Por Walter Aldana
Creo que existe en la mayoria de la sociedad, la lectura del desgaste del corte de carretera, o denominado también bloqueo, utilizado por las comunidades organizadas (entre otros sectores, no solo los indígenas, tambien los afros, el campesinado, los moto-trabajadores, taxistas, camioneros, etc), con significativa diferencias, los primeros por intereses comunitarios y otros por mejorar condiciones de relación económica (fletes, tarifas, rutas, etc).
En los gobiernos se hizo costumbre negociar en las vías, pactar compromisos, por decirlo menos: «difíciles de cumplir», y todo por salir de la «molestia» que causa el corte de carretera a la economía, el desplazamiento de carga y pasajeros, el turismo, la salud, etc.
En persona he vivido el efecto y la afectación de este tipo de acciones, habitando la Panamericana como dirigente del macizo y también cómo viajero, siempre nos preocupamos por cual sería el mecanismo más efectivo a utilizar, sin afectar a otros, sinceramente no lo encuentro (o podría ser «gestión continua», para ello habría que contar no solo con la voluntad del gobierno, sino que además se requiere del Rubro económico para cumplir), y no es la sociedad civil la que puede, menos a a quien le compete encontrar el camino; es a todas las llamadas fuerzas vivas (institucionalidad, gremios de la producción, organizaciones sociales, iglesias, etc), todas y todos en búsqueda de un «Pacto por la movilidad en la Panamericana».
Cuando una comunidad se moviliza en la mayoría de ocaciones lo hace en búsqueda de la inversión social, adjudicación de funcionarios públicos en educación o salud, es claro que el mejoramiento de la infraestructura eleva en calidad las condiciones de vida, cemento y arena, pero también diseño de políticas públicas sectoriales, decretos de reconocimiento para optimizar la interlocución con el gobierno, y en un país de regiones como el nuestro, siendo autoridades tradicionales afro, indígenas y campesinas; se es igualmente autoridad ambiental, así como en salud, educación y autoridad judicial (códigos de convivencia) en su respectiva jurisdicción (resguardo, consejo comunitario afro, capitanía, zona de reserva campesino y/o zona agro-alimentaria, etc).
Desde el año anterior el gobierno nacional acordó con los Misak la expedición de un decreto de reconocimiento como autoridad tradicional nacional a Aiso, en el pasado mes de Julio, con la expresión: » el decreto lo entregaremos a más tardar el 20 de agosto», el viceministro del interior Cancino, ratificó la «voluntad» del ejecutivo de cumplir lo pactado, realmente no llegó ningún decreto y la reacción de la comunidad indígena fue taponar; el resultado de muerte, sangre y afectaciones, es conocido ya por todos.
Afloraron por redes sociales señalamientos y expresiones racistas, macartizaciones e incluso llamados a atentar contra la integridad física de nuestros hermanos indígenas, como: «tiro en la cabeza y pal’ piso».
Pacto por la movilidad en la Panamericana, cumplimiento gubernamental de los acuerdos y revisión por parte de las organizaciones sociales del corte de carretera como mecanismo de presión, diálogo sí pero con resultados, no conversar por conversar, son las lecciones que aunque a tan alto costo, nos quedan para el inmediato futuro.