdo, entre otros”.
3. Transformación Territorial. Al respecto, sin detrimento de decisiones de alcance nacional, se priorizan seis áreas de mayor presencia del EMC. Estas zonas se localizan en los departamentos del Cauca, Caquetá, Arauca, Putumayo, Guaviare y Norte de Santander. Allí se buscará lograr transformaciones estructurales, con base en acuerdos construidos con las comunidades a partir del diálogo social y la elaboración de un Acuerdo Especial sobre Transformaciones Territoriales.
Estas transformaciones se refieren, entre otras, a la recuperación de la Cuenca del Río Catatumbo y planes concertados. Así mismo, a planes socioambientales concertados en el Caquetá. También, la implementación del Acuerdo IV en el Cauca, relacionado con el Plan de Transformación Territorial en la zona del Cañón del Micay, proyecto piloto cuya base está en la concertación con las comunidades, para la transformación de las economías ilícitas en la región que concentra el 75% de los cultivos de coca del departamento del Cauca. Así mismo, se conformará una Comisión de Seguimiento y Evaluación de los acuerdos suscritos en la Inspección de los Pozos, en San Vicente del Caguán, del 5 de marzo de 2023, entre otros compromisos gubernamentales en la región, lo que incluye zonas de los departamentos del Caquetá y del Meta.
4. Compromiso Socioambiental. Se pretende realizar un diálogo encaminado a la construcción de una agenda socioambiental para la paz, con dinámica de encuentros nacionales y regionales, con garantías para el desarrollo de los liderazgos sociales y comunitarios que surjan del proceso. Se plantea priorizar a la Amazonia, en sus diversas dimensiones y conectividades, así como las áreas protegidas del país para reconocer y fortalecer las iniciativas de conservación, recuperación, desarrollo sostenible integral y garantías para sus pueblos, comunidades y economías propias.
5. Protección a la Población Civil. En el tema, el Acuerdo promete hacer seguimiento a los compromisos firmados previamente y definir planes para cumplir con las normas del DIH y derechos humanos. Se promete definir acciones y agendas participativas de respeto a los pueblos y comunidades étnicas, Indígenas y afrodescendientes, al igual que al campesinado y demás sectores sociales, sus autoridades y derechos territoriales, así como reducir las afectaciones a la población civil y a funcionarios públicos, en razón del conflicto social y armado.
En este ámbito del Acuerdo se plantea contribuir mediante programas de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, para su localización y entrega en coordinación con el CICR y acompañantes de la MDP, las autoridades territoriales, nacionales y mecanismos comunitarios de autoprotección.
Así mismo, se incorpora en la Agenda de la MDP el tema de derechos de las víctimas, en el DIH, en lo referente a vulneraciones, así como sus causas en el marco de los conflictos sociales y armados. Al respecto, se plantea la realización de diálogos sociales con firmantes de Acuerdos de Paz; pueblos y comunidades étnicas, campesinas y grupos de especial protección; poblaciones en situación de confinamiento y desplazamiento; trabajadores afectados por motivos del conflicto, tales como los docentes provisionales de territorios de posconflicto y de organizaciones sindicales.
6. Comisión Jurídica y Garantías de Seguridad. Se plantea conformar una comisión jurídica mixta, con acompañamiento de MAPP-OEA y la Misión de Verificación de la ONU, para plantear recomendaciones jurídicas, en relación con las condiciones de privación de la libertad de los integrantes del EMC, sus condiciones de salud, hacinamiento y seguridad para quienes se encuentran en establecimientos de reclusión y situaciones jurídicas sin resolver para los diversos integrantes, así no estén privados de la libertad. También, se refiere a las condiciones de seguridad y protección desde la Unidad Nacional de Protección – UNP y de la Policía Nacional para el desarrollo de la MDP y el l Mecanismo de Veeduría, Monitoreo y Verificación – MVMV del Cese al Fuego.
En declaración final, con respecto al Acuerdo V suscrito por las partes, El EMC ratifica la suspensión de las “retenciones con fines económicos”, denominación más conocida como secuestro extorsivo. No obstante, recién firmado el V Acuerdo, son notables las denuncias que deben tramitarse a través del MVMV, en relación con múltiples situaciones de extorsión en las regiones, como ha ocurrido sistemáticamente en el departamento del Caquetá, donde el exalcalde de Cartagena del Chairá, Edilberto Molina, de filiación conservadora, debió despachar desde Florencia, durante una parte de su período, en razón de la amenaza de muerte proferida por parte de los mandos del Frente Rodrigo Cadete que hace parte del EMC [3]. Un riesgo similar le ocurre al nuevo alcalde, Darwin Andrés Flórez. La manera como los integrantes del EMC controlan las zonas rurales pone en cuestión la capacidad para implementar de manera coherente y respetuosa de los derechos humanos, por parte de los milicianos e integrantes de esta agrupación armada.
Esta problemática se evidencia, también, en el hostigamiento realizado el 22 de enero pasado, por parte de 20 presuntos integrantes del EMC, de la estructura Franco Benavides, en el Municipio de Cumbitara, en el departamento de Nariño, en acción de intimidación a miembros de la Estación de Policía Local para notificarles del control del área como lo registra, incluso en video Mariana Mejía en Infobae [4]. Al respecto, también se pronunció el ministro de Defensa Iván Velásquez [5], con base en el reporte del Capitán Comandante de la Estación de Policía, subrayando que esta acción y presencia de dichos miembros del EMC riñe con las pretensiones del proceso de paz y con el cese al fuego bilateral. Según el reporte del Comandante Policial, la pretensión del grupo era la de reunir a los comerciantes para continuar con las prácticas extorsivas. La información será presentada al MVMV y tratar el tema con el presidente Petro, ya que se asume como una grave violación al reciente Acuerdo suscrito entre las partes.
El guerrillerismo, así como la costumbre de captar rentas ilegales, se erige como barrera que requiere transformarse en el propio contexto territorial de remodelación y construcción de nuevas alternativas socioeconómicas, capaces de responder al fortalecimiento productivo y comercial de las economías propias, campesinas y populares, en coherencia con su vocación y potencial.
En la mencionada declaración final planteada en el texto final del V Acuerdo, el EMC se compromete, también, a la realización de corredores humanitarios, entre otros mecanismos, para el desarrollo de acciones orientadas a la prevención de contactos armados y el retorno de civiles. Reitera, así mismo, su compromiso de acatamiento del DIH en cuanto a la vinculación de integrantes a sus estructuras armadas. No lo dice específicamente, pero se entiende que esto incluye el no reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, ni de integrantes de comunidades étnicas forzados a formar parte de sus filas. De allí la importancia de relacionar los procesos de participación y las agendas sociales para prevenir que dichas declaraciones se queden en la mera manifestación de buena voluntad.
Por su parte, el Gobierno Nacional considera necesario recoger las demandas de las poblaciones en diversas regiones para que se den pasos en el diálogo entre los diversos grupos armados y aliviar las situaciones de violencia y afectación de las comunidades. Al respecto, es importante avanzar en pilotajes territoriales para que, en regiones específicas como el Cañón del Micay, dichos diálogos puedan ser, como mínimo, facilitados desde el Gobierno Nacional y las Instituciones buscando reducir la violencia y avanzar en la implementación de acuerdos humanitarios con los distintos grupos armados, desde una óptica multilateral. Esto permitiría generar importantes opciones distintas a las que se dieron en el pasado en relación con los Planes de Consolidación y las Zonas Futuro, de los gobiernos de Uribe, Santos y Duque, los cuales tuvieron un marcado sesgo contrainsurgente, de lucha contra el enemigo interno y sus logros solo dejaron militarismo, carencia de presencia integral del Estado y proliferación de economías ilegales.
En su declaración final, en el texto del V Acuerdo, el Gobierno expresa su gratitud por el acompañamiento del Representante Especial de Naciones Unidas, de MAPP-OEA, de la conferencia Episcopal Colombiana y del Consejo Mundial de Iglesias, así como el apoyo de los países garantes: Noruega, Venezuela, Suiza e Irlanda.
Fuentes:[1] Mesa de Diálogos de Paz entre el Gobierno Nacional de la República de Colombia y el Estado Mayor Central de las FARC EP. Acuerdo V. Ruta para la Participación Social, Agenda de los Diálogos de Paz, Compromiso socioambiental, Transformaciones Territoriales y Aspectos Humanitarios, Jurídicos y de Seguridad. Enero 18 de 2024.
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://fca00126-f5d3-4f61-b905-d596c29588de.usrfiles.com/ugd/fca001_3be081c8f81f42eab9c7684619fb8823.pdf[2] Presidencia de la República. Decreto 0016. Gobierno Nacional. Enero 14 de 2024.
https://x.com/ComisionadoPaz/status/1746620425902150000?s=20[3] Cote Jhoan Sebastián. Caquetá en época de paz total: refugio de disidentes y ruta de marihuana. El Espectador. Enero 22 de 2024.
https://www.elespectador.com/judicial/caqueta-en-epoca-de-paz-total/#google_vignette[4] Mejía Mariana. Hostigamiento policial en Cumbitara, Nariño, por parte de exintegrantes de las Farc. Infobae. Enero 24 de 2023.
https://www.infobae.com/colombia/2024/01/24/hostigamiento-policial-en-cumbitara-narino-por-parte-de-exintegrantes-de-las-farc/[5] Velásquez Iván. Clara violación al cese al fuego dentro de los protocolos que se acordaron. Mindefensa. Enero 24 de 2024.