Por Walter Aldana
El pasado martes 3 de septiembre en horas de la tarde inició un movimiento de protesta impulsado por la oposición política al actual gobierno. Los grandes transportadores promovieron la instalación de tractomulas a lado y lado de las carreteras, para al día siguiente dar inicio a los bloqueos de las principales vías del país. Hasta el momento que escribo esta columna (jueves medio día), camiones y tractomulas permanecen sobre las más importantes arterias del país, contando con el apoyo de los grandes medios de comunicación, habiendo logrado que empresas de transporte intermunicipal, como en el caso de Popayán, se unieran a la protesta.
Fue Virgilio Barco, quien eliminó la empresa ferroviaria en 1972, para dar paso al transporte de carga terrestre mediante tractomulas de gran capacidad de carga, “sirviendo así a la apertura económica y al modelo neoliberal”, en su afán de privatizar ese servicio que fue público desde 1850.
Los siguientes gobiernos hasta el actal se dispusieron a “apoyar” al gremio de los grandes transportadores de carga mediante subsidios al combustible. Como lo denunció Gustavo Bolívar en su cuenta X: “El expte Duque… por cobardía e irresponsabilidad nunca ajustó el ACPM entre 2020 y 2022. Eso nos ha costado 56 billones y a Petro le ha tocado asumir el costo fiscal y el costo político”.
Frente a la decisión del presidente Petro de reactivar el sistema de transporte ferroviario público (más barato y eficiente), el encopetado sector privado del transporte ha reaccionado convocando el taponamiento de vías y, curiosamente, aquellas entidades que abogan por el uso de la fuerza para desplazar de la vía Panamericana a los manifestantes de las organizaciones sociales, han guardado silencio frente al paro camionero y sus consecuencias negativas, o a lo máximo se han pronunciado de soslayo.
Soy un hombre de diálogo, siempre y en cualquier circunstancia, por difícil que sea; he llamado a la conciliación, a la búsqueda de acuerdos; creo en el derecho a la protesta, en las garantías que este gobierno da a la oposición sin hacerle interceptaciones telefónicas, asesinarlos o desaparecerlos, como sucedió en pasadas administraciones.